Brayan Ezequiel Sánchez Sosa
Expediente 202/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Brayan Ezequiel Sánchez Sosa
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; atento a su contenido, téngasele informando que el recurso de queja promovido por el quejoso Brayan Ezequiel Sánchez Sosa, se declaró infundado, quedando en su punto resolutivo de la siguiente manera: Ahora, ya que el Tribunal no remitió copia certificada de la ejecutoria, pues esta puede ser consultable en la página de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo que obténgase copia de la misma y certifíquese para que obre en autos. Así, acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el nueve de junio de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; atento a su contenido, téngasele comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por el quejoso Brayan Ezequiel Sánchez Sosa, contra el auto de desechamiento dictado en el presente asunto; radicándose al efecto el toca 136/2023. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Brayan Ezequiel Sánchez Sosa, quejoso en el presente asunto; atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de quince de marzo del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; por consiguiente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase sin dilación alguna el escrito original de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, así como copia certificada del juicio de amparo 202/2023, para los efectos legales a que haya lugar; y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto, se desechó la demanda de amparo al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se estima conveniente destacar que el motivo del desechamiento de la demanda fue que el acto reclamado en la demanda de amparo de amparo, no podía ser calificado como de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos, por lo que no es susceptible de análisis constitucional en la vía indirecta. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. AMH/cpg*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Brayan Ezequiel Sánchez Sosa, un anexo y seis copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 202/2023-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario 864/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que se declaró desierta la prueba pericial en materia de documentoscopía, al no haber dado cumplimiento al requerimiento formulado por auto de dieciséis de agosto del año próximo pasado (designación de perito y exhibición de cuestionario sobre el cual versaría la prueba pericial de documentoscopía). Lo anterior, pues del análisis del cuestionario ofrecido para la probanza de referencia la responsable concluyó que no se refiere al estudio del documento y su llenado, de falsedad o existencia de alteraciones, sino al análisis de las firmas, por lo que ello corresponde a la prueba de grafoscopía, misma que ya está desahogada; de ahí que la responsable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 185 y 187 de la Ley Agrario en relación con el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, declaró desierta la prueba pericial en materia de documentoscopía. Atento a lo anterior, el que suscribe considera que respecto a dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo por analogía lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 24/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 297, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso." Asimismo, se cita el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 352351, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, página 1496, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LAS. El juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha las pruebas ofrecidas por el quejoso, en un incidente de nulidad, porque dicha resolución se encuentra comprendida entre las violaciones del procedimiento, que no dejan sin defensa al agraviado, y las cuales deben ser simplemente reclamadas oportunamente, por los medios legales, a efecto de formular en contra de la negativa, la reclamación y la protesta de ley, para preparar el amparo directo que se haga valer, de acuerdo con los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, cuando dictada sentencia definitiva, ésta cause la violación fundada precisamente en el desechamiento de la prueba." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". DOMICILIO, AUTORIZADOS Y ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado. Téngase por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas citadas en el proemio de la demanda de amparo, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario JIOQUINTO, para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico referido en la demanda de mérito; como medio de contacto, es decir, comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. AMH/cpg*
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