Brayan Morgado Rodriguez
Expediente 1542/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 19 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brayan Morgado Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda promovida por ********, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo, y regístrese con el número 1542/2023-II. Desechamiento. De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que reclama: El auto dictado el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en el expediente *******, por el Juez Cuarto de lo Familiar de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que decretó alimentos por el quince por ciento (15%), sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias del hoy quejoso. Partiendo de esa base, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, Administrativo o del Trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Expuesto lo anterior, se advierte que el quejoso se duele del auto dictado por el juez natural en el que decretó alimentos por el quince por ciento (15%), sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias del hoy quejoso. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, en el Título Décimo Sexto denominado "De las controversias del orden familiar", en la parte que interesa, establece: "Artículo 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore". "Artículo 951. Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía". "Artículo 952. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes". Además de los preceptos transcritos, la misma legislación en los numerales 79 y 691, indican: "Artículo 79. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI. Sentencias definitivas." "Artículo 691. (.) Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." De los preceptos transcritos, se desprenden las premisas siguientes: a) Las resoluciones sobre cuestiones del orden familiar pueden ser apeladas. b) Se consideran resoluciones, entre otras, aquellas determinaciones que se ejecuten provisionalmente y se llaman autos provisionales, así como simples determinaciones de trámite, que se denominan decretos. c) Los autos e interlocutorias son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. d) La sentencia definitiva dictada en los juicios del orden familiar, es apelable. Entonces, resulta inconcuso que el acto reclamado es impugnable a través del recurso de apelación, dado que se parte del hecho consistente en que el litigio primigenio es una controversia del orden familiar, misma que por su propia naturaleza es de cuantía indeterminada, por lo que las reglas atinentes a los recursos son las establecidas para ese tipo de contiendas, sin que puedan variar en lo concerniente a los incidentes que se deriven de la controversia principal. El artículo 688 de la legislación en cita, establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del juez. En ese contexto, debió agotar el recurso de apelación previsto en la ley ordinaria, antes de la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior es así, porque al ser impugnable la actuación reclamada a través del recurso de apelación, es indudable que antes de acudir a promover demanda de amparo, el quejoso tenía la obligación de interponerlo, y al no agotarlo, el acto reclamado carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de definitividad, el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado. Así, los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él, es necesario agotar en la vía ordinaria, en el caso concreto, el recurso de apelación contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, si el señalado recurso de apelación tiene por finalidad revocar o modificar la actuación reclamada, es evidente que a través de dicho medio de impugnación, el promovente pudo hacer valer los agravios que considerara le depara la determinación del juez de origen. Sostiene lo reseñado, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Así como la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 513, Tomo XV-2, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 208764, cuyo rubro señala: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA". Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite comenzar un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Ello, con independencia que se argumente que el acto reclamado es de imposible reparación, pues tales circunstancias no generan, per se, una excepción a la regla de definitividad, en virtud que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos combatidos. Por lo expuesto, se determina que el promovente tenía la carga de interponer el recurso de apelación en contra del auto reclamado, por lo que previo al juicio de amparo debió agotar dicho medio de defensa, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), fracción III, del precepto 107 constitucional, pues existe la posibilidad de que pudiera ser revocado o modificado, y así desaparecer el agravio que dice sufrió. Por ende, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2113, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro ****, de contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA.". Además, tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del arábigo 61 de la legislación reglamentaria únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, y cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Resulta aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 340, Tomo III, enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 203473, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO)". Debe destacarse que no se está en el supuesto de excepción al referido principio, pues no hay una determinación que encuadre en dicho supuesto. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y 113 de la ley de la materia, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa. Con apoyo en el numeral 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se tiene como tal las listas de este juzgado, por designación expresa del quejoso. Autorizados. Con base en la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a ****** y *****, al contar con su cédula dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Se permite a la parte quejosa mediante el usuario "*******", lo anterior de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo; asimismo, que las notificaciones se le realicen por dicho medio, ello con base en el precepto 26, fracción IV, de la propia ley. En el entendido que la elección de esta modalidad debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan por lista. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2405, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". Proporciona correo electrónico y número telefónico. No ha lugar a tener el correo electrónico y número telefónico que proporciona como medio oficial para recibir notificación, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, únicamente contempla que las notificaciones se llevarán a cabo de manera personal, por oficio, por lista y por vía electrónica a las partes que así lo soliciten expresamente, pero para que sean realizadas en la última vía mencionada es necesario que previamente proporcionen el nombre de usuario y que expresamente soliciten dicha notificación electrónica; por lo que las notificaciones vía telefónica, o bien, vía correo electrónico, no son medios de comunicación procesal contemplados en la referida ley. Medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese electrónicamente al quejoso. MESA* II
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