Braulio Rojas López

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Braulio Rojas López

Actuaciones

  1. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Braulio Rojas López, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 218/2021. PRECISIÓN TRÁMITE POR EMERGENCIA SANITARIA. Cabe decir que la tramitación del presente asunto, se sujetará a las reglas y precisiones previstas en la circular SECNO/13/2021, apartado III, emitida el veintisiete de febrero del año en curso, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en la que hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de ocho de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el periodo de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 1358/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, por medio de la cual se decretó la caducidad de la instancia. Precisado lo anterior, conviene asentar que de acuerdo con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo2, el juicio de garantías resulta improcedente contra las resoluciones que admitan un recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual, el juicio que pretende instaurar el quejoso, resulta inadecuado al existir un recurso ordinario que no se agotó, siendo éste el previsto por el artículo 13343 del Código de Comercio, pues tal precepto establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación; por ende, previo al juicio de garantías, debe ser combatido a través del citado medio de impugnación, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, mediante el cual puede revocarse, modificarse o anularse el acto que reclama la parte quejosa. El precepto 1334, del invocado ordenamiento legal, hace advertir que serán revocables los autos respecto de los cuales no proceda el recurso de apelación, dispositivo que no hace excepción alguna respecto del procedimiento en el cual se dicte el proveído. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado por el quejoso consistente en el auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el periodo de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 1358/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, por medio de la cual se decretó la caducidad de la instancia, se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo antes referido, pues tal y como señaló en los hechos de su demanda, el quejoso promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Federico Rojas Tapia, de quien demandó el pago por la cantidad de . como suerte principal, razón por la cual el recurso de apelación no es procedente, toda vez que, como quedó establecido en el párrafo que antecede, el Código de Comercio, en su artículo 1334, establece la procedencia del recurso de revocación contra los autos que no fueran apelables. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación. Por ello, se sigue que previamente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, el promovente debe agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que sea procedente conforme a las leyes que rijan los actos y que puedan producir como efecto su modificación, revocación o nulidad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 709, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN." Por lo tanto, se advierte que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis de improcedencia en mención, toda vez que la existencia de dichos medios de impugnación pone de manifiesto en forma patente que se actualiza la causa de improcedencia en comento. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.4o.A.74 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 650, Tomo XIII, Junio de 1994, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional." A más de lo anterior, no se advierte que en la especie se actualice alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, esto es, no es tercera extraña al juicio (es parte en el expediente de origen), ni el acto que reclama importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, menos aún los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; es decir, no se trata de pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva ni confiscación de bienes; es inconcuso que la parte impetrante previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió agotar el recurso de revocación, en contra del acuerdo reclamado. En consecuencia, ya que conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo se exige como requisito previo para su procedencia que se agoten todos los medios legales que prevean las legislaciones que rijan el acto, y el quejoso no lo hizo así, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia analizada. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a la parte quejosa, para que: Opte por la tramitación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 antes citado, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Al promover deberá tomar en consideración que la Oficialía de Partes Común habilitada atenderá la recepción de promociones de seis órganos jurisdiccionales, por lo cual posiblemente tendrá una mayor afluencia de usuarios, por lo cual se les recomienda, presentar sus promociones de forma electrónica o bien físicamente, con la debida anticipación. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase también a la parte quejosa para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcione un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el indicado en su demanda de amparo, y como su autorizada en amplios términos que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Anaid Guadalupe Velasco Zarate, toda vez que tiene cédula reconocida en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época5, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. .

  2. Principal

    .. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 218/2021. ..Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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