Brenda Alarcon Maximez
Expediente 603/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Brenda Alarcon Maximez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Brenda Alarcón Maxinez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. REGISTRO DE DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, en relación con las documentales que la acompañan, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. Toda vez, que señala como acto reclamado la posible orden de arresto, detención o presentación, que hayan girado las autoridades señaladas como responsables, así como su ejecución, derivado del acuerdo emitido donde se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto por seis horas, lo anterior en el expediente 441/2018. En tal virtud, el acuerdo donde se formuló apercibimiento a la parte quejosa, que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le aplicara como medida de apremio el arresto por seis horas, no constituye un auto de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral antes invocado establece en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano se parte. En el caso, lo que reclama la quejosa sustancialmente es el acuerdo emitido el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, donde se le apercibe que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le aplicara como medida de apremio el arresto por seis horas, de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta por lo que ve a dichos actos. Ello es así, porque en principio la posible afectación que pudiera resentir la quejosa con la actuación reclamada, esto es, el apercibimiento que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se hará acreedora a la citada medida de apremio, no puede implicar un acto que pueda ocasionar a la promovente del amparo, ni aún por derecho propio, una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos, pues tal consecuencia está condicionada a que la parte quejosa no presente a los menores para realizar convivencias familiares y las responsables en su momento decidan hacer efectivo o no dicho apercibimiento, lo que según lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo hasta este momento no ha acontecido, tanto así que señala el apercibimiento que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, como un acto futuro. Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (normas generales) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Por lo que se reitera, por el momento no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, máxime que conforme al contenido de la demanda si bien ya se efectuó el apercibimiento a efecto de presentar a las menores a las convivencias decretadas, en el sentido de que se le aplicara como medida de apremio el arresto por seis horas, sin embargo, se está ante un acto futuro debido a que su materialización esta sujeta a que la quejosa no cumpla con lo querido, por lo que las responsable pueden hacer efectivo o no dicho apercibimiento, de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta por lo que ve a dichos actos. Consecuentemente, al no satisfacerse los requisitos de procedencia que contempla la legislación en consulta, aunado a que por el momento los actos no producen a la quejosa una afectación actual, real y directa, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta, por cuanto hace a los mismos. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que se está ante la presencia de actos dentro del procedimiento, puesto que la quejosa refiere que el treinta de abril de dos mil diecinueve, tuvo la intención de revisar el expediente 441/2018, de cual le negaron el acceso, porque se debía cumplir una medida de apremio en su contra, de ahí, que se actualicen los extremos de improcedencia analizados en este apartado. Esto es, por ubicarse como parte procesal dentro del juicio de natural 441/2018, se somete al procedimiento y por ende, debe agotar los medios de defensa que establece la ley que rige el juicio, en el caso, debe impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación, en términos de los artículos 119 y 120 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que al a letra dice: "ARTÍCULO 119.- REVOCACIÓN DE LOS PROVEÍDOS. Los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicta y no requieren motivación. ARTÍCULO 120.- REVOCACIÓN DE LOS AUTOS. Los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. Deben contener una motivación y los preceptos legales en que se apoyen." Bajo ese tenor, es evidente que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que, en la especie, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ello es así, pues como se ha dicho, si la parte inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados mediante el sentido de la resolución dictada por el juez responsable, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional; pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b) y c) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo, es la posible orden de arresto, detención o presentación, que hayan girado las autoridades señaladas como responsables, así como su ejecución, derivado del acuerdo emitido donde se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto por seis horas, lo anterior en el expediente 441/2018, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime, que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica, y la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, sino de parte demandada dentro del procedimiento de origen. Orienta la determinación aquí adoptada, la tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Época: Décima Época Registro: 2005039 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Página: 350 "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, al resultar improcedente la demanda de amparo por cuanto a los actos precisados en párrafos precedentes, de conformidad con los ordinales 61, fracciones XVIII y XXIII, 62 y 107, fraccion V, (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, como lo solicita la promovente se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el que indica. En relación a los profesionistas que menciona, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, ello, en virtud de que no se encuentran registrados en el Registro y Consulta de Cedulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ente el Poder Judicial de la Federación, para ser autorizados con amplias facultades en término de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente. Así mismo se tienen autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que cita. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida ocho de mayo de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Brenda Alarcón Maxinez, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. REGISTRO DE DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, en relación con las documentales que la acompañan, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. Toda vez, que señala como acto reclamado la posible orden de arresto, detención o presentación, que hayan girado las autoridades señaladas como responsables, así como su ejecución, derivado del acuerdo emitido donde se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto por seis horas, lo anterior en el expediente 441/2018. En tal virtud, el acuerdo donde se formuló apercibimiento a la parte quejosa, que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le aplicara como medida de apremio el arresto por seis horas, no constituye un auto de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral antes invocado establece en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano se parte. En el caso, lo que reclama la quejosa sustancialmente es el acuerdo emitido el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, donde se le apercibe que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le aplicara como medida de apremio el arresto por seis horas, de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta por lo que ve a dichos actos. Ello es así, porque en principio la posible afectación que pudiera resentir la quejosa con la actuación reclamada, esto es, el apercibimiento que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se hará acreedora a la citada medida de apremio, no puede implicar un acto que pueda ocasionar a la promovente del amparo, ni aún por derecho propio, una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos, pues tal consecuencia está condicionada a que la parte quejosa no presente a los menores para realizar convivencias familiares y las responsables en su momento decidan hacer efectivo o no dicho apercibimiento, lo que según lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo hasta este momento no ha acontecido, tanto así que señala el apercibimiento que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, como un acto futuro. Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (normas generales) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Por lo que se reitera, por el momento no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, máxime que conforme al contenido de la demanda si bien ya se efectuó el apercibimiento a efecto de presentar a las menores a las convivencias decretadas, en el sentido de que se le aplicara como medida de apremio el arresto por seis horas, sin embargo, se está ante un acto futuro debido a que su materialización esta sujeta a que la quejosa no cumpla con lo querido, por lo que las responsable pueden hacer efectivo o no dicho apercibimiento, de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta por lo que ve a dichos actos. Consecuentemente, al no satisfacerse los requisitos de procedencia que contempla la legislación en consulta, aunado a que por el momento los actos no producen a la quejosa una afectación actual, real y directa, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta, por cuanto hace a los mismos. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que se está ante la presencia de actos dentro del procedimiento, puesto que la quejosa refiere que el treinta de abril de dos mil diecinueve, tuvo la intención de revisar el expediente 441/2018, de cual le negaron el acceso, porque se debía cumplir una medida de apremio en su contra, de ahí, que se actualicen los extremos de improcedencia analizados en este apartado. Esto es, por ubicarse como parte procesal dentro del juicio de natural 441/2018, se somete al procedimiento y por ende, debe agotar los medios de defensa que establece la ley que rige el juicio, en el caso, debe impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación, en términos de los artículos 119 y 120 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que al a letra dice: "ARTÍCULO 119.- REVOCACIÓN DE LOS PROVEÍDOS. Los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicta y no requieren motivación. ARTÍCULO 120.- REVOCACIÓN DE LOS AUTOS. Los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. Deben contener una motivación y los preceptos legales en que se apoyen." Bajo ese tenor, es evidente que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que, en la especie, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ello es así, pues como se ha dicho, si la parte inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados mediante el sentido de la resolución dictada por el juez responsable, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional; pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b) y c) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo, es la posible orden de arresto, detención o presentación, que hayan girado las autoridades señaladas como responsables, así como su ejecución, derivado del acuerdo emitido donde se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no presentar a los menores para realizar convivencias familiares, se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto por seis horas, lo anterior en el expediente 441/2018, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime, que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica, y la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, sino de parte demandada dentro del procedimiento de origen. ... En tales condiciones, al resultar improcedente la demanda de amparo por cuanto a los actos precisados en párrafos precedentes, de conformidad con los ordinales 61, fracciones XVIII y XXIII, 62 y 107, fraccion V, (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, como lo solicita la promovente se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el que indica. En relación a los profesionistas que menciona, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, ello, en virtud de que no se encuentran registrados en el Registro y Consulta de Cedulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ente el Poder Judicial de la Federación, para ser autorizados con amplias facultades en término de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente. Así mismo se tienen autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que cita. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.
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