Brayan Johan Garcia Quijada
Expediente 1798/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1798/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2017
Partes del expediente
- Brayan Johan Garcia Quijada
- Juez De Control Especializado En El Sistema Integral De Justicia Penal Para Adolescentes De Toluca, Estado De México
Actuaciones
- Principal
III La certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, evidencian que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
III Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Brayan Johan García Quijada, por derecho propio, contra actos del Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia penal para Adolecentes de Toluca y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1798/2017-III. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el ordinal 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo, 18 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De la lectura integra de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "V ACTO RECLAMADO: AUTO DICTADO EN AUDIENCIA ORAL DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, dictado en mi contra dentro de la causa penal 106/2017; toda vez que el mismo fue emitido apartado de la lógica y normatividad jurídica existentes, en el quo indebidamente el Juez de Control Constitucional, determinó NEGAR LA EMISION DE UN OFICIO AL DIRECTOR DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO QUINTA DEL BOSQUE, QUE SE SOLICITO MI DEFENSOR PRIVADO JOSE LUIS POBLETTE BAUTISTA, PARA QUE PERMITIERAN EL ACCESO A DICHO CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES QUINTA DEL BOSQUE, A MIS PERITOS EN MEDICINA LEGAL DOCTORA MARIA DE LA LUZ PIEDRA PICHARDO Y EN MATERIA DE PSICOLOGIA FORENSE Y PERITO EN CRIMINALISTICA DANIEL GONZALEZ CARDENAS, PARA QUE ME REALIZARAN UNA ENTREVISTA, TEST PSICOLOGICOS, OBSERVACION DIRECTA A MI PERSONA, Y NEGO TAMBIEN EL ACCESO AL MATERIAL NECESARIO QUE OCUPARAN DICHOS PERITOS PARA LA ELABORACION DE SUS DICTAMENES COMO CAMARA FOTOGRAFICA, TEST, EQUIPO MEDICO, ETC., NEGO TAMBIEN QUE LOS PERITOS ANTES MENCIONADOS REALIZARAN ENTREVISTA, APLICACION DE TEST PSICOLOGICOS, OBSERVACION DIRECTA EN EL CUERPO DE LA MENOR VICTIMA AMQP, Y NEGO LA OBSERVACION Y FIJACION DE UNA PANTALETA COLOR ROSA SIN TALLA, CON MANCHA ROJIZA, EMBALADA Y ETIQUETADA PARA INICIO DE CADENA DE CUSTODIA POR LA MEDICO LEGISTA M.C. ANGELICA VARELA MARTINEZ, SIENDO QUE ERA NECESARIO QUE SE LES DIERAN ESAS FACILIDADES A MIS PERITOS PARA QUE REALIZARAN SU TRABAJO, Y PUDIERAN EMITIR SU DICTAMEN POR ESCRITO, LOS CUALES PRETENDIAMOS ACOMPARAR EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA QUE SE CELEBRARIA DIAS POSTERIORES." Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la misma legislación los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Asimismo, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, el quejoso refiere que el auto dictado en audiencia oral de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 106/22017, mediante el cual el Juez de Control determinó negar la emisión del oficio al Director del Centro de Internamiento Quinta del Bosque, para que permitiera el acceso a los peritos en medicina legal, materia de psicología forense y criminalística para realizarle una entrevista, así como negarles el acceso al material necesario para la elaboración de sus dictámenes, el cual le fue notificado el diecisiete de octubre del año en curso, pues es de explorado derecho que las audiencias en las que los juzgados de control resuelven los términos constitucionales, son audiencias públicas que requieren la presencia del directamente inculpado como lo establece el artículo 84 del Código Nacional Penal, que literalmente establece lo siguiente: Regla general sobre notificaciones: "Artículo 84. Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias." Así como lo establecido por el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Por tanto, desde ese entonces se encontraba en aptitud de combatir el auto dictado en audiencia oral de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Así, en términos de lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos al día siguiente en términos de dicho numeral. Por ende, la notificación de la resolución reclamada fue verificada en la misma fecha en la cual fue dictada; esto es, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, por tal motivo, surtió sus efectos al día siguiente, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del diecinueve de octubre al trece de noviembre de dos mil diecisiete, previo descuento de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre, así como los días, uno, dos, tres de noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad con la circular 34/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los días, cuatro, cinco, once y doce de noviembre del año en curso, en razón haber sido sábados y domingos e inhábiles acorde con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impreso en la parte superior derecha de la demanda de amparo. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación conforme a la ley del acto; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciséis de noviembre de dos mil dieisiete, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4, localizable en la página 8 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la tesis consultable en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la jurisprudencia 1a ./J.30/2007 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Instancia Primera Sala, tomo XXV, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que el auto de audiencia oral de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que reclama el agraviado no tiene el carácter de sentencia definitiva. Asimismo, en la segunda de las fracciones mencionadas se sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Se afirma lo anterior porque en el caso particular, no se trata de ataque a la libertad fuera de procedimiento, sino por el contrario, el acto reclamado, el cual afecta la libertad del quejoso, fue emitido en un procedimiento penal, no fuera de él. Por tanto, el quejoso no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo, 18 y 113 de la misma legislación; por lo tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Brayan Johan García Quijada. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, y por encontrase registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Poblette Bautista, y a las restantes personas en términos restringidos de dicho numeral, limitación que se establece hasta en tanto tengan registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de Días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído diecisiete de los actuales, en cumplimiento al aviso de veintidós de los actuales. III Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Brayan Johan García Quijada, por derecho propio, contra actos del Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia penal para Adolecentes de Toluca y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1798/2017-III. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el ordinal 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo, 18 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De la lectura integra de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "V ACTO RECLAMADO: AUTO DICTADO EN AUDIENCIA ORAL DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, dictado en mi contra dentro de la causa penal 106/2017; toda vez que el mismo fue emitido apartado de la lógica y normatividad jurídica existentes, en el quo indebidamente el Juez de Control Constitucional, determinó NEGAR LA EMISION DE UN OFICIO AL DIRECTOR DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO QUINTA DEL BOSQUE, QUE SE SOLICITO MI DEFENSOR PRIVADO JOSE LUIS POBLETTE BAUTISTA, PARA QUE PERMITIERAN EL ACCESO A DICHO CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES QUINTA DEL BOSQUE, A MIS PERITOS EN MEDICINA LEGAL DOCTORA MARIA DE LA LUZ PIEDRA PICHARDO Y EN MATERIA DE PSICOLOGIA FORENSE Y PERITO EN CRIMINALISTICA DANIEL GONZALEZ CARDENAS, PARA QUE ME REALIZARAN UNA ENTREVISTA, TEST PSICOLOGICOS, OBSERVACION DIRECTA A MI PERSONA, Y NEGO TAMBIEN EL ACCESO AL MATERIAL NECESARIO QUE OCUPARAN DICHOS PERITOS PARA LA ELABORACION DE SUS DICTAMENES COMO CAMARA FOTOGRAFICA, TEST, EQUIPO MEDICO, ETC., NEGO TAMBIEN QUE LOS PERITOS ANTES MENCIONADOS REALIZARAN ENTREVISTA, APLICACION DE TEST PSICOLOGICOS, OBSERVACION DIRECTA EN EL CUERPO DE LA MENOR VICTIMA AMQP, Y NEGO LA OBSERVACION Y FIJACION DE UNA PANTALETA COLOR ROSA SIN TALLA, CON MANCHA ROJIZA, EMBALADA Y ETIQUETADA PARA INICIO DE CADENA DE CUSTODIA POR LA MEDICO LEGISTA M.C. ANGELICA VARELA MARTINEZ, SIENDO QUE ERA NECESARIO QUE SE LES DIERAN ESAS FACILIDADES A MIS PERITOS PARA QUE REALIZARAN SU TRABAJO, Y PUDIERAN EMITIR SU DICTAMEN POR ESCRITO, LOS CUALES PRETENDIAMOS ACOMPARAR EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA QUE SE CELEBRARIA DIAS POSTERIORES." Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la misma legislación los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Asimismo, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, el quejoso refiere que el auto dictado en audiencia oral de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 106/22017, mediante el cual el Juez de Control determinó negar la emisión del oficio al Director del Centro de Internamiento Quinta del Bosque, para que permitiera el acceso a los peritos en medicina legal, materia de psicología forense y criminalística para realizarle una entrevista, así como negarles el acceso al material necesario para la elaboración de sus dictámenes, el cual le fue notificado el diecisiete de octubre del año en curso, pues es de explorado derecho que las audiencias en las que los juzgados de control resuelven los términos constitucionales, son audiencias públicas que requieren la presencia del directamente inculpado como lo establece el artículo 84 del Código Nacional Penal, que literalmente establece lo siguiente: Regla general sobre notificaciones: "Artículo 84. Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias." Así como lo establecido por el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Por tanto, desde ese entonces se encontraba en aptitud de combatir el auto dictado en audiencia oral de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Así, en términos de lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos al día siguiente en términos de dicho numeral. Por ende, la notificación de la resolución reclamada fue verificada en la misma fecha en la cual fue dictada; esto es, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, por tal motivo, surtió sus efectos al día siguiente, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del diecinueve de octubre al trece de noviembre de dos mil diecisiete, previo descuento de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre, así como los días, uno, dos, tres de noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad con la circular 34/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los días, cuatro, cinco, once y doce de noviembre del año en curso, en razón haber sido sábados y domingos e inhábiles acorde con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impreso en la parte superior derecha de la demanda de amparo. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación conforme a la ley del acto; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciséis de noviembre de dos mil dieisiete, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4, localizable en la página 8 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la tesis consultable en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la jurisprudencia 1a ./J.30/2007 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Instancia Primera Sala, tomo XXV, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que el auto de audiencia oral de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que reclama el agraviado no tiene el carácter de sentencia definitiva. Asimismo, en la segunda de las fracciones mencionadas se sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Se afirma lo anterior porque en el caso particular, no se trata de ataque a la libertad fuera de procedimiento, sino por el contrario, el acto reclamado, el cual afecta la libertad del quejoso, fue emitido en un procedimiento penal, no fuera de él. Por tanto, el quejoso no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo, 18 y 113 de la misma legislación; por lo tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Brayan Johan García Quijada. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, y por encontrase registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Poblette Bautista, y a las restantes personas en términos restringidos de dicho numeral, limitación que se establece hasta en tanto tengan registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de Días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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