Brayan Carreno Arroyo
Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/02/2023
Partes del expediente
- Brayan Carreno Arroyo
Actuaciones
- Principal
III. Del estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de **, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Por tanto, toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
III. Visto el ocurso de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada en auto de +++, por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. Por tanto, a fin de proveer lo conducente es dable mencionar lo siguiente: En el proveído referido en el párrafo que antecede, se previno a la parte quejosa a fin de que realizara lo siguiente: "ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, deberá realizar una narración sucinta, completa y cronológica de los antecedentes del acto reclamado, en la que manifieste la fecha exacta en que se dictó la resolución interlocutoria promovida por la tercero interesada +++, en el año dos mil veintidós (punto número 2 de sus antecedentes), en la que se decretó el incremento del pago de la pensión alimenticia por la cantidad de +++, así como la data de notificación al quejoso de esa determinación, misma que obra en el expediente +++. En el ocurso que se atiende, la quejosa en atención a lo anterior, refiere lo siguiente: +++. De lo anterior se advierte que la quejosa dio cabal cumplimiento a la citada prevención; por tanto, se tiene por desahogada la misma y se ordena proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda de amparo. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que del análisis integral de la demanda de amparo, el acto reclamado consiste en: El acuerdo de +++, en la que se ordena el incremento de la pensión alimenticia en el juicio +++ del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En este caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. La hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque la determinación reclamada fue emitida por el Juzgado Primero de lo Familiar de Toluca, Estado de México; lo que evidencia que se trata de una resolución proveniente de un tribunal judicial en materia civil y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conviene indicar que el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece lo siguiente: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Del precepto transcrito, se arriba a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues la aludida determinación de +++, puede ser modificada, revocada o nulificada a través del recurso de apelación. En ese tenor, en contra de la determinación reclamada de +++, emitida en el en el juicio +++, en el que se ordena el incremento de la pensión alimenticia, procede un recurso o medio de defensa legal que la parte quejosa debió agotar de manera previa a la instauración del juicio de amparo, a saber, la revocación, previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. De ahí que se colme el segundo de los requisitos para que opere la causa de improcedencia analizada (que la ley que rige el acto prevea un medio de defensa legal). Por cuanto hace al tercer requisito, éste también se encuentra plenamente acreditado, ya que la revocación se establece dentro de la normativa que rige el juicio de origen (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México). Igualmente, se satisface la última de las hipótesis de inejercitabilidad, en razón de que la revocación prevista en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, tiene por objeto modificar el acto reclamado, conforme a lo establecido en el último párrafo del numeral de la propia legislación. También, debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, pues la aquí quejosa es parte demandada en el juicio de origen. De tal suerte, que a través de ese recurso el acto reclamado precisado, puede ser modificado, revocado o nulificado; por lo que resulta exigible que el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, página 8, que dispone: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En las condiciones anotadas, dado que en el presente asunto se actualizan las causas de improcedencia previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
- Principal
III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Juzgado Primero de lo Familiar de Toluca, Estado de México; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 88/2023-III. +++. IRREGULARIDADES En el artículo 108 de la Ley de Amparo se establecen los requisitos para la formulación de la demanda de amparo indirecto. Y, el diverso 114 de la ley de la materia prevé los supuestos en los que se mandará requerir al promovente para que aclare la demanda en caso de actualizarse alguna de las irregularidades descritas en el artículo señalado en párrafo anterior. Así, los preceptos transcritos facultan a este órgano de control constitucional para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad o se haya omitido alguno de los requisitos que señala el citado artículo 108 de la propia ley. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que: PRIMERO. Los antecedentes del acto reclamado resultan insuficientes, pues únicamente se concreta a manifestar lo siguiente: En tal virtud, con fundamento en los precitados artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, deberá realizar una narración sucinta, completa y cronológica de los antecedentes del acto reclamado, en la que manifieste la fecha exacta en que se dictó la resolución interlocutoria promovida por la tercero interesada Isabel Nayeli Fernández Miranda en el año dos mil veintidós (punto número 2 de sus antecedentes), en la que se decretó el incremento del pago de la pensión alimenticia por la cantidad de $12, 658.52 (doce mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 52/100 moneda nacional); así como la data de notificación al quejoso de esa determinación, misma que obra en el expediente 611/2015. Lo anterior, es así, porque si bien es cierto, en el apartado relativo, pretendió formular los antecedentes del acto reclamado, no menos cierto es, que éstos resultan insuficiente para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo, porque únicamente se limitó a expresar lo relativo a sus percepciones y la fecha en que se aplicó el descuento a su nómina, más no a la fecha de la determinación que declaró procedente el incremento de la pensión alimenticia, ni la fecha en que le fue notificada la determinación de referencia. Máxime que, la parte promovente al ser parte en el juicio de origen, tiene acceso al expediente, por lo que puede imponerse de los autos a fin de desahogar la prevención que en este auto se formula. Por lo anterior, se advierte que el quejoso no señala los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, porque para que se tenga por colmado el requisito citado en el párrafo anterior, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. Toda vez que los narrados en la demanda de amparo, resultan insuficientes, para tener por colmado los antecedentes del acto reclamado, insertos en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Registro 175345, Página 990, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Cabe precisar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquélla se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante hacer notar que la satisfacción del requisito formal mencionado, debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado en los términos amplios, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa al rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos formulados, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del ordinal 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa. AUTORIZADOS Se tienen por autorizado en términos del artículo 12 al profesionista Francisco Javier Montes Salvador, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, respecto a los diversos profesionistas se tienen por autorizados en términos restringidos, toda vez que no cuentan con el registro respectivo en dicho sistema, limitación que subsistirá hasta en tanto cuenten con el citado registro, lo que deberán comunicar mediante diversa promoción. FORMA ESPECIAL DE CONTACTO Se tiene el correo electrónico proporcionado como una forma especial de contacto, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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