Brayan Fanier Álvarez Rojas

Expediente 895/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
895/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Brayan Fanier Álvarez Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio suscrito por el Juez Sexto Familiar de Cuautitlán México, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el treinta y uno de agosto del año que transcurre, en consecuencia, se tienen por recibidas las constancias solicitadas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de ésta, las documentales adjuntas al oficio de cuenta. En tales condiciones, dese vista a las partes con dichas documentales en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Brayan Fanier Álvarez Rojas, por propio derecho; regístrese bajo el número 895/2021-VII. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México en el toca 507/2021, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por él contra el auto de dos de agosto de este año, dictado por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan dentro del expediente de origen 24/2018. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juzgado de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. En la hipótesis se advierte la actualización de la causa de improcedencia comprendida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se exponen. Primeramente debe decirse que los órganos de Justicia Federal facultados para crear criterios interpretativos que en forma de precedente tienen obligatoriedad para las autoridades jurisdiccionales del país, han estimado que la relación sistemática que deriva de los supuestos normativos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, radica un motivo de improcedencia distinto de los que en dichas porciones normativas se encuentran expresamente reguladas, como lo es el supuesto de ineficacia de la acción constitucional conocida como acto derivado de otro consentido, tal y como lo sostiene la tesis III.1°.A.11 K, con número de registro 202345, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582 del tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". De igual forma resulta ilustrativa la tesis con número registro 230859, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 52, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". En adición, también es necesario precisar que la funcionalidad de la hipótesis de improcedencia que se comenta lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal causal es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a) La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b) La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el hecho primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el acto anterior o primario; esto es, que el derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c) Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Al respecto, se invoca la tesis registrada con el número 232011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Tomo 217-228, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". En armonía con lo expuesto es menester apuntar que para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -se entiende por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- a través del juicio de amparo, de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la hipótesis de imposibilidad que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de amparo que exige forzosamente la existencia de un perjuicio cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el juicio de amparo, porque la naturaleza misma de éste es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludible la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo. Presupuesto que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo, y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa- (esto es, que no se haya promovido el juicio de amparo). Pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque sería imposible considerar que se consintió algo que era inexistente, sin ser la nada materia de consentimiento. Para una mejor comprensión de este punto, conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; luego, el Diccionario de la Lengua Española, define al primer vocablo como "Del participio de consentir". "Consentir. (.) 4. tr. Der. Otorgar, obligarse. 5. tr. Der. Arg. Acatar una resolución judicial o administrativa sin interponer contra ella los recursos disponibles (.)"; además, precisa que es sinónimo de tolerar, acceder, admitir, conformarse, entre otros; y en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica: "Del participio de derivar". "Derivar. Dicho de una cosa: Tener su origen en otra. U. t. c. prnl". En ese sentido debe entenderse que por consentido implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto -beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. De todo lo hasta aquí expuesto, se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia en estudio, el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado de la autoridad responsable Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México consiste en: la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México en el toca 507/2021, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por él contra el auto de dos de agosto de este año, dictado por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan dentro del expediente de origen 24/2018. A efecto de establecer la actualización de la causal de improcedencia, resulta pertinente la cita de los siguientes antecedentes relevantes: -Se inició una acción de reconocimiento de paternidad promovida por Adriana Arbeláez Gutiérrez, en relación con el menor de iniciales I.A.G., posteriormente a su admisión se emplazó a juicio a Brayan Fanier Álvarez Rojas (aquí quejoso). -Se tuvo al accionado contestando la demanda en su contra. -El treinta de abril del año dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia inicial, en la que el demandado (aquí quejoso) ofertó como medio de prueba pericial en genética molecular respecto a él, con el menor, así como a la accionante; sin embargo, el juez la admitió pero únicamente por cuanto hace al ofertante y el menor. -El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se tomó la muestra para la pericial en genética molecular, del quejoso y el menor. -El dos de agosto del año en curso, se abrió el resultado de la prueba pericial en genética molecular (ADN) únicamente por cuanto hace a Brayan Fanier Álvarez Rojas y al menor de iniciales I.A.G, donde se desahogó la audiencia de apertura de resultados periciales dentro del expediente 24/2018 y como consecuencia el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, tomó la medida provisional de fijar una carga económica para alimentos. -El nueve de agosto de dos mil veintiuno, Brayan Fanier Álvarez Rojas, interpone recurso de apelación contra la resolución de dos de agosto del año en curso del Juez; mismo que el diez posterior fue inadmitido. -Contra dicha inadmisión interpuso recurso de queja en la cual por turno le correspondió conocer a la Primera Salara Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, bajo el número de toca 507/2021, emitiendo la interlocutoria el veinticinco de agosto del año en curso declarando infundado el recurso de queja. RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE AQUÍ EL ACTO RECLAMADO. En ese contexto, de lo expuesto por la parte quejosa se observa que el acto reclamado destacado que se analiza en el presente juicio, tuvo su origen y no es más que una consecuencia directa del auto de treinta de abril de este año relativo a la admisión de la prueba pericial en genética molecular ofertada por el quejoso, únicamente por cuanto hace a él y al menor, así como su desahogo mediante la toma de muestras el dieciocho de mayo de esta anualidad, siendo esa la primera determinación lo que en su caso realmente le irrogaba perjuicio y que de ser la hipótesis para efectos del juicio de amparo constituía un acto de los denominados de imposible reparación al violentar derechos como puede ser el relativo a la intimidad. De ahí que el peticionario del amparo tuvo conocimiento del acto primario desde el treinta de abril del año en curso, y al no promover el juicio de amparo en contra de éste, por ende, se considera consentido. Dicho de otro modo, debe decirse que lo que en realidad deparaba perjuicio a la parte quejosa dicho proveído de treinta de abril de este año al admitirse la pericial en cuestión; máxime que al comparecer el dieciocho de mayo del año en curso para el desahogo de su valoración pericial en genética molecular (ADN) expresó su consentimiento lo que indirectamente dio origen al acto reclamado en este juicio atento a que no interpuso el recurso ordinario ante el juez del proceso ni tampoco promovió juicio de amparo. Por tanto, la resolución de segunda instancia que por esta vía impugna, no es más que una consecuencia directa e inmediata del auto emitido el treinta de abril de este año, donde se generó el perjuicio del que se duele la parte quejosa. En ese sentido, si la justiciable consintió tal proveído de treinta de abril de este año, al abstenerse de impugnar en su oportunidad, mediante juicio de amparo, debe considerarse también como consentido el desahogo mediante la toma de muestras, así como sus consecuencias, que se identifican con su apertura el dos de agosto de este año, el cual es la génesis de la resolución de la alzada de veinticinco de ese mes y anualidad, y al ser el acto reclamado combatido en el presente asunto, una consecuencia de aquél, es inconcuso que opera la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, como anticipadamente se mencionó al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Brayan Fanier Álvarez Rojas, por derecho propio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Respecto a los correos manueljosecanta@gmail.com y solucionjuridica3@yahoo.com.mx, así como los números telefónicos, que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a números telefónicos, y por cuanto hace al diverso medio, lo cierto es que en la especie al verificar el "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dichos correos no están asignados a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que fijaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veinte de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA. En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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