Brenda Araceli Marinez Hernandez
Expediente 383/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brenda Araceli Marinez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veinte. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veinte, se reservó emitir el pronunciamiento que en derecho corresponde respecto de la demanda de amparo promovida por ***, en nombre y representación de ***, *** y ***, contra actos de la Directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México y otras autoridades; así como del oficio registrado con el folio número 5420, a través del cual el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México informó el contenido del diverso auto de catorce de abril de este año, dictado en el juicio de amparo 192/2020, de su índice, por el que determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por las razones que expuso. En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por su similar 18/2020, este órgano jurisdiccional se encuentra en aptitud de proveer en los siguientes términos: Al respecto, no se insiste en declinar la competencia en favor del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en consecuencia, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; lo anterior, hágase del conocimiento del referido homólogo para los efectos legales conducentes. Precisado lo anterior, es necesario destacar que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Por ende, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México a) El aseguramiento, alojamiento, y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas". b) La negativa de Acceso al Procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. c) La omisión de tomar medidas urgentes para la protección de la salud y la vida de los quejosos en la estación migratoria en la que se encuentran, con motivo de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), dado el hacinamiento en la estación migratoria donde se encuentran alojados, detenidos. 2. Subdirectora de Operación, Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria de la Ciudad de México 3. Director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. Es aplicable la tesis aislada XXIV.2o.11 K (10a.) (registro 2021089), que establece: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Para resolver lo que se propone, es necesario imponerse de lo que dispone el precepto legal invocado, que es del contenido literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral en cita, establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo; o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) Así, conforme a la doctrina y a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro Máximo Tribunal, se entiende que han cesado los actos y sus efectos cuando éstos son suspendidos o acabados, esto es, cuando se revocan o derogan los actos combatidos de manera que no producen efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, sobreviene la causa de improcedencia en estudio cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera que le causa perjuicio, o bien, cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, lo anterior, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo. En el presente asunto, como ya se precisó, los actos reclamados se hacen consistir en el aseguramiento, alojamiento, y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas"; la negativa de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; y, la omisión de llevar a cabo medidas urgentes para la protección de la salud y la vida de los quejosos en la estación migratoria en la que se encuentran, con motivo de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Al respecto, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario destacar que de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que mediante oficio registrado con el folio número 6036 (fojas 108 a 127), el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración informó que la quejosa Brenda Araceli Martínez Hernández, acompañada de sus hijos de iniciales J.D.F.M y M.A.M.M, egresaron de esa estación migratoria el dieciséis de abril de dos mil veinte, para ser canalizados al Centro de Asistencia Social "Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes", en tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se pronuncia en relación con la solicitud de la condición de refugiados en el país elevada por los referidos quejosos. En ese sentido, la citada autoridad remitió vía electrónica los documentos digitalizados consistentes en el oficio número INM/ORCDMX/EM/1512/2020, de dieciséis de abril de dos mil veinte, a través del cual el Jefe de Departamento de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, solicitó a la Directora de la "Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes", el ingreso y alojamiento de los menores de iniciales J.D.F.M y M.A.M.M, en compañía de su madre Brenda Araceli Martínez Hernández, en dicho Centro de Asistencia Social, en virtud de ser solicitantes de la condición de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; lo anterior, en cumplimiento a las medidas de protección decretadas por el Director de Medidas de Protección de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Secretaría de Salud, contenidas en el diverso ocurso número 256.400.00/216/2020, de catorce de febrero de dos mil veinte, el cual, en la parte que aquí interesa, es del contenido literal siguiente: "(.) ANTECEDENTES En fecha 14 de abril de 2020, se recibió el correo electrónico suscrito por la Lic. Janet Calderón Jiménez Asesora Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual hace del conocimiento de esta Autoridad el caso de los niños (.), quienes se encuentran en la Estación Migratoria de la Ciudad de México compañía de su madre la Sra. Brenda Araceli Martínez Hernández, todos de nacionalidad hondureña; en este sentido se informó que los niños y su madre se les inicio el Procedimiento Administrativo, Migratorio a fin de determinar su situación Migratoria en el país. Por otro lado, se hizo del conocimiento de esta Autoridad que, la Sra. Brenda Araceli Martínez Hernández, han manifestado su deseo de iniciar con el Procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, ante la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR). [Lo subrayado es propio]. (.) Por lo antes expuesto y con el fin de restituir los derechos que pudieran encontrarse vulnerados sobre los niños de referencia, así como de acuerdo con lo manifestado por la Lic. Janet Calderón Jiménez Asesora Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, respecto a que se cuenta con un espacio de alojamiento en el Centro de Asistencia Social `Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes´, esta autoridad procede a emitir las siguientes MEDIDAS DE PROTECCIÓN PRIMERO.- Con el fin de proteger a los niño (.), en los derechos a la Supervivencia, a un Sano Desarrollo, a No ser Discriminados, a Vivir en Condiciones de Bienestar, así como a la Protección de la Salud y Seguridad Social, privilegiando su Interés Superior (.) se DETERMINA que los niños, sean canalizados para su alojamiento en compañía de su madre, en el Centro de Asistencia Social `Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes´ (.). SEGUNDO.- A fin de proteger el derecho de los niños (.), a Vivir en Familia (.) se DETERMINA, que los niños, permanezcan en todo momento en compañía de su madre la Sra. Brenda Araceli Martínez Hernández. (.) TERCERO.- Se solicita a la Directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, gire sus superiores instrucciones al personal a su digno cargo, a efecto de realizar el traslado de los niños (.) y su madre la Sra. Brenda Araceli Martínez Hernández, al Centro de Asistencia Social `Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes´ (.) Adicional a lo anterior y en atención a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno de la República, se solicita a la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, se emitan los certificados médicos correspondientes (.) a fin de determinar su estado de salud. [Lo subrayado es propio] CUARTO.- (.) QUINTO.- Se solicita al personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, remita la constancia de Inicio respecto al Procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, emitida en favor de los niños (.) y su madre la Sra. Brenda Araceli Martínez Hernández. (.)" De igual forma, la autoridad dependiente del Instituto Nacional de Migración, exhibió los certificados médicos digitalizados a nombre de los quejosos, de los que se desprende que una vez efectuada la valoración correspondiente, se concluyó que se encuentran aparentemente sanos, sin sintomatología de enfermedad respiratoria, sin cuadro aparente de enfermedad bronco pulmonar, si datos de sarampión ni huellas de lesiones externas recientes. Documentales que al ser adminiculadas con las manifestaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado vía electrónica y registrado con folio 5964 (foja 78), por el que informó la salida de los quejosos de la estación migratoria, merecen eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De lo expuesto, se desprende que los actos reclamados precisados con antelación, han quedado sin efectos toda vez que se permitió el egreso de los quejosos de la estación migratoria aludida, para que se encuentren en posibilidad de continuar con el trámite correspondiente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, derivado de la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiados que elevaron para tal efecto; y, por lo que hace a la omisión de llevar a cabo las medidas para la protección de la salud y vida de los quejosos, es necesario destacar que de las constancias descritas se advierte la emisión de los certificados médicos correspondientes en el que se determinó que se encuentran aparentemente sanos, sin sintomatología de enfermedad respiratoria ni cuadro aparente de enfermedad bronco pulmonar; máxime que dicho acto lo reclaman como consecuencia del alojamiento en la Estación Migratoria cuyo egreso se permitió en atención a las medidas de protección referidas previamente. Es decir, con motivo de las medidas de protección decretadas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Secretaría de Salud, las autoridades responsables autorizaron el egreso de los quejosos de la estación migratoria en que se encontraban alojados, para que se encuentren en aptitud de continuar con el procedimiento respectivo; lo anterior implica la insubsistencia de los actos que se reclaman en esta vía, pues de las constancias descritas se desprende que los promoventes de amparo fueron puestos en libertad y alojados ante una institución de asistencia pública, precisamente con motivo de la tramitación del procedimiento cuya negativa de acceso reclamaron en la presente vía y en tanto dicho procedimiento sea resuelto; y, por lo que hace a los actos omisivos relacionados con las medidas sanitarias derivadas del virus referido, como ya se dijo, dicho acto lo hicieron depender de la condición de hacinamiento en la que refirieron encontrarse en razón de su detención o alojamiento en la estación migratoria aludida; por ende, si les fue permitido el egreso de esta última, es evidente que no subsiste la omisión reclamada, pues incluso, entre las medidas de protección a la salud de los quejosos se advierte que se efectuó la valoración médica de su estado de salud, con base en la que se expidieron los certificados aludidos. En relatadas consideraciones, si lo que esencialmente reclaman los quejosos es la privación de su libertad, así como la negativa de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y derivado de ello la posible afectación a su salud con motivo de la omisión de llevar a cabo las medidas sanitarias para mitigar el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad denominada COVID-19 dentro de la estación migratoria en que se encontraban alojados; y, de las constancias descritas previamente se advierte que se permitió el egreso de los quejosos para que se encuentren en posibilidad de continuar con el procedimiento respectivo, bajo ese contexto, los efectos de los actos reclamados se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos en comento no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. Esto es, en el asunto que nos ocupa, se realizó la acción que se reclama de forma ya no agravia a los quejosos, pues en todo caso, con la emisión de las medidas de protección decretadas, se constituyó una situación jurídica que dejó sin efectos la diversa que dio motivo al presente juicio de amparo. Por tanto, quedó acreditada la satisfacción de los supuestos indicados, por lo que es dable estimar que han cesado los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por los principios que la rigen, a continuación se invoca: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38). Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina desechar la demanda de amparo, pues a ningún fin práctico conduciría la tramitación del presente asunto, toda vez que el hecho de que se permitiera el egreso de los quejosos de la estación migratoria aludida, con motivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, es un aspecto que no va a variar durante el eventual desarrollo del presente sumario constitucional respecto de los actos reclamados que se precisaron. Es necesario destacar que el egreso de los quejosos de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, tuvo su origen en la emisión de las medidas de protección referidas previamente, derivado de la solicitud que presentaron para acceder al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiados en el país; esto es, no se advierte que haya sido consecuencia directa del cumplimiento a la medida cautelar otorgada en el presente asunto, incluso porque no fue posible notificar el acuerdo en el que se proveyó lo conducente en relación con la suspensión de plano, a la autoridad que emitió dichas medidas de protección, como se advierte de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa; de ahí que no se considere aplicable en la especie el criterio de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO". Finalmente, en razón de la determinación alcanzada, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento en relación con la reserva decretada por auto de catorce de abril de dos mil veinte, respecto de las razones signadas por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, a través de las cuales manifestó la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios 12965/2020 y 12967/2020, respectivamente dirigidos a las autoridades Subdirectora de Operación, Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria de la Ciudad de México y Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Oficio Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México Oficio vía interconexión
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, ocho de julio de dos mil veinte. Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de catorce de abril de dos mil veinte se reservó acordar lo conducente en relación con la razón actuarial, mediante la cual, la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional manifestó la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 12975/2020 dirigido a la autoridad responsable Subdirectora de Operación, Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria de la Ciudad de México, toda vez que no existe esa denominación. En ese contexto, se levanta la reserva contenida en el aludido proveído únicamente por lo que hace a dicho oficio y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley sobre la materia; dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, precise la denominación correcta de la autoridad responsable de referencia, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo que se le concede, o de no comunicar oportunamente el impedimento que le asista para ello, se dejará de tener como autoridad responsable, en virtud que la imprecisión en su señalamiento genera la imposibilidad para realizar la notificación del auto que proveyó sobre la suspensión de plano; mientras tanto, suspéndase toda comunicación con ella. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J. 153/2019 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Lista
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veinte. Cumple requerimiento Agréguense a los autos el oficio de cuenta remitido por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual remite las constancias requeridas en proveído de veintidós de junio del año en curso; en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento aludido, por lo que no ha lugar a hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veinte. Se formula requerimiento Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que a efecto de estar en aptitud de emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional y determinar respecto del cumplimiento exacto a la suspensión de plano, resulta indispensable contar con mayores elementos a fin de conocer el status migratorio de los quejosos; lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración, informó a este órgano jurisdiccional que la quejosa ****, acompañada de sus hijos de iniciales J.D.F.M. y M.A.M.M., egresaron de esa estación migratoria el veintinueve de abril de dos mil veinte, para ser canalizados al Centro de Asistencia Social "Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN)". En consecuencia, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada legislación; SE REQUIERE al Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de la totalidad de constancias que integran los expedientes*** y ***, relativos a los procedimientos administrativos migratorios incoados en contra de los quejosos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar el requerimiento formulado se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio
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