Brayan Ulises Velazquez Nava

Expediente 688/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
688/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Brayan Ulises Velazquez Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual se comunica la determinación por la que se acusa de recibo del diverso oficio por el cual se le enviaron los autos originales del juicio de amparo 688/2023-V de este índice; asimismo, se informa que se acepta la competencia declinada por este juzgado federal y se avoca al estudio del asunto; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluid Ahora bien, en cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de INCOMPETENCIA; éste es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** y/o ********************, por derecho propio, contra actos de los Magistrados de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, regístrese con el número de juicio 688/2023-V; genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis Ahora bien, del contenido de la demanda se advierte que el acto que la parte quejosa reclama, es el siguiente: La sentencia definitiva emitida el once de julio de dos mil veintitrés, por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del Toca P.O. ********************, en la que se condenó al aquí quejoso a diez años de prisión al haberlo considerado penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio calificado. Competencia Puntualizando lo anterior, este juzgador considera carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo en razón de grado, respecto del acto y autoridades responsables señaladas el escrito de demanda. Ello es así, pues uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De ahí que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito que al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, deben remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Bajo esa premisa, como se anunció, este órgano constitucional estima carecer de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de grado. Al efecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), fracción V, inciso a) y fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. [.] VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; [.].". Asimismo, los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.].". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.).". "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley.". En ese sentido, de la lectura de los artículos citados, conduce a establecer que cuando los actos de autoridad que se reclamen no sean de los ahí previstos, esto es, sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que a contrario sensu hace concluir que cuando se reclamen esos actos -sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos-, procederá el amparo directo. El concepto de sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, como se advierte del contenido del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que: "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido", lo cual pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son únicamente tres: a) sentencias definitivas; b) resoluciones que ponen fin al juicio; y, c) laudos. En ese sentido, de las constancias de autos se advierte que el acto que se reclama lo es la sentencia definitiva emitida el once de julio de dos mil veintitrés, por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del Toca P.O. ********************, en la que se condenó al quejoso a diez años de prisión al haberlo considerado penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio calificado, y que constituye una resolución que pone fin al juicio. Por ello, es evidente que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47, 170 y 176, de la Ley de Amparo; en virtud de que al reclamarse la sentencia definitiva antes aludida, se está en el supuesto que prevé el citado artículo 170, de la Ley de la Materia, esto es, que el quejoso reclama la sentencia que puso fin al juicio, siendo competente, en el caso, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente sumario constitucional, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, para que por su conducto sea turnado al Tribunal Colegiado respectivo, solicitándole al órgano que conozca del mismo el acuse de recibo, con la finalidad de que se pronuncie sobre la competencia planteada por este Juzgado. Domicilio del quejoso Se tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en el que señala en su escrito; por tanto, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al justiciable todos los acuerdos que recaigan en el presente expediente. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente.

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