Brayam Neftaly Pérez Ródriguez

Expediente 1222/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1222/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Brayam Neftaly Pérez Ródriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios del Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla y otra autoridad, recibidos vía correo electrónico; visto su contenido, téngase a las autoridades responsables, informando el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor de José Miguel Soto Esquivel, mediante auto de veintisiete de noviembre del año en curso. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************en favor del quejoso ********************, contra los actos del Director General del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y otra autoridad; la cual fue recepcionada de forma electrónica en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción; por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y numerales 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. Ahora, del contenido de la demanda se advierte que ******************** promueve este juicio al señalar que recibió una llamada el veintisiete de noviembre del año en curso, por parte de un compañero del quejoso ********************, quien actualmente se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y le indicó que desde hace cuatro días había perdido comunicación con él -quejoso- por lo que pensaba que se encuentra incomunicado en el área de castigo de ese centro penitenciario, ubicada en el módulo "D". Así mismo, conforme los antecedentes narrados en su demanda -hechos suscitados a principios del mes de septiembre de dos mil veintitrés-, destaca que no recibió atención médica, sino hasta el treinta de octubre del año citado, esto, al ser trasladado de emergencia a un hospital ubicado en Tepexi de Rodríguez, Puebla; también alude a las amenazas de las que ha sido objeto; lo que evidencia la imposibilidad del peticionario del amparo para instar por sí este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 109, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se tiene a ********************en favor del quejoso ********************, promoviendo demanda de amparo en contra de los actos y autoridades antes referidas, en razón de que al parecer este último no puede promover por sí mismo. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en favor del quejoso ********************, contra el acto consistente en la INCOMUNICACIÓN, para el efecto de que CESE DE INMEDIATO, así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior comuníquese de inmediato por medio de oficio electrónico o cualquier medio disponible a las autoridades responsables. Asimismo, se decreta una medida provisional de suspensión para el efecto de que el Director General del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla y la diversa autoridad administrativa señalada como responsable, brinden al quejoso, todas las facilidades para que tenga comunicación con un familiar y su defensor, tal como lo disponen los artículos 113, fracción II, y 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, como se indicó con antelación, se hace saber a las responsables que deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la vida del quejoso ********************; lo anterior, pues al tratarse de las autoridades que tienen bajo su resguardo y custodia al quejoso, son las encargadas y responsables de vigilar que no sufra algún menoscabo en su integridad física con motivo de su estancia en ese establecimiento. RESPECTO DE ATENCIÓN MÉDICA De igual manera, se decreta la suspensión de plano a favor de la parte quejosa ********************, contra los actos consistentes en la falta de atención médica, para el efecto de que el Director General del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, que adopte las medidas necesarias para que se proporcione al referido quejoso la atención y servicio médico, incluyendo los medicamentos y estudios clínicos, respecto de los padecimientos derivados de las lesiones que refiere le fue inferidas y que ocasionó su ingreso hospitalario, lo cual deberá de acreditar mediante las documentales necesarias, de las que se corrobore que ha acatado con lo ordenado por este órgano jurisdiccional dentro de la suspensión de plano otorgada. Además, debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del citado quejoso. Lo anterior en virtud de que no se contraviene disposiciones de orden público, por el contrario, el interés social exige que las personas reciban atención médica, tomando en consideración que conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; situación que impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando, entre ellos, el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión, quienes siguen gozando de dicha prerrogativa. Así mismo, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, incluso los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. En tal sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Así mismo, la Sala indicó, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. El criterio citado, puede ser consultado en la tesis aislada, publicada en la página 457, del tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Así mismo, sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 574, tomo II, diciembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República. También, en lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, tomo XXVIII, octubre de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO Requiérase a las autoridades responsables mediante oficio ordinario o electrónico, para que informen dentro del plazo de QUINCE HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, previniéndosele a las autoridades responsables que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, deberán acompañar las constancias justificativas que acrediten que se le han brindado todas las facilidades para que tenga comunicación con un familiar y su defensor, tal como lo disponen los artículos 113, fracción II, y 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales (registro de visitas, llamadas, entre otras) y las que justifiquen la salvaguarda de su integridad física. Del mismo modo, dentro del término indicado, deberá remitir copia certificada de las constancias que obren en el expediente médico del quejoso, por lo menos a partir del mes de septiembre del año en curso a esta fecha. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. FACULTAD DEL ACTUARIO JUDICIAL Se faculta al fedatario judicial que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir el oficio que le es enviado, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir, y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado así como a la autoridad responsable una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. ORDEN DE COMUNICACIÓN URGENTE A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio ordinario, vía fax o correo electrónico. MEDIOS PARA FACILITAR LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Se hace de su conocimiento que el secretario autorizado para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como en días inhábiles es Patricia Asucena Juárez Díaz, con número de teléfono 22 24 59 97 43 y que podrán remitir su correspondiente informe vía correo electrónico únicamente a la dirección siguiente: Correo electrónico oficial: pajuarezd@correo.cjf.gob.mx RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Por tanto, se ordena girar despacho vía electrónica al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que ordene al Diligenciario del juzgado a su cargo: 1. Se constituya de manera inmediata en el recinto oficial que ocupa las instalaciones del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con el objeto de localizar al quejoso ********************. 2. De fe del estado físico del quejoso y le haga saber el motivo de la diligencia. 3. Le notifique el contenido íntegro del presente proveído y le corra traslado con la copia del mismo. 4. Lo requiera para que manifieste si se encuentra incomunicado. 5. Le haga del conocimiento la demanda de amparo promovida a su favor por ********************y a cuya lectura de los hechos narrados en la misma deberá remitirse, y enterado de su contenido lo prevenga para que en el momento de la diligencia, o dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las medidas decretadas. 6. De igual forma, haga saber al quejoso que, en caso de ratificar la demanda, deberá precisar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente de que surta efectos la notificación de este acuerdo, en qué consistieron los actos de incomunicación y las amenazas que se indican en la demanda. En caso de omitir precisar cuáles son aquellos hechos constitutivos de la incomunicación a la que alude, se le apercibe, que, de no dar cumplimiento a la prevención en el plazo señalado, se acordará la demanda con los datos que obran en la misma. Concluida la diligencia encomendada el funcionario público encargado de la diligencia deberá asentar razón circunstanciada correspondiente. REQUERIMIENTO DE APOYO A LAS AUTORIDADES EN EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA Se requiere a las autoridades responsables y a cualquier otro funcionario, servidor público o empleado que labore en la sede de las autoridades responsables, para que brinden el apoyo necesario para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo y de la función judicial. Se apercibe a las autoridades responsables que de incurrir en actos tendentes a obstaculizar el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo, se le impondrá a la autoridad responsable, servidor público o empleado que corresponda una multa de mil días a que se refiere el artículo 259 con relación al 237, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha diligencia al tener el carácter de urgente y dada la naturaleza que la suspensión de los actos aquí impugnados, es innegable que se trata de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Aunado a lo anterior, hágasele saber a las referidas autoridades que demás de la multa impuesta, que de resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional entraña la comisión de un delito establecido en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. AUTORIZADOS Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo cual se constató por este juzgado, así como de manera restringida a ********************, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir notificaciones, en conformidad con la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando los nombres de usuarios "********************", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Se autoriza que las notificaciones que deban ser personales se realicen vía electrónica a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la ley de la materia. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO No se tiene señalado para recibir notificaciones el correo electrónico personal ni el número telefónico que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por esos medios, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano