Brenda Berari Mireles Herrera

Expediente 646/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
646/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Brenda Berari Mireles Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    ."Vista la primera certificación, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la peticionaria del amparo reclama del Director General, Dirección Sectorial Empresarial y Dirección Sectorial de los Trabajadores, todos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Laura Hernández quien se ostenta representante legal de "Resuelve tu Hogar Matamoros", la orden de desalojo de su inmueble ubicado en calle Laguna de San Jorge, número trescientos cuatro, lote dos, manzana tres, esquina con Laguna de San Hipólito, Fraccionamiento las Brisas. Ahora bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5, fracción II y 107, fracción II, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente. Primeramente, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral transcrito, instituye la improcedencia del juicio de amparo, en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. De igual manera, los artículos 5, fracción II y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;" En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que por autoridad responsable debe entenderse ". la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Ahora bien, en el caso, el Director General, Dirección Sectorial Empresarial y Dirección Sectorial de los Trabajadores, todos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el acto reclamado deriva de la relación establecida entre dicho instituto y el trabajador, en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, por lo que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes. Por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de derechos humanos; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes. Por otra parte, de los citados preceptos 5, fracción II y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por un lado, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; y por otro lado, que el amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, del análisis sistemático del invocado artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. Por consiguiente, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que un particular pueda tener por equivalencia el carácter de autoridad responsable, ni de acto equivalente a los de autoridad, puesto que de su contenido objetivo en su aspecto "... sedes materiae ...", dicha norma legal no es aislada, sino que está regulada por los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad. Así es, en tanto se reitera que los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo, continúan manteniendo en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad. Todo ello permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo. Partiendo de la base jurídica expuesta, debe precisarse, que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de Laura Hernández quien se ostenta representante legal de "Resuelve tu Hogar Matamoros", la orden de desalojo de su inmueble ubicado en calle Laguna de San Jorge, número trescientos cuatro, lote dos, manzana tres, esquina con Laguna de San Hipólito, Fraccionamiento las Brisas. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que Laura Hernández quien se ostenta representante legal de "Resuelve tu Hogar Matamoros", no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no ejerce facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, imperativa ni coercitivamente, en razón a que no está investida de imperio; por ende, su actuar no constituye acto de autoridad equivalente al de las autoridades con mando coercitivo e imperativo. Por tanto, la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva. Consecuentemente, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5, fracción II y 107, fracción II, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo cual, se desecha de plano la demanda en estudio, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley de Amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en el escrito de demanda. Se autoriza para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda. Correo electrónico. Se tiene por señalado el correo electrónico: fernando_javier_moreno@yahoo.com.mx, en términos de lo expuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual, se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase de su conocimiento, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Exhortación a la quejosa. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se le exhorta a la quejosa a que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía, así como el uso de la FIREL o la e-firma); y proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la promovente.

  3. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A BRENDA BERARI MIRELES HERRERA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

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