Brayant Yusset Matus Luis

Expediente 490/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 43 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
490/2022
Año
2022
Actuaciones
43
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Brayant Yusset Matus Luis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se reservó proveer en relación al archivo del presente juicio de amparo, hasta en tanto se tuviera conocimiento de la resolución dictada en el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la suspensión definitiva; y, como lo anterior ya aconteció se acuerda lo siguiente: CLASIFICACIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL Acorde con lo dispuesto en el artículo 211 , inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y capitulo 8, Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto número 12 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. . 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 2 sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. CLASIFICACIÓN DE CUADERNO INCIDENTAL Así también, en relación al cuadernillo de suspensión, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General antes citado y lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. El cuaderno original del presente incidente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el numeral 21 inciso c)3 del citado Acuerdo General y capitulo 8, Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto número 3 del referido manual, pues se concedió la suspensión provisional pero se negó la definitiva respecto de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes 3 . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 3 ??????????????? deberá destruirse dicho cuadernillo original y remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del Acuerdo General invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 4 nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anexo que acompaña, con el cual remite la ejecutoria dictada en el incidente en revisión 781/2022 de su índice, de la que se desprende que dicha Superioridad declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa Brayant Yusset Matus Luis. De lo que este juzgado toma nota para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento Sise y acúsese recibo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/JVA/KCG En esta fecha se giran los oficios 14124, 14125, 14126, 14127 y 14128Conste.- La suscrito Secretario certifico y hago constar que esta foja corresponde a la parte final del proveído emitido el seis de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 490/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Doy fe. JUDITH VENTURA

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. 08/03/24 23:45:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 JUDITH VENTURA AVILA 2 Por otra parte, del cuadernillo original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, se advierte que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la suspensión definitiva, que conoce el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por tanto, hágase de conocimiento de la Superioridad la presente determinación, para los efectos legales a que haya lugar en los autos del recurso en revisión 781/2022 de su índice. En atención a lo anterior, resérvese de proveer en relación al archivo del presente asunto, hasta en tanto se tenga conocimiento de lo resuelto en el recurso de revisión precitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 490/2022 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Brayant Yusset Matus Luis, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de demanda y se registró con el número de juicio 490/2022, previniéndose a la parte quejosa para que indicara con precisión la localidad y/o ciudad a la que pertenece cada una de las autoridades señaladas como responsables, en su escrito de demanda. Seguidamente, una vez cumplida la prevención, por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -2- constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -3- SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México: ? La orden para el cese de su encargo como Agente Federal de Migración B. 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -4- De la Dirección de Administración de Personal del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. ? La emisión y contenido del oficio INM/DGA/DAP/00632/2002 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el que me cesan de mi cargo por la pérdida de confianza del cargo de Agente Federal de Migración B. Del Subdirector de Área de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta Ciudad. ? La ejecución en el cese de su encargo como Agente Federal de Migración B. ? La notificación del oficio INM/DGA/DAP/00632/2022 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Al momento de rendir su informe justificado las autoridades responsables Subdirector de Área de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta Ciudad, Dirección de Administración de Personal y Comisionado ambos del Instituto Nacional de Migración, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -5- en la Ciudad de México, negaron la existencia de los actos que se le reclaman. No obstante, obra en autos copia simple del oficio INM/DGA/DAP/00632/2022, de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Administración de Personal del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México, en el que se advierte se hizo del conocimiento de Brayant Yusset Matus Luis, que quedaba cesado del puesto de Agente Federal de Migración "B" adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas. Constancia que tiene eficacia probatoria de indicio en términos de los artículos 133, 197, 203, 205 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el dispositivo 2°, párrafo segundo de la ley de la materia, por tratarse de un documento que hace fe de su original y que no fue objetado por las partes. Aunado a lo anterior, obra en autos la comunicación INM/OSCJ/DAJ/AMP/208/2023, con el cual el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, emitió la orden de remisión de copia certificada del oficio reclamado precitado (foja 171). Por tanto, lo anterior genera una presunción de la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables; se desvirtúa dicha negativa y se tienen por ciertos los actos reclamados para todos los efectos legales conducentes. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -6- CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, puesto que los actos que se reclaman por el quejoso, consisten en a) la orden para el cese de su encargo como Agente Federal de Migración B y su ejecución, así como b) la emisión y contenido del oficio INM/DGA/DAP/00632/2002 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y su notificación, los cuales derivan de la relación laboral que mantenía con el Instituto Nacional de Migración, al encontrarse adscrito a la Oficina de Representación de esa Institución en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Así, se afirma que no revisten la característica de actos de autoridad, ni de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten sus derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a efecto de que pudieran ser impugnables a través del juicio de amparo, como a continuación se verá. Con el propósito de explicar los motivos por los cuales se estima sobreviene dicho motivo de improcedencia, conviene establecer las siguientes premisas. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -7- Los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -8- De dichos preceptos legales se desprende que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que provengan de autoridades responsables para efectos del juicio constitucional, entendiéndose por autoridad responsable la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé -para la procedencia del juicio de amparo- una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el proceso legislativo que dio origen a la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se explicó el alcance de esta nueva disposición al tenor de las siguientes consideraciones: "DICTAMEN CÁMARA DE SENADORES [.] Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -9- los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el "enemigo a vencer" por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la "garantía individual" de supra-subordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -10- vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -11- concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -12- ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión." "DICTAMEN CÁMARA DE DIPUTADOS (.) Entre otras innovaciones, se define el acto de autoridad independientemente de la naturaleza formal de la persona que lo emitió, cuya potestad derive de una norma general y abstracta, que sea unilateral e imperativa sobre el quejoso, que sea asimilable por ley a una función pública y que no tenga un medio adecuado o vía ordinaria para remediarlo que lo deje en estado de indefensión, ampliando el concepto de autoridad responsable." JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -13- Como se observa, en el proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes de particulares a través de los cuales se afecte la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello signifique el abandono de los medios de defensa ordinarios y, aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado3. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, venía sosteniendo que las características del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo4 , consistían en las siguientes: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b). Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. 3 Ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintinueve de enero de dos mil catorce, dictada en el amparo directo 46/2013 4 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Tesis aislada P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, febrero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199459 JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -14- c). Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d). Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Esto derivó del hecho de que el citado Máximo Tribunal consideró que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino sólo aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquéllos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Por ello, ha interpretado que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquél que tiene origen en una relación de supra a subordinación5. En esa línea argumentativa, sólo puede ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúna todos y cada uno de los 5 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Tesis 2a. XXXVI/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, materia Administrativa, página 307, con registro 194367. Se precisa que si bien las tesis citadas son anteriores a la Décima Época, las mismas resultan aplicables en la medida que no se oponen a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -15- elementos ya citados que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio amparo. Así, sólo puede ser considerado un acto de autoridad o el realizado por un particular equiparable a un acto de autoridad, el que se emite por un ente o particular, en una relación de supra a subordinación, que tenga su origen en la ley, que dote al ente oficial o particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad y que virtud de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas de los particulares. Aunado a lo anterior, debe establecerse que existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -16- se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.36 K, Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -17- actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -18- el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Así pues, cuando las dependencias o funcionarios del Estado actúan como patrones es improcedente el juicio de amparo, toda vez que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Entonces, la relación entre el aquí quejoso y el Instituto Nacional de Migración, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es de carácter laboral, pues este último actuó como persona moral oficial de derecho privado, esto significa que cualquier decisión que adopte como patrón con motivo del desempeño de las labores del impetrante de garantías, no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el patrón deben ser ventilados ante los tribunales en materia laboral de su jurisdicción, que es un órgano creado para ese fin. Tienen aplicación al JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -19- caso la jurisprudencia del Más Alto Tribunal de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación".6 Hasta aquí el marco jurídico. SUBSUNCIÓN 6 Época: Décima Época, Registro: 2011343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), Página: 1956. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -20- Así, en el caso a examen, de la demanda de amparo se observa que el quejoso reclama a) la orden para el cese de su encargo como Agente Federal de Migración B y su ejecución, así como b) la emisión y contenido del oficio INM/DGA/DAP/00632/2002 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y su notificación, los cuales derivan de la relación laboral que mantenía con el Instituto Nacional de Migración, al encontrarse adscrito a la Oficina de Representación de esa Institución, en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, los actos que se reclaman no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón; es decir, deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo. Por lo cual, al emitir los actos reclamados las autoridades señaladas como responsables Subdirector de Área de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta Ciudad, Dirección de Administración de Personal y Comisionado ambos del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México, no se encuentran en un plano superior dotados de autoridad, sino que constituye un acto en su calidad de patrón del solicitante del amparo. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -21- De modo que, cualquier decisión que adopten las potestades responsables con motivo de la relación laboral que guardan, entre ellas, el cese de su puesto como Agente Federal de Migración "B", adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de dicha relación; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y la patronal, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que un ente de la Administración Pública ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Lo anterior es así pues, como ya se vio en las premisas antes insertadas, para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En suma, el juicio de amparo no es el medio para reclamar los derechos que la parte quejosa considera le han sido violados, pues el promovente tiene a su JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -22- alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, ante las autoridades competentes de acuerdo con el vínculo trabajador-patrón que existe entre la quejosa y el Instituto Nacional de Migración que señala como autoridad responsable. Tiene aplicación, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.)8 que se lee: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -23- acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de suprasubordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -24- pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Además, no es óbice para lo aquí resuelto las jurisprudencias 2a./J. 72/2013 (10a.), 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 31/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." y "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE 'NO APROBADO', DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -25- CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que los agentes federales de migración no están incluidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y, en consecuencia, no estamos frente a actos de imposible reparación, al no ser aplicable la limitante para que pueda ser reinstalado en caso de que obtengan una sentencia que declare injustificada su baja, cese, remoción o cualquier otra forma de terminación del servicio, lo que protege su derecho sustantivo a no ser separado injustificadamente de sus funciones. Ello es así, dado que la prohibición de reinstalar o reincorporar al servicio a servidores públicos cuando obtengan una sentencia que declare injustificada su baja, cese, remoción o cualquier otra forma de terminación del servicio, se encuentra dirigida a los: i) agentes del Ministerio Público, ii) peritos y, iii) miembros de las instituciones policiales de la Federación, Ciudad de México, los Estados y los Municipios, sin que se advierta que esa disposición deba hacerse extensiva a todo servidor público que esté obligado a someterse a algún proceso de certificación, ni que mencione expresamente al personal de migración; al efecto los Agentes Federales de Migración forman parte del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, regulada en términos de los artículos 25 de la Ley de Migración y 28 de su reglamento, que es distinta a la carrera policial prevista JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -26- en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXVII.3o.31 A, Materia Constitucional, Administrativa, Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: AGENTES FEDERALES DE MIGRACIÓN. NO LES ES APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA REINSTALARLOS, EN CASO DE QUE OBTENGAN UNA SENTENCIA QUE DECLARE INJUSTIFICADA SU BAJA, CESE, REMOCIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO. De la interpretación del precepto constitucional citado, se colige que la prohibición de reinstalar o reincorporar al servicio a servidores públicos cuando obtengan una sentencia que declare injustificada su baja, cese, remoción o cualquier otra forma de terminación del servicio, se encuentra dirigida a los: i) agentes del Ministerio Público, ii) peritos y, iii) miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), los Estados y los Municipios, sin que se advierta que esa disposición deba hacerse extensiva a todo servidor público que esté obligado a someterse a algún proceso de certificación, ni que mencione expresamente al personal de migración; de ahí que conforme al principio que establece que donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir, no debe hacerse una interpretación forzada de leyes de menor jerarquía para pretender adicionar supuestos legales en la Constitución Política de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -27- los Estados Unidos Mexicanos, para incluir en la limitante para reincorporarse al servicio a los agentes federales de migración, pues no son: a) agentes del Ministerio Público, sea federal o local, pues se distinguen de éstos en la denominación del puesto y en que no prestan su servicio público en alguna procuraduría, sino en el Instituto Nacional de Migración, y sus funciones no consisten en investigar y perseguir los delitos; b) peritos, porque no actúan bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, no pertenecen a una procuraduría, ni son designados por una autoridad judicial, además de que sus labores no consisten en realizar peritajes; o, c) miembros de una institución policial, ya que si bien al Instituto Nacional de Migración se le considera una instancia de seguridad nacional, es con el fin de compartir información migratoria relacionada con la seguridad nacional, pero como órgano técnico desconcentrado que atiende los asuntos relativos a la materia, que no se encarga de realizar funciones similares a la investigación, prevención y reacción a que se refiere el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que pueda ser catalogada una institución policial. Asimismo, el agente federal de migración no se encuentra sujeto a la carrera policial, que en términos del artículo 78 de este último ordenamiento consiste en el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual, se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las instituciones policiales; por el contrario, forma parte del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, regulada en términos de los artículos 25 de la Ley de Migración y 28 de su reglamento, que es distinta a la carrera policial prevista en la Ley JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -28- General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por tanto, los agentes federales de migración no están incluidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y, en consecuencia, no les es aplicable la limitante para que puedan ser reinstalados en caso de que obtengan una sentencia que declare injustificada su baja, cese, remoción o cualquier otra forma de terminación del servicio. Además, no se opone a la anterior conclusión la circunstancia de que inicialmente se haya dado trámite a la demanda de amparo con que se formó este asunto y ahora en el dictado de la presente sentencia se estime que la misma es improcedente debido a que a las autoridades aquí señaladas como responsables, no les reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Máxime que la circunstancia que los actos reclamados sean o no de autoridad para los efectos del juicio de amparo, no es un análisis que se pueda realizar en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, pues la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 54/20129 (10a.) acotó que no es la actuación procesal oportuna para analizar dicho tópico, sino que su estudio es propio de la sentencia de amparo como la que aquí se dicta; aunado a ello, así lo avaló el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el treinta y uno de mayo del año en curso, al resolver las quejas 132/2020 y 133/2020. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -29- Jurisprudencia en mención que es del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." (Lo resaltado se hace en esta sentencia) CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -30- Luego, al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los motivos de disenso. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Brayan Yusset Matus Luis, respecto del acto reclamado y por las autoridades responsables, plasmadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 08/03/24 23:45:06 JUICIO DE AMPARO 490/2022 -31- Así lo resolvió y firma electrónicamente la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe; hoy veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

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