Brenda Aguilera Palacio

Expediente 491/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Brenda Aguilera Palacio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 935/2021 que remite el Juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 6553, con el que este tribunal colegiado le informó que se declaró firme el acuerdo que desechó la demanda de amparo y le remitió los autos originales del expediente 27/2021 y demás constancias que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Del estado que guarda este expediente y de la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, se declara firme el citado acuerdo para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, hágase devolución al Juzgado Civil de Primera Instancia Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, de los autos originales que sirvieron para dictar el fallo respectivo y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA SUSCRITA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, HAGO CONSTAR QUE CON ESTA MISMA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE EL CUAL "...Por otra parte, de los documentos recibidos se advierte que la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto del Juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia definitiva de Primera Instancia de once de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ******, es notoriamente improcedente, dado que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; y por tanto, debe desecharse con fundamento en el artículo 179 del mismo ordenamiento legal. En efecto, la sentencia reclamada concluyó con los siguientes puntos resolutivos: (SE TRANSCRIBEN).- Los artículos 61, fracción XVIII, 170, fracción I y 179 de la Ley de Amparo, así como los numerales 374 y 550 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, disponen: (SE TRANSCRIBEN).- De las anteriores transcripciones se observa que el presente juicio de amparo, se reitera, es improcedente, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario de apelación establecido en el artículo 374, en relación con el 550, del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, esto es, no se colma el principio de definitividad que establece el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio uniinstancial. De ahí que para la procedencia del presente juicio de amparo, era necesario que se agotara el medio de defensa ordinario que otorga la ley, esto es, contra la sentencia reclamada, procedía el recurso de apelación; y al no haber acontecido de esta manera, no se satisface un presupuesto procesal para la procedencia del juicio uniinstancial; de ahí que deba desecharse por improcedente la demanda de amparo. Apoya, a lo anterior la tesis jurisprudencial 407, sustentada por el Pleno del máximo Tribunal del País, visible en la página 297, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo VI, parte SCJN, cuyos rubro y texto dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Asimismo, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 del tomo I, abril de 2015, novena época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en los citados numerales, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Por último, guárdense los documentos base de la acción que remitió la autoridad responsable en un lugar seguro de este tribunal, bajo el número de orden 91/2021". LO QUE SE PUBLICA EL DÍA DE HOY POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Por otra parte, de los documentos recibidos se advierte que la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto del Juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia definitiva de Primera Instancia de once de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ******, es notoriamente improcedente, dado que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; y por tanto, debe desecharse con fundamento en el artículo 179 del mismo ordenamiento legal. En efecto, la sentencia reclamada concluyó con los siguientes puntos resolutivos: (SE TRANSCRIBEN).- Los artículos 61, fracción XVIII, 170, fracción I y 179 de la Ley de Amparo, así como los numerales 374 y 550 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, disponen: (SE TRANSCRIBEN).- De las anteriores transcripciones se observa que el presente juicio de amparo, se reitera, es improcedente, toda vez que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario de apelación establecido en el artículo 374, en relación con el 550, del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, esto es, no se colma el principio de definitividad que establece el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio uniinstancial. De ahí que para la procedencia del presente juicio de amparo, era necesario que se agotara el medio de defensa ordinario que otorga la ley, esto es, contra la sentencia reclamada, procedía el recurso de apelación; y al no haber acontecido de esta manera, no se satisface un presupuesto procesal para la procedencia del juicio uniinstancial; de ahí que deba desecharse por improcedente la demanda de amparo. Apoya, a lo anterior la tesis jurisprudencial 407, sustentada por el Pleno del máximo Tribunal del País, visible en la página 297, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo VI, parte SCJN, cuyos rubro y texto dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Asimismo, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 del tomo I, abril de 2015, novena época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en los citados numerales, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Por último, guárdense los documentos base de la acción que remitió la autoridad responsable en un lugar seguro de este tribunal, bajo el número de orden 91/2021.

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