Brenda Abigail Bañuelos Sevilla
Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2022
Partes del expediente
- Brenda Abigail Bañuelos Sevilla
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEPLE./GEN./001/125/2022 suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el doce de enero de dos mil veintidós, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa data, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se sometieron a consideración los acuerdos: "1. Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y; 2. Acuerdo General 2/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, Relativo a las Medidas Necesarias para Reactivar la Totalidad de las Actividades del Consejo en el Contexto de la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia." Así, por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó los Acuerdos Generales 1/2022 y 2/2022; de donde derivó el Anexo 1, con la autorización de que, a partir del dieciséis de febrero del año en curso, todos los órganos jurisdiccionales laboren en horario matutino. Por su parte, del Anexo 1, se advierte que se asignaron diversos horarios para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en particular, destaca el correspondiente al horario de entrada a las nueve horas con quince minutos y salida a las quince horas con quince minutos. Como se aprecia de la imagen siguiente: / Asimismo, del referido Anexo 1, en el capítulo correspondiente a los Órganos Jurisdiccionales del Tercer Circuito, Jalisco, en particular, respecto de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se asignó como horario de labores presenciales de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos. Como se ilustra a continuación: / Por otra parte, en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; se estableció un esquema de presencia moderada en los órganos jurisdiccionales, en el que se determinó como jornada presencial para el personal de los órganos jurisdiccionales de seis horas. Finalmente, que en proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, se señalaron las trece horas con del diez de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. II. Motivos por los cuales se difiere la audiencia. Con motivo de lo anterior, no se está en aptitud de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, toda vez que, la hora en la que fue programada y su eventual desahogo se extendería del horario de salida asignado para este Juzgado de Distrito, en el horario de laborales previsto en el Anexo 1, derivado de los Acuerdos Generales 1/2022 y 2/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con relación a la jornada presencial para el personal de los órganos jurisdiccionales de seis horas, previsto en el diverso Acuerdo General 21/2020. III. Diferimiento de audiencia constitucional. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" IV. Se genera código QR, para los testigos. Finalmente, con motivo de lo narrado hasta el momento, se comisiona de al actuario de la adscripción a efecto de que notifique y cite a las deponentes de la prueba, por conducto de la parte quejosa, por haberse comprometido a presentarlos en la hora y fecha para el desahogo de la prueba en comento; Por tanto, se hace saber a la parte quejosa, que se han generado las citas para la comparecencia de los atestes de referencia, en el Portal de Registro de Visitas a los Órganos del Poder Judicial de la Federación bajo los siguientes códigos QR: Testigo Alfredo Veliz Gudiño: / Testigo José Pulido García: / Testigo Pedro Pulido Amezcua: / Apercibimiento. Bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se tendrá al promovente desinteresado en el desahogo de dicha probanza. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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Zapopan, Jalisco, quince de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84 todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia definitiva de once de octubre de dos mil veintiuno, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan realizado, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en la sentencia, por un lado, se sobreseyó en el presente asunto, y en otro, se concedió el amparo a la parte quejosa. En ese sentido, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ". .. Ahora bien, dada la naturaleza de las gestiones que se deben realizar a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es otorgar un plazo de tres días hábiles previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, para que dentro del plazo referido, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando parta tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa al titular equivalente al valor de cien Unidades de Medida de Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/MAGP/Gabriel María del Rosario García Pérez, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el quince de marzo de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 1522/2021. Doy fe. .
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NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mismo que en síntesis dice:" Lo anterior, tiene como consecuencia que el acto reclamado se analice en conjunto con lo que prevén los numerales 33 y 39 del decreto reclamado pues constituyen un sistema normativo, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 91/2018, de rubro y texto: En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considera que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que quede al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de ellas." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos sintetizados en el punto 1 del considerando segundo, pues así lo manifestaron el Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados, aunado a que su existencia no está sujeta a prueba por tratarse de la constitucionalidad de una norma y, por ende, basta su publicación en el diario oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese sentido, el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Juri´dicos del Congreso del Estado de Jalisco, en representacio´n del Congreso del Estado, pues sen~ala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XII, de la Ley de Amparo, dado que refiere que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Resulta infundada la causa de improcedencia propuesta. Es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese aspecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir entre normas generales de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa con base en los argumentos y fundamentos contenidos en la jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el criterio se establecen los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: No requieren de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; En virtud de su sola expedición causan perjuicio a la persona física o moral que sea sujeta de las obligaciones en ella contenidas, quedando obligada ésta a satisfacer la carga física correspondiente desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que las leyes heteroaplicativas: Se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Pueden reclamarse solo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones; y Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor; Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; Las obligaciones o cargas que imponen, nacen con el solo inicio de su vigencia; No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de jurisprudencia VI. 2º. J/112, página 107, de la materia común, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1991, de rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Previo a demostrar si se actualiza o no la causa de improcedencia propuesta, es necesario determinar el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo del "Decreto número 28439/LXII/21. Sobre esa base, conviene tener presente y, en el caso, insertar a continuación, los que por su redacción cobran importancia para resolver la presente instancia constitucional, los cuales son los siguientes: "NÚMERO 28439/LXII/21 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES JALISCO. ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 33 primer párrafo, 70 fracción II, 153 fracción XIX, se adiciona un párrafo sexto al artículo 39 y la fracción XX al 153; y se reforma el sexto párrafo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto 22862/LVII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar de la siguiente manera: Artículo 33. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, las personas que presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común. [.] Artículo 39. [.] TABLA [.] La base de cotización para el pago de las aportaciones todas las plazas para cualquier afiliado, no deber ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 70. [.] II. La pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a treinta y nueves veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: [.] XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en los artículos 30 y 70 fracción Il del presente ordenamiento, siempre y cuando exista estudio actuarial que lo justifique y la medida no vulnere el derecho a una pensión digna, y XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que resulten inherentes a sus atribuciones. TRANSITORIOS DECRETO 22862/LVIII/09 ARTICULO CUARTO. [.] Todas las pensiones y prestaciones inherentes a las que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente bajo las condiciones establecidas presente ordenamiento. Lo anterior exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto. ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 64 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para quedar como sigue: ARTÍCULO 64. [.] A su vez, cada uno de los ayuntamientos, al incorporarse al Instituto de Pensiones, deberá autorizar la firma un convenio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y dicho Instituto para que de las participaciones estatales que les correspondan, se retenga mensualmente las aportaciones patronales que deberán de cubrir al Instituto. El incumplimiento a lo anterior será sancionado conforme a la Ley del Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco". Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto. Cuarto. Serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública, las pensiones que a la entrada en vigor que señala el presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen bajo las condiciones que el presente decreto establece." Quinto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento. Sexto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción Il de la presente legislación. Séptimo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas inherentes. Octavo. Las entidades públicas que incorporen a sus servidores públicos en razón de las modificaciones a los artículos 33 de la Ley del Instituto de Pensiones y 64 de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, que se expiden en el presente decreto, deberán suscribir los convenios correspondientes con la Secretaria de la Hacienda Pública y el Instituto de Pensiones, a más tardar el 1 de enero de 2022. Noveno. Las entidades públicas dispondrán de un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento al presente decreto en términos de la reforma que se aprueba al artículo 33 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, quedando sujeta la afiliación correspondiente a la aprobación de dicho Instituto con base en los requisitos que establece la presente Ley. Dicha afiliación no tendrá efectos retroactivos." De los preceptos anteriormente transcritos, se advierte, entre otras cosas, que la reforma es aplicable a todas aquellas personas pensionadas, a excepción de quienes presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común. La base de cotización para el pago de las aportaciones de todas las plazas para cualquier afiliado, no debe ser mayor de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Todas las personas y prestaciones inherentes a las que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga, pasarán a regirse por la legislación vigente bajo las condiciones establecidas. Lo anterior, exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto; por lo que, las pensiones que excedan el monto establecido deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. En ese sentido, los enunciados normativos en comento se tratan de disposiciones de observancia general que, en esencia, modifican el marco jurídico que regula la base de cotización para el pago de las aportaciones y específicamente establece que ésta no debe ser mayor a treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, circunstancias que regirán en el futuro debiéndose modificar de manera oficiosa la pensión correspondiente. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que el Decreto 28439/LXII/21, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno (que entró en vigor al día siguiente) es de naturaleza autoaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de la norma mencionada afecta a aquellas personas que estén en el supuesto de la norma y, por ende, sufrirán un menoscabo a su esfera jurídica y patrimonial, por ello no se requiere de una condición para que sus efectos se materialicen en su perjuicio, esto es, no es indispensable un acto de aplicación en concreto. Sobre esa base, para que la parte quejosa demuestre su interés jurídico, es indispensable que demuestre que el monto de la pensión a que tiene derecho sobrepasa las treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Ahora, de acuerdo la página de internet del INEGI (https://www.inegi.org.mx/temas/uma/), el valor de las UMA para dos mil veintiuno mensual es de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos 45/100 moneda nacional), por lo que el límite de treinta y nueve veces establecido como máximo de base de cotización es de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional). Por tanto, como se dijo, a fin de que la parte quejosa demostrara el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, debe acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico; lo cual, como se verá, la parte quejosa sí demuestra. La parte quejosa ofreció como pruebas documentales las siguientes: Original de constancia expedida por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que se hace constar que el monto de la pensión del quejoso es por la cantidad de $181,598.95 (ciento ochenta y un mil quinientos noventa y ocho pesos con 95/100) (folio 116 vuelta de autos). Recibos de pago de pensión a favor del quejoso de los meses de enero a noviembre de dos mil veintiuno (folios 169 a 190 de autos). Medios de prueba que, tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acredita ser pensionada, y que su pensión supera el monto límite de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional). Dado que, se desprende que el monto de su jubilación asciende a $181,598.95 (ciento ochenta y un mil quinientos noventa y ocho pesos con 95/100). De ahí que, el sueldo tabular del quejoso es superior al monto máximo y, por tanto, le causa una afectación desde su entrada en vigor, pues con fundamento en dichos artículos, se disminuirá la base de cotización para el pago de sus aportaciones. Conforme a lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que, en el presente caso, la quejosa sí acreditó fehacientemente encontrarse en el supuesto normativo en su perjuicio y, por ende, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo en cuestión. Por lo que, como se adelantó, debe desestimarse la causa de improcedencia propuesta. En ese orden, no se advierte, de oficio, motivo que haga improcedente este asunto constitucional, ni las partes hicieron valer diverso con ese fin, por lo que se procederá con el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló los motivos de inconformidad que estimó pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a él ni a los demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Por cuestión de técnica, los conceptos de violación se analizarán por grupos en relación con su temática, dada su estrecha relación, y en diverso orden al propuesto por el quejoso en el ocurso constitucional, sin que ello le cause perjuicio, toda vez que no se dejarán de atender los motivos de queja necesarios para resolver la cuestión efectivamente planteada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo. Principio de irretroactividad. La parte quejosa, refiere que la reducción de los montos pensionarios que se ocasionó con motivo de la reforma impugnada constituye una lesión al principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna consagrado por el normativo 14 de la Constitución General de la República y el principio de progresividad, pues no existe una causa objetivamente proporcional que suponga una limitación a dicho principio. Que el derecho a la jubilación que percibe la obtuvo, al cumplir con la norma que se encontraba vigente en la época, es decir, por la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pasada, pues al contar con los requisitos de cotización y años de servicio ante el Instituto responsable recibió una remuneración de su jubilación en una cantidad determinada, siendo que la nueva ley no puede desconocer su derecho adquirido, pues con ello, es una violación al principio de irretroactividad. Los motivos de inconformidad sintetizados son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, atendiendo al principio de la retroactividad de la ley. Al respecto, tenemos que el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. [.]" La irretroactividad de la ley es el principio de derecho, según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas. Ésta tiende a satisfacer uno de los fines primordiales del derecho, el de seguridad jurídica y su aplicación aparentemente no presenta mayores dificultades, pues resulta claro que las leyes únicamente rigen durante su periodo de vigencia y, por ende, sólo pueden regular los hechos que se produzcan entre la fecha de su entrada en vigor y la de su abrogación o derogación. Sin embargo, cuando se trata de llevar a la práctica este principio, se suscitan diversos problemas que revisten gran complejidad, y pueden ser reducidos a los dos siguientes: I. Los medios jurídicos no siempre producen sus efectos instantáneamente; existe una infinidad de relaciones jurídicas que se conocen como de tracto sucesivo, las cuales tienen la característica de prolongar sus efectos a lo largo del tiempo, en algunas ocasiones indefinidamente. Estas relaciones jurídicas se constituyen de conformidad con las prescripciones de una determinada ley, y pueden seguir produciendo consecuencias después de que esta ley ha sido sustituida por nuevos ordenamientos. Por esta razón, es necesario dilucidar si la ley antigua, a pesar de haber perdido su vigencia, debe regular los efectos que se sigan causando, o si, por el contrario, es la nueva ley la encargada de regular dichas consecuencias, considerando que éstas se producen después de que había entrado en vigor. En otros términos, hay que determinar el alcance exacto del principio de irretroactividad, estableciendo en qué casos puede considerarse que una ley es aplicada retroactivamente; y, II. La evolución de un sistema jurídico exige nuevas normas que satisfagan de mejor manera las cambiantes necesidades económicas, políticas y culturales de una comunidad. Estas nuevas normas contribuyen a la eliminación de prácticas e instituciones sociales que se consideran injustas o inconvenientes. Por esta razón, la aplicación retroactiva de la ley es frecuentemente un instrumento legítimo de progreso social y, por tanto, se plantea el problema de determinar desde el punto de vista jurídico, cuáles deben ser las excepciones al principio de irretroactividad de la ley. Así, para solucionar los problemas anteriormente descritos, la doctrina ha elaborado numerosas teorías. Entre las principales, se encuentran la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y la de los componentes de toda norma jurídica, como son: el supuesto y su consecuencia. En virtud de lo anterior, es conveniente establecer, entonces, que de conformidad con las teorías que existen sobre los derechos adquiridos (que redundan en la irretroactividad de las leyes) debe distinguirse entre los derechos adquiridos y las expectativas de derechos. Así, el derecho adquirido se suscita cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio de una persona y ese hecho ya no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una determinada situación jurídica, pero que no entra al patrimonio de la persona. En ese contexto, la expectativa de derecho corresponde al futuro al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley, es decir, que potencialmente se iban a obtener al surtirse los supuestos establecidos en la propia ley; y es, en un momento dado, lo que podría afectarse con un nuevo ordenamiento y no derechos adquiridos. En conclusión, la ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica, pero no sucede lo mismo cuando se trata de expectativas de derechos. En relación con el tema, de acuerdo con la teoría de los componentes de la norma, debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que pueda analizarse la retroactividad o irretroactividad de las normas, es conveniente analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo: a. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica, se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia, sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley. b. Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas. c. Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. d. Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición). Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 123/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, octubre de 2001, página 16, registro digital 188508, de rubro y texto: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan." Como se anticipó, el artículo 14 de la Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos contiene una restricción al principio de irretroactividad, esto es, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y, de esta manera, autoriza implícitamente la aplicación retroactiva de la norma, en caso de que nadie resulte dañado por ella, sino en su caso beneficiado con la aplicación de la norma jurídica. Precisado lo anterior, cabe destacar que siendo la ley el origen de todos los derechos de los individuos, en sus relaciones con los demás y con el Estado, debe investigarse, en cada caso, el origen del derecho controvertido, su inmutabilidad, su posibilidad de transformación o su desaparición final, según la naturaleza del derecho y el desenvolvimiento de los acontecimientos sociales y económicos, que llevan al legislador a dictar nuevas leyes. Si el desarrollo de las circunstancias que dan nacimiento a un derecho privado, tiene lugar, integralmente, durante la vigencia de la ley que lo estatuye, es fácil fijar el alcance de ese derecho; pero si no ha sido así, habrá que examinar el caso para determinar qué derechos pueden reputarse ya adquiridos y no susceptibles de ser desconocidos por la nueva ley, y distinguirlos de las expectativas de derecho, que no pudieron entrar al patrimonio individual, porque las mismas normas legales hicieron imposible su adquisición; es decir, es derecho adquirido o creado el que se estima perfecto, y debe considerarse como tal el nacido por el ejercicio integralmente realizado, de todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor, atributiva de dicho derecho. En principio cabe señalar que el problema de la retroactividad se presenta, generalmente, como un conflicto de leyes emitidas sucesivamente y que tienden a regular un mismo hecho, un mismo acto o una misma situación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración como parámetros para determinar un conflicto de leyes, las teorías antes citadas, es decir, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y la de los componentes de la norma jurídica, como son: el supuesto y su consecuencia. Conforme a la primera teoría, para determinar si los preceptos impugnados son o no violatorios del derecho fundamental mencionado, es necesario precisar -en primer lugar- si el gobernado tenía ya dentro de su haber jurídico los derechos y prestaciones a los que aluden o se trataba sólo de una expectativa de derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis en materias constitucional y común del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen CXXXVI, primera parte, página 80, registro digital 257483, que refiere: "RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: "Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial". "La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos". "Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye". También cobra aplicación la tesis en materia 2a. LXXXVIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, Junio de 2001, página 306, registro digital 189448, de rubro y texto: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado." Precisado lo anterior, queda de manifiesto que para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa es violatoria de lo tutelado por el artículo 14 de la Constitución General de la República, con base en la teoría de los componentes de la norma, es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las teorías admitidas por el Máximo Tribunal del País, para interpretar el tema de retroactividad, resulta que una norma transgrede el precepto constitucional antes señalado, cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que -sin lugar a dudas- conculcaría en perjuicio de los gobernados ese derecho fundamental, pero que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva ley las regule. Luego, una norma general trastocará la regla de irretroactividad de la ley contemplada en el artículo 14 constitucional cuando modifique o altere derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior. Lo que excluye que se pueda considerar retroactiva a la ley que regule expectativas de derecho o situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior. Conforme a las teorías destacadas, la pensión que se otorga a los trabajadores no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. En consecuencia, la modificación de un marco jurídico de las pensiones no puede considerarse retroactivo por sí solo, pues debe entenderse que sus efectos son hacia el futuro, en virtud de que: a. Los trabajadores que inicien labores con posterioridad al inicio de la vigencia de la reforma respectiva no han generado supuesto alguno bajo el régimen anterior, de ahí que su situación se encuentre regulada en su totalidad por el nuevo acto legislativo y, por ende, pueda ser objeto de regulación en los términos que se prevean. b. Los trabajadores que con anterioridad al inicio de la vigencia de la reforma cumplieron los requisitos establecidos para la jubilación, su situación jurídica en relación con dicha prestación se encuentra constituida bajo el régimen anterior, por lo que no resultan aplicables los nuevos requisitos. c. Los trabajadores que iniciaron labores con anterioridad a la modificación del sistema de seguridad social, pero que no cumplieron con los requisitos para su jubilación del régimen anterior, sólo contaban con una expectativa de derecho, por lo que la modificación de los requisitos en sí misma no puede considerarse retroactiva. Como se dijo, el acto reclamado se analizará en conjunto con lo que prevén los numerales 33 y 39 del decreto reclamado y su quinto transitorio, pues constituyen un sistema normativo, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 91/2018. En ese sentido, por su redacción cobran importancia para resolver la presente instancia constitucional, los cuales son los siguientes: "NÚMERO 28439/LXII/21 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES JALISCO. ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 33 primer párrafo, 70 fracción II, 153 fracción XIX, se adiciona un párrafo sexto al artículo 39 y la fracción XX al 153; y se reforma el sexto párrafo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto 22862/LVII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar de la siguiente manera: Artículo 33. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, las personas que presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común. [.] Artículo 39. [.] TABLA [.] La base de cotización para el pago de las aportaciones todas las plazas para cualquier afiliado, no deber ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 70. [.] II. La pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a treinta y nueves veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: [.] XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en los artículos 30 y 70 fracción Il del presente ordenamiento, siempre y cuando exista estudio actuarial que lo justifique y la medida no vulnere el derecho a una pensión digna, y XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que resulten inherentes a sus atribuciones. TRANSITORIOS DECRETO 22862/LVIII/09 ARTICULO CUARTO. [.] Todas las pensiones y prestaciones inherentes a las que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente bajo las condiciones establecidas presente ordenamiento. Lo anterior exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto. ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 64 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para quedar como sigue: ARTÍCULO 64. [.] A su vez, cada uno de los ayuntamientos, al incorporarse al Instituto de Pensiones, deberá autorizar la firma un convenio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y dicho Instituto para que de las participaciones estatales que les correspondan, se retenga mensualmente las aportaciones patronales que deberán de cubrir al Instituto. El incumplimiento a lo anterior será sancionado conforme a la Ley del Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco". Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto. Cuarto. Serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública, las pensiones que a la entrada en vigor que señala el presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen bajo las condiciones que el presente decreto establece." Quinto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento. Sexto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción Il de la presente legislación. Séptimo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas inherentes. Octavo. Las entidades públicas que incorporen a sus servidores públicos en razón de las modificaciones a los artículos 33 de la Ley del Instituto de Pensiones y 64 de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, que se expiden en el presente decreto, deberán suscribir los convenios correspondientes con la Secretaria de la Hacienda Pública y el Instituto de Pensiones, a más tardar el 1 de enero de 2022. Noveno. Las entidades públicas dispondrán de un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento al presente decreto en términos de la reforma que se aprueba al artículo 33 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, quedando sujeta la afiliación correspondiente a la aprobación de dicho Instituto con base en los requisitos que establece la presente Ley. Dicha afiliación no tendrá efectos retroactivos." De lo anterior se observa: I. La pensión máxima total que se pague a una persona no podrá ser superior a treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes -dispositivo 70, fracción II-. II. El Consejo Directivo tendrá la atribución de modificar o reducir el monto de las pensiones para adecuarlas a lo establecido en los artículos 39 y 70, fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco -ordinal 153, fracción XIX-. III. Todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia de la legislación abrogada, es decir, de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco contenida en el Decreto 12697 de veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, pasarán a regirse por la legislación vigente, exclusivamente para los efectos de nivelar el monto establecido en el aludido Decreto -sexto párrafo del cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09-. De igual manera, en los artículos transitorios del Decreto objeto de estudio, el legislador local estableció que: a) Se derogan las disposiciones que se opongan -transitorio segundo-. b) El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco tendrá treinta días hábiles para presentar los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del propio Instituto para adecuarlas al Decreto - transitorio tercero-. c) Serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública las pensiones que se encuentren vigentes y las futuras que se otorguen -transitorio cuarto-. d) Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70, fracción II, de la propia deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al máximo estipulado, con la consecuente reestructura de créditos, préstamos y demás obligaciones -transitorio quinto-. e) Se instruye al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado para que dentro del plazo de noventa días modifique y adecue las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido, a efecto de nivelar el monto conforme al tope establecido en el artículo 70, fracción II, de la norma vigente -transitorio sexto-. En la especie, del análisis armónico de los medios de convicción que se aportaron en el presente juicio constitucional a saber: Original de constancia expedida por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que se hace constar que el monto de la pensión del quejoso es por la cantidad de $181,598.95 (ciento ochenta y un mil quinientos noventa y ocho pesos con 95/100) (folio 116 vuelta de autos). Recibos de pago de pensión a favor del quejoso de los meses de enero a noviembre de dos mil veintiuno (folios 169 a 190 de autos). Medios de prueba que, tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acredita ser pensionada, y que su pensión supera el monto límite de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional). Lo cual evidencia, que dicha pensión se encuentra por encima del valor de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevadas al mes -$181,598.95 (ciento ochenta y un mil quinientos noventa y ocho pesos con 95/100)- situación que lo encuadra como sujeto de la norma general impugnada. Precisado lo anterior, conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se determina que son fundados los motivos de disenso en estudio, en el sentido de que se viola en su perjuicio el derecho a la no retroactividad de la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, pues los artículos reclamados inciden sobre derechos de un trabajador que -previo a su entrada en vigor- tenía reconocido el carácter de pensionado por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al sujetarlo a que se adecue su pensión a un monto que no exceda treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Lo anterior se traduce en una reducción en el monto de su pensión siendo que ese derecho ingresó en su patrimonio como un derecho legítimamente adquirido. En efecto, en términos de lo previsto por el ordinal 3°, fracción XII, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pensionado es la persona física que, habiendo sido afiliada, obtuvo el otorgamiento de una pensión prevista en esa legislación, previo acuerdo del Consejo Directivo y una vez cumplidos los requisitos aplicables al caso. Además, conforme a la fracción XI del arábigo 3° in fine de la exposición motivos, la pensión es el derecho pecuniario para el pago periódico y vitalicio que reciben las personas señaladas por esa ley por concepto de jubilación, edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad, en los términos y con las condiciones y excepciones establecidas en la propia norma. En ese contexto, los preceptos reclamados no afectan meras expectativas de derecho, sino que operan sobre derechos que les fueron reconocidos a los pensionados por la respectiva dependencia; en este caso, es evidente que el trabajador adquirió los derechos derivados de su jubilación como es precisamente el monto de su pensión en los términos y proporción que se indicaba en la norma vigente en la época en que el derecho a jubilarse y los derechos derivados de su jubilación ingresaron a su patrimonio como derechos legítimamente adquiridos. Y, tratándose de las relaciones de servicio que se rigen por el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, las que surgen entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, la jubilación constituye una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente a favor de los trabajadores. De ello se sigue que si bien las condiciones y cuantías en que opere ese derecho adquirido, conforme a las leyes aplicables, pueden ser superadas mediante acuerdos, convenios o por el propio ordenamiento, en virtud de que las normas laborales sólo consagran los derechos mínimos de que deben disfrutar los trabajadores con motivo de la relación de trabajo; empero, no es factible considerar que sea válido que el legislador emita una nueva normativa en perjuicio del trabajador jubilado que reduzca o cercene cualquiera de los derechos adquiridos y derivados de la pensión obtenida conforme a una disposición anterior. Esta situación implica la transgresión al derecho fundamental de irretroactividad de la ley que consagra el ordinal 14 de la Constitución General de la República, en términos de lo que se ha considerado como "derechos adquiridos" por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis invocadas en líneas pretéritas, pues la prohibición de dar efectos retroactivos a las leyes, se dirige tanto al legislador como a los diversos órganos encargados de llevar a cabo su aplicación o ejecución, y se traduce en el principio de que las leyes sólo deben ser aplicables a los hechos ocurridos durante su vigencia. De ahí que este órgano de amparo determina que las autoridades responsables efectivamente vulneraron en perjuicio del justiciable lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desconocer la cuantía de la pensión otorgada a personas conforme a la normativa anterior y ordenar que se recalcule y ajuste sus pensiones conforme al nuevo sistema. Al haberse demostrado que el Decreto 28439/LXII/21, en específico los artículos 33, 39, 70, 153, y cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como el contenido de los artículos Primero al Séptimo transitorios del propio Decreto, transgreden en perjuicio del gobernado, el principio de no retroactividad de la ley tutelado en el artículo 14 de la Constitución General de la República, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge García González. SEXTO. Efectos del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, las autoridades responsables -dentro del ámbito de sus atribuciones- deberán: ( Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa el decreto 28439/LXII/21, en específico los artículos 33, 39, 70 y 153, y cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como el contenido de los artículos Primero al Séptimo transitorios del propio Decreto. El efecto de la protección constitucional implica que ninguna autoridad disminuya en lo futuro el monto de la pensión de la parte quejosa obtenida conforme a una disposición anterior, en aplicación de los preceptos señalados. Lo anterior tiene respaldo en la jurisprudencia en materias constitucional y común P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 19, registro digital 192846, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." También sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 114/99, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 18, registro digital 192910, que expone: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma." Se estima necesario precisar que conforme al principio de relatividad de las sentencias consagrado en el artículo 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la presente sentencia aplican únicamente a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 76 y 77, todos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge García González, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, por los motivos y para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en que concluyó el engrose de este fallo.
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AVISO POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA AL QUEJOSO DEL PROVEIDO DE 01 DE MARZO 2022 EN EL CUAL Zapopan, Jalisco, primero de marzo de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Brenda Abigail Bañuelos Sevilla, por derecho propio; contra actos de la Décimo Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 345/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Fijación de la litis. Del análisis acucioso de la demanda de garantías, se desprende que el peticionario de amparo medularmente reclama: 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 2 a) La omisión de emitir el auto de avocamiento y señalar fecha y hora de audiencia, en el juicio laboral 1561/2021 12E del índice de la junta responsable; y, b) La omisión de notificar y emplazar a la parte demandada en el precitado juicio laboral. 2. Desechamiento parcial. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse por lo que respecta al segundo de los actos precisados tal como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 3 ??????A???????? En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 4 En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Por acto futuro e incierto respecto de la falta de notificación y emplazamiento de la parte demandada. Quien aquí resuelve, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen que el juicio de amparo es improcedente, cuando los actos reclamados sean inexistentes. Es aplicable al caso, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En el caso concreto, el acto reclamado analizado en el presente inciso, se hace consistir en la omisión de notificar y emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 1561/2021 12E, del índice de la junta responsable. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 5 ??????A???????? En principio, cabe señalar que lo reclamado al respecto por la parte quejosa, implica, que en lo subsecuente la autoridad emita con prontitud los acuerdos, decretos y resoluciones correspondientes. También conviene señalar, que en el supuesto de que en el trámite del juicio natural no se hubiesen respetado los plazos que prevé la legislación procesal que lo rige para dictar las resoluciones correspondientes, se trata de omisiones que en el presente ya acontecieron, a las cuales no puede dárseles efecto retroactivo; de ello la improcedencia del juicio de amparo en este aspecto. Luego, aun cuando se pudiera acreditar en el presente juicio que la autoridad responsable no emitió y notificó algunas resoluciones dentro de los plazos previstos en ley para tal efecto, eso no conlleva a tener certeza de que en lo futuro, esas conductas sean reiteradas. De ahí, que es evidente que se está frente a actos futuros de realización incierta, en razón de que no puede saberse con exactitud si seguirá promoviéndose dentro del juicio natural, y en tal supuesto, si la autoridad no atenderá los plazos que fija la ley; además, de no hacerlo, el quejoso tiene expedito su derecho para combatir las omisiones, en el momento en que sucedan. Sirven de apoyo las siguientes tesis: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías" "ACTOS FUTUROS, PROBABLES E INCIERTOS. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. Cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, se hace consistir en el 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 6 auto que apercibe a una de las partes litigantes, mediante cualquiera de las medidas de apremio, en el caso de incumplir con el requerimiento de la autoridad, es indudable que constituye un acto futuro, probable e incierto, cuenta habida que de una correcta interpretación de la tesis relacionada en tercer lugar con la jurisprudencia número 74, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la Página 123, que dice: "ACTOS FUTUROS", se desprende que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar, hipótesis que no se actualiza, cuando el actuar de la responsable, se encuentra condicionado por la conducta previa de los particulares o partes en litigio, como sucede con la probable utilización de las medidas de apremio, pues bastaría cumplir con lo ordenado por la autoridad para que aquéllas no se hicieran efectivas y, por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, y por ello, procede sobreseer en el juicio de amparo" "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo" Aunado a lo anterior, las omisiones, retardos y dilaciones con el dictado de las resoluciones subsecuentes, no se refieren a una promoción en concreto, sobre todo, porque para su existencia requieren del impulso e intervención de las partes conforme al principio dispositivo que rige en el procedimiento civil, el cual radica en que depende de las partes el inicio y la continuidad del proceso hasta su fin. En efecto, la apertura y conclusión de los plazos en el procedimiento laboral está supeditado a que las partes lo soliciten al juez, ya que, de acuerdo al principio dispositivo referido, el ejercicio de la acción, el desarrollo 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 7 ??????A???????? del proceso, los límites de la acción y la actividad del juez se regulan principalmente por las partes contendientes; y si bien es cierto que el deber de administrar justicia pronta y expedita corresponde al órgano jurisdiccional, también lo es que tratándose de juicios laborales en que se ventilan derechos de particulares, la carga del impulso procesal corresponde a las partes y sólo cuando la parte trabajadora omite actuar por un periodo mayor a cuarenta y cinco días la autoridad se encuentra obligada legalmente a requerir a las partes para continuar con el proceso; de manera que la obligación del juez de pronunciar las resoluciones en el plazo de ley y ordenar la práctica de las diligencias judiciales, por regla general, está sujeto a la solicitud e impulso de las partes para que el procedimiento siga a través de los distintos estadios que lo componen. Por otra parte, no se soslaya el contenido de la tesis de jurisprudencia siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" Sin embargo, el criterio contenido en ella fue abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, del cual derivó la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 8 FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)", que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732. 3. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite, respecto la omisión de emitir el auto de avocamiento y señalar fecha y hora de audiencia, en el juicio laboral 1561/2021 12E del índice de la junta responsable. IV.Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS, DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la citada ley. 1. Modalidades de la audiencia constitucional. La intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo mediante promoción presentada físicamente o preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 9 ??????A???????? Solo cuando se estime indispensable dar intervención verbal a las partes, testigos o peritos, la audiencia constitucional podrá realizarse mediante videoconferencia conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siempre que las partes cuenten con los medios tecnológicos necesarios para tales efectos. En el supuesto excepcional de que la suscrita estime indispensable la comparecencia física de las partes u otros intervinientes, la audiencia constitucional podrá realizarse presencialmente garantizándose la distancia entre éstos y procurando hacer uso de los equipos de cómputo disponibles para asegurar la sana distancia entre quienes acudan. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: Brenda Abigail Bañuelos Sevilla, por derecho propio. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a quienes indica, por así haberlo solicitado, sin que haya lugar a consultar si cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; al tratarse de un asunto en materia laboral y ser el trabajador quien realiza la solicitud. c. Se autoriza uso de medios electrónicos. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 10 De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA" d. Pruebas. Con fundamento en el dispositivo legal 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, la prueba instrumental y 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 11 ??????A???????? presuncional que oferta, sin perjuicio de que se haga nuevamente relación de éstas en la audiencia constitucional. No así la diversa que hace consistir en el informe justificado, en razón de que por el momento no se ha rendido, en el entendido de que una vez que la responsable lo haga, se proveerá conforme a derecho corresponde. 2. Autoridad responsable: - Décimo Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. a) Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, se les requiere para que en el plazo de quince días a partir de que sean legalmente notificadas, rindan su informe con justificación, el cual podrán hacer llegar al correo electrónico oficial de este juzgado de Distrito 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, apercíbaseles que en caso de que se nieguen a recibir el oficio librado en el presente juicio, sin causa justificada, fundada y motivada, ésta se tendrá por hecha en términos del numeral 28, fracción I segundo párrafo de la Ley de Amparo, y aunado a ello, se les impondrá una multa equivalente al valor de cien 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 12 Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se le requiere para que en caso de que tengan conocimiento o que su conducta provoque la actualización de alguna hipótesis de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente al valor de treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 75 de la ley en comento, se les requiere para que remitan en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, al resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisas en informar la causa legal o material que se los impida, se le impondrán una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 13 ??????A???????? 3. Representación Social. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, lo cual deberá realizarse por medio de oficio, atendiendo al estado de contingencia por el fenómeno de salud pública derivada del virus COVID-19. 4. Requerimiento a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público. Con independencia de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación, para que de ser posible, proporcionen un correo electrónico, para estar en posibilidad de establecer el contacto respectivo en caso de ser necesario, en términos de la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVD-19. VI. Incidente de suspensión. Al no solicitar la suspensión del acto reclamado, no se tramita el incidente respectivo. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 14 VIII. Notificación a las autoridades responsables. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio, como en el presente caso que se refiere a la admisión de la demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" IX. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Dados los inconvenientes de la suspensión de labores de los órganos jurisdicciones, se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 15 ??????A???????? vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. X. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al actuario de la adscripción para que hasta en tanto se reanuden las labores normales en el Poder Judicial Federal, envíe vía correo electrónico los oficios correspondientes y así las notifique, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita, así como en las fracciones IX y XII del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 16 Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Lo anterior es así ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28 fracción III y 30 fracción I de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a las autoridades (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II de dicho ordenamiento) se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico- por razones de orden público, como la pandemia que ha sido decretada con motivo del SARS Co-V2 (COVID 19), lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicarle notificaciones, sin que en el caso sea necesario que dicha autoridad tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se le apercibe que de negarse sin causa justificada a recibir los oficios que se le envíen se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; [.]" 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 17 ??????A???????? XI. Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, y atento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. XII. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. XIII. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo 18 comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. XIV. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 361 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un 1Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. --- Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. --- Las y los titulares verificarán si quien autoriza cuenta con la capacidad procesal necesaria. Se acordará favorablemente la solicitud únicamente respecto de quienes cumplan los requisitos respectivos, a través de una promoción electrónica o impresa. La autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. --- La autorización se puede realizar respecto de uno o varios expedientes. En el segundo supuesto, la persona autorizada tendrá acceso al módulo de Consulta de Expedientes, cuyos submódulos le permitirán revisar cada expediente de manera individual, o los correspondientes a todos los asuntos en los que haya recibido la autorización respectiva, ya sea mediante una vista global o dentro de cada órgano jurisdiccional. --- Los permisos otorgados para la consulta de expedientes electrónicos y para la práctica de notificaciones se conservarán para cualquier instancia o incidente. 17/10/23 20:55:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.f3 Héctor Hugo Ordaz Arredondo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2022 19 ??????A???????? Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. XV. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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