Braulio Hernandez de Leon
Expediente 359/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 33 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 31/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Braulio Hernandez de Leon
- BRAULIO HERNANDEZ DE LEON y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hubieran recurrido al acuerdo dictado el cuatro de octubre del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo que fue sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Por último, en atención a lo determinado en el presente proveído, devuélvanse al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, las copias certificadas de las actuaciones relativas al juicio ordinario civil **, de su índice.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 359/2017-VII-A, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, párrafo primero, del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se negó la medida cautelar solicitada; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Toda vez que el presente se formó por duplicado y separado, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA VII SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE:Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hace del conocimiento la ejecutoria dictada en sesión celebrada el veintidós de septiembre de la presente anualidad, en el recurso de queja 111/2017, de su índice, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." Atento a lo anterior, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo con motivo de la interposición del aludido recurso de queja hecho valer por Roberto Castillo Pérez, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, de la parte tercera interesada, y se reanudaría hasta en tanto se resolviera dicho medio de impugnación, lo que ya aconteció; por tanto, SE REANUDA EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO, sin que haya lugar a señalar fecha de la audiencia constitucional, por las razones que más adelante se señalan. En consecuencia, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdos de veintinueve de septiembre y tres de octubre ambos del presente año, respectivamente, se reservó acordar lo relativo a las constancias remitidas por el Juez Quinto de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, así como del escrito presentado por el referido autorizado de la parte tercera interesada, y dado que en esta fecha se reanudó el procedimiento, al respecto, se provee lo siguiente: Por cuanto al oficio 3913, signado por el Juez Quinto de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, se le tiene haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de la presente anualidad, dentro del juicio ordinario civil sobre guarda y custodia 18/2017, promovido en contra del quejoso Braulio Hernández de León por Crescencio Hernández Lorenzo, respecto al menor cuyo nombre se compone de las iniciales B.N.H.H. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En efecto, a consideración de la suscrita, respecto de los actos reclamados al Juez Quinto de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, se actualizan de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente. Del precepto transcrito anteriormente, se advierte que el cambio de situación jurídica se surte en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, con motivo de las diferentes etapas en las que se dividen; es decir, la causal de improcedencia en estudio se refiere a la irreparabilidad jurídica, por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de garantías pudiera ser ilegal, por lo que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En ese orden de ideas, la causa de improcedencia que se invoca se estima acreditada al tenor de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte, en lo que interesa, que: 1. El juicio de amparo en que se actúa fue promovido por Braulio Hernández de León, contra la resolución dictada el quince de marzo de dos mil diecisiete en el recurso de revocación que hizo valer dentro del cuaderno de medida provisional deducido del expediente ***, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. 2. El expediente ***, corresponde al juicio ordinario civil sobre guarda y custodia respecto del menor cuyo nombre se compone con las iniciales B.N.H.H., promovido por Crescencio Hernández Lorenzo, por sí y en representación de dicho menor, en contra del aquí quejoso; así como sobre la regulación del régimen de convivencia del menor de referencia con su padre. 3. Que en dicha determinación reclamada se confirmó el auto dictado el uno de febrero del año en curso, en el cual se ordenó girar oficio a la directora del plantel educativo al que asiste el indicado menor de edad (nieto del tercero interesado e hijo del aquí disconforme), a fin de hacer de su conocimiento que sus abuelos Crescencio Hernández Lorenzo y María Inés Pérez Mar son quienes fungían como sus tutores, por lo que únicamente ellos son los que se harán cargo de la entrega y recepción del infante ante dicho plantel, así como de atender todas las cuestiones relacionadas con su educación; lo anterior en virtud de que el doce de enero pasado, se decretó en favor del primero de ellos la guarda y custodia provisional del niño. 4. El veintiuno de septiembre de la presente anualidad, se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen, mediante la cual, entre otras cosas, se determinó conceder de manera definitiva la custodia del referido menor de edad, en favor de sus abuelos, aquí terceros interesados. Expuestos los hechos anteriores, se concluye que el quejoso, en la especie, reclamó la resolución que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de un proveído emitido a fin de hacer valer una medida provisional decretada en el controvertido de origen. Ello es así, debido a que a través de la resolución reclamada se confirmó el acuerdo de uno de febrero pasado, en el que la juez responsable ordenó girar oficio a la directora del plantel educativo al que asiste el referido menor de edad, a fin de hacer de su conocimiento que los abuelos de este último, eran quienes contaban con su custodia provisional, por lo que únicamente con ellos debía atender todas las cuestiones inherentes a su educación. Por tanto, si el veintiuno del pasado mes de septiembre, se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen, mediante la cual, entre otras cosas, se determinó conceder de manera definitiva la custodia del referido menor de edad, en favor de sus abuelos, es evidente que en el particular se materializa la causal de improcedencia en estudio, ya que no es factible decidir válidamente respecto a la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación creada por la conclusión del asunto natural. En efecto, las violaciones atribuidas a la autoridad responsable quedaron consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales del procedimiento de origen, lo que imposibilita el examen constitucional de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación derivada de la sentencia pronunciada, sobreviniendo de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues debe decirse que la emisión de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio de origen 18/2017, sustituyó la situación en la que se encontraba el quejoso con motivo de los actos que reclamó en el presente controvertido y, por ende, operó un cambio de situación jurídica, que hace que las violaciones que se hicieron valer, deban considerarse consumadas irreparablemente en el procedimiento respectivo. Por otra parte, respecto a los actos reclamados al Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira; esta Juzgadora considera que se actualiza de manera plena la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII del numeral en cita, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y que establece:. De los indicados numerales, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, entre otros, en aquellos casos en que tal improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; además, que para efectos del juicio de garantías es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; esto es, serán autoridades responsables aquellas que creen, modifiquen, o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también aquellos particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En esa virtud, el Secretario por la naturaleza del puesto que desempeña, al firmar o autorizar los acuerdos, autos, sentencias, etcétera, no ejecuta funciones de autoridad, sino de un simple fedatario de los actos de la responsable, por lo que no tiene el carácter de autoridad en este juicio, pues como ha quedado apuntado, dicha autoridad no dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar los actos que se le reclaman, pues sólo es fedatario de los actos que se le atribuyen al juez responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos atribuidos al Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. Así las cosas, al actualizarse de manera indudable y manifiesta las indicadas causales de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por Braulio Hernández de León. Por otra parte, respecto del escrito signado por Roberto Castillo Pérez, autorizado en términos amplios de la parte tercera interesada; a través del cual hace del conocimiento de este juzgado que en el presente asunto se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haber cambiado de situación jurídica del impetrante con motivo de que en el juicio natural se dictó sentencia definitiva; dígase que al respecto se esté a lo acordado en el presente proveído. Por último, háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
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