Brayam Alfonso León Peña
Expediente 2448/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2448/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/04/2019
Partes del expediente
- Brayam Alfonso León Peña
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- BRAYAM ALFONSO LEÓN PEÑA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
ÚNICO: SOBRESEE EL JUICIO DE GARANTIAS
- Principal
**ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones precisadas en los puntos considerativos tercero y sexto de la presente sentencia. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de marzo del año en curso (foja 127), remite la constancia que le fue solicitada; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 75 de la Ley de Amparo, agréguense el ocurso y anexo de cuenta a los presentes autos, con vista a las partes para los efectos legales correspondientes. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el dieciocho de febrero del año pasado (fojas 98 y 99), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de febrero del año en curso (foja 100), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el veinticinco de febrero del año en curso (foja 103), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintisiete de febrero al uno de marzo del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar dictada en el presente sumario de amparo el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 38 a 61), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción XXIII, 12, 13 y 14 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, respectivamente, así como los artículos 23, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, en lo individual, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista María Esparza Sánchez el catorce de mayo de la presente anualidad, respecto del permiso de alcoholes 97007408 que se encuentra contenido en la constancia de pago exhibida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit con su informe justificado, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales, así como devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada, exceptuando los descuentos o estímulos que respecto del pago realizado se hayan hecho a la quejosa, esto es, los conceptos de "multa por pago extemporáneo" y "ajustes". Luego, a través del oficio y anexo presentados por la autoridad responsable (fojas 98 y 99), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el quince de febrero de dos mil diecinueve, por la cantidad de ********, cantidad que tuvo que ser actualizada. En ese tenor, si tenemos que el monto total de *************, suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, misma que debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, y el quince de febrero de este año, se realizó la transferencia electrónica en favor de la aquí quejosa; por la cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecisiete fue 99.155; y para el mes de enero de dos mil diecinueve fue 103.108 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0398. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos en comento, sin contar los estímulos o descuentos realizados a la parte quejosa, a saber: $27,608.32 (veintisiete mil seiscientos ocho pesos 32/100 moneda nacional), se obtiene la cantidad de ***************. No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de ************; sin embargo, reintegró el monto de ***********, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $2,333.58 (dos mil trescientos treinta y tres pesos 58/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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