Brenda Berenice López Kolp
Expediente 1328/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- Brenda Berenice López Kolp
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de noviembre de dos mil veintidós. VISTO; I.- El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como Titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II.- Del estado de autos, se advierte que en proveído de trece de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por cesación de los efectos de acto aquí reclamado; en consecuencia mediante diverso acuerdo de nueve del mismo mes y año, dicho sobreseimiento quedó firme y se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. III.- El oficio que remite el Juez Segundo Civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 202/2022, con número de orden 407/2022, de este índice, enviado para efectos de emplazar al presente juicio al tercero interesado Rubén Montoya Quezada. Al efecto se acuerda: En atención a lo indicado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la Titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Respecto a los puntos II y III, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósense a los autos el oficio con anexo de cuenta únicamente para que obren como legalmente corresponda, en razón a que mediante acuerdo emitido en este sumario el nueve de noviembre de dos mil veintidós se ordenó el archivo del presente juicio como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintidós. VISTA; la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término legal establecido en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACION DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina es susceptible la destrucción del expediente en que se actúa, conforme al ordinal 12, del precitado Acuerdo, al actualizarse la hipótesis contenida en su artículo 21, inciso a), en relación con su precepto 35, de dicho Acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo de remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación D. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. E. Relevancia y documentos. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Plenario en cita y no obran documentos originales de alguna de las partes. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinden informe justificado y anexan constancias. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos el informe con anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas se advierte lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Conforme con el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que los efectos del acto reclamado cesaron, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del juicio constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o una situación de hecho sobreviniente durante el trámite del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por lo cual, es aplicable la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Atento a lo que antecede, cabe precisar en el presente asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de acordar escrito de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual solicitó se dicte ejecución con efectos de mandamiento y señale fecha y hora para desahogar la diligencia de reinstalación y el requerimiento del pago de las prestaciones pendientes por cubrir ordenados en el laudo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral J/O/756/2019. Ahora bien del informe rendido por la responsable de cuenta y de las constancias que anexa; se advierte que en auto de seis de octubre de dos mil veintidós, emitió acuerdo en el que se pronunció respecto del escrito de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, presentado por la parte actora, aquí quejosa, en el cual su apoderado solicitó se dicte ejecución con efectos de mandamiento y que se señale fecha y hora para desahogar la diligencia de reinstalación y el requerimiento del pago de las prestaciones pendientes por cubrir ordenados en el laudo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente del juicio laboral J/O/756/2019, a lo que la responsable acordó no ha lugar acordar favorablemente su petición, ya que el laudo a que se refiere no cuenta con la firmeza jurídica que marca la ley de la materia. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos expedidos por la autoridad responsable legalmente competente, en el ejercicio de sus funciones. En las relatadas condiciones, el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo ha cesado en sus efectos, puesto que la omisión fue subsanada. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que esta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. En el caso particular, este Juzgado ordenó el emplazamiento de Rubén Montoya Quezada, en su carácter de tercero interesado; sin embargo, se hace innecesario esperar se devuelva el Despacho condigno, dado que dicho emplazamiento no trasciende al resultado del fallo que aquí se dicta, pues el presente asunto fue sobreseído, al actualizarse una causal de improcedencia, amén de que se considera que esta determinación no causa perjuicio a sus intereses. De ahí que se considere, a ningún fin práctico llevaría esperar el emplazamiento del tercero interesado, pues ello no variaría el sentido de la presente resolución. Apoya a esta consideración, la tesis siguiente: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Además, lo anterior traería como consecuencia negativa, el dispendio de recursos económicos y materiales y el retraso en la impartición de justicia. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES-. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación de esta determinación, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinden informe justificado y anexan constancias. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos el informe con anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas se advierte lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Conforme con el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que los efectos del acto reclamado cesaron, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del juicio constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o una situación de hecho sobreviniente durante el trámite del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por lo cual, es aplicable la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Atento a lo que antecede, cabe precisar en el presente asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de acordar escrito de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual solicitó se dicte ejecución con efectos de mandamiento y señale fecha y hora para desahogar la diligencia de reinstalación y el requerimiento del pago de las prestaciones pendientes por cubrir ordenados en el laudo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral J/O/756/2019. Ahora bien del informe rendido por la responsable de cuenta y de las constancias que anexa; se advierte que en auto de seis de octubre de dos mil veintidós, emitió acuerdo en el que se pronunció respecto del escrito de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, presentado por la parte actora, aquí quejosa, en el cual su apoderado solicitó se dicte ejecución con efectos de mandamiento y que se señale fecha y hora para desahogar la diligencia de reinstalación y el requerimiento del pago de las prestaciones pendientes por cubrir ordenados en el laudo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente del juicio laboral J/O/756/2019, a lo que la responsable acordó no ha lugar acordar favorablemente su petición, ya que el laudo a que se refiere no cuenta con la firmeza jurídica que marca la ley de la materia. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos expedidos por la autoridad responsable legalmente competente, en el ejercicio de sus funciones. En las relatadas condiciones, el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo ha cesado en sus efectos, puesto que la omisión fue subsanada. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que esta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. En el caso particular, este Juzgado ordenó el emplazamiento de Rubén Montoya Quezada, en su carácter de tercero interesado; sin embargo, se hace innecesario esperar se devuelva el Despacho condigno, dado que dicho emplazamiento no trasciende al resultado del fallo que aquí se dicta, pues el presente asunto fue sobreseído, al actualizarse una causal de improcedencia, amén de que se considera que esta determinación no causa perjuicio a sus intereses. De ahí que se considere, a ningún fin práctico llevaría esperar el emplazamiento del tercero interesado, pues ello no variaría el sentido de la presente resolución. Apoya a esta consideración, la tesis siguiente: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Además, lo anterior traería como consecuencia negativa, el dispendio de recursos económicos y materiales y el retraso en la impartición de justicia. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES-. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación de esta determinación, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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