Braulio Jorge Balcázar Coronel

Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
83/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Braulio Jorge Balcázar Coronel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de diez de febrero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue sobreseído el juicio de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de febrero de dos mil veintidós. Promoción. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad responsable en cita. Acto reclamado. En el caso, se advierte, que el peticionario de amparo reclama: la omisión de dictar laudo en el expediente laboral J/O/869/2017. Cesación de acto. En ese contexto, contra el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.". "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del análisis de las constancias que remitió la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, se advierte que el cuatro de febrero de dos mil veintidós, la junta responsable antes mencionada dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral J/O/869/2017, omisión que constituía el acto reclamado. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado; el que quedó sin efecto al emitirse el laudo de cuatro de febrero del año en curso, por lo que la afectación que se dolía el peticionario de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce de la garantía violada. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Época: Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página: 38). Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:----------Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de febrero de dos mil veintidós. Promoción. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad responsable en cita. Acto reclamado. En el caso, se advierte, que el peticionario de amparo reclama: la omisión de dictar laudo en el expediente laboral J/O/869/2017. Cesación de acto. En ese contexto, contra el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.". "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del análisis de las constancias que remitió la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, se advierte que el cuatro de febrero de dos mil veintidós, la junta responsable antes mencionada dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral J/O/869/2017, omisión que constituía el acto reclamado. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado; el que quedó sin efecto al emitirse el laudo de cuatro de febrero del año en curso, por lo que la afectación que se dolía el peticionario de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce de la garantía violada. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Época: Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página: 38). Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Recepción. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ... contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 83/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que se tramitara sin incidente de suspensión. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ...en esta ciudad. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ... por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. Traslado ministerio público. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar los oficios de emplazamiento respectivos, se ordenará que la peticionaria de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibida que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Requerimiento. Requiérase a la autoridad para que informe si el quejoso ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Reproducción electrónica. Previa solicitud, con fundamento en la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la consulta del presente juicio de amparo. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala como regla general para la práctica de audiencias, el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencias, se requiere a las partes para que manifiesten por escrito y dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, si es su deseo comparecer a la celebración de la audiencia a través de dicho sistema; lo anterior, a fin de que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de determinar la factibilidad de celebrar la audiencia en la fecha señalada, de acuerdo con la agenda del juzgado y la disponibilidad de los equipos de cómputo; en el entendido de que de no ser posible en ese momento, se deberá diferir la audiencia a fin de no vulnerar el derecho de partes a estar presentes en durante su celebración. Bajo el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna dentro del término indicado, se entenderá su conformidad con llevar a cabo la audiencia sin la asistencia de las partes. En la inteligencia, que en todo momento se pondrán formular alegatos, ya sea presentando el escrito de forma física o utilizando los medios electrónicos relativos a juicio en línea. Tercero Interesado. En cuanto al tercero interesado se determina que no le recae tal carácter, porque el acto reclamado incide solamente en los derechos procesales de la parte quejosa; por consiguiente, no se tendrá en este juicio con tal calidad al mencionado. Pruebas. La parte quejosa ofrece pruebas de instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Ahora, por lo que respecta a la documental consistente en el expediente laboral J/O/869/2017, una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado y remita las constancias respectivas se acordará lo conducente. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Transparencia. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo opinión en contrario. Lista. Finalmente, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados.

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