Brenda Berenice López Martínez

Expediente 1176/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1176/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Brenda Berenice López Martínez
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de enero de dos mil veintitrés. Vista cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por la autoridad responsable, a través de los cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciara sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. .Fabián

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de ********************mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia concesoria, para el efecto de que: "gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de cinco de octubre de ********************mil veintidós en el juicio laboral ********************." Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades en trato, que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado, salvo impedimento legal acreditado, al omiso se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace constar que ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe rendido por las autoridades responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental que remitió la Junta responsable adjunto a su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las probanzas de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-I; y Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado, Brenda Berenice López Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En seis de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: De la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad: i). La omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del término establecido en el artículo 873 de la Ley federal de Trabajo, dentro del juicio laboral 3583/19 JE1. ii). La omisión de girar exhorto a efecto de emplazar a la parte demandada Pro Merc D.F. Sur, sociedad anónima de capital variable. Del actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. iii). La omisión de notificar (emplazar) a los demandados Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable y Liverpool Provincia, sociedad anónima de capital variable, dentro del juicio de origen 3583/19 JE1. Determinados los acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de estos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la junta laboral y actuario adscrito, no obstante de que al rendir su informe justificado lo hubiesen negado; certeza que se infiere de las constancias que remitieron en apoyo, de las que se advierte la existencia de los actos impugnados. IV. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados identificados con los inciso i) y iii) del considerando II, consistente en la omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral 3583/2019 JE1; así como, la omisión de notificar (emplazar) a los demandados Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable y Liverpool Provincia, sociedad anónima de capital variable, respectivamente. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si el acto no hubiese irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no dejó huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos del acto reclamado, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues el peticionario de amparo combate la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 3583/2019 JE1; así como, la omisión de notificar (emplazar) a los demandados Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable y Liverpool Provincia, sociedad anónima de capital variable; los cuales han cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto al considerar que la omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo; y la falta de emplazamiento de las diversas demandadas Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable y Liverpool Provincia, sociedad anónima de capital variable; lo cual, adujo, le resultaba violatoria del artículo 17 constitucional, sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó el presidente de la junta labora de esta ciudad, así como el actuario de su adscripción, se advierte por una parte, que mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la junta responsable señaló como nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia bifásica las catorce horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de las partes; y, por otro lado, que mediante diligencias de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el actuario adscrito a la Junta responsable, llevó a cabo el emplazamiento correspondiente a las demandadas en cuestión. Consecuentemente, al haber señalado la Junta responsable una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo; y, el actuario de su adscripción, haber practicado los emplazamientos de las demandadas del juicio de origen, resulta incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto emisivo que se le atribuye. Motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, el sobreseimiento de este juicio de derechos. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el arábigo 61, fracción XXI de la referida ley, por el acto reclamado a la Junta responsable, consistente en la omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 3583/2019 JE1; y, al actuario adscrito dicha junta, consistente en la omisión de emplazar a las demandadas Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable y Liverpool Provincia, sociedad anónima de capital variable. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". V. Consideraciones jurídicas Ahora bien por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso ii), del considerando II, de esta sentencia, relativo a la omisión de girar exhorto a efecto de emplazar a la parte demandada Pro Merc D.F. Sur, sociedad anónima de capital variable, reclamado a la autoridad responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice diversa a la planteada anteriormente; por tanto, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en sus conceptos de violación relacionado con el acto que se estudia, que éste transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la responsable no han llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada, lo cual entorpece el desarrollo de la controversia laboral. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que la Junta responsable no ha realizado los actos necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada, lo que pone de relieve el retraso injustificado al procedimiento. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la prerrogativa de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral viola el derecho de acceso a la impartición de justicia, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta prerrogativa se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771, 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, el emplazamiento de las partes debe realizarse a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que: I. En dos de septiembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable, la cual fue registrada bajo el expediente 3583/2019 JE1. II. Seguida la secuela procesal, en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, previo diversos diferimientos, señaló las catorce horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se ordenó emplazar a las partes demandadas, comisionándose al actuario de su adscripción para efectos de que realizara dichos emplazamientos; III. Posteriormente, la Junta responsable al darse cuenta que una de las demandadas, a saber, la moral Pro Merc D.F. Sur, sociedad anónima de capital variable; tenía su domicilio fuera de su jurisdicción, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, corrigió el procedimiento y ordenó el emplazamiento de dicha moral vía exhorto, sin embargo, no existe constancia fehaciente que acredite que se haya remitido dicha comunicación oficial al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Culiacán, Sinaloa. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la junta responsable va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que en proveído de cinco de octubre del dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral de origen, se ordenó emplazar a la parte demandada Pro Merc D.F. Sur, sociedad anónima de capital variable; sin que se advierta que se haya enviado el exhorto a la junta laboral con residencia en Culiacán, Sinaloa. Habida cuenta que, desde la fecha en que el solicitante presentó la demanda laboral a la del dictado de la presente resolución, ha transcurrido más de tres años, sin que se logre el llamamiento a juicio de una de las partes demandadas. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por su parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VI. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo respecto de los acto reclamados precisados en los incisos i) y iii) del considerando II, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por su parte, en relación al acto reclamado precisado en el inciso ii), del considerando II, de esta sentencia reclamado a la diversa autoridad responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones: gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de cinco de octubre de dos mil veintidós en el juicio laboral 3583/2019 JE1. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Brenda Berenice López Martínez, respecto del acto reclamado identificado con los incisos i) y iii) del apartado II, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Brenda Berenice López Martínez, respecto del acto reclamado identificado en el inciso ii) del apartado II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días).Visto el estado de los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional en este sumario, dado que las partes no han tenido el tiempo suficiente para imponerse del contenido de las constancias agregadas en proveído de veintiuno de octubre del año en curso. Por tanto, a fin de que transcurra el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y estén en aptitud de preparar y ofrecer pruebas para su desahogo, se difiere la aludida audiencia y se señala para su celebración las once horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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