Brenda Berenice Rodriguez Coronado

Expediente 1385/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1385/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Brenda Berenice Rodriguez Coronado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara INFUNDADO el incidente innominado promovido por la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, San Luis Potosí; y por lo tanto se declara que NO EXISTE imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, respecto del efecto precisado en el considerando segundo de esta resolución incidental. SEGUNDO. Una vez que quede firme la presente resolución, deberá levantarse la suspensión decretada en auto de veintiocho de octubre del año en curso, respecto de la tramitación del incidente de cumplimiento sustituto ordenado en auto de veintiuno del mismo mes y año.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Brenda Berenice Rodríguez Coronado, mediante el cual comparece a ampliar la demanda de amparo originalmente presentada; en atención a su contenido se provee: Desechamiento de ampliación de demanda. Visto el escrito de ampliación de demanda promovido por la parte quejosa; en atención a su contenido la suscrita procede a su estudio en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la ampliación de demanda, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de ampliación de demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye: - La respuesta dada a su escrito de petición presentado el veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, dirigido a la aquí quejosa Brenda Berenice Rodríguez Coronado, la cual aduce carece de congruencia, motivación y fundamento legal. Cabe destacar que la quejosa en el escrito de petición, génesis del acto reclamado en vía de ampliación, solicitó al Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, su cambio de adscripción a una escuela ubicada en esta ciudad, de cinco horas en la asignatura de español, las cuales labora actualmente en la Escuela Secundaria José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, por motivos de salud y erogación de gastos. Tal petición es del tenor siguiente: ".Dela manera más atento me dirijo a usted y a su digno cargo, para solicitar su valiosa intervención y apoyo para un cambio de adscripción, de 5 horas de Español, las cuales laboro actualmente Esc. Sec. José Joel Tristán Vera, con clave 24EES0067G en Matehuala, San Luis Potosí, a otra escuela ubicada en la capital del estado. Debido a que presento una situación de salud crónica degenerativa en ambos ojos llamada Queratocono, enfermedad que ha ocasionado que tenga una visibilidad monocular, no tengo visión tridimensional y en el ojo izquierdo nula visibilidad situación que genera riesgo y peligro en los traslados al municipio donde actualmente laboro, además esta enfermedad limita la realización de funciones propias de mi actividad laboral. Además, es importante mencionar que el laborar en otro municipio diferente al que uno reside con su familia, origina un gasto mayor, que con cinco horas clases, es complicado cubrir la totalidad de los gastos. Sin más por el momento, le agradezco la atención a la presente, esperando contar su apoyo y valiosa intervención. Me despido no sin antes agradecer de antemano su disponibilidad que le caracteriza, reciba un cordial y afectuoso saludo.". El tres de noviembre del año en curso, a través del oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, se le dio respuesta a la misiva referida, en el cual el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, determinó: ".Por este conducto y en relación a su solicitud recibida con fecha 26 de septiembre del año en curso en esta Dirección a mi cargo, en el cual solicita un cambio de adscripción de 5 horas correspondientes a la asignatura de español, en la Escuela Secundaria Oficial Prof. José Joel Tristán Vera con C.C.T. 24BES0067G, con dirección en 5 de mayo No. 804, en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí S.L.P. En atención a su propuesta y atendiendo su petición se le comunica que no es posible llevar a cabo la misma en esta Oficina Administrativa, Por lo que se le sugiere acuda a la Organización Sindical a fin de que pueda ser canalizada su solicitud.". Motivo de lo anterior, es que comparece a la presente instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la negativa de la autoridad responsable de atender su solicitud laboral de cambio de adscripción, contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, la cual aduce carece de congruencia, motivación y fundamento legal. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que la juzgadora de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que la quejosa pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, la suscrita considera que en relación con los actos reclamados, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata |de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque el acto reclamado (ya descrito) no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, atento a la básica razón de que la relación que se generó entre la parte quejosa y el Sistema Educativo Estatal Regular, a través de la institución educativa Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, en la cual presta sus servicios como docente, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre la hoy inconforme y la autoridad responsable. Lo anterior se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que existe una relación de carácter laboral entre la quejosa y la autoridad responsable, pues como se señaló en su escrito de petición presentado ante el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, el veintiséis de septiembre del año en curso, le solicitó laborar en una institución educativa con residencia en esta ciudad, diversa a la cual actualmente imparte la asignatura de español. Dicha relación laboral incluso la enfatiza la quejosa a través de su misiva de ampliación de demanda, en la que precisó que el acto reclamado pone en riesgo su relación laboral con la responsable (Director General del Sistema Educativo Estatal Regular), ya que le ocasiona trasladarse al municipio de Matehuala, y al no hacerlo se le afectará en su relación jurídica laboral, ocasionando el levantamiento de acta administrativa, incluso se le propuso de manera verbal que mejor renuncie a las cinco horas -que imparte de la asignatura de español- de secundaria con motivo de su relación laboral, lo cual violenta su estabilidad en el trabajo. Por tanto, deviene inconcuso que el acto reclamado en vía de ampliación de demanda, consistente en la respuesta dada a su escrito de petición presentado el veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, atiende a dicho contexto, en el caso, la aludida relación laboral. Ahora bien, para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del quejoso. 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, el acto reclamado en vía de ampliación tiene su origen en la circunstancia de que la quejosa se desempeña como trabajadora del Sistema Educativo Estatal Regular, prestando sus servicios como docente en la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, y derivado de dicha relación, es que pretende el cambio de adscripción de cinco horas correspondiente a la asignatura de español que imparte, en una institución educativa con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre la aquí quejosa y el Sistema Educativo Estatal Regular, por conducto de la Escuela Secundaria Oficial Prof. José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, a la cual presta sus servicios; atento a lo anterior: en el marco de una relación laboral. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa. En el caso, la solicitud del cambio de adscripción de la asignatura de español de la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, y su negativa por parte del Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, únicamente podría a afectar sus derechos laborales (como incluso se expone en su escrito de ampliación de demanda), pues entre estos se encuentra el lugar en que continúa su relación laboral con el cargo de docente, esto es, como docente de la referida institución educativa sin que se le autorizara su cambio de adscripción a una distinta. Lo cual incluso, como también lo refiere, ante su falta de incumplimiento conllevaría que se levante en su perjuicio un acta administrativa. Sobre esas premisas, resulta que la circunstancia de la respuesta emitida a través del oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, sin duda alguna tiene su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la parte quejosa, si la determinación emitida a través del oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, es violatoria de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no de la juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, una conducta derivada como consecuencia de la relación laboral entre la quejosa y el Sistema Educativo Estatal Regular, al cual presta sus servicios a través de las clases que imparte en la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determine si tenía o no derecho a que se le otorgue el cambio de adscripción solicitado. Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 80 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, prevé que en contra de las resoluciones que se pronuncien en términos de dicha norma, los interesados podrán optar por interponer el recurso de revisión ante la autoridad que emitió la resolución que se impugna o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por disposición de su artículo 4°, prevé la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan prevista tramitación especial; aquí el litigio versa sobre la interpretación o cumplimiento de una norma de carácter laboral, con independencia de la jerarquía de la norma; el procedimiento en esta clase de juicios está previsto en los artículos 870 a 871 de la Ley Federal del Trabajo y en el Capítulo I del Título Décimo Segundo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Adquiere aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 2a./J. 67/2013 (10a.), en la página 864, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE PREFERENCIA PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE O DE NUEVA CREACIÓN. PARA SU EJERCICIO ES INNECESARIO PRECISAR LA ANTIGÜEDAD Y LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN CADA PUESTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). El artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación podrán presentarse en la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o crearse el puesto comprobando la causa de su petición, o bien, presentar con antelación una solicitud en la que indiquen, entre otros datos, si prestaron servicios con anterioridad, por cuánto tiempo y la naturaleza del trabajo desempeñado, los que se satisfacen con el señalamiento de la antigüedad genérica en la empresa acorde con la jurisprudencia 2a./J. 171/2005 (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mención de los puestos ocupados, en tanto se infiere que las actividades realizadas son las inherentes a los puestos, lo que permite conocer la naturaleza del trabajo desempeñado. Por tanto, en la solicitud formulada para ejercer el derecho de preferencia para ocupar una plaza vacante o de nueva creación, es innecesario precisar la antigüedad y las actividades desempeñadas en cada uno de los puestos. Lo anterior, con independencia de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 154 de la ley laboral citada, en el sentido de que si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo dispuesto en el contrato colectivo y el estatuto sindical." En la misma tesitura, adquiere aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Noveno Circuito, localizable con el número PC.IX. J/3 L (10a.), en la página 1505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL DERECHO PARA DEMANDAR LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA QUE CORRESPONDE A LAS FUNCIONES QUE REALMENTE DESEMPEÑAN Y LA ACCIÓN RELATIVA, NO PRESCRIBEN, MIENTRAS CONTINÚEN PRESTANDO EL SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. Si la acción ejercitada es la de asignación de una plaza, fundándose en que el trabajador, a pesar de tener el nombramiento de un puesto determinado, desempeña las labores de otro, que pretende se le asigne, no puede estimarse acreditada la excepción de prescripción opuesta, tomando como punto de partida la fecha en que aquél obtuvo su nombramiento o inició el desempeño de las funciones que no corresponden al nombramiento que ostenta, pues si se tiene en cuenta que la prestación del servicio personal subordinado es de tracto sucesivo, esto es, que se realiza de momento a momento, el derecho a pretender el puesto que realmente desempeña y, por tanto, la acción relativa, no pueden prescribir mientras siga desempeñándolo." En el mismo orden de ideas, adquiere aplicación la jurisprudencia emitida por el Plano del Máximo Tribunal del País, localizable con el número P./J. 32/2015 (10a.), en la página 6, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Los artículos citados, al establecer los supuestos de cesación o readscripción de los docentes que hayan obtenido por tercera vez un resultado desfavorable en la evaluación, no vulneran su derecho de audiencia, toda vez que de la lectura integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la propia ley, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa, en el entendido de que si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral." Esto es así, dado que como ya se señaló, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter las relaciones que se den con los particulares como patrón, serán en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación; entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen concretamente en la determinación emitida por la autoridad educativa federal, materializada en la determinación contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, signado por el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, dirigido a la aquí quejosa, es incuestionable que deriva de la relación que existe entre la quejosa y el aludido Sistema Educativo Estatal Regular, al que presta sus servicios, la cual evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". No se soslaya el hecho de que mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para ampliar su escrito inicial de demanda, respecto de la determinación contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, ya que dicho acuerdo tuvo como fin acatar la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), y en caso de que en contra del presente auto se interponga medio de impugnación evitar una posible reposición del procedimiento por tal motivo. Por el contrario, en el caso se actualiza el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone que cuando se atribuye la omisión de responder una petición por parte de un funcionario o servidor público procede el juicio de amparo, sin embargo, en contra de su respuesta resulta improcedente la ampliación de la demanda, cuando el quejoso debe acudir a la vía ordinaria laboral a demandar la respuesta respectiva, lo cual acontece en el caso por los motivos expuestos con anterioridad en este acuerdo. Dicho criterio, aplicado por analogía a este asunto, se encuentra publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que ordena: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la ampliación de demanda de amparo de que se trata. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado de autos, particularmente el contenido del anexo remitido por la autoridad responsable en su informe justificado recibido el nueve de noviembre de dos mil veintidós, registrado con el número de correspondencia interna 21613, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión inicialmente reclamada, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclamó del Sistema Educativo Estatal Regular, la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó cambio de adscripción de cinco horas correspondiente a la asignatura de español en la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, a una diversa escuela con residencia en esta ciudad. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, al cual se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, el tres de noviembre del año en curso, acordó la misiva presentada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, cuya omisión de atender se reclama en este juicio de la autoridad responsable, la cual se hizo del conocimiento de la parte quejosa, ya que incluso pretendió ampliar su demanda en contra de ésta. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues los actos negativos en estudio ya fueron subsanados por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos fecha de audiencia. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el doce de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa: por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Brenda Berenice Rodríguez Coronado, mediante el cual comparece a ampliar la demanda de amparo originalmente presentada; en atención a su contenido se provee: Desechamiento de ampliación de demanda. Visto el escrito de ampliación de demanda promovido por la parte quejosa; en atención a su contenido la suscrita procede a su estudio en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la ampliación de demanda, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de ampliación de demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye: - La respuesta dada a su escrito de petición presentado el veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, dirigido a la aquí quejosa Brenda Berenice Rodríguez Coronado, la cual aduce carece de congruencia, motivación y fundamento legal. Cabe destacar que la quejosa en el escrito de petición, génesis del acto reclamado en vía de ampliación, solicitó al Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, su cambio de adscripción a una escuela ubicada en esta ciudad, de cinco horas en la asignatura de español, las cuales labora actualmente en la Escuela Secundaria José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, por motivos de salud y erogación de gastos. Tal petición es del tenor siguiente: ".Dela manera más atento me dirijo a usted y a su digno cargo, para solicitar su valiosa intervención y apoyo para un cambio de adscripción, de 5 horas de Español, las cuales laboro actualmente Esc. Sec. José Joel Tristán Vera, con clave 24EES0067G en Matehuala, San Luis Potosí, a otra escuela ubicada en la capital del estado. Debido a que presento una situación de salud crónica degenerativa en ambos ojos llamada Queratocono, enfermedad que ha ocasionado que tenga una visibilidad monocular, no tengo visión tridimensional y en el ojo izquierdo nula visibilidad situación que genera riesgo y peligro en los traslados al municipio donde actualmente laboro, además esta enfermedad limita la realización de funciones propias de mi actividad laboral. Además, es importante mencionar que el laborar en otro municipio diferente al que uno reside con su familia, origina un gasto mayor, que con cinco horas clases, es complicado cubrir la totalidad de los gastos. Sin más por el momento, le agradezco la atención a la presente, esperando contar su apoyo y valiosa intervención. Me despido no sin antes agradecer de antemano su disponibilidad que le caracteriza, reciba un cordial y afectuoso saludo.". El tres de noviembre del año en curso, a través del oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, se le dio respuesta a la misiva referida, en el cual el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, determinó: ".Por este conducto y en relación a su solicitud recibida con fecha 26 de septiembre del año en curso en esta Dirección a mi cargo, en el cual solicita un cambio de adscripción de 5 horas correspondientes a la asignatura de español, en la Escuela Secundaria Oficial Prof. José Joel Tristán Vera con C.C.T. 24BES0067G, con dirección en 5 de mayo No. 804, en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí S.L.P. En atención a su propuesta y atendiendo su petición se le comunica que no es posible llevar a cabo la misma en esta Oficina Administrativa, Por lo que se le sugiere acuda a la Organización Sindical a fin de que pueda ser canalizada su solicitud.". Motivo de lo anterior, es que comparece a la presente instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la negativa de la autoridad responsable de atender su solicitud laboral de cambio de adscripción, contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, la cual aduce carece de congruencia, motivación y fundamento legal. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que la juzgadora de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que la quejosa pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, la suscrita considera que en relación con los actos reclamados, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata |de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.].". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque el acto reclamado (ya descrito) no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, atento a la básica razón de que la relación que se generó entre la parte quejosa y el Sistema Educativo Estatal Regular, a través de la institución educativa Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, en la cual presta sus servicios como docente, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre la hoy inconforme y la autoridad responsable. Lo anterior se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que existe una relación de carácter laboral entre la quejosa y la autoridad responsable, pues como se señaló en su escrito de petición presentado ante el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, el veintiséis de septiembre del año en curso, le solicitó laborar en una institución educativa con residencia en esta ciudad, diversa a la cual actualmente imparte la asignatura de español. Dicha relación laboral incluso la enfatiza la quejosa a través de su misiva de ampliación de demanda, en la que precisó que el acto reclamado pone en riesgo su relación laboral con la responsable (Director General del Sistema Educativo Estatal Regular), ya que le ocasiona trasladarse al municipio de Matehuala, y al no hacerlo se le afectará en su relación jurídica laboral, ocasionando el levantamiento de acta administrativa, incluso se le propuso de manera verbal que mejor renuncie a las cinco horas -que imparte de la asignatura de español- de secundaria con motivo de su relación laboral, lo cual violenta su estabilidad en el trabajo. Por tanto, deviene inconcuso que el acto reclamado en vía de ampliación de demanda, consistente en la respuesta dada a su escrito de petición presentado el veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, atiende a dicho contexto, en el caso, la aludida relación laboral. Ahora bien, para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del quejoso. 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, el acto reclamado en vía de ampliación tiene su origen en la circunstancia de que la quejosa se desempeña como trabajadora del Sistema Educativo Estatal Regular, prestando sus servicios como docente en la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, y derivado de dicha relación, es que pretende el cambio de adscripción de cinco horas correspondiente a la asignatura de español que imparte, en una institución educativa con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre la aquí quejosa y el Sistema Educativo Estatal Regular, por conducto de la Escuela Secundaria Oficial Prof. José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, a la cual presta sus servicios; atento a lo anterior: en el marco de una relación laboral. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa. En el caso, la solicitud del cambio de adscripción de la asignatura de español de la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, y su negativa por parte del Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, únicamente podría a afectar sus derechos laborales (como incluso se expone en su escrito de ampliación de demanda), pues entre estos se encuentra el lugar en que continúa su relación laboral con el cargo de docente, esto es, como docente de la referida institución educativa sin que se le autorizara su cambio de adscripción a una distinta. Lo cual incluso, como también lo refiere, ante su falta de incumplimiento conllevaría que se levante en su perjuicio un acta administrativa. Sobre esas premisas, resulta que la circunstancia de la respuesta emitida a través del oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, sin duda alguna tiene su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la parte quejosa, si la determinación emitida a través del oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, es violatoria de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no de la juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, una conducta derivada como consecuencia de la relación laboral entre la quejosa y el Sistema Educativo Estatal Regular, al cual presta sus servicios a través de las clases que imparte en la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determine si tenía o no derecho a que se le otorgue el cambio de adscripción solicitado. Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 80 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, prevé que en contra de las resoluciones que se pronuncien en términos de dicha norma, los interesados podrán optar por interponer el recurso de revisión ante la autoridad que emitió la resolución que se impugna o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por disposición de su artículo 4°, prevé la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan prevista tramitación especial; aquí el litigio versa sobre la interpretación o cumplimiento de una norma de carácter laboral, con independencia de la jerarquía de la norma; el procedimiento en esta clase de juicios está previsto en los artículos 870 a 871 de la Ley Federal del Trabajo y en el Capítulo I del Título Décimo Segundo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Adquiere aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 2a./J. 67/2013 (10a.), en la página 864, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE PREFERENCIA PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE O DE NUEVA CREACIÓN. PARA SU EJERCICIO ES INNECESARIO PRECISAR LA ANTIGÜEDAD Y LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN CADA PUESTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). El artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación podrán presentarse en la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o crearse el puesto comprobando la causa de su petición, o bien, presentar con antelación una solicitud en la que indiquen, entre otros datos, si prestaron servicios con anterioridad, por cuánto tiempo y la naturaleza del trabajo desempeñado, los que se satisfacen con el señalamiento de la antigüedad genérica en la empresa acorde con la jurisprudencia 2a./J. 171/2005 (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mención de los puestos ocupados, en tanto se infiere que las actividades realizadas son las inherentes a los puestos, lo que permite conocer la naturaleza del trabajo desempeñado. Por tanto, en la solicitud formulada para ejercer el derecho de preferencia para ocupar una plaza vacante o de nueva creación, es innecesario precisar la antigüedad y las actividades desempeñadas en cada uno de los puestos. Lo anterior, con independencia de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 154 de la ley laboral citada, en el sentido de que si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo dispuesto en el contrato colectivo y el estatuto sindical." En la misma tesitura, adquiere aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Noveno Circuito, localizable con el número PC.IX. J/3 L (10a.), en la página 1505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL DERECHO PARA DEMANDAR LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA QUE CORRESPONDE A LAS FUNCIONES QUE REALMENTE DESEMPEÑAN Y LA ACCIÓN RELATIVA, NO PRESCRIBEN, MIENTRAS CONTINÚEN PRESTANDO EL SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. Si la acción ejercitada es la de asignación de una plaza, fundándose en que el trabajador, a pesar de tener el nombramiento de un puesto determinado, desempeña las labores de otro, que pretende se le asigne, no puede estimarse acreditada la excepción de prescripción opuesta, tomando como punto de partida la fecha en que aquél obtuvo su nombramiento o inició el desempeño de las funciones que no corresponden al nombramiento que ostenta, pues si se tiene en cuenta que la prestación del servicio personal subordinado es de tracto sucesivo, esto es, que se realiza de momento a momento, el derecho a pretender el puesto que realmente desempeña y, por tanto, la acción relativa, no pueden prescribir mientras siga desempeñándolo." En el mismo orden de ideas, adquiere aplicación la jurisprudencia emitida por el Plano del Máximo Tribunal del País, localizable con el número P./J. 32/2015 (10a.), en la página 6, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Los artículos citados, al establecer los supuestos de cesación o readscripción de los docentes que hayan obtenido por tercera vez un resultado desfavorable en la evaluación, no vulneran su derecho de audiencia, toda vez que de la lectura integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la propia ley, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa, en el entendido de que si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral." Esto es así, dado que como ya se señaló, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter las relaciones que se den con los particulares como patrón, serán en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación; entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen concretamente en la determinación emitida por la autoridad educativa federal, materializada en la determinación contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, signado por el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, dirigido a la aquí quejosa, es incuestionable que deriva de la relación que existe entre la quejosa y el aludido Sistema Educativo Estatal Regular, al que presta sus servicios, la cual evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". No se soslaya el hecho de que mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para ampliar su escrito inicial de demanda, respecto de la determinación contenida en el oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, ya que dicho acuerdo tuvo como fin acatar la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), y en caso de que en contra del presente auto se interponga medio de impugnación evitar una posible reposición del procedimiento por tal motivo. Por el contrario, en el caso se actualiza el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone que cuando se atribuye la omisión de responder una petición por parte de un funcionario o servidor público procede el juicio de amparo, sin embargo, en contra de su respuesta resulta improcedente la ampliación de la demanda, cuando el quejoso debe acudir a la vía ordinaria laboral a demandar la respuesta respectiva, lo cual acontece en el caso por los motivos expuestos con anterioridad en este acuerdo. Dicho criterio, aplicado por analogía a este asunto, se encuentra publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que ordena: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la ampliación de demanda de amparo de que se trata. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado de autos, particularmente el contenido del anexo remitido por la autoridad responsable en su informe justificado recibido el nueve de noviembre de dos mil veintidós, registrado con el número de correspondencia interna 21613, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión inicialmente reclamada, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclamó del Sistema Educativo Estatal Regular, la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó cambio de adscripción de cinco horas correspondiente a la asignatura de español en la Escuela Secundaria Oficial Profesor José Joel Tristán Vera, en Matehuala, San Luis Potosí, a una diversa escuela con residencia en esta ciudad. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, al cual se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, el tres de noviembre del año en curso, acordó la misiva presentada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, cuya omisión de atender se reclama en este juicio de la autoridad responsable, la cual se hizo del conocimiento de la parte quejosa, ya que incluso pretendió ampliar su demanda en contra de ésta. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues los actos negativos en estudio ya fueron subsanados por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos fecha de audiencia. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el doce de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa: por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado signado por el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable oficiante, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que indica. Sin que haya lugar a tener como autorizados de su parte a las personas que señala, toda vez que las autoridades no pueden nombrarlos en esos términos; sin embargo, se les reconoce el carácter de delegados, con apoyo en el precepto 9° de la legislación de la materia. Devolución de documento. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza a la autoridad oficiante la devolución del documento que refiere, previo cotejo y compulsa con la copia simple que anexó, por lo que deberá comparecer por sí o por conducto de sus delegados a efecto de levantarse la razón de recibo correspondiente. Vista para ampliar. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Sistema Educativo Estatal Regular, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, del anexo que acompañó en original en vía de justificación el Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, se advierte que por oficio DG/DSE/SEB/2307/2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición realizada por la aquí quejosa a través de su escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, manifieste si es su intención ampliar su demanda de amparo. De ser así, aplicando lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, su escrito deberá cumplir con todos los requisitos que previene el primero de los citados, además de acompañar suficientes copias del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes; esto es, una para la autoridad responsable señalada inicialmente, una para el Agente del Ministerio Público, y una más para la nueva autoridad que señale. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo: Libro VIII, Mayo de 2012 Tomo 1, página 801, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Apercibimiento. En caso de no atender dentro del plazo concedido la vista que antecede, se continuará la tramitación del juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Diferimiento de audiencia. A efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional programada para el once de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por lista a las demás partes.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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