Brenda Barrera Mendoza
Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Brenda Barrera Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 955/2023; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido ese mismo día en este órgano jurisdiccional, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES; Tienen tal carácter el presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California ubicado en Avenida Rio Yaqui número 638 esquina con rio colorado fraccionamiento las fuentes de esta Ciudad de Mexicali B.C. IV.- Acto reclamado, La violación al derecho fundamental de justicia pronta y expedita conforme los plazos y términos que prevé la Ley del servicio civil del estado de baja california, así como de aplicación supletoria la Ley Federal del Trabajo, los principios que rigen el procedimiento laboral, así como la violación a la dispuesto por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en lo previsto por los artículos 1.1, 8.1 y 25.1, en el juicio ********************" (sic). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, la demanda se radicó bajo el número 955/2023, y se admitió a trámite. Substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado en este juicio carece de ejecución al ser de carácter omisivo, y la demanda fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad responsable: El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de dictar el proyecto de laudo en el juicio laboral ********************, aun y cuando transcurrió el término legal para ello. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa en la demanda de amparo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, expuesto lo siguiente: "(.) 3ro.- Una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas ofertadas por las partes; con fecha 11 de octubre del 2016 la responsable dicta acuerdo en el cual se señala el término de 48 horas a efecto se presenten alegatos por las partes y una vez transcurrido el término se procedió al cierre de instrucción. Es el caso que el H. Tribunal de Arbitraje, hasta la fecha de la presentación de esta demanda de Amparo, ha omitido formular el dictamen, (.). [lo subrayado es por parte de este órgano jurisdiccional]. Aunado a lo anterior, de las constancias enviadas por la autoridad señalada como responsable, virtud del requerimiento que se le formuló en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, se advierte que el dos de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral en cuestión. Por lo anterior, es que se hubiere fijado el acto reclamado como se precisó en párrafo precedente. Al respecto, es de citarse en lo condúcete la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Debe tenerse como cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, toda vez que la misma fue omisa en rendir su respectivo informe justificado no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como se corrobora de la constancia de notificación; por lo cual, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que se le atribuye. Lo anterior se corrobora con las diversas constancias que integra el expediente del que emerge el acto reclamado, mismas que fueron allegadas en copia certificada por la propia autoridad señalada como responsable, virtud del requerimiento que se le formuló en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que tienen valor probatorio pleno como documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de actuación certificada emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, y por tanto lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional CUARTO. Causales de improcedencia En el caso no fueron hechas valer por las partes causales de improcedencia; además, este órgano jurisdiccional en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, no advierte de oficio la actualización de alguna de éstas, aunque debe precisarse lo siguiente: Legitimación. Al respecto, cabe establecer que la parte quejosa se encuentra legitimada a promover el presente juicio de amparo, virtud de los motivos y fundamentos expuestos en el auto en que se admitió el presente contradictorio federal. Oportunidad. En este punto, se advierte que la promoción de la demanda de amparo se realizó de manera oportuna, conforme a las constancias de autos. QUINTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a ello; máxime, se dará respuesta integral a sus inconformidades, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Orienta esa postura, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio y decisión. Es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa en relación al acto reclamado consistente en la omisión por parte de la Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de dictar el proyecto de laudo en el juicio laboral ********************. Así, para dar contestación a dichos motivos de disenso, conviene citar a continuación el contenido del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El indicado precepto, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Dicho derecho fundamental debe de observarse, no solo por los órganos pertenecientes al Poder Judicial, sino también por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice, pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto. Así lo determinó la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes criterios: "Registro digital: 179690 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CLV/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005, página 409 Tipo: Aislada ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL NO SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN. Es cierto que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Sin embargo, de ese precepto constitucional no se desprende que los órganos pertenecientes al Poder Judicial sean los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo tengan impedimento para sustanciar procedimientos administrativos y emitir sus resoluciones, tan es así, que en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Constitución, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, que no pertenecen al Poder Judicial, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tienen a su cargo dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para establecer las normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones, de ahí que la administración e impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional, puede desempeñarse por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto." "Registro digital: 171257 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209 Tipo: Jurisprudencia ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por otro lado, conforme a la tesis transcrita en último término, se deduce que el artículo 17 de la Carta Magna, establece diversos principios cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, tales principios consisten en: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Por tanto, no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución del juicio de origen, implica violación al artículo 17 constitucional, en la modalidad de impartición de justicia pronta. Y, tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera: Consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, La segunda: Implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de omisiones de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es acto en sentido estricto o manifestación positiva de un hecho. De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de la autoridad encargada de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos a la substanciación y resolución del juicio laboral. Para dar contestación a los conceptos de violación hechos valer por la parte gestora del amparo, cabe citar el contenido de los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, disponen: "Artículo 130. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, de oficio se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará un dictamen que deberá contener: I.- Un extracto de la demanda y la contestación. II.- El señalamiento de los hechos controvertidos y de los aceptados por las partes. III.- Una enumeración de las pruebas rendidas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; y IV.- Las conclusiones que se deduzcan de lo alegado y probado. Artículo 131. El dictamen se agregará al expediente y se entregará una copia a cada uno de los representantes de los trabajadores y de las instituciones públicas.- El secretario asentara razón en autos del día y hora en que se hizo entrega de las copias a los representantes o de la negativas de estos a recibirlas. Artículo 132. El presidente citará para la audiencia de discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que sean entregadas a los representantes las copias del dictamen. Artículo 133. Los laudos se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos según los miembros del tribunal lo crean debido en conciencia." Por su parte, el numeral 12 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, dispone lo siguiente: "Artículo 12. En los casos no previstos por esta ley y sus reglamentos se aplicarán supletoriamente, en el orden siguiente: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la jurisprudencia, la Ley Federal del Trabajo, los principios generales de justicia social que deriven del Artículo 123 constitucional, y los principios generales del derecho." Asimismo, los artículos 885, 886, 887 y 890 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De lo anterior se colige que, una vez que se declare cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará el dictamen correspondiente; de igual forma, una vez entregadas las copias del dictamen respectivo a los representantes de los trabajadores y de las instituciones públicas, dentro de los diez días siguientes se citará a la audiencia de discusión y votación del mismo, en donde se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes, se pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas y se procederá a la votación, declarando el resultado del controvertido. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta; en su caso, si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Ahora, de constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que han transcurrido en exceso los términos que establecen los artículos 130, 131 y 132 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en relación con los artículos 885, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria; lo anterior, dado que el Tribunal Laboral señalado como responsable determinó el cierre de instrucción en proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis; y a la fecha de presentación de la demanda (veinte de julio de dos mil veintitrés), transcurrieron más de seis años siete meses, sin que se advierta que a la fecha la autoridad laboral responsable haya elaborado el proyecto de laudo respectivo el cual debió elaborar dentro de los diez días siguientes al cierre de instrucción, ni que hubiere emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************, de su índice. En este orden de ideas, es evidente que la autoridad responsable ha incurrido en una evidente dilación en la resolución del juicio de origen, pues a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, injustificadamente permitió que transcurrieran más de seis años siete meses desde que determinó cerrar la instrucción, sin que haya siquiera formulado el proyecto de laudo correspondiente -siendo que tenía diez días para ello-, por lo que este órgano jurisdiccional concluye que en el caso particular acaeció una abierta dilación, virtud de haber trascurrió excesivamente, el término fijado como parámetro por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), con número de registro 2025625, para estimar procedente el amparo indirecto -más de cuarenta y cinco días-; jurisprudencia de siguientes datos de localización y contenido: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 2025625 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 63/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1456 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." De ahí que en el caso se incurrió en una abierta dilación en la tramitación del juicio de origen, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. Sin que pase desapercibido para este órgano, la carga de trabajo que pudiera tener la autoridad responsable, pero esta situación no la exime de dar cumplimiento al imperativo constitucional de impartir justicia en los términos y plazos que fijen las leyes, precisamente, porque nuestra carta magna no contempla una excepción de esa naturaleza para ajustarse al derecho de tutela jurisdiccional. Por tanto, resulta esencialmente fundado lo que sostiene la impetrante de amparo, en relación a que la autoridad responsable trastocó su derecho fundamental contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de pronta impartición de justicia, en virtud que el proceso laboral sometido a su conocimiento no ha sido substanciado y decidido en los términos que señala aquella normatividad, lo cual viola flagrantemente lo dispuesto en la legislación laboral. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor por no oponerse a la citada ley, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de siguiente contenido: "Registro digital: 177266 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: IV.3o.T. J/57 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283 Tipo: Jurisprudencia JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Decisión. En las relatadas condiciones, al resultar sustancialmente fundado el concepto de violación, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los efectos que enseguida serán precisados. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que la Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: I. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá emitir el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral ********************, de su índice, lo anterior en caso de no haberlo dictado con anterioridad a la presente sentencia, pues sólo de esa forma se restituirá a la parte agraviada en el goce del derecho fundamental violado. Al respecto es aplicable la tesis, anteriormente citada bajo el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita, sin comprender actos u omisiones futuras, ni efectos distintos al lineamiento arriba señalado. OCTAVO. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en la inteligencia que deberá especificarse que la sentencia concesoria dictada en el presente asunto, fue por cuestiones de fondo.Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y para los efectos, respectivamente especificados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en el sentido que la sentencia concesoria dictada en el presente asunto, fue por cuestiones de fondo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de seis de octubre del año dos mil veintitrés, se fijó el día veinticinco de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, mediante el Aviso de Suspensión de Labores de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, y el Coordinador de Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, ambos con sede en esta ciudad, y la Circular 29/2023 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se informó la declaración de días inhábiles del veinticinco al veintinueve de octubre del año en curso, por causas de fuerza mayor -paro de labores por parte de los trabajadores de los órganos jurisdiccionales-, y la suspensión de labores en dichas datas, en todos los Juzgados de Distrito de esta ciudad. Acuerdo. En ese tenor, con sustento en los comunicados de que se trata y los fundamentos contenidos en los mismos, así como de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de Amparo; al existir impedimento legal y fáctico para que este órgano jurisdiccional emitiera resoluciones, acuerdos y actuaciones del día veinticinco al veintinueve de octubre de este año, por las razones antedichas, y a la luz de los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, así como el de mayor beneficio de los justiciables atento a los numerales 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la Republica; se procede a lo siguiente. Señalamiento de nueva audiencia constitucional. En esas condiciones, lo procedente es fijar como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las doce horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes por medio de lista, atento a lo expuesto en el auto de radicación, así como porque no existe obligación legal de efectuar la notificación del presente de forma personal, de acuerdo al numeral 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no ha transcurrido el plazo para que las partes se impongan del contenido de las constancias enviadas por la autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable, por medio del cual cumple con el requerimiento que le formuló este órgano jurisdiccional en proveído de once de septiembre del año en curso, y remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas, las cuales se agregan en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, y se ponen a la vista de las partes por ser las constancias de las que deriva el acto reclamado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas documentales que la autoridad señalada como responsable exhibe junto con su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese,
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