Braulio Orlando Pérez Hernández y Otros.

Expediente 1025/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1025/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Braulio Orlando Pérez Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por *** , contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz con sede en Xalapa y otras autoridades. Regístrese con el número 1025/2022-V, en el libro de gobierno respectivo. Realícese la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común a ***, por así haberlo solicitado expresamente los quejosos. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte los quejosos combaten de las autoridades responsables: - La orden o instrucción [escrita o verbal] para el traslado de todos los expedientes que mantenía en trámite o resguardo el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz, a la Ciudad Judicial Cardel, ubicada en la localidad de Cabezas del municipio de Puente Nacional (sic1). Específicamente los expedientes *** y el cuaderno administrativo 161/2021-IX (en los cuales son parte los aquí quejosos). - La negativa de acceder y expedir justicia. Porque en la circular número 29 del año en curso, no prevé una reasignación de los expedientes que se encuentran en trámite a otros juzgados en funciones, en Veracruz, Veracruz. Al respecto, no debe pasar desapercibido que el cambio de ubicación del referido Juzgado Sexto, se realizó con motivo en la Circular emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a raíz de: - La Sesión Extraordinaria (así como su acta) celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós. - El Acuerdo tomado por el Pleno en dicha sesión, publicado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el número extraordinario trescientos noventa y dos (392), de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Circular número veintinueve (29) suscrita por la Secretaria de Acuerdos del Consejo en comento. Congruente con ello, el suscrito advierte en forma notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia. El Decreto por el que se realizó el cambio de domicilio del juzgado donde están radicados los expedientes que citan los promoventes de amparo se publicó el tres de octubre de dos mil veintidós. Asimismo, estableció que los órganos jurisdiccionales en cuestión empezarían a despachar a partir del diez de ese mismo mes y año [punto segundo del Acuerdo]. Al tratarse de un mandato de esa naturaleza, el plazo para inconformarse a través del juicio de amparo era de quince días hábiles. Feneció el tres de noviembre pasado [descontándose los días inhábiles]. En términos de los artículos 17 y 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo ha sido consentido provocando la improcedencia del juicio constitucional. Y por lo tanto se desecha la acción de amparo. A mayor abundamiento, en aras de la exhaustividad se expone que aun suponiendo la presentación de la demanda fuera oportuna [no se considera aceptable asumir que los promoventes puedan variar la fecha de conocimiento del acto reclamado, dada su naturaleza, pues quedaría a su arbitrio decidir cuándo combatir el traslado del juzgado y sus expedientes], la demanda habría de desecharse por causa manifiesta prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. Asimismo, es parte en el juicio de amparo la quejosa. Tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la Ley. O bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso concreto, los actos reclamados ya quedaron precisados. Los promoventes aducen ser parte procesal en diversos juicios radicados por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz. Por su parte, el Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, solo determinó el cambio de domicilio de dichos juzgados con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial Cardel, Veracruz, sito en Carretera Federal Nautla-Cardel, en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional,Veracruz, código postal 91653. Lo que se aprecia de los antecedentes narrados por los mismos quejosos y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el tres de octubre de dos mil veintidós, número extraordinario trescientos noventa y dos (392). De ahí que dicho reclamo no les causa un agravio personal y directo. Es así porque los impetrantes, con la emisión del Acuerdo citado y su consecuente ejecución, no resienten una afectación real y actual en su esfera jurídica. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se aleguen ser parte en algún proceso o litigantes -como es el caso- en varios. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Además, respecto de sus manifestaciones consistentes en que los reclamos en comento afectan el acceso y expedición de justicia -en el caso del profesionista en Derecho, también su desempeño laboral- y economía, no causan perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Resultan actos futuros de realización incierta. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio de los juzgados en los que aducen los impetrantes tener asuntos donde intervienen como parte. No obstante, los asuntos radicados ante los aludidos órganos jurisdiccionales continuarán con su trámite de manera normal. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en ejercicio de su profesión y en beneficio de sus clientes (los cuales forman parte de los juicios señalados). Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento de los quejosos se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio de los juzgados en cuestión. Igualmente, se estima no se demuestra el interés legítimo de los quejosos, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse -en caso de concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueven la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona. Pues los quejosos no resienten una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo les generará un beneficio inmediato. Su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos. Limita su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernados. Sustentan un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad. Sin características especiales de la situación que guardan frente al orden jurídico y los coloque en un punto diferenciado (cualificado, actual, real y jurídicamente relevante) de la situación general. De ahí que el interés que ostentan los peticionarios es simple o jurídicamente irrelevante. Porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para los interesados. Y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar. Por tanto, se estima que a los peticionarios de amparo les asiste únicamente un interés simple. No así el legítimo o el jurídico. En razón que el cambio de domicilio de los Juzgados con sede en Veracruz, Veracruz a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, no les causa un agravio personal y directo. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no les impide continuar de manera normal con los asuntos donde tiene intervención. Contrario a lo que aducen, se les seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal de los litigios radicados en esos órganos jurisdiccionales. Sin que sea dable exigir a través del amparo a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general. Tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. No estando en presencia de un mandato constitucional de actuar en un determinado sentido -como el caso de las omisiones legislativas- que esté siendo incumplido. Mucho menos que eso suceda específicamente en la esfera jurídica de los promoventes de amparo. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Como se ha explicado, los asuntos donde tienen intervención los aquí quejosos [como parte y, respecto de un impetrante, también como abogado postulante], continuarán con su trámite de manera normal. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la Ley. Sirve como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2015591, del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, de epígrafe y sinopsis siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." No se soslaya, los impetrantes también pretendan encaminar la litis al hecho de que el 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, prescindió hacer mención explícita en el traslado físico o material de los expedientes radicados en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, a otros en la ciudad del mismo nombre [Veracruz]. Pues en primer término, resulta lógico suponer los asuntos radicados ante un órgano jurisdiccional sigan su curso en éste independientemente de su lugar de residencia. Salvo dispositivo legal en contrario que conlleve determinar, verbigracia, su cambio de competencia u otro supuesto de impedimento. Bajo ese tenor, aun y si los quejosos combatieran el hecho que el 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz haya sido omiso en establecer una redistribución de los expedientes a fin de remitirlos a otros órganos jurisdiccionales residentes en la ciudad de Veracruz, devendría igualmente improcedente el juicio por los motivos expuestos en párrafos precedentes. Se itera, es una decisión interna de índole administrativa que no incide en perjuicio de la esfera jurídica de los promoventes. En consecuencia, con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida conjuntamente por ***, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022 de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de este juzgado, al así peticionarlo expresamente. AUTORIZADOS. No ha lugar tener como autorizado a ***, al fungir como quejoso en este sumario. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas previsto en el artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por listas a la parte quejosa.

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