Braulio Cruz Hernández
Expediente 487/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Braulio Cruz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, VÍA ELECTRÓNICA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; tres de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención de veintiuno de abril pasado. IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y anexos, se obtiene que el objeto de estudio en este asunto lo constituye, el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el incidente de nulidad de convenio, promovido por Braulio Cruz Hernández en contra de Isidra Parra Gallegos, en autos del juicio de alimentos 654-2/2017, en el que desecha de plano por notoriamente improcedente el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el referido incidente. Sobre esa base, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el numeral en comento. No obstante, dicho principio admite excepciones, que el mismo numeral describe, las cuales son las siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe impugnarse a través del recurso que prevé la ley, en este caso el de queja, por los siguientes motivos: Los numerales 389, último párrafo y 399, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: "ARTICULO 389.- (.) El auto que tenga por no interpuesta la apelación es recurrible en queja; el que la admita es irrecurrible. "Artículo 399.- Procedencia del recurso de queja en contra del juzgador. El recurso de queja contra el juzgador es procedente: (.) II. Contra la denegación de la apelación." Conforme con lo transcrito, el recurso de queja procede en contra del auto que tenga por no interpuesta la apelación. Ahora, si la parte quejosa reclama un acuerdo en el que no se acordó favorable el escrito mediante el cual interpuso recurso de apelación en contra de aquél en el que el Juez responsable determinó que se estuviera a lo acordado en acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en relación con su petición de retener y no entregar a la parte actora (Isidra Parra Gallegos) en el referido juicio de alimentos, el treinta por ciento de su salario y demás prestaciones que se le descuentan por concepto de alimentos que habían convenido; es procedente en contra de esa determinación el recurso de que queja; por tanto, previamente a promover el juicio de amparo debió observar el medio de impugnación aludido y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, dado que tiene el carácter de parte en el juicio de origen, aunado a que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, de modo que no es optativo para la parte quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Por tanto, aun cuando el acto reclamado sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, esta acción es factible una vez que se hayan agotado los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 8 de junio de 2018, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente de manera electrónica a través del usuario proporcionado. ... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO...
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA POR VIA ELECTRONICA DEL AUTO DE veintiocho de abril de dos mil veintiuno, QUE DICE: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; atento a su contenido no ha lugar a tener por desahogada la prevención de veintiuno de abril del año en curso, en razón de que no especifica de manera clara si reclama el acto precisado en el inciso a) o en el inciso b), de la referida prevención, ya que nuevamente de manera genérica expone diversas actuaciones sin que se aterrice la conducta que en esta vía reprocha, en los términos advertidos por este juzgado federal; aunado a que señala como nueva autoridad a la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, de quien reitera como acto reclamado el siguiente: "(.) reclamo de la actuaria judicial adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, la falta de expedición de justicia pronta y expedita, en el expediente incidental 654-2/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Tabares, en donde promueve el ahora quejoso en mi carácter de actor incidentista en contra de la C. ISIDRA PARRA GALLEGOS, en su carácter de demandada incidentada ahora tercero perjudicado consistente en la omisión de emplazar de nueva cuenta a la ahora tercero perjudicada y así regularizar y dar cumplimiento al procedimiento judicial ordenado por la responsable ordenadora por omisión de la propia responsable en la cadena de custodia de su expediente, el cual al no ser manipulado correctamente cometió en mi perjuicio omisiones que me causan daño económico (.)" Lo que regresa al punto de partida de la prevención referida pues no existe certeza de cuál sea el acto reclamado en el presente juicio, si lo es el precisado en el inciso a) o lo es el indicado en el inciso b) de la referida prevención, por lo que deberá precisar cuál de dichos actos constituye la materia del presente juicio y dependiente del acto que señala deberá desahogar en sus términos los incisos c) y d); por tanto, como aún se encuentra dentro del término concedido, acuérdese lo relativo, una vez que el promovente de cumplimiento a ello o fenezca el plazo otorgado. Notifíquese personalmente de manera electrónica a través del usuario proporcionado.
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TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA
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