Brayan Andres Arroyave Montes

Expediente 669/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
669/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Brayan Andres Arroyave Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el escrito presentado por el representante del quejoso ..., por el cual "denuncia la violación a la suspensión de plano". En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo se desecha por frívolo e improcedente, en atención a que mediante proveído de veintiséis de julio del año en curso, se desechó la demanda de amparo, por lo que se dejó sin efectos la suspensión de plano que en su momento concedió el homólogo en materia administrativa. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión de plano y carecer de relevancia documental. Atento a lo anterior, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Finalmente, para los efectos legales a que haya lugar hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta determinación, así como la de veintiséis de julio del año en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    ESTRADOS Téngase por recibida la papeleta de turno y anexos a ésta, consistentes en el oficio signado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que declaró carecer legalmente de competencia en razón de la materia, para conocer de la demanda promovida por Gregorio Susano Cruz Galán en representación de ..., y remite el expediente formado con motivo de ésta, identificado con número de su estadística 1182/2022; regístrese en el libro de gobierno con el número 669/2022. En atención a los motivos que razona, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO. Ahora, de un análisis integral de la demanda se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. En este sentido se distingue que la frase "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", contiene dos palabras relevantes para entender la causal de improcedencia de que se habla y que son "cesar" y "efecto". Por tanto, se debe establecer que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Entonces, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, tratándose de actos positivos; luego, para que se actualice esta hipótesis es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; por lo que se concluye que únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se ponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la prerrogativa fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el presente expediente el acto reclamado lo constituye la incomunicación, detención, retención, deportación, expulsión, proscripción o destierro y negativas de otorgar libertad al aquí quejoso, acto que se dejó sin efectos toda vez que de la razón asentada por la actuaria judicial adscrita al juzgado oficiante, se advierte que fue informada que el día doce de julio del año en curso, salió en libertad con el juicio de amparo 1101/2022 radicado en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; de igual manera del informe de suspensión de plano rendido por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración informó que en cumplimiento a la suspensión provisional decretada en los autos del juicio de amparo referido del órgano antes citado, el quejoso ... egresó de la Estación Migratoria el día doce de julio del año en curso, quedando sujeto a control de firmas los días miércoles. Por consiguiente, ante el evento destacado es manifiesto que indefectiblemente han cesado los efectos de los actos reclamados que constituye el acto reclamado en la demanda de amparo de cuenta, por lo que es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia indicada. Sin que obste a lo anterior, que la libertad del quejoso obedece a lo dictado como una suspensión de plano de un juicio de amparo, ya que de incumplir con las medidas impuestas, ello daría lugar a un diverso acto, el cual el quejoso estará en aptitud de combatirlo de la manera que estime conveniente. En esas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113, se desecha de plano la demanda de amparo materia del presente juicio. DE LA PARTE QUEJOSA: Se le tiene por autorizado en el presente juicio en los términos que refiere. Ahora, el impetrante solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico y sea notificado vía electrónica, sin embargo no proporcionó el usuario para tal efecto; en consecuencia, una vez que lo proporcione, se acordará lo que en derecho corresponda. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa no señaló domicilio físico donde pueda ser notificado y no proporcionó usuario para realizar las notificaciones como lo solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de los estrados que se publica en este juzgado, a reserva de lo que señale el quejoso. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y SOLICITUD DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Instrúyase al actuario que corresponda, para que en el momento de la diligencia, de existir oposición a recibir el oficio que derive del presente asunto ante el error o imprecisión no sustancial en la denominación de la autoridad responsable o en la cita de su nombre que no permita individualizarla o distinguirla, proceda conforme a sus facultades establecidas en el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, a fin de lograr la notificación encomendada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente por lista.

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