Brenda Berenice Romero Guerrero
Expediente 930/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brenda Berenice Romero Guerrero
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Brenda Berenice Romero Guerrero por propio derecho y quien se ostenta representante de Alexa Estefania Buendía Romero así como Gerardo Meléndez Morgado, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Familiar y Juez Décimo de lo Familiar, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 930/2017. Ahora bien, después de realizar un examen minucioso de la demanda de garantías de que se trata, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional es LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la misma, por las razones jurídicas que a continuación se expresan: Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte según constancia secretarial, que la quejosa señala como acto reclamado, resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó por el proveído que no admitió a trámite la demanda de cambio de apellidos promovida por los ahora quejosos; en ese tenor, el acto reclamado encuadra en los supuestos previstos por la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una resolución que puso fin al juicio y que no admite ningún recurso ordinario en su contra mediante el cual pueda ser modificada o revocada, por lo que, este juzgado de distrito resulta y se declara legalmente incompetente de plano para conocer de dicha demanda de garantías. En efecto, el artículo anteriormente referido a la letra dice: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: - - - I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - - - Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. - - - Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. - - - Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. - - - Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional" Por su parte, el artículo 47 del mismo ordenamiento legal prescribe: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. - - - El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. - - - Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Por tanto, como el acto reclamado según constancia secretarial, lo constituye resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó por el proveído que no admitió a trámite la demanda de cambio de apellidos promovida por los ahora quejosos, resulta procedente intentar el amparo directo en contra de la resolución señalada como acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente de plano para conocer de la demanda de garantías de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para que tenga a bien determinar lo que estime conveniente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo transcrito en último término. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. Encuentra sustento a lo anterior, por analogía la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta visible en el Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, pagina 2102, la cual establece lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO PROCEDA UN RECURSO ORDINARIO Y ÉSTE NO SE AGOTE PREVIO A LA PROMOCIÓN DE AQUÉL, INCIDE EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO EN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Por su parte, el artículo 46 de la ley de la materia abrogada señalaba como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo directo, que contra la sentencia definitiva o resolución que le pusiera fin al juicio, las leyes comunes no concedieran recurso ordinario alguno, por virtud del cual pudieran ser modificadas o revocadas. En ese tenor, la recta intelección del mencionado numeral de la ley vigente lleva a considerar que el hecho de que contra la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio reclamada, proceda un recurso ordinario y éste no se agote previo a la promoción del amparo, incide en la procedencia del juicio y no en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito; por tanto, dicho órgano jurisdiccional tiene competencia para declarar la improcedencia de la demanda de amparo, conforme al numeral 61, fracción XVIII, por inobservancia al principio de definitividad, que lo obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, en el nuevo contexto normativo, atendiendo al artículo sexto transitorio de la nueva ley, es inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 10, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.", pues el escenario jurídico conforme al cual se generó dicho criterio ya no es igual al que aparece en la ley vigente, en tanto que en ésta, la definitividad, que era de singular importancia para establecer la competencia, se fijó como un aspecto no de ésta, sino de la procedencia del juicio." Con copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y con el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a la parte promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que le asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Por otro lado, se tiene a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y autorizando únicamente para los mismos efectos a las personas que señalan, por así haberlo solicitado expresamente. Tomando en consideración que los promoventes no señalaron representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los quejosos a Brenda Berenice Romero Guerrero. Finamente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de este juzgado, para que notifique el presente proveído. Notifíquese y personalmente a los promoventes por conducto de su representante común. Así lo proveyó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la licenciada Georgina Vega de Jesús, Secretaria que autoriza y da fe. GVJ/RPA
- Principal
.... Ahora bien, después de realizar un examen minucioso de la demanda de garantías de que se trata, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional es LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la misma. Notifíquese y personalmente a los promoventes por conducto de su representante común.
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