Brenda Carranza Lebrija

Expediente 363/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 32 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
363/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Brenda Carranza Lebrija
  • agente del Ministerio Público titular de la unidad de investigaciones especializadas de delitos patrimoniales de la Subprocuraduría de Tijuana, Baja California de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que las partes, no hicieron manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, por lo que con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Brenda Carranza Lebrija, para los efectos siguientes: "[.] para que en estricto acatamiento al artículo 8º constitucional, el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, dé respuesta por escrito a la solicitud presentada por la quejosa mediante libelo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 0204-2020-07757, y la notifique en breve término; ello sin constreñir sobre el sentido de la contestación que llegue a pronunciar, por no constituir materia de la litis constitucional." Una vez que quedó firme la sentencia de que se trata, se requirió a la autoridad vinculada para que diera cumplimiento con el fallo protector. La autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias atinentes; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Informe y anexos con los que se acreditó que la responsable acató la sentencia, pues dentro del ámbito de su competencia, dio respuesta coherente y completa a la petición formulada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, de Brenda Carranza Lebrija, basándose para ello en su normatividad; por lo que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. En el particular, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente asunto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, de conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el cinco de diciembre de dos mil veinticinco. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable, al encuadrar en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el cinco de diciembre de dos mil veinticinco, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente y solicítese la transferencia del original del cuaderno incidental a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Sin que sea el caso requerir a la quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese personalmente.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado José Luis Núñez Sola, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/JLNS/lmh

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexo allegados por la autoridad vinculada, mediante los cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido de los documentos relativos al acato del fallo protector, dese vista a las partes por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las responsables, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Juicio de amparo 363/2021 El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al juez, con el estado de autos y la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] para que en estricto acatamiento al artículo 8º constitucional, el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, dé respuesta por escrito a la solicitud presentada por la quejosa mediante libelo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 0204-2020-07757, y la notifique en breve término; ello sin constreñir sobre el sentido de la contestación que llegue a pronunciar, por no constituir materia de la litis constitucional." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento con el fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a la autoridad responsable, dese nueva cuenta para acordar lo conducente.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 363/2021, promovido por Brenda Carranza Lebrija, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado en línea el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el sistema electrónico que da soporte a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Brenda Carranza Lebrija solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra diversos actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, registrándola con el número 363/2021; previa prevención, mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda únicamente por lo concerniente a Brenda Carranza Lebrija, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Posteriormente, por proveído de tres de septiembre siguiente, se acordó de conformidad la ampliación de demanda hecha valer, respecto del capítulo de actos reclamados y conceptos de violación. Así, seguido que fue el trámite del juicio, y previo diferimiento y resolución de un recurso de queja interpuesto en autos, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del análisis integral de la demanda, se advierte que lo reclamado guarda consecuencias materiales dentro de la circunscripción territorial en que este tribunal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, su aclaración y ampliación, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que la materia de reclamo destacada consiste en: 1) La negativa de la autoridad responsable de permitir a la quejosa -en su calidad de ofendida-, el acceso a la carpeta de investigación 0204-2020-07757 de origen. 2) Las diversas omisiones del ministerio público responsable de realizar una serie de diligencias solicitadas por la aquí impetrante con miras a impulsar la indagatoria correspondiente. 3) La omisión de la responsable de acordar las distintas peticiones de la ofendida primigenia, relativas a copias de múltiples constancias obrantes en la carpeta de origen. 4) La falta de respuesta del fiscal responsable al escrito que la aquí peticionaria le presentó en el expediente natural el catorce de mayo de dos mil veintiuno, relacionado con el señalamiento de domicilio procesal y designación de un autorizado. TERCERO. No es cierto el acto reclamado que se señala en el inciso 1) del considerando precedente [la negativa de la autoridad responsable de permitir a la quejosa -en su calidad de ofendida-, el acceso a la carpeta de investigación 0204-2020-07757 de origen], pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, sin que la impetrante ofreciera prueba idónea para desvirtuar la negativa depuesta; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Ahora, respecto de la porción del reclamo planteado en este juicio de amparo, identificado con el inciso 2) del considerando segundo de esta sentencia, consistente en: ? Las diversas omisiones del ministerio público responsable de realizar una serie de diligencias solicitadas por la aquí impetrante con miras a impulsar la indagatoria con número único de caso (NUC) 0204-2020-07757. Sobre el particular, resulta ocioso entrar al estudio sobre la existencia (o no) de las conductas pasivas autoritarias de referencia, virtud que este tribunal considera patente la actualización de la causa de improcedencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se lee: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]." Del contenido del precepto y fracción transcritos, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando en su contra exista algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso, la quejoso Brenda Carranza Lebrija acude a esta instancia federal en reclamo de diversas omisiones en que aparentemente incurrió la autoridad ministerial señalada como responsable, que provocaron la falta de realización de sendas diligencias que había peticionado y ofrecido en su calidad de ofendida, mismas que esclarecerían -en opinión de la impetrante-, los hechos que denunció como constitutivos de delito, dentro de la carpeta de investigación de origen. Empero, sin resultar necesario el examen sobre la existencia (o no) de las referidas conductas pasivas reprochadas, se advierte palmariamente que en su contra procedía el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debió agotarse previo a acudir al presente juicio de control constitucional. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 943, libro 57, agosto de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." [Énfasis añadido] Además, en el caso concreto, también se colige la verificación de la diversa causa de improcedencia contenida en el párrafo primero de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El normativo en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [.]." De la normativa transcrita se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando el acto reclamado se produzca dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, y con posterioridad se emita otro que tenga como resultado un cambio de situación jurídica, distinta a la que se encontraba con motivo de lo reprochado inicialmente en la demanda, de tal manera que no sea posible analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que de hacerlo, se afectaría la situación creada por el nuevo acto que no fue combatido en el juicio, razón por la cual, deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas1 . 1 Cabe mencionar que el procedimiento penal comprende una etapa preponderantemente a cargo de la fiscalía -la de investigación en su modalidad inicial-, por lo que las resoluciones adoptadas en esa fase, se consideran integrantes del proceso de mérito y, en ciertos casos, son susceptibles de revisión por parte del juez de control. Lo anterior, con base en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: Como se precisó, en el presente asunto la impetrante reclama una serie de omisiones del ministerio público responsable dentro de la carpeta de investigación 0204-2020-07757, relacionadas con la función investigadora de delitos de dicha autoridad. Sin embargo, de las constancias allegadas a juicio, valoradas en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que -previa autorización del fiscal coordinador respectivo- el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el agente del ministerio público responsable decretó el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria de origen. Lo que demuestra que en la especie operó un cambio de situación jurídica. Sin que hubiese sido necesario dar vista a la quejosa para que manifestara si era su interés ampliar su demanda respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal en cuestión, toda vez que no guarda estrecha relación con lo aquí reclamado. I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]." Más, debido a que en contra de aquella resolución, el juicio de amparo sería improcedente, pues la aquí impetrante también debe agotar el medio de defensa ordinario contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, tiene apoyo en la jurisprudencia PC.I.P. J/68 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, página 1433, libro 75, febrero de 2020, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, se concluye sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. Luego, respecto de la restante materia de reproche atribuida a la autoridad responsable, que se relaciona en los incisos 3) y 4) del considerando atinente a la fijación del reclamo, debe tenerse por cierta, pues no obstante la negativa depuesta en sus informes justificados, ahí realizó diversas manifestaciones tendentes a defender la constitucionalidad de su actuar; lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas a la carpeta de investigación primigenia, previamente valoradas en punto considerativo anterior. SEXTO. La procedencia del presente juicio es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgado advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto trascrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, virtud de un acto posterior y diverso. Ahora bien, se considera actualizada dicha causa de improcedencia respecto de las omisiones marcadas en el inciso 3) de mérito, toda vez que si bien la autoridad ministerial responsable ha sido omisa en acordar los diversos escritos de solicitudes de copias a que hace referencia la quejosa en su demanda, lo cierto es que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en la carpeta de origen por medio del cual proveyó una distinta promoción de la ofendida [aquí quejosa], determinando expedirle por un tanto copia de todo lo actuado en dicha indagatoria (debiendo acreditar la necesidad de la entrega por triplicado), incluyendo las constancias por las que aquí se reclamó la falta de proveído para su expedición. Lo que resulta eficaz para demostrar que han cesado los efectos de las omisiones denotadas en este apartado, pues con motivo de un acto posterior, la responsable realizó un pronunciamiento relacionado con la pretensión de la quejosa de obtener copias de diversas documentales obrantes en el expediente 0204-2020-07757. A más, que durante la tramitación de este juicio de amparo, la propia quejosa solicitó copias de la carpeta de investigación de mérito, mismas que le fueron autorizadas por proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Luego, al verificarse la causa de improcedencia en examen, lo conducente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que hace a las omisiones identificadas con el inciso 3) en comento. Así, sin que se advierta la actualización de diversa hipótesis de improcedencia, ni que las partes la hagan valer, se sigue con el estudio de las alegaciones formuladas en la demanda, respecto de la distinta conducta pasiva autoritaria reseñada en el inciso 4) del considerando segundo de este fallo. SÉPTIMO. La impetrante esgrimió los motivos de disenso que estimó pertinentes, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el precepto 74 de la ley de la materia. OCTAVO. Es esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer en el escrito de demanda, por las consideraciones que se exponen enseguida. La quejosa se duele de la falta de respuesta a su escrito de catorce de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante la autoridad responsable en la carpeta de investigación primigenia, estimando que con esa conducta omisa se conculca su derecho humano consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirija, que habrá de notificarse en breve término. Como se precisó en considerando precedente, resultó cierta la omisión reclamada, esto es, el incumplimiento de la obligación constitucional descrita en el párrafo que antecede, al no contestar la responsable la petición elevada por la agraviada en el ocurso de catorce de mayo del año próximo pasado, mismo que obra en el expediente de origen, con lo que se acredita la violación imputada. Lo anterior, porque el derecho que tutela el precepto en cita, implica para la autoridad la obligación de resolver en algún sentido sobre las solicitudes de las personas y, además, hacerlo de su conocimiento en breve término, lo que en el caso no aconteció, ya que a la fecha en que se emite la presente sentencia, transcurrieron más de un año y dos meses desde que fue formulada a la responsable la petición de mérito, que se enderezó por escrito y de manera pacífica, conculcándose con ello los derechos de la aquí impetrante del amparo. Al caso, se transcribe la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, volumen 205-216 tercera parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la substanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." Ahora bien, el breve término a que se refiere el artículo 8º constitucional, debe entenderse como aquél en que racionalmente pueda estudiarse una petición y acordarse, lo que no ocurre en el presente caso, ya que como antes se apuntó, desde la fecha en que se formuló la petición respectiva hasta la resolución de este juicio, transcurrió con exceso el término de referencia, y no existe demostrada alguna justificación legal para la conducta omisa de la responsable, atendiendo a la naturaleza de la solicitud pacífica que le formuló la hoy quejosa [de señalamiento de domicilio procesal y designación de autorizado]. Al respecto, se invoca la tesis de la segunda sala en mención, visible en la página 39, volumen CXXIII tercera parte, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." En tal virtud, se concede la protección de la Justicia Federal impetrada, para que en estricto acatamiento al artículo 8º constitucional, el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, dé respuesta por escrito a la solicitud presentada por la quejosa mediante libelo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 0204-2020-07757, y la notifique en breve término; ello sin constreñir sobre el sentido de la contestación que llegue a pronunciar, por no constituir materia de la litis constitucional. NOVENO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XVII, párrafo primero, XX y XXI, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 76, 77, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 363/2021, promovido por Brenda Carranza Lebrija, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, en los términos apuntados en los considerandos tercero, cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Brenda Carranza Lebrija, contra la omisión que reprochó del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, precisada en el inciso 4) del considerando segundo de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistido del licenciado Carlos Ignacio Pérez Ibarra, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

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