Braulio Diroche Martínez

Expediente 204/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
204/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Braulio Diroche Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda que generó el presente juicio; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veinte de abril de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en la capital de la entidad, en atención a su contenido, téngasele informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mismo que quedó registrado con el número 144/2023 de su índice; información de la cual se toma la nota correspondiente para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano decretada en los presentes autos; así entonces, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la papeleta de turno de demanda de amparo que remite la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a la cual adjunta, el oficio 4821/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa y los autos originales del juicio de amparo 508/2023 de ese índice, formado con motivo de la demanda promovida por Roberto Méndez Torres, en favor de Braulio Diroche Martínez, contra actos del 1) Titular de la Oficina de Representación y 2) Director de la Estación Migratoria, los anteriores del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, y 3) Titular de la Oficina de Representación, 4) Director de la Estación Migratoria, 5) Subdirector de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina de Representación, estos últimos del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana. Lo anterior, al estimar que la materialización de los actos reclamados se está ejecutando en esta ciudad, por lo que, se declaró incompetente para conocer de la referida demanda de amparo de que trata y declinó la competencia para que conozca de esa controversia constitucional, en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Tijuana. En consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y háganse las anotaciones respectivas de su ingreso en el libro de gobierno, debiéndose registrar con el número de juicio 204/2023. Luego, del análisis íntegro de las constancias que se reciben, se advierte que los actos materia de reclamo tienen ejecución en la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción, pues se desprende que el diecinueve de febrero pasado, la Actuaria adscrita al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se constituyó a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Baja California, en esta ciudad, a fin de notificar al directo agraviado el proveído dictado en esa misma data en el juicio de amparo 508/2023 del índice de la autoridad declinante, quien en el momento de la diligencia ratificó la demanda de amparo interpuesta en su favor, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En ese orden, comuníquese al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, que con fundamento en los artículos 37, 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada en sus términos; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Seguidamente, de las constancias que conforman el asunto de trato, se obtiene que por acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo 508/2023 que dio origen al presente expediente, se concedió la suspensión de oficio y de plano en favor del quejoso Braulio Diroche Martínez, contra actos del 1) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades, en los siguientes términos: ".procede conceder la suspensión de plano de los actos reclamados para los siguientes efectos: I. Se otorgue la inmediata libertad, sin garantía económica alguna dada su calidad migratoria, a la parte quejosa. II: Cesen de inmediato los actos de detención, incomunicación, deportación, aseguramiento y alojamiento, generados por las autoridades responsables, o cualquiera de los previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. III. Permita que la parte quejosa pueda comunicarse de inmediato con quien estime conveniente y además de ello se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación IV. Se brinde la atención médica que, en su caso, requiera respecto de algún problema de salud que presente, para lo cual, las autoridades responsables deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten haberla otorgado. EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSION - La presente medida cautelar no surtirá ningún efecto si diversa autoridad de amparo se pronunció sobre tales actos. - La parte quejosa puede circular libremente en esta localidad, pero no podrá hacerlo por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el citado artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, establecerá domicilio o lugar en el que permanecerá momentáneamente. - La suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si las autoridades migratorias informan que la parte quejosa no inicio el trámite para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema." Medida cautelar otorgada al quejoso Braulio Diroche Martínez, y que, este juzgado de Distrito ratifica en sus términos por cuanto hace a su concesión. Sin embargo, se estima procedente modificar los requisitos de eficacia establecidos por cuanto hace al acto reclamado consistente en la detención, para quedar como sigue: En cuanto al acto reclamado consistente en la detención, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que subsiste la suspensión concedida en los términos precisados en el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, dentro del expediente 508/2023; sin embargo, se modifica para que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal y a la de las autoridades responsables únicamente para la prosecución del procedimiento seguido en su contra. En la inteligencia que si la detención del directamente agraviado no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en inmediata libertad, sólo en el caso de que haya transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración1 , o bien, que hayan transcurrido las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento2 . Lo anterior, sin perjuicio que las autoridades migratorias puedan establecer con plenitud de jurisdicción alguna de las medidas que estimen pertinentes conforme al artículo 102 de la Ley de Migración, para que el quejoso continúe con su trámite migratorio, a saber, de manera enunciativa, que proporcione domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanezca; que no podrá ausentarse sin autorización por escrito del Instituto Nacional de Migración, presentarse las veces que sean requerido por las autoridades administrativas. En el entendido que, las autoridades responsables deberán ponderar las circunstancias especiales del extranjero quejoso, como lo es, que podría presentar una especial vulnerabilidad, por haber salido de su país de origen dejando su vida, posesiones, familia y afectos atrás, ante la situación de amenaza de su vida, de la pérdida de su libertad o integridad por lo que difícilmente tiene lazos en México o un conocimiento amplio de su contexto y menos de su 1 Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. 2 Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. sistema legal, que le permita ejercer mejor sus derechos humanos como los relativos a pedir refugio a la protección judicial y a no ser devuelto al país del que ha salido por una situación de amenaza; incluso en su movilidad se pudo haber enfrentado a la delincuencia y ser despojado de los pocos recursos que tiene para viajar; a efecto que fije las medidas a que se refiere el numeral precitado con antelación. Seguidamente, en atención a que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra información en cuanto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la suspensión de plano decretada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, dentro del juicio de amparo 508/2023, así como tampoco de la medida de aseguramiento impuesta al quejoso en cuestión, ni del estado procesal que guarda su calidad migratoria, ello, a efecto de que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido que, como se estableció, el impetrante queda a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, requiérase a las autoridades responsables 1) Titular de la Oficina de Representación y 2) Director de la Estación Migratoria, los anteriores del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, y 3) Titular de la Oficina de Representación, 4) Director de la Estación Migratoria, 5) Subdirector de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina de Representación, estos últimos del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, remitan las constancias relativas al cumplimiento dado a la suspensión de plano otorgada por auto de diecinueve de febrero pasado, dictado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, dentro del juicio de amparo 508/2023. Asimismo, deberán informar, las medidas de aseguramiento que hayan decretado respecto del quejoso de que se trata, y el estado procesal en que se encuentra su calidad migratoria. Con el apercibimiento que de omitir dar cumplimiento a lo anterior en los términos indicados, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238, de la invocada legislación. En otro orden, vista la demanda de amparo promovida por Roberto Méndez Torres, en favor de Braulio Diroche Martínez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, se impone precisar lo que prevén los artículos 108 fracción V, 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. (.)." Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa incumplió con dos de los extremos contemplados en los numerales antes transcritos; por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérasele al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento a la siguiente prevención: ? ÚNICO: Narre la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, ello, toda vez de la lectura íntegra del ocurso de cuenta, no se advierte que hubiere señalado el capítulo correspondiente. De igual manera, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si ha promovido diverso juicio de amparo en esta ciudad o en cualquier otra del territorio mexicano, contra los actos que en esta vía se pretenden combatir. Información que resulta necesaria para establecer de manera efectiva y clara la litis respecto de la cual versará el presente juicio, brindando certeza jurídica a las actuaciones y a las partes en el juicio, y que constituye un requisito esencial en el escrito inicial de demanda, acorde con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En el entendido, que la aclaración de que se trata se requiere bajo protesta de decir verdad, sólo podrá ser formulada por los quejosos y no por sus autorizados, por tratarse de un acto personalísimo y que sólo le incumbe a la parte peticionaria del amparo. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2007285, cuyo rubro dice3 : "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD2, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA REATIVA." Asimismo, por las razones que la informan, la Jurisprudencia4 , cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento de a lo anterior en el lapso concedido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 último párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, hágase del conocimiento del quejoso y sus autorizados que de considerar actualizada la hipótesis del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que prevé sanciones para la parte quejosa, para su abogado, autorizado o ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda, afirmen hechos falsos, u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Méndez Torres, cuya cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco. Ahora, respecto al correo electrónico y número de teléfono que señala en el escrito inicial como único medio para recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad; dado que tales medios no son idóneos para realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el 26 fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que señala: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR. El artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo autoriza que las notificaciones en el juicio puedan hacerse vía electrónica a las partes, condicionado a que así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Por su parte, los numerales 77 a 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015, prevén la posibilidad de que las partes consulten el expediente electrónico respectivo, lo que se supedita a la previa solicitud expresa del interesado y a la autorización del juzgador ante quien se tramite el asunto, con la determinación de que dicha cuestión no implica, por sí misma, el permiso para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello se exige, en primer término, la solicitud expresa mediante una promoción impresa o electrónica, cumpliendo los requisitos respectivos, aunado a que el Juez es el único facultado para autorizar o revocar los permisos necesarios para realizar notificaciones en esta forma. En esa tesitura, si se solicita la vinculación del juicio de amparo con un nombre de usuario, de concederse, únicamente tiene como consecuencia poder consultar el expediente electrónico; dicho en otras palabras, la circunstancia de que a solicitud expresa, el expediente electrónico se vincule a un determinado usuario, no implica que por ese hecho, las notificaciones se harán electrónicamente, pues para ello se requiere de una solicitud expresa del interesado, entre otros requisitos." Sin perjuicio de lo anterior, se toma nota del correo electrónico y número de teléfono que proporciona, para que de estimarlo necesario, este órgano jurisdiccional establezca contacto con la parte quejosa. No obstante, toda vez que el agraviado se encuentra privado de su libertad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que deriven del presente asunto, deberán practicársele en forma personal en las instalaciones de dicha estación migratoria, ello hasta en tanto subsista ese estado de detención. En otro aspecto, respecto a la solicitud que formula en el sentido que se le autorice el uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto al juicio de amparo 204/2023-D1 del índice de este órgano jurisdiccional, con el usuario "Robtor57". Atento a lo anterior, y dado que se aprecia el estado de vigencia en la que se encuentra el certificado digital (Firel) de los usuarios que señala en el ocurso constitucional, conforme lo previsto en el artículo 263, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, así como en los diversos 10, 14 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Roberto Méndez Torres, cuenta con el usuario "Robtor57", para que realice la consulta en línea del juicio de amparo 204/2023-D1, del índice de este órgano jurisdiccional; quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. Sin ser el caso de ordenar sus notificaciones por la vía electrónica, dado que no lo solicitó expresamente como lo prevé el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, la Secretaría realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea a Roberto Méndez Torres, cuenta con el usuario "Robtor57", para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente para el presente asunto, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. Ahora, de conformidad con los artículos 52 bis y 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. Hágase saber a las autoridades que cualquier promoción que pretendan presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 11jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, atento a lo establecido en el Acuerdo General de referencia, mismo que establece los principios rectores y disposiciones generales de la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el consejo, para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 10,591 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano