Brenda Cecilia Prieto Garza

Expediente 84/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
84/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Brenda Cecilia Prieto Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, toda vez que por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, y dicho proveído causó estado en líneas que anteceden; en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción; siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, y sin nombre de quien aparentemente la promueve, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como 84/2023 y, fórmense los respectivos expedientes físico y electrónico. Ahora bien, la suscrita juzgadora procede a examinar el escrito inicial de demanda, ... Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se advierte la imposibilidad material para darle trámite a la presente demanda de amparo, dada la ausencia total de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues no se tiene certeza de quien sea el promovente, su domicilio, ni el nombre y domicilio del tercero interesado, ni de la autoridad o autoridades responsables. Tampoco se sabe la norma, acto u omisión que se reclama; los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; los preceptos legales que contengan los derechos humanos vulnerados, ni los conceptos de violación correspondientes. Aunado a lo anterior, se desconoce totalmente la voluntad de quien lo presenta sin contenido alguno, aunado a que ni siquiera obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación. Acorde a lo anterior, se desconoce totalmente la pretensión de su presentante, así como la voluntad de quien supuestamente lo presenta, ya que no obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, del análisis de la demanda que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo promovida vía electrónica sin nombre de quien aparentemente lo promueve, carece de firma electrónica, lo que se demostrará a continuación. De la lectura del último precepto legal mencionado, se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado o por su apoderado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrado por el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principio que reproduce el diverso artículo 6 de la legislación de la materia, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame y que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los que expresamente lo permita la ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias jurídicas, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Además, se precisa que el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En ese tenor, es destacable lo previsto en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se advierte como un aspecto relevante que brinda mayor certeza a los justiciables, así como el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces sucede lo mismo respecto de la firma electrónica ingresada al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación al que se ha hecho referencia. En tal virtud, si bien la demanda de amparo promovida sin nombre de quien aparentemente lo promueve, fue presentada de manera electrónica (en línea); lo cierto es que, tampoco se encuentra firmada por el promovente, pues no contiene los certificados necesarios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, que permitan validar su actuación en el sistema electrónico mencionado con antelación. Por tanto, al no apreciarse la voluntad de quien promueve la presente demanda, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario. De ahí que, si el escrito no se encuentra suscrito por parte interesada, debe entenderse que no existe manifestación de voluntad; por lo tanto, la demanda resulta improcedente, sin que pueda mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación posterior, pues no es de aquellas irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia. ... En consecuencia, se desecha de plano la demanda promovida vía electrónica sin nombre de quien aparentemente la promueve, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, en contexto con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece de la firma electrónica (FIREL) de quien promueve, lo que implica la ausencia de la expresión auténtica de su voluntad, es decir, no hay instancia de parte, como se ha evidenciado en líneas que anteceden. Aunado a la falta de cumplimiento de los requisitos contenidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, existe imposibilidad material y jurídica de prevenir a quién promueve la demanda de cuenta, ya que se desconoce tanto el nombre como su voluntad de hacerlo, como se ha destacado en líneas que anteceden. Finalmente, dada la ausencia del nombre y domicilio de quien promueve la demanda que nos ocupa, se ordena realizar la publicación del presente proveído por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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