Brenda Caren Hernández López

Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
137/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Brenda Caren Hernández López
  • Laura Simon Telles
  • María del Carmen Sánchez Hernández
  • Ma. Pilar Savedra Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el acuerdo dictado en estos autos, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el veintinueve de marzo del presente año, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el uno de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a las quejosas en el lugar en el cual se encuentran recluidas.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la cual se advierte que el Actuario adscrito a este juzgado, no le fue posible notificar a la quejosa ***, los autos veintinueve de marzo y catorce de abril, ambos de dos veintiuno, en la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos, en virtud de que el nueve de abril del año en curso, fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, en Atlacholoaya. En consecuencia, comisiónese de nueva cuenta a uno de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se constituya en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, en Atlacholoaya, para que notifique a la quejosa de referencia, los autos de veintinueve de marzo y catorce de abril, ambos de dos veintiuno. Notifíquese; y cúmplase.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la cual se advierte que el Actuario adscrito a este juzgado, no le fue posible notificar a las quejosas ***, el auto veintinueve de marzo de dos veintiuno, en el Centro Penitenciario Femenil, con sede en Atlacholoaya, Morelos, en virtud de que el dieciséis de marzo del año en curso, fueron trasladadas a las Cárceles Distritales de Jojutla y Cuautla, respectivamente. En consecuencia, comisiónese de nueva cuenta a uno de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se constituya en los centro penitenciarios antes citados, para que realice la notificación correspondiente del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, a las quejosas ***. Notifíquese; y cúmplase.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los informe justificados signados por la Jefa del Primer Turno Operativo de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario Femenil; la Encargada del Área Jurídica del Centro Femenil y por el Encargado del Centro Penitenciario de Cuautla Morelos. Ahora bien, de las documentales exhibidas por la primera y segunda autoridad oficiante, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Directora del Centro Penitenciario Femenil, el cual hizo consistir en la orden de traslado del Centro Penitenciario Femenil a otro centro de reclusión. Sin embargo, de las constancias remitidas por las antes referidas, se advierte que Ramón Villanueva Uribe, en su calidad de Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, dentro de la carpeta de ejecución ******************** determinó calificar de ilegal el traslado de las aquí quejosas, por lo que el seis de marzo de dos mil veintiuno, fueron reingresadas al Centro Penitenciario Femenil. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encontraban a uno diverso, y la autoridad facultada determinó calificar de ilegal el traslado, y fueron reingresadas al Centro Penitenciario Femenil, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos, como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano