Brayams Hernández Gutiérrez

Expediente 692/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
692/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • Brayams Hernández Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución pronunciada en este juicio de amparo el cinco de diciembre de dos mil diecisiete; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo; se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; y archívese este expediente como asunto concluido. Devuélvase al Juez Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado, copia certificada del proceso número 22/2016 constante de dos tomos. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 692/2017-I, promovido por Margarita Gutiérrez Meneses, en representación de su menor hijo BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, contra actos del Juez de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y Diligenciaria adscrita al Juzgado antes señalado; que consideró violatorio de los artículos 1, 14 y 20 Constitucionales, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, Margarita Gutiérrez Meneses, en representación de su menor hijo BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, acudió ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades antes señaladas y contra el acto que a continuación se señalan: "[.] IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO EL IMPROCEDENTE AUTO DE FECHA 12 JUNIO DEL AÑO CORRIENTE DONDE LA AUTORIDAD DE ORIGEN PRETENDE A SEGUN SU DICHO ".NORMAR EL PROCEDIMIENTO" EN DICHO VISTOS ADMITE QUE SE OMITIÓ NOTIFICAR LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA DICTADA AL ADOLECENTE AQUÍ QUEJOSO BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ DE FECHA QUINCE DE JULIO DEL AÑO PASADO 2016, Y COMUNICADA EN LA MISMA FECHA Y DONDE FACULTA AL C. DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO NOTIFIQUE A LA PARTE GRAVIADA MARTÍN JHONATAN SANCHEZ MENDIETA A TRAVÉS DE QUIEN LO REPRESENTA SU PROGENITORA SOCORRO MENDIETA GONZALEZ EN SU DOMICILIO DE SENTENCIA ALUDIDA PARA QUE EN TÉRMINOS DE TRES DÍAS HAGA VALER SUS DERECHOS O INTERPONGA APELACIÓN . ASI MISMO SE LE HAGA SABER A LA PARTE AGRAVIADA QUE COMO NO SOLICITO LA REPARACIÓN DEL DAÑO SE DEJAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLO EN LA VIA LEGAL HECHO LO ANTERIOR SE PROVEERA LO CONDUCENTE RESPECTO A LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, "AQUÍ CLARAMENTE SE OBSERVA INTENTAR CORREGIR ERRORES Y OMISIONES QUE MAS ADELANTE DETALLARE. COMO LO ES CITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO CORRESPONDIENTE AL HECHO DELICTIVO TIPIFICADO COMO DELITO EN SU CASO AL O LA DILIGENCIARIA ADSCRITA A ESTE JUZGDO LA OMISIÓN EN MI PERJUICIO, DE REALIZAR DEBIDAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LA LEY, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 22/2016.[.]". SEGUNDO.- Por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, la Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ordenó formar expediente, registrándolo con el número 823/2017-B, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, declinó competencia por razón de territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, para conocer de dicho asunto. TERCERO.- Oficio 0759-B, de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, dirigido al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, suscrito por la Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, al que adjuntó el diverso juicio de amparo 823/2017-B, de su índice, oficio que fue recibido ante dicha oficina el veinticinco de julio siguiente y turnado a este juzgado ese mismo día, por lo que, mediante acuerdo de veintiséis de julio de la anualidad que transcurre, este Juzgado Federal, se declaró legalmente competente para conocer de dicho asunto, por lo que se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, quienes lo rindieron con más de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO.- Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo a fin establecer con precisión lo que realmente reclama la parte quejosa en su demanda de amparo. Así, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias existentes en autos, se pone de manifiesto que a través del presente juicio, Margarita Gutiérrez Meneses, en representación de su menor hijo BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, reclama: El acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento de instrucción 22/2016, de los del índice del Juzgado Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, por estimarse que no se contrapone a la Ley de Amparo en vigor, la tesis visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. La Jueza adscrita al Juzgado Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado de Tlaxcala, y la Secretaria de Acuerdos, en funciones de Diligenciaria y Oficial de Partes del Juzgado antes señalado, rindieron sus respectivos informes con justificación reconocieron la existencia de los actos reclamados; por tanto deben tenerse como tales. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 305, visible en la página 206, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Para justificar su dicho, la primera de las responsables antes mencionadas, adjuntó copia certificada de la constancias que integran el procedimiento de instrucción 22/2016, instruido en contra del adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, como probable responsable de la conducta antisocial tipificada como delito de Secuestro agravado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Martín Jhonatan Sánchez Mendieta o Martín Jonathan Sánchez Mendieta; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, calidad que se demuestra por contener sellos y firmas autógrafas. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO.- Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y por la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados, que se hacen consistir sustancialmente en el acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado, dentro del procedimiento de instrucción 22/2016, mediante el cual se ordenó normar el procedimiento a efecto de notificar la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, así como la individualización de la medida del adolescente, aquí quejoso, a la parte agraviada, para que si a su interés conviene, interponga el recurso de apelación y hacerle saber, además, que se dejan a salvo sus derechos respecto a la reparación del daño; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de la Materia disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" De la citada porción normativa, se desprende que esa improcedencia se actualiza, cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado y, por ende, ya no puede surtir ningún efecto legal o material, por lo que sería imposible restituir el goce del derecho violado al quejoso, o bien, que la sentencia concesoria no tendría ningún efecto jurídico. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Al respecto, cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí, además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede carecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha improcedencia se verifica cuando el juzgador constitucional advierte, que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica del amparista, aquí quejoso, de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria, si en su caso se dictase. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirven de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala Tesis: 2a./J. 181/2006, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 189, registro 173858, con rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Para una mejor comprensión del asunto, es menester transcribir en síntesis, algunas de las constancias que integran el juicio natural, a saber: Oficio 109/2016/UEICDS de veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, en el que el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, consigna diligencias con detenido, al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. El once de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, libró orden de busca, aprehensión y detención en contra de Brayams Hernández Gutiérrez y otros, como probables responsables en la comisión del delito de secuestro agravado. Oficio P.I. 107/2016 suscrito por los Oficiales de Policía de investigación del Estado, en el que informan a la Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer que el menor adolecente Brayams Hernández Gutiérrez, se encuentra en el Centro de Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolecentes en el Estado. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de inicio de sujeción a proceso del menor adolescente Brayams Hernández Gutiérrez. El dos de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió la situación jurídica del adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, decretándole auto de sujeción a proceso, como probable responsable de la conducta tipificada como delito de secuestro agravado. Seguido que fue el procedimiento, el quince de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva dentro del proceso 22/2016, seguido al adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, decretando ser responsable de la conducta tipificada como delito de secuestro agravado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Martín Jhonatan Mendieta Sáchez y/o Martín Jonathan Mendieta Sánchez, remitiéndose copia de dicha resolución al Director del Centro de Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolescentes del Estado, para su conocimiento. Notificándose en esa fecha al menor antes señalado, así como a su defensor y Agente del Ministerio Público Especializado. En esa misma fecha (15 de julio de 2016), se llevó a cabo la audiencia de comunicación de sentencia e individualización de la medida del adolecente, hoy quejoso, determinando tratamiento consistente en internamiento definitivo por un tiempo de tres años seis meses. Notificándose en esa fecha al menor antes señalado, así como a sus defensores particulares, a los progenitores del adolescente y al Agente del Ministerio Público Especializado. Acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, (acto reclamado) dictado por el Juez de Instrucción Especializado en Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado, en los siguientes términos: "[.] Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, a doce de junio de dos mil diecisiete.- Con el estado procesal que guarda el presente proceso, visto su contenido el suscrito Juez ACUERDA: Analizadas las actuaciones del proceso en que se actúa y el estado procesal que guarda éste, y toda vez que de estas se desprende que se omitió notificar la sentencia definitiva condenatoria dictada al adolescente BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, de quince de julio de dos mil dieciséis y comunicada en la misma fecha y a fin de no violentar las garantías individuales de la parte agraviada, consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena normar el procedimiento, para lo cual se faculta a la diligenciaría adscrita a este Juzgado, a fin de que en términos de ley, notifique a la parte agraviada, quien en vida respondiera al nombre de MARTÍN JHONATAN MENDIETA SÁNCHEZ Y/O MARTÍN JONATHANMEDIETA SANCHEZ, a través de quien legalmente lo represente, siendo en el presenta caso su progenitora la C. SOCORROMENDIETA GONZALEZ, con domicilio en PRIVADA GUILLERMO VALLE NUMERO ONCE, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, la sentencia aludida y su comunicación, para que dentro del término de tres días haga valer sus derechos si a su interés conviene o interponga apelación, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la presente notificación; asimismo, se le haga saber a la parte agraviada que como dentro del procedimiento no solicito la reparación del daño, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma legal correspondiente; hecho lo anterior, se proveerá lo conducente respecto a la continuación del procedimiento. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.[.]". Notificándose de dicho acuerdo a las partes el veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Escrito de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, suscrito por la agraviada Socorro Mendieta González, en su carácter de progenitora de quien en vida respondió al nombre de MARTÍN JHONATAN MENDIETA SÁNCHEZ Y/O MARTÍN JONATHAN MEDIETA SANCHEZ, en el que interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que decretó la individualización de la medida dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, al menor adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, por la comisión de la conducta tipificada como delito de secuestro agravado; asimismo, hizo la aclaración que el nombre correcto de su hijo fue MARTÍN JHONATAN SÁNCHEZ MENDIETA. Acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en el que la Juez Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado, tiene a la parte agraviada interponiendo recurso de apelación contra la individualización de la medida dictada con motivo de la sentencia condenatoria de quince de julio de dos mil dieciséis del adolescente aquí quejoso. Notificándose a las partes el siete de julio de dos mil diecisiete dicho acuerdo. Cabe hacer mención que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que con su actuar resiente el acto o le causa molestia, a fin de que se le restituya en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Ahora bien, de la transcripción de las constancias relacionadas con anterioridad, se considera actualizada la improcedencia en estudio antes señalada, ya que a pesar de que subsiste el acto reclamado -individualización de la media dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, con motivo de la sentencia definitiva condenatoria de esa misma fecha-, ésta quedó sin materia u objeto. Tiene aplicación al caso por analogía la Tesis dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, consultable en la página 51, y registro 227876, con rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, AMPARO IMPROCEDENTE. POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL. Si la resolución administrativa cuya validez reconoció la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, y que constituye el acto reclamado, ha sido dejado sin efectos por la autoridad demandada de la cual emanó aquella resolución, el juicio de amparo que contra la susodicha sentencia definitiva se interponga, resulta improcedente, al tenor de lo dispuesto por la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque aun cuando subsiste el acto reclamado, ya no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia del mismo.". Lo anterior es así, ya que a ningún fin práctico llevaría la eventual concesión del amparo, si en su caso se dictara, ya que se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada Socorro Mendieta González en su carácter de progenitora de quien en vida respondió al nombre de Martín Jhonatan Sánchez Mendieta y/o Martín Jonathan Sánchez Mendieta, por haber dejado de existir la materia del mismo, ya que aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo y por tanto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, e innecesario valorar pormenorizadamente las pruebas admitidas y desahogadas en autos, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º. Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Margarita Gutiérrez Meneses en representación de su menor hijo Brayams Hernández Gutiérrez, contra los actos que reclama del Juez de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y Diligenciaria adscrita al mismo, en los términos del último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    *** V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 692/2017-I, promovido por Margarita Gutiérrez Meneses, en representación de su menor hijo BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, contra actos del Juez de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y Diligenciaria adscrita al Juzgado antes señalado; que consideró violatorio de los artículos 1, 14 y 20 Constitucionales, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, Margarita Gutiérrez Meneses, en representación de su menor hijo BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, acudió ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades antes señaladas y contra el acto que a continuación se señalan: "[.] IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO EL IMPROCEDENTE AUTO DE FECHA 12 JUNIO DEL AÑO CORRIENTE DONDE LA AUTORIDAD DE ORIGEN PRETENDE A SEGUN SU DICHO ".NORMAR EL PROCEDIMIENTO" EN DICHO VISTOS ADMITE QUE SE OMITIÓ NOTIFICAR LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA DICTADA AL ADOLECENTE AQUÍ QUEJOSO BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ DE FECHA QUINCE DE JULIO DEL AÑO PASADO 2016, Y COMUNICADA EN LA MISMA FECHA Y DONDE FACULTA AL C. DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO NOTIFIQUE A LA PARTE GRAVIADA MARTÍN JHONATAN SANCHEZ MENDIETA A TRAVÉS DE QUIEN LO REPRESENTA SU PROGENITORA SOCORRO MENDIETA GONZALEZ EN SU DOMICILIO DE SENTENCIA ALUDIDA PARA QUE EN TÉRMINOS DE TRES DÍAS HAGA VALER SUS DERECHOS O INTERPONGA APELACIÓN . ASI MISMO SE LE HAGA SABER A LA PARTE AGRAVIADA QUE COMO NO SOLICITO LA REPARACIÓN DEL DAÑO SE DEJAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLO EN LA VIA LEGAL HECHO LO ANTERIOR SE PROVEERA LO CONDUCENTE RESPECTO A LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, "AQUÍ CLARAMENTE SE OBSERVA INTENTAR CORREGIR ERRORES Y OMISIONES QUE MAS ADELANTE DETALLARE. COMO LO ES CITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO CORRESPONDIENTE AL HECHO DELICTIVO TIPIFICADO COMO DELITO EN SU CASO AL O LA DILIGENCIARIA ADSCRITA A ESTE JUZGDO LA OMISIÓN EN MI PERJUICIO, DE REALIZAR DEBIDAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LA LEY, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 22/2016.[.]". SEGUNDO.- Por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, la Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ordenó formar expediente, registrándolo con el número 823/2017-B, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, declinó competencia por razón de territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, para conocer de dicho asunto. TERCERO.- Oficio 0759-B, de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, dirigido al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, suscrito por la Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, al que adjuntó el diverso juicio de amparo 823/2017-B, de su índice, oficio que fue recibido ante dicha oficina el veinticinco de julio siguiente y turnado a este juzgado ese mismo día, por lo que, mediante acuerdo de veintiséis de julio de la anualidad que transcurre, este Juzgado Federal, se declaró legalmente competente para conocer de dicho asunto, por lo que se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, quienes lo rindieron con más de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO.- Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo a fin establecer con precisión lo que realmente reclama la parte quejosa en su demanda de amparo. Así, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias existentes en autos, se pone de manifiesto que a través del presente juicio, Margarita Gutiérrez Meneses, en representación de su menor hijo BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, reclama: El acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento de instrucción 22/2016, de los del índice del Juzgado Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, por estimarse que no se contrapone a la Ley de Amparo en vigor, la tesis visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. La Jueza adscrita al Juzgado Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado de Tlaxcala, y la Secretaria de Acuerdos, en funciones de Diligenciaria y Oficial de Partes del Juzgado antes señalado, rindieron sus respectivos informes con justificación reconocieron la existencia de los actos reclamados; por tanto deben tenerse como tales. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 305, visible en la página 206, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Para justificar su dicho, la primera de las responsables antes mencionadas, adjuntó copia certificada de la constancias que integran el procedimiento de instrucción 22/2016, instruido en contra del adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, como probable responsable de la conducta antisocial tipificada como delito de Secuestro agravado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Martín Jhonatan Sánchez Mendieta o Martín Jonathan Sánchez Mendieta; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, calidad que se demuestra por contener sellos y firmas autógrafas. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO.- Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y por la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados, que se hacen consistir sustancialmente en el acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado, dentro del procedimiento de instrucción 22/2016, mediante el cual se ordenó normar el procedimiento a efecto de notificar la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, así como la individualización de la medida del adolescente, aquí quejoso, a la parte agraviada, para que si a su interés conviene, interponga el recurso de apelación y hacerle saber, además, que se dejan a salvo sus derechos respecto a la reparación del daño; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de la Materia disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" De la citada porción normativa, se desprende que esa improcedencia se actualiza, cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado y, por ende, ya no puede surtir ningún efecto legal o material, por lo que sería imposible restituir el goce del derecho violado al quejoso, o bien, que la sentencia concesoria no tendría ningún efecto jurídico. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Al respecto, cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí, además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede carecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha improcedencia se verifica cuando el juzgador constitucional advierte, que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica del amparista, aquí quejoso, de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria, si en su caso se dictase. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirven de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala Tesis: 2a./J. 181/2006, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 189, registro 173858, con rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Para una mejor comprensión del asunto, es menester transcribir en síntesis, algunas de las constancias que integran el juicio natural, a saber: Oficio 109/2016/UEICDS de veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, en el que el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, consigna diligencias con detenido, al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. El once de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, libró orden de busca, aprehensión y detención en contra de Brayams Hernández Gutiérrez y otros, como probables responsables en la comisión del delito de secuestro agravado. Oficio P.I. 107/2016 suscrito por los Oficiales de Policía de investigación del Estado, en el que informan a la Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer que el menor adolecente Brayams Hernández Gutiérrez, se encuentra en el Centro de Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolecentes en el Estado. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de inicio de sujeción a proceso del menor adolescente Brayams Hernández Gutiérrez. El dos de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió la situación jurídica del adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, decretándole auto de sujeción a proceso, como probable responsable de la conducta tipificada como delito de secuestro agravado. Seguido que fue el procedimiento, el quince de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva dentro del proceso 22/2016, seguido al adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, decretando ser responsable de la conducta tipificada como delito de secuestro agravado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Martín Jhonatan Mendieta Sáchez y/o Martín Jonathan Mendieta Sánchez, remitiéndose copia de dicha resolución al Director del Centro de Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolescentes del Estado, para su conocimiento. Notificándose en esa fecha al menor antes señalado, así como a su defensor y Agente del Ministerio Público Especializado. En esa misma fecha (15 de julio de 2016), se llevó a cabo la audiencia de comunicación de sentencia e individualización de la medida del adolecente, hoy quejoso, determinando tratamiento consistente en internamiento definitivo por un tiempo de tres años seis meses. Notificándose en esa fecha al menor antes señalado, así como a sus defensores particulares, a los progenitores del adolescente y al Agente del Ministerio Público Especializado. Acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, (acto reclamado) dictado por el Juez de Instrucción Especializado en Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado, en los siguientes términos: "[.] Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, a doce de junio de dos mil diecisiete.- Con el estado procesal que guarda el presente proceso, visto su contenido el suscrito Juez ACUERDA: Analizadas las actuaciones del proceso en que se actúa y el estado procesal que guarda éste, y toda vez que de estas se desprende que se omitió notificar la sentencia definitiva condenatoria dictada al adolescente BRAYAMS HERNANDEZ GUTIÉRREZ, de quince de julio de dos mil dieciséis y comunicada en la misma fecha y a fin de no violentar las garantías individuales de la parte agraviada, consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena normar el procedimiento, para lo cual se faculta a la diligenciaría adscrita a este Juzgado, a fin de que en términos de ley, notifique a la parte agraviada, quien en vida respondiera al nombre de MARTÍN JHONATAN MENDIETA SÁNCHEZ Y/O MARTÍN JONATHANMEDIETA SANCHEZ, a través de quien legalmente lo represente, siendo en el presenta caso su progenitora la C. SOCORROMENDIETA GONZALEZ, con domicilio en PRIVADA GUILLERMO VALLE NUMERO ONCE, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, la sentencia aludida y su comunicación, para que dentro del término de tres días haga valer sus derechos si a su interés conviene o interponga apelación, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la presente notificación; asimismo, se le haga saber a la parte agraviada que como dentro del procedimiento no solicito la reparación del daño, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma legal correspondiente; hecho lo anterior, se proveerá lo conducente respecto a la continuación del procedimiento. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.[.]". Notificándose de dicho acuerdo a las partes el veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Escrito de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, suscrito por la agraviada Socorro Mendieta González, en su carácter de progenitora de quien en vida respondió al nombre de MARTÍN JHONATAN MENDIETA SÁNCHEZ Y/O MARTÍN JONATHAN MEDIETA SANCHEZ, en el que interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que decretó la individualización de la medida dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, al menor adolescente Brayams Hernández Gutiérrez, por la comisión de la conducta tipificada como delito de secuestro agravado; asimismo, hizo la aclaración que el nombre correcto de su hijo fue MARTÍN JHONATAN SÁNCHEZ MENDIETA. Acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en el que la Juez Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en el Estado, tiene a la parte agraviada interponiendo recurso de apelación contra la individualización de la medida dictada con motivo de la sentencia condenatoria de quince de julio de dos mil dieciséis del adolescente aquí quejoso. Notificándose a las partes el siete de julio de dos mil diecisiete dicho acuerdo. Cabe hacer mención que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que con su actuar resiente el acto o le causa molestia, a fin de que se le restituya en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Ahora bien, de la transcripción de las constancias relacionadas con anterioridad, se considera actualizada la improcedencia en estudio antes señalada, ya que a pesar de que subsiste el acto reclamado -individualización de la media dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, con motivo de la sentencia definitiva condenatoria de esa misma fecha-, ésta quedó sin materia u objeto. Tiene aplicación al caso por analogía la Tesis dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, consultable en la página 51, y registro 227876, con rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, AMPARO IMPROCEDENTE. POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL. Si la resolución administrativa cuya validez reconoció la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, y que constituye el acto reclamado, ha sido dejado sin efectos por la autoridad demandada de la cual emanó aquella resolución, el juicio de amparo que contra la susodicha sentencia definitiva se interponga, resulta improcedente, al tenor de lo dispuesto por la fracción XVII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque aun cuando subsiste el acto reclamado, ya no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia del mismo.". Lo anterior es así, ya que a ningún fin práctico llevaría la eventual concesión del amparo, si en su caso se dictara, ya que se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada Socorro Mendieta González en su carácter de progenitora de quien en vida respondió al nombre de Martín Jhonatan Sánchez Mendieta y/o Martín Jonathan Sánchez Mendieta, por haber dejado de existir la materia del mismo, ya que aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo y por tanto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, e innecesario valorar pormenorizadamente las pruebas admitidas y desahogadas en autos, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º. Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Margarita Gutiérrez Meneses en representación de su menor hijo Brayams Hernández Gutiérrez, contra los actos que reclama del Juez de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y Diligenciaria adscrita al mismo, en los términos del último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada este en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes; por tal razón, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose nuevamente las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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