Brenda Arabel Salazar Delgado
Expediente 2709/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2709/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- Brenda Arabel Salazar Delgado
Actuaciones
- Principal
Remítanse a la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco las copias certificadas que indica.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL CUAL SE ORDENÓ LO SIGUIENTE: Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Con fundamento en el artículo 3°, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 60 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico del presente sumario constitucional; regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente con el consecutivo 2709/2019 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Vista la demanda de mérito, promovida por Brenda Arabel Salazar Delgado, contra actos que reclama de la autoridad que denominó: ? Juan José Pérez de la Rosa, Supervisor General de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal San Pedro Tlaquepaque. Actos que la promovente considera violatorios de los derechos humanos consagrados, entre otros, en los artículos 1°, 14, 16, 20, 21, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, del contenido integral de la demanda de amparo, y en particular del capítulo de conceptos de violación, se advierte que la promovente reclama la orden de separación temporal de servicio con número de folio 028/219, con motivo de la boleta de arresto administrativo, que le fue notificada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, para ejecutarse a partir de las siete horas del veintiuno del mes y año en cita. Entonces, con fundamento en los artículos 15, 126 y 127, fracción II y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Brenda Arabel Salazar Delgado, para el efecto de que no se ejecute el arresto administrativo decretado en su contra, o bien, en caso de encontrarse ejecutándose, sea puesto en inmediata libertad, ello tomando en consideración que de consumarse el mismo, haría físicamente imposible restituir a dicho quejoso en el goce del derecho reclamado. Cabe señalar que la presente medida cautelar no surtirá los efectos legales en cita, para el caso de que la quejosa en comento se encuentre detenida con motivo de una orden proveniente de autoridad distinta a la señalada como responsable (ministeriales o judiciales) o en el supuesto de que la detención se encuentre directamente relacionada con la comisión de un delito; en este último caso, o sea, si la detención efectuada por autoridad administrativa distinta del Ministerio Público, obedece a la comisión de un delito o en caso de haber sido detenido en el supuesto previsto en el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (caso de delito cometido en flagrancia), la suspensión tendrá el efecto de que sin demora se ponga a la quejosa a disposición del Ministerio Público, pero no su inmediata libertad. En tanto, con la medida cautelar decretada, no se contraviene el orden público y el interés social al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni ubicarse en alguno distinto, a criterio de este juzgador, que pudiera contravenir éstos. Por cierto, la suspensión se concede sin condicionarla a medida de aseguramiento alguna, dado que de acuerdo con lo narrado en la demanda, la determinación no obedece a orden de detención, retención o aprehensión, derivada de la comisión de un delito. En consecuencia y atendiendo a lo previsto por los ordinales 126, párrafo segundo y 147 de la ley de la materia, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable el cumplimiento de la suspensión de plano que en este momento se decreta, por lo que deberá informar dentro del término de veinticuatro horas las medidas que hubieren tomado al efecto, bajo el apercibimiento de que en caso de no obedecer o acatar lo ordenado en la presente suspensión, se procederá en su contra conforme a lo estatuido en el artículo 262, fracción III , del mismo cuerpo normativo. Se faculta al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en las instalaciones en que se ubican las responsables a fin de que realice las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a la medida cautelar otorgada. Solicitud de informes. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, de ser el caso, se sirva remitir copias autorizadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones indispensables para la solución del presente asunto; apercibida de que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización , al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia . Así también, deberán informar si el quejoso ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir el oficio que con motivo de este juicio se le dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlo, con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que del propio oficio contenga; en el entendido de que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir el respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el Actuario Judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a cien días unidades de medida de actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de la medida de mérito por $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional). Comunicación a la autoridad responsable de cuáles resoluciones se le notificarán a través oficio. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, en el presente asunto únicamente le serán notificadas, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales -admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que, por su trascendencia, se deban hacer de su conocimiento- y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. En la inteligencia que lo contenido en el criterio jurisprudencial transcrito no se contrapone con el sistema de notificaciones previsto en la Ley de Amparo vigente, aplicable al presente sumario constitucional. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicará de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañará las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinte de enero de dos mil veinte. Emplazamiento del representante social de la Federación. Se da a la Agente del Ministerio Público adscrita la participación que legalmente le corresponde y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo notifíquese el presente proveído a través de oficio; en la inteligencia de que las subsecuentes notificaciones se harán conforme a lo previsto en el artículo 26, fracción III, de la ley en cita. Reconocimiento de terceros interesados. Por otra parte, por el momento resérvese emplazar a este juicio a persona alguna en su carácter de tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES
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