Braulio Rodríguez Múñoz
Expediente 881/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/04/2023
Partes del expediente
- Braulio Rodríguez Múñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
... agréguese para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual acusa recibo del diverso 735/2023 al cual se adjuntó testimonio de la ejecutoria emitida en el presente asunto, así como los anexos que se adjuntaron a aquél... este asunto no es de relevancia documental... en su oportunidad deberá procederse a su destrucción... archívese este expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno...
- Juicio de Amparo Directo
... ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo directo promovido por... contra la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 31/2022, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez...
- Juicio de Amparo Directo
... Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo concedido al quejoso... en auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, sin que haya realizado manifestación alguna; por consiguiente, devuélvase el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Ortega Castro, a fin de que formule el proyecto de resolución respectivo...
- Juicio de Amparo Directo
... Vista la cuenta secretarial que antecede, de la cual se advierte que en sesión ordinaria pública llevada a cabo el nueve del presente mes, el Pleno de este Segundo Tribunal Colegiado advirtió oficiosamente que en el presente asunto se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley, y que por ende, se ordenó dar vista al quejoso... en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, a fin de que el quejoso esté en posibilidad de desahogar tal vista, hágasele saber que se transcribe íntegramente el considerado cuarto de la versión pública del proyecto de resolución del presente juicio de amparo directo, es el siguiente: "(.) CUARTO. El juicio de amparo es improcedente, por tanto, debe decretarse el sobreseimiento. ********** (quejoso), a través de la vía ejecutiva mercantil demandó de **********, el pago de $684,600.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda naciona******************** por concepto de suerte principal; intereses moratorios a razón del 5% (cinco por ciento) mensual; y, costas. El Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 31/2022, determinó que no era procedente la vía ejecutiva mercantil propuesta por el actor, por tanto, desechó la demanda (acto reclamado). En lo toral, la autoridad responsable analizó el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, el transitorio Tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, así como la exposición de motivos de esa reforma; y, concluyó que, de la interpretación armónica de esos preceptos, se colegía que se tramitarían en la vía oral todas las contiendas cuyo monto fuese menor a un millón de pesos. Conforme a esa interpretación, estableció que por virtud de la reforma al Código de Comercio se introdujo por completo la oralidad en los juicios mercantiles, es decir, la finalidad que perseguía era que todos los juicios mercantiles se tramitaran en la vía oral. Asimismo, precisó que, el legislador limitó la cuantía tratándose de juicios ejecutivos mercantiles hasta la cantidad de cuatro millones de pesos, pues estimó que ese monto abarcaba la mayoría de las contiendas. En tal virtud, concluyó que, si la cuantía reclamada en el apartado de prestaciones era de $684,600.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda naciona******************** debía tramitarse en la vía oral, pues el monto era inferior a un millón de pesos, por tanto, no era procedente la vía ejecutiva mercantil propuesta por el actor, en consecuencia, desechó la demanda. Contra esa resolución, el actor promovió juicio de amparo directo. Puntualizado lo anterior, el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La fracción trascrita hace alusión al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, por virtud del cual se obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Conforme a esa premisa, el quejoso no colmó el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo directo contra el auto que no admitió la demanda que promovió en la vía ejecutiva mercantil. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece los casos de excepción al principio de definitividad, entre ellos, el relativo a que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal correspondiente se sujete a una interpretación adicional o su fundamento jurídico sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponerlo o de acudir directamente al juicio constitucional. Ahora, el primer proveído dictado en un juicio ejecutivo mercantil en el cual el juzgador, de oficio, declara que no es procedente la vía ejecutiva mercantil propuesta por el actor y, en consecuencia, desecha la demanda, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque dicha actuación constituye un auto definitivo, en contra del cual procedería el recurso de apelación establecido en la fracción I, del artículo 1345, del Código de Comercio, sin embargo, por razón de la cuantía, es revocable. En efecto, de la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Así se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/2013, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012).". Lo anterior, no implica una interpretación adicional, pues al respecto las jurisprudencias 1a./J. 70/2013 (10a.) -ya citada- y 1a./J. 59/2010, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponen que los autos (sin distinguir entre provisionales, preparatorios o definitivos) recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el de apelación; por ende, contra el mencionado auto debe agotarse el recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo directo. En esa línea argumentativa, se concluye que, del artículo 1345, fracción I, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que niegue la admisión de la demanda es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que no admitió la demanda promovida en la vía ejecutiva mercantil se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque el auto que niega la admisión de la demanda es definitivo porque extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación. Es fundamento de lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 151/2011; y, dice. "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación.". Sobre el tema, este Tribunal Colegiado de Circuito destaca que el criterio contenido en la tesis de mérito fue abandonado parcialmente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 472/2013, de la cual derivó la tesis 1a./J. 67/2014 (10a.), publicada el viernes 5 de diciembre de 2014, a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario de la Federación, Décima Época, Libro 13, diciembre de 2014, página 89, de título y subtítulo: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.". Sin embargo, el criterio abandonado parcialmente por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal no se ajusta al caso que nos ocupa. Lo anterior, es así porque la determinación de la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil no se emitió al dictar la sentencia definitiva, sino en el primer acuerdo que dictado en el juicio. Por tanto, el quejoso estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad, es decir, interponer el recurso de revocación contra el auto que negó la admisión de la demanda, antes de promover el juicio de amparo directo. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, de la que derivó la jurisprudencia PC.XXII. J/22 C (10a.), que dice. "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER PROVEÍDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL CUAL EL JUZGADOR, DE OFICIO, SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA, ORDENA SU ARCHIVO Y DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece los casos de excepción al principio de definitividad, entre ellos, el relativo a que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal correspondiente se sujete a una interpretación adicional o su fundamento jurídico sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponerlo o de acudir directamente al juicio constitucional. Ahora, el primer proveído dictado en un juicio ejecutivo mercantil en el cual el juzgador, de oficio, se declara incompetente por razón de la materia para conocer de la demanda, ordena su archivo y deja a salvo los derechos del actor en términos de los artículos 1114, fracción V, y 1115, primer párrafo, segunda parte, del Código de Comercio, que por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque dicha actuación constituye un auto definitivo emitido de oficio y de plano por el juzgador que impide la prosecución del juicio, es decir, no se trata de una sentencia interlocutoria, pues no resuelve una incompetencia por inhibitoria o declinatoria, a instancia de parte, la cual deriva de la tramitación de un procedimiento o incidente en términos de los artículos 1116 y 1117, respectivamente, del citado ordenamiento legal; lo que no implica una interpretación adicional, pues al respecto las jurisprudencias 1a./J. 70/2013 (10a.) y 1a./J. 59/2010, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponen que los autos (sin distinguir entre provisionales, preparatorios o definitivos) recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el de apelación; por ende, contra el mencionado auto debe agotarse el recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo directo.". En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley, procede sobreseer en el juicio de amparo directo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2014, y dice. "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". No es óbice a lo anterior, que por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, el Presidente de este Órgano Colegiado hubiera admitido el juicio de amparo directo de que se trata, en virtud de que los autos de presidencia no causan estado. Es fundamento de lo expuesto, la jurisprudencia VI.1o.P. J/53 que dice. "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de presidencia del Tribunal Colegiado es un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes que no causa estado, por lo que se refiere al Pleno de este tribunal, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente sólo tiene atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dicho órgano colegiado en Pleno decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos y, por lo mismo, el tribunal en Pleno deberá reexaminarlos.". (.)" Finalmente, se deja en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal el proyecto de resolución del presente juicio de amparo directo en versión pública para consulta del quejoso, y desahogada la vista o transcurrido el plazo hágase del conocimiento al Magistrado ponente para los efectos a que haya lugar...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · 1,382 expedientes
- Blanca Ivonne López Macedo573/2022
- Blanca Verónica López López278/2023
- Blanca Veronica Lopez Lopez694/2022
- Blasa Josefina Mejía González436/2023
- Branda Noguéz Ortega647/2022
- Braulio Godinez Rodríguez y Otros.371/2023
- BRAULIO VERA RAMÍREZ y Otros.272/2022
- Brenda Soriano Guerrero869/2022
- Brenda Uribe Viquez273/2021
- Bruno Renato González Sánchez108/2023
- Camila Irais Ventura Martínez748/2023
- Caritina Lilia Pedroza del Villar410/2022