Brenda Arizbe Rodríguez Godínez

Expediente 740/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
740/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
12/06/2015

Partes del expediente

  • Brenda Arizbe Rodríguez Godínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Distrito Federal, mediante el cual remite copia certificada del auto de diez de junio de dos mil quince, del cual se desprende que otorgó a la parte actora un término de tres días para que proporcionara el domicilio de la demandada. En tales condiciones, se requiere a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación del presente auto informe la parte actora dio cumplimiento al auto de diez de junio de dos mil quince y de no ser así, remita copia certificada del acuerdo que haya recaído al término ahí otorgado. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, se procederá en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE, EL AUTO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por "ARCOS SERCAL INMOBILIARIA Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, consistentes en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, respecto a la aprobación, refrendo, promulgación y publicación del artículo 8°, numeral 8.1 e inciso C), de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal del dos mil catorce y numerales 126, fracción VII, 128 inciso A), subinciso e), 144 a 146 bis de la Ley General de Hacienda Municipal. Misma determinación, respecto de los actos de aplicación de las citadas normas y cobro del derecho de alumbrado público reclamados al Presidente, Cabildo y Tesorero, todos del municipio de Cuautla, Morelos, y de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de la parte considerativa de esta sentencia.. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ARCOS SERCAL INMOBILIARIA Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra los actos que reclamó de la Comisión Federal de Electricidad, consistentes en el cobro del derecho de alumbrado público, según recibo de pago relativo al número de servicio 297 101 139 401, respecto del periodo del ocho de julio al siete de agosto del dos mil catorce, en términos del considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil quince. Se recibe el oficio que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la documental solicitada por auto de diecinueve de mayo de dos mil quince; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y sea tomada en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veintiocho de abril del año en curso, se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Presidente la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, la parte quejosa desahogó la vista ordenada en autos. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veinte de junio de dos mil catorce, dictada por el Juzgado Segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección a José Eustaquio Felipe Ortiz Hernández, Cristóbal Humberto Licona Paredes, Francisca Silvia Ávila Rivero, Juan Fulgencio Aburto y Alfonso Muro Hernández, contra un acto de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, consistente en la interlocutoria de siete de noviembre de dos mil trece, que resuelve el incidente de liquidación de laudo, en el juicio laboral 163/2005. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa hizo valer el recurso de revisión, el cual, quedó radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con el número de toca 278/2014. El tres de diciembre de dos mil catorce, se recibió el oficio 1443 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por el cual remitió los autos originales del juicio de amparo 2179/2013-II, así como del testimonio de ejecutoria emitida el doce de noviembre de dos mil catorce, en el amparo en revisión 278/2014, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a, JOSÉ EUSTAQUIO FELIPE ORTIZ HERNÁNDEZ, CRISTÓBAL HUMBERTO LICONA PAREDES, FRANCISCA SILVIA ÁVILA RIVERO, JUAN FULGENCIO ABURTO y ALFONSO MURO HERNÁNDEZ, contra la resolución interlocutoria de siete de noviembre de dos mil trece, pronunciada por la Junta especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el expediente relativo al juicio 163/2005." El Tribunal de alzada, precisó los efectos siguientes: "No obstante los razonamientos vertidos, este tribunal estima prudente establecer ciertos lineamientos que la autoridad responsable debe seguir al ejercer su facultad decisoria, esto es, al emitir la resolución interlocutoria de que se trata. Al ponderar la eficacia de los dictámenes allegados con la finalidad de cuantificar el monto de la condena decretada en el laudo debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, aun cuando no fueron materia de condena de manera expresa en el laudo, son susceptibles de tomarse en cuenta en la cuantificación de la pensión, con base en las consideraciones vertidas en esta ejecutoria. b) Los inconformes manifestaron acogerse a lo establecido la legislación en materia de seguridad social abrogada, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la legislación de seguridad social vigente que es del tenor literal siguiente: TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. De manera que, para efecto de los aspectos relacionados con dicho beneficio social, deberá ponderar ese aspecto, es decir, la manifestación de la voluntad de los promoventes en cuanto a elegir el esquema de pensiones regulado por la legislación abrogada. c) A efecto de determinar el monto promedio de cotización que servirá de base para el cálculo de las pensiones deberá tomar en cuenta que en el laudo de diecisiete de octubre de dos mil once se condenó al instituto de seguridad social demandado a efectuar el cobro de las cuotas obrero patronales en términos de los contratos de trabajo allegados a juicio, esto es, debe atender al monto de los salarios percibidos como trabajadores al servicio de las empresas codemandadas para determinar, en su caso, el promedio de las ultimas cincuenta y dos semanas de cotización en el supuesto de la incapacidad permanente parcial y las ultimas doscientas cincuenta semanas de cotización para efectos de la invalidez. d) Asimismo, deberá atender a los aspectos a que se hizo referencia en el inciso anterior para calcular, en caso de ser procedentes, los incrementos anuales a la pensión de invalidez. e) Finalmente tendrá que expresar de manera fundada y motivada las razones que la conduzcan a establecer el monto de la condena, así como las operaciones aritméticas efectuadas para tal cometido.." Por auto de cuatro de diciembre de dos mil catorce, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio recibido veintinueve de enero del año en curso, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, dictada en el expediente laboral 163/05. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, se realizó el análisis de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, dictada en el expediente laboral163/05, de la que se advirtió que la junta responsable, había incurrido en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no acataba los lineamientos de la ejecutoria de amparo por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por lo que se requirió de nueva cuenta para que la Junta informara el cabal cumplimiento. El Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficios recibidos veintiséis de marzo y veintisiete de abril del año en curso, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación del veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada en el expediente laboral 163/05, así como las notificaciones realizadas a las partes contendientes del juicio laboral de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: Respecto al inciso a), precisó que dado los lineamientos del ejecutoria de amparo, en lo que se requiere a dilucidar si al pensionado le asiste o no el derecho a tales beneficios, si no lo relativo a la satisfacción de los requisitos legales que se tienen para colmar para su otorgamiento, en específico, la existencia o inexistencia de las personas a que hace relación la legislación de Seguridad Social, analizó que en la especie sólo los actores José Eustaquio Ortiz Hernández, Cristóbal Humberto Licona Paredes y Juan Fulgencio Aburto, colmaron los requisitos, ya que por medio de actas de matrimonio acreditaron la existencia de estar casados (tener esposa), por lo que en términos de la Sección Séptima del Capítulo Quinto de la Ley del Seguro Social, les corresponde a sus esposas el 15% de asignación familiar, el cual deberá considerarse en el monto de la pensión de invalidez; sin justificar que tuvieran hijos menores de dieciséis años para hacerse acreedores a porcentaje adicional del 10% por cada hijo en esa condición. Respecto a la hija de Cristóbal Humberto Licona Paredes, de acuerdo a las constancias se advierte, que si bien se encuentra estudiando en el tecnológico de estudios superiores de que Ecatepec, cumplió veintiséis años el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, por lo que ya no es sujeto de asignación familiar, al tener más de dieciséis años años, toda vez que la artículo 164 de la Ley del Seguro Social, sólo concede asignaciones familiares, en los siguientes casos: I. Para la esposa concubina del pensionado, el 15% de la cuantía de la pensión; II. Para cada uno de los hijos menores de 16 años del pensionado, el 10% de la cuantía de la pensión; III. Si el pensionado no tuviere ni esposa o concubina, ni hijos menores de 16 años, se concederá una asignación del 10% para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él; IV. Si el pensionado no tuviera mi esposa o concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de el, se les concederá una ayuda asistencial equivalente al 15% de la cuantía de la pensión que le corresponda; y, V. Si el pensionado sólo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de asignación familiar se le concederá una ayuda asistencial equivalente al 10% de la cuantía de la pensión que deba disfrutar. Por lo tanto, la hija del actor Cristóbal Humberto Licona Paredes, no es acreedora al porcentaje adicional, por ser mayor de 16 años. Respecto a los actores Alfonso Muro Hernández y Francisca Silvia Ávila Rivera, si bien está reconocido el derecho como asienta la ejecutoria, no colmaron los requisitos para el otorgamiento de asignación familiar o ayuda asistencial, toda vez que no acreditaron la existencia de esposa, concubina, hijos o ascendientes, por lo que no ha lugar al otorgamiento de asignación familiar y/o ayuda asistencial, ya que no colmaron los requisitos para su otorgamiento, en específico la existencia de esposa o esposa, hijos menores de dieciséis años, padres, ascendientes que dependan económicamente de los actores; así como tampoco justificaron que en términos del artículo 166 de la citada ley, que su estado físico requiera ineludiblemente que lo asista otra persona, de manera permanente o continua; reiterando que de acuerdo a los lineamientos de la ejecutoria, ante la insatisfacción de los requisitos, no ha lugar al otorgamiento de asignación familiar ni ayuda asistencial. De acuerdo a los lineamientos de la ejecutoria en el inciso b), ponderó la legislación aplicable para cuantificar las prestaciones de pensión por incapacidad parcial permanente y estado de invalidez, siendo esta la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, toda vez que así lo solicitaron los actores en su demanda, y así lo evidenció el laudo que se cuantifica por medio de este incidente, al apoyarse en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social derogada, para otorgar el estado de invalidez. Con relación al inciso c), la junta procedió en primer lugar a determinar el monto promedio de la cotización que servirá de base al cálculo de las pensiones, precisó que el salario es relevante, porque en el laudo se condenó a Confitalia, S.A. de C.V. y Casimires Rivetex, S.A. de C.V., a inscribir a los actores al régimen obligatorio de la seguridad social y enterar las cuotas obrero patronales respectivas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el tiempo que duró la relación de trabajo, en términos de los contratos por tiempo determinado que se allegaron a los autos, citando los salarios de cada uno de los trabajadores, asentados en los contratos exhibidos en el expediente laboral de origen, siendo los siguientes: 1.- Respecto a José Eustaquio Ortiz Hernández, determinó que para obtener el salario promedio de las últimas cincuenta y dos semanas, sumó los seis salarios plasmados en los seis últimos contratos, es decir $125.00 + $125.00 + $221.54 + $270.80 + $270.80 + $270.80 (que equivalen a las cincuenta y dos semanas) y dividió entre seis, arrojando un salario promedio por la cantidad a $213.99 (doscientos trece 99/100 moneda nacional), precisando que este dato es importante para cuantificar la pensión de incapacidad permanente parcial, en términos del artículo 65, fracción II, de la Ley del Seguro Social derogada. Asimismo, determinó que para obtener el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas, consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos que asciende a $184.46 y corresponde a 686 días, es decir 98 semanas. Por lo que el salario de las 152 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del seguro Social, es decir $74.53 lo que equivale a un salario promedio de las 250 semanas que asciende $117.62 (ciento diecisiete 62/100 moneda nacional) dato necesario para cuantificar la pensión de invalides en términos del artículo 167 de la Ley del Seguridad Social derogada; además, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, deberán añadirse 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales, que reconoce el Instituto resultando 1311 semanas reconocidas. 2.- Con relación a Cristóbal Humberto Licona Paredes, precisó que para obtener el salario promedio de las 52 semanas sumo los seis salarios plasmados en los seis contratos $145.90 + $120.00 + $216.81 + $270.81 + $270.81 + $270.81 (que equivalen a las 52 semanas) dividió entre seis, lo que arroja un salario promedio de las 52 semanas que equivale $215.85 (doscientos quince 85/100 moneda nacional). Asimismo, para obtener el salario promedio de las 250 semanas consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos que asciende a $76.22 y corresponde a 686 días, es decir 98 semanas, por lo que el salario de las 152 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que equivale a un salario promedio de las 250 semanas que asciende a $76.29 (setenta u seis pesos 29/100 moneda nacional); de igual manera, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas deben añadirse 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del acuerdo a los contratos individuales que reconoce el Instituto resultando 1379 semanas reconocidas. 3.- Con relación a Juan Fulgencio Aburto, determinó que para obtener el salario promedio de las cincuenta y dos semanas, sumo los seis salarios plasmados en los contratos $138.50 + $158.70 + $110.00 + $195.70 + $215.35 + $215.35 (que equivalen a las cincuenta y dos semanas) y dividió entre seis, arrojó el salario $172.26, dicha cantidades se obtuvieron de las documentales que exhibió la parte actora en el incidente de liquidación; asimismo, para obtener el salario promedio de las doscientas cincuenta semanas, consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos que asciende a $172.26 y corresponde a 686 días, es decir 98 semanas, por lo que el salario de las 152 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir 12.60 lo que equivalía un salario promedio de las 250 semanas, asciende a $75.18 (setenta y cinco pesos 18/100 moneda nacional); además, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, deben añadirse 98 semanas que son producto de condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales que reconoce el Instituto, resultando 582 semanas reconocidas. 4.- Respecto a Alfonso Muro Hernández, determinó que para obtener el salario promedio delas 52 semanas sumo los seis salarios plasmados en los seis contratos, es decir $110.00 + $192.55 + $238.60 + $238.60 + $256.70 + $256.70 (que equivalen a las 52 semanas) y dividió entre seis, arrojando un salario promedio que asciende a $215.52 (doscientos quince pesos 52/100 moneda nacional); asimismo, para obtener el salario promedio de las 250 semanas, consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos que asciende a 192.98 y corresponde a 686 días, es decir 98 semanas, por lo que el salario de las 152 semanas restantes corresponder al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir $8.96, lo que equivale a un salario promedio de las 250 semanas que asciende a $81.09 (ochenta y un pesos 09/100 moneda nacional); además, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, deben añadirse 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales que reconoce el instituto, resultando 147 semanas reconocidas. 5.- Con relación a Francisca Silvia Ávila Rivera, determinó que para obtener el salario promedio de las últimas 52 semanas, sumo los cinco salarios plasmados en los cinco últimos contratos, es decir, $138.45 + $110.00 + $158.70 + $158.70 + $192.45 (equivalente a las 52 semanas) y dividió entre cinco lo que arroja un salario promedio de las últimas 52 semanas que asciende a $151.66 (ciento cincuenta y un pesos 66/100 moneda nacional); asimismo, para obtener el salario promedio de las últimas 250 consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos, que asciende a $137.13 y corresponde a 748 días, es decir 107 semanas; por lo que el salario de las 143 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del seguro social, es decir $30.85, lo que equivale a un salario promedio de las últimas 250 semanas, que asciende a $76.33 (setenta y seis pesos 33/100 moneda nacional); para tener el número de las semanas reconocidas o cotizadas, deben añadirse 98 semanas, que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales que reconoce el instituto, resultando 449 semanas reconocidas. En cumplimiento al ejecutoria en revisión respecto al inciso d), precisó que los incrementos anuales en la pensión de invalidez, tienen sustento en el artículo 172 de la Ley del Seguro Social abrogada, el cual indicó que en la cuantía de las pensiones por invalidez, vejez, o cesantía en edad avanzada serán revisadas cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose con el mismo aumento porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal. Asimismo refirió que los aumentos que correspondan a las pensiones derivadas de incorporaciones generadas por decreto del Ejecutivo Federal o convenios celebrados por el Instituto en los términos de esta ley que contengan modalidades de aseguramiento en el ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán determinados por el consejo técnico; para tal efecto, tomará en cuenta los incremento al salario mínimo y la capacidad económica del instituto y se apoyará en sus estudios técnicos y actuariales, en cada ocasión, el acuerdo relativo establecerá la cuantía mínima de dichas pensiones; por lo tanto la pensión de invalidez se incrementará, anualmente con el mismo aumento porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal, como describió a detalle en la tabla que contiene la cuantificación; previa realizar la aplicación de los incrementos, atendió a la obtención del salario promedio de las últimas 250 semanas para los efectos de la invalidez. Por otra parte, los incrementos anuales de la pensión incapacidad permanente parcial, tienen fundamento en el artículo 75 de la Ley del Seguro Social abrogada, el cual establece que la cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será revisada cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose con el mismo porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal. Asimismo, la pensión de incapacidad permanente parcial, se incrementará anualmente, con el mismo porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal, como describió a detalle en la tabla que contiene la cuantificación; previo a realizar la aplicación de los incrementos, se atendió a la obtención del salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización para los efectos de la incapacidad permanente parcial. Con relación al lineamiento establecido en el inciso e) procedió a establecer el monto de la condena, así como la descripción de las operaciones aritméticas. Precisando que la condena relativa al pago de la pensión de incapacidad permanente parcial, se cuantificó desde el diecisiete de mayo de dos mil diez al mes de diciembre del dos mil catorce. Respecto a la pensión de invalidez se cuantificó desde el doce de abril de dos mil cinco hasta el mes de diciembre del dos mil catorce. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, por cuanto a las manifestaciones que realizó el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad no ha cumplido la sentencia de amparo por las razones que expone; dígase al promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden, toda vez que la junta dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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