Brayan Silvio Calderon Mendez
Expediente 351/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Brayan Silvio Calderon Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la determinación dictada en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula del mismo, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta remitidos vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en atención a su contenido, se provee: Ahora bien, visto el anexo de cuenta, en concepto de la suscrita, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos:a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su oficio de cuenta, copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo migratorio 1275, en el que se hizo constar que el tres de abril del presente año ordenó la salida de la estación migratoria del aquí quejoso, con la obligación de que compareciera a firmar ante dicha autoridad los días establecidos. Igualmente se observa que, la citada autoridad responsable informó que el aquí quejoso se sustrajo del control de firmas decretado en el momento de su salida, por lo que, al no haberse presentado ante la autoridad migratoria y, ante la imposibilidad de la continuación del procedimiento administrativo se dio por concluido el mismo. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta remitidos vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en atención a su contenido, se provee: Ahora bien, visto el anexo de cuenta, en concepto de la suscrita, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos:a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su oficio de cuenta, copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo migratorio 1275, en el que se hizo constar que el tres de abril del presente año ordenó la salida de la estación migratoria del aquí quejoso, con la obligación de que compareciera a firmar ante dicha autoridad los días establecidos. Igualmente se observa que, la citada autoridad responsable informó que el aquí quejoso se sustrajo del control de firmas decretado en el momento de su salida, por lo que, al no haberse presentado ante la autoridad migratoria y, ante la imposibilidad de la continuación del procedimiento administrativo se dio por concluido el mismo. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación de las autoridades responsables; por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente el informe relativo a la suspensión de plano, registrado con el progresivo de correspondencia interna 4605, mediante el cual el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí informó que el quejoso Brayan Silvio Calderón Méndez, fue puesto a disposición de dicha Oficina de Representación, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós y que, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración, se resolvería en definitiva su situación jurídica dentro de un plazo no mayor a quince días, mismo que, según como lo asentó, fenecía el catorce de abril del presente año. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables, a fin de que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción del oficio que deriva del presente auto, informen el estado que guarda el procedimiento administrativo migratorio de origen; debiendo remitir para tal efecto, las constancias que acrediten lo anterior. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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