Brayan Alejandro Cid Orozco

Expediente 1119/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1119/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Brayan Alejandro Cid Orozco
  • Juez de Control Especializado En Ejecucion, En Tecate, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Recepción de informe. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de la Federación del Estado de Baja California, con sede en Tecate, a través del cual en atención al proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, aclara que mediante su diverso oficio NSJP/TEC/06131/2019 de veintiuno de octubre pasado, rindió informe justificado e hizo del conocimiento a este juzgado federal que no encontró información relativa a alguna petición o queja en relación al "Quantum" ó "escrito de fecha de tres de junio de dos mil diecinueve", realizada por el aquí quejoso Brayan Alejandro Cid Orozco en el cuaderno de ejecución 771/2019 de su índice, por lo que refiere no tiene actos que justificar. No obstante, déjese dicha misiva a la vista de las partes, a fin que manifiesten lo que a su interés legal convenga, lo anterior en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.5o.C.2K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, agosto de 1995, Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado."

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, toda vez que sobre su contenido ya se acordó lo conducente en veinticuatro de octubre pasado. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Requerimiento. No obstante, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable, a fin de que en el plazo improrrogable de tres días legalmente computado, remita copia certificada del escrito de tres de junio de dos mil diecinueve, relativo al cuaderno de ejecución 771/2019, toda vez que es necesaria para resolver el presente juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cien días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento anticipado de audiencia. Para dar margen a lo antes acordado y dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la audiencia constitucional está programada para las diez horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil diecinueve, procede diferir anticipadamente la celebración de la misma y se fijan las doce horas con diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.5o.C.1 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese por lista; y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Designación de Asesores. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual el Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, en esta localidad, designa a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, Defensores Públicos adscritos a dicha coordinación, a fin de brindarle al quejoso Brayan Alejandro Cid Orozco la orientación pertinente; asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere el suscriptor en su misiva, para oír y recibir notificaciones. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por la juzgadora de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, página: 1616 "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso". Notificación Asesores. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario de referencia proporciona en su oficio de cuenta. Con motivo que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I" con sede en Tecate, Baja California; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Notifíquese; y personalmente al quejoso, así como a sus Defensores Públicos.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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