Braulio Sanchez Ramos
Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Braulio Sanchez Ramos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a once de abril de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación dictada en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído emitido el diecisiete de marzo del año en curso que señala "Morelia, Michoacán, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual cumple con la prevención realizada en proveído de diecisiete de los actuales; sin embargo, del análisis a la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala medularmente como acto reclamado todos los acuerdos y resoluciones dictadas sin ser escuchado, por parte de las autoridades responsables, y por ende, la prohibición de iniciar el corte de aguacate en la huerta que hace alusión. Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6 del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primero de los preceptos copiados no establece una causa de improcedencia en particular, sino que ello deriva de las disposiciones de la Ley de Amparo y la Constitución. Por su parte, el segundo de los numerales trascritos, define qué debe entenderse por quejoso en el juicio constitucional. Así, indica que es aquel gobernado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos con motivo del acto de autoridad impugnado. Es decir, para instar el juicio constitucional, el gobernado debe ser el titular de un derecho subjetivo y sufrir una afectación, menoscabo o perjuicio en alguna de sus prerrogativas. De donde se sigue que, conforme con los numerales copiados, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado de ninguna manera causa una afectación en la esfera de derechos del particular, bien por no ser obligatorio, ni establecer carga alguna. En el particular, del análisis minucioso de la demanda de garantías así como del escrito aclaratorio, se advierte que el promovente reclama la prohibición de iniciar el corte de aguacate en la huerta que hace alusión, así como todos los acuerdos y resoluciones dictadas por parte de las autoridades responsables, sin ser escuchado, sin embargo, en el segundo de sus escritos aduce que dicha prohibición se le hizo el primero de los actuales vía telefónica y posteriormente de manera verbal, el tres del mismo mes y año, además se advierte que a la fecha no ha sido notificado legalmente de ninguna determinación, acuerdo y/o resolución que se haya dictado en ése sentido; por tanto, se duele de que las autoridades responsables no le permitieron iniciar con el corte de aguacate en la huerta ubicada en la ********************, de la cual es dueño su socio y ahora tercero interesado ********************, en relación a que este último presentó ante ellas un escrito en el cual les informó que no había llegado a un acuerdo con el ahora quejoso para la venta de aguacate en esta temporada, es decir que, dicho corte está supeditado a la controversia que se suscitó entre los particulares que celebraron el convenio para hacerlo y una vez que lleguen a un acuerdo podrá realizar el corte en comento, además que ambas partes pactaron que en caso de que se suscitara una controversia, se someterían al arbitrio de un Juez de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, motivo por el cual la vía constitucional no es la adecuada en este caso para resolver el problema que surgió entre particulares. Ahora la hipótesis de improcedencia apuntada se actualiza, pues si bien la negativa impugnada se hizo de manera verbal al quejoso, cierto es que ésta en modo alguno, no causa un perjuicio en su esfera de derechos que haga procedente la vía constitucional. Es así, pues del contenido de los documentos que anexó a sus escritos de demanda, se obtiene que no existe determinación y/o resolución por escrito de la cual se advierta la prohibición de la que se duele, sino que únicamente se le hizo de manera verbal, por lo que de ninguna manera puede entenderse como una obligación que vincule al inconforme a actuar en determinado sentido. Es decir, la negativa en comento fue formulada por las autoridades responsables con la intención de que el quejoso solucione la controversia que existe con su socio; lo cual en modo alguno provoca que si no existe solución a dicho conflicto, deberán someterse a una de las diversas vías jurisdiccionales que tienen para ello. Además, la prohibición en estudio tampoco conlleva alguna sanción por parte de las autoridades responsables en caso de no acatarla, y de ser así, sería hasta ése entonces cuando se vulnerarían los derechos del inconforme, lo que bastaría para la procedencia del juicio de amparo; pues de la misma, puede observarse que no se le hace ningún apercibimiento ni se advierte ningún castigo de tipo preventivo. En ese contexto, como la prohibición por parte de las autoridades responsables de ninguna manera ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en la esfera jurídica de derechos del quejoso, es innegable la actualización de la causal de improcedencia apuntada. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, y 6 de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.". Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual cumple con la prevención realizada en proveído de diecisiete de los actuales; sin embargo, del análisis a la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala medularmente como acto reclamado todos los acuerdos y resoluciones dictadas sin ser escuchado, por parte de las autoridades responsables, y por ende, la prohibición de iniciar el corte de aguacate en la huerta que hace alusión. Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6 del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primero de los preceptos copiados no establece una causa de improcedencia en particular, sino que ello deriva de las disposiciones de la Ley de Amparo y la Constitución. Por su parte, el segundo de los numerales trascritos, define qué debe entenderse por quejoso en el juicio constitucional. Así, indica que es aquel gobernado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos con motivo del acto de autoridad impugnado. Es decir, para instar el juicio constitucional, el gobernado debe ser el titular de un derecho subjetivo y sufrir una afectación, menoscabo o perjuicio en alguna de sus prerrogativas. De donde se sigue que, conforme con los numerales copiados, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado de ninguna manera causa una afectación en la esfera de derechos del particular, bien por no ser obligatorio, ni establecer carga alguna. En el particular, del análisis minucioso de la demanda de garantías así como del escrito aclaratorio, se advierte que el promovente reclama la prohibición de iniciar el corte de aguacate en la huerta que hace alusión, así como todos los acuerdos y resoluciones dictadas por parte de las autoridades responsables, sin ser escuchado, sin embargo, en el segundo de sus escritos aduce que dicha prohibición se le hizo el primero de los actuales vía telefónica y posteriormente de manera verbal, el tres del mismo mes y año, además se advierte que a la fecha no ha sido notificado legalmente de ninguna determinación, acuerdo y/o resolución que se haya dictado en ése sentido; por tanto, se duele de que las autoridades responsables no le permitieron iniciar con el corte de aguacate en la huerta ubicada en la ********************, de la cual es dueño su socio y ahora tercero interesado ********************, en relación a que este último presentó ante ellas un escrito en el cual les informó que no había llegado a un acuerdo con el ahora quejoso para la venta de aguacate en esta temporada, es decir que, dicho corte está supeditado a la controversia que se suscitó entre los particulares que celebraron el convenio para hacerlo y una vez que lleguen a un acuerdo podrá realizar el corte en comento, además que ambas partes pactaron que en caso de que se suscitara una controversia, se someterían al arbitrio de un Juez de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, motivo por el cual la vía constitucional no es la adecuada en este caso para resolver el problema que surgió entre particulares. Ahora la hipótesis de improcedencia apuntada se actualiza, pues si bien la negativa impugnada se hizo de manera verbal al quejoso, cierto es que ésta en modo alguno, no causa un perjuicio en su esfera de derechos que haga procedente la vía constitucional. Es así, pues del contenido de los documentos que anexó a sus escritos de demanda, se obtiene que no existe determinación y/o resolución por escrito de la cual se advierta la prohibición de la que se duele, sino que únicamente se le hizo de manera verbal, por lo que de ninguna manera puede entenderse como una obligación que vincule al inconforme a actuar en determinado sentido. Es decir, la negativa en comento fue formulada por las autoridades responsables con la intención de que el quejoso solucione la controversia que existe con su socio; lo cual en modo alguno provoca que si no existe solución a dicho conflicto, deberán someterse a una de las diversas vías jurisdiccionales que tienen para ello. Además, la prohibición en estudio tampoco conlleva alguna sanción por parte de las autoridades responsables en caso de no acatarla, y de ser así, sería hasta ése entonces cuando se vulnerarían los derechos del inconforme, lo que bastaría para la procedencia del juicio de amparo; pues de la misma, puede observarse que no se le hace ningún apercibimiento ni se advierte ningún castigo de tipo preventivo. En ese contexto, como la prohibición por parte de las autoridades responsables de ninguna manera ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en la esfera jurídica de derechos del quejoso, es innegable la actualización de la causal de improcedencia apuntada. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, y 6 de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por-, contra actos del Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal Acuitzio-Morelia y otra autoridad; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número IV-322/2023-C, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V, 114, fracciones I, II y IV, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: Manifieste la fecha exacta en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues en el segundo párrafo de su capítulo "ANTECEDENTES" únicamente hace alusión que hace diez días hábiles recibió el comunicado materia de dicho acto. Indique si la prohibición que reclama únicamente fue verbal o si existe constancia que la avale, además de informar si existe acuerdo, determinación u oficio, a los cuales haya recaído el escrito presentado por el tercero interesado ********************, el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la Junta responsable, y de ser así, exhiba el documento correspondiente del cual deriva dicha prohibición. Haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional si existe diverso juicio o procedimiento emanado del convenio que celebró con el tercero interesado ********************. Precise si a la fecha de la presentación de la demanda, tuvo alguna conversación con el tercero interesado ********************, respecto a la venta de aguacate de esta temporada (este año), de la cual se haya desprendido la controversia generada. En la inteligencia que dicha manifestación deberán hacerla bajo protesta de decir verdad las propias quejosas y no por conducto de sus autorizados, toda vez que las mismas constituyen un hecho personalísimo por corresponder a los hechos y abstenciones que les consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo que es necesario para evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, e imponer sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, en relación con el acto reclamado, podrán ser acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que adquieren con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse. Se reitera que la prevención formulada en el presente proveído no podrá ser desahogada por el autorizado en términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto personalísimo acorde a la tesis número 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, de contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. También deberán exhibir tantas copias sean necesarias, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de demanda, y autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, en virtud de que se encuentran dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales. Notifíquese personalmente.
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