Brenda Berenice Ochoa Del Ángel

Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
300/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Brenda Berenice Ochoa Del Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintidós. Intégrese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual rinde su informe justificado y ofrece prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental, consistente en copia certificada del auto de nueve de marzo del año en curso, emitido en el expediente laboral ***. Ahora, previo a emitir pronunciamiento, es dable recordar que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca: ". Lo constituye la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, al NO DICTAR ACUERDO CORRESPONDIENTE en el expediente 658/2019, de conformidad con los artículo 837 Fracción I y 838 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece el término legal en que tendría que dictarse el acuerdo correspondiente sobre la promoción realizada ante la responsable el 8 de noviembre de 2021, vulnerando así mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, el artículo 8° Constitucional establece lo siguiente: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del artículo antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Así el citado precepto legal establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicha petición, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término, y notificar la respuesta respectiva. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el pleno de la suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Así como la jurisprudencia VI.1o.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que establece: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." En ese orden, de la revisión de las constancias remitidas por la responsable -Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje-, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte, lo siguiente: El nueve de marzo de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio laboral 658/2019, del índice de la mencionada autoridad, proveyó lo conducente respecto de la promoción presentada por la parte quejosa el ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Con base en lo anterior, es posible concluir que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, pues si bien la omisión reclamada por dicha parte procesal subsistía al día de la presentación de la demanda, lo cierto es que cesó al haber sido emitido el respectivo referente a la promoción de ocho de noviembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo ordenamiento. Lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con orden preferente las causales de improcedencia por ser éstas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SIN EFECTOS Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional (RAN), por medio del cual devuelve el oficio 8987/2022 del índice de este juzgado de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, pues refiere que del contenido de ese oficio se desprende que corresponde a la Delegación del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, cuyo domicilio se ubica en la calle Francisco Clavijero No.261, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. En consecuencia, a fin de darle celeridad jurídica al presente juicio, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el sitio referido y notifique a la autoridad responsable el oficio 8987/2022 del índice de este juzgado de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, corriéndole traslado con copia simple de éste. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, sin que se precisara correctamente lo relativo a su destino final, por lo tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que si bien se sobreseyó el juicio de amparo, sin embargo, se concedió de la suspensión de plano sobre los actos aquí reclamados.

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