Braulio César Montes Vázquez
Expediente 953/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Braulio César Montes Vázquez
- Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ESTADO PROCESAL DE LOS AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HUBIERE RECURRIDO EL PROVEÍDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PLANTEADA; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 2° DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) Y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por Oliver Delgado Peralta, en su carácter de autorizado del tercero interesado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias certificadas que solicita, previa razón de recibo que se deje en autos, en la inteligencia de que es a su costa la reproducción fotostática de las mismas, las cuales puede obtener y recoger cualquier día hábil, en el entendido de que será entregada ÚNICAMENTE por conducto de las personas previamente autorizadas para tales efectos. Sin que haya lugar a acordar de conformidad las autorizaciones que pretende en el ocurso de mérito, en virtud de que el signante, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de la materia, no está facultado para sustituir o delegar facultades en un tercero. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Alondra Robles Girón, secretaria que da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por el Braulio César Montes Vázquez, Olga Salmerón Mendoza, Linda Karina Ríos Radilla y Jaime Luis Colon García, por su propio derecho y en su carácter de regidores en el periodo 2015-2018, contra actos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 953/2018, y fórmese expediente. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo en cuestión, ya que se advierte una manifiesta, notoria e indudable causa de improcedencia. Se estima actualizada la causal invocada, según se pondrá de relieve enseguida. El precepto citado en primer término, es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las diecisiete fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la legislación de la materia. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Página 373, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, interpretó el citado artículo en los siguientes términos: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno a las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En ese sentido, la interpretación a contrario imperio de los artículos 1°, fracción I, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: En primer término, es necesaria la remisión al texto de estas últimas normas, las cuales, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por nomas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el citado artículo 5, fracción II, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1 de la Ley de la Materia, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II del numeral 5 de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, el artículo 103 fracción I, de la Constitución Federal, es del tenor siguiente: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " Por lo tanto, existe una norma constitucional que señala que procede el amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos; contrario sensu, es improcedente contra dichos actos no revisten el carácter de actos de autoridad, como en el caso. Lo anterior tiene sustento además en la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, que enseguida se transcribe: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Lo anterior porque, si bien, conforme a los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones de carácter civil ante un juez o tribunal competente, y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva a través de la procedencia de recursos ante tribunales competentes que ampare a los particulares contra actos que violen sus derechos fundamentales; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de obviar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y, si la propia constitución establece en su artículo 103 que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos del quejoso y el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo establecen la improcedencia del juicio de amparo cuando los reclamados no constituyan actos de autoridad, entonces, no obstante que el quejoso tenga derecho a la tutela judicial efectiva, si el amparo es improcedente no es posible dejar de aplicar esa regla procesal. "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Tesis 2a. LXXXI/2012 10a., de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587) "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Tesis 1a. CCLXXV/2012 10a., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 525). Conforme a lo expuesto, los juzgadores de amparo deben verificar si en el caso concreto los actos u omisiones reclamadas constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la tesis I.13o.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXI, Página: 1620, febrero de dos mil cinco, Novena Época, del siguiente rubro y texto son del siguiente tenor: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo decisión, ejecución o ambas o negativo abstención u omisión que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas ley o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Con base en lo expuesto es posible deducir que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra que aun siendo emitidos por una autoridad, no afecten por sí y ante sí, o de manera unilateral no creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a las consecuencias naturales del acto reclamado y si inciden en la esfera jurídica del particular quejoso, para de esta manera determinar si puede ser considerado o no un acto de autoridad para efectos del amparo. En la especie, los quejosos, precisan que reclaman de las autoridades responsables lo siguiente: "La Omisión a dar respuesta a un escrito de petición en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 3 de octubre de 2018, y que fue recibido en la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal el día 5 de octubre de .2018, en cuanto a la Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal fue recibido el día 8 de octubre del año 2018, y en cuanto a la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Municipal fue recibido el día 8 de octubre del año 2018." Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, refieren lo siguiente: ". Fue hasta el día 3 de octubre de 2018, que en virtud de que no existía seguridad y certeza jurídica ante las gestiones que de manera extraoficial realizábamos con las nuevas autoridades, decidimos ejercer nuestro derecho de petición y a través de escrito de fecha 3 de octubre de 2018, el cual se adjunta al presente escrito como anexo único, y el cual fue formulado para efectos de solicitar el pago de la segunda quincena del mes de septiembre, que hasta la fecha se nos adeuda, así como también solicitando en el momento oportuno el pago de la parte proporcional del Aguinaldo que nos corresponde, con el objetivo de obtener una respuesta y no quedar en estado de indefensión y poder ejercer nuestro derecho de audiencia y defensa en la vía adecuada ante lo que consideramos una violación a nuestros derechos políticos y ciudadanos.." Lo subrayado es propio. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados los hace consistir en la omisión de las responsables de finiquitar el pago por el cargo que desempeñaban en el Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad, así como el pago proporcional del aguinaldo. Establecido lo anterior, de acuerdo con la teoría general del derecho, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares o entre entes de gobierno, en las cuales actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral y administrativo. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Precisado lo anterior, es incuestionable que los actos que imputa a las autoridades de mérito y que son materia de la litis en el presente juicio de amparo, no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del presente juicio, pues actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la dependencia Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues prescindiendo de su imperio, se sitúan en el mismo plano que el gobernado derivado de la relación laboral que los une, es decir, en este caso no figuran como estado con investidura de poder, sino como parte patronal en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En ese contexto, esto es, que en el caso se reclaman actos que se emitieron por funcionarios del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en su calidad de Patrón Estado y por ende en el ámbito asimilado al laboral, es necesario establecer que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las "relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias." Aunado a lo anterior, el artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de Los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, refiere que al Tribunal de Conciliación y Arbitraje le compete resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores. Dicho, precepto establece: "Artículo 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para: I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores; " En ese orden, si como se dijo los actos reclamados se emitieron en el marco de una relación de trabajo entre el aquí quejoso y el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyo vínculo laboral se caracteriza por desarrollarse en un plano de coordinación y en ellas subyace la igualdad procesal, resulta inconcuso que en la especie las autoridades responsables no actuaron en un esquema de supra a subordinación como condición para la categorización de un acto de autoridad, sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular quejoso. Sobre la base expuesta, se estima que, si los actos reclamados versan sobre la suspensión de la actividad laboral que venía desempeñando el peticionario del amparo en el Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como de sus emolumentos y haberes, es evidente que las dependencias señaladas como autoridades responsables no les asiste tal carácter para los efectos del presente juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, ya que, se insiste, no resuelve cuestiones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del quejoso, en tanto que su función radica únicamente en regular el cumplimiento de las obligaciones y derechos de sus empleados, las cuales se encuentran contendidas en un reglamento interno de la citada dependencia y no de una norma general, por lo que sus actos no pueden estimarse de autoridad para este juicio de amparo, y por ende, deviene improcedente. Apoyan lo anterior, por igualada de razón las tesis de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Época: Décima Época, Registro: 2011343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materias: Común, Tesis: I.6o.T. J/28 10a., Página: 1956; TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento. (Época: Novena Época, Registro: 164201, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materias: Laboral, Tesis: 2a./J. 89/2010, Página: 314. Consecuentemente, la alegada "omisión de dar contestación a sus escritos, donde solicitan el pago del aguinaldo" atribuida a la Presidenta Municipal, Ayuntamiento, Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Juárez, Guerrero, y al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Juárez, Guerrero, todos con sede en esta ciudad (autoridades responsables), no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que se emitiría en un plano de coordinación y no bajo los supuestos antes precisados para que fueran considerados, se insiste, como actos de autoridad. En las relatadas condiciones, se puede concluir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, este último aplicado a contrario imperio, todos de la Ley de Amparo, dado que se trata de un relación contractual entre particulares que no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; lo que obliga DESECHAR por improcedente la demanda que se estudia. Criterios que resultan aplicables atendiendo a que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el transitorio sexto de dicha legislación, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. De las pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida la prueba documental adjuntad al escrito de demanda. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Faustino García Juárez, Idenia Laurel Gómez, Jesús Marín Martínez y Jazmín Acevedo Valente, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que da fe.
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CITATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Vista la demanda de amparo promovida por el Braulio César Montes Vázquez, Olga Salmerón Mendoza, Linda Karina Ríos Radilla y Jaime Luis Colon García, por su propio derecho y en su carácter de regidores en el periodo 2015-2018, contra actos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 953/2018, y fórmese expediente. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo en cuestión, ya que se advierte una manifiesta, notoria e indudable causa de improcedencia. Se estima actualizada la causal invocada, según se pondrá de relieve enseguida. El precepto citado en primer término, es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las diecisiete fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la legislación de la materia. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Página 373, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, interpretó el citado artículo en los siguientes términos: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno a las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En ese sentido, la interpretación a contrario imperio de los artículos 1°, fracción I, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: En primer término, es necesaria la remisión al texto de estas últimas normas, las cuales, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por nomas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el citado artículo 5, fracción II, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1 de la Ley de la Materia, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II del numeral 5 de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, el artículo 103 fracción I, de la Constitución Federal, es del tenor siguiente: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " Por lo tanto, existe una norma constitucional que señala que procede el amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos; contrario sensu, es improcedente contra dichos actos no revisten el carácter de actos de autoridad, como en el caso. Lo anterior tiene sustento además en la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, que enseguida se transcribe: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Lo anterior porque, si bien, conforme a los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones de carácter civil ante un juez o tribunal competente, y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva a través de la procedencia de recursos ante tribunales competentes que ampare a los particulares contra actos que violen sus derechos fundamentales; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de obviar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y, si la propia constitución establece en su artículo 103 que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos del quejoso y el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo establecen la improcedencia del juicio de amparo cuando los reclamados no constituyan actos de autoridad, entonces, no obstante que el quejoso tenga derecho a la tutela judicial efectiva, si el amparo es improcedente no es posible dejar de aplicar esa regla procesal. "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Tesis 2a. LXXXI/2012 10a., de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587) "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Tesis 1a. CCLXXV/2012 10a., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 525). Conforme a lo expuesto, los juzgadores de amparo deben verificar si en el caso concreto los actos u omisiones reclamadas constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la tesis I.13o.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXI, Página: 1620, febrero de dos mil cinco, Novena Época, del siguiente rubro y texto son del siguiente tenor: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo decisión, ejecución o ambas o negativo abstención u omisión que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas ley o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Con base en lo expuesto es posible deducir que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra que aun siendo emitidos por una autoridad, no afecten por sí y ante sí, o de manera unilateral no creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a las consecuencias naturales del acto reclamado y si inciden en la esfera jurídica del particular quejoso, para de esta manera determinar si puede ser considerado o no un acto de autoridad para efectos del amparo. En la especie, los quejosos, precisan que reclaman de las autoridades responsables lo siguiente: "La Omisión a dar respuesta a un escrito de petición en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 3 de octubre de 2018, y que fue recibido en la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal el día 5 de octubre de .2018, en cuanto a la Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal fue recibido el día 8 de octubre del año 2018, y en cuanto a la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Municipal fue recibido el día 8 de octubre del año 2018." Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, refieren lo siguiente: ". Fue hasta el día 3 de octubre de 2018, que en virtud de que no existía seguridad y certeza jurídica ante las gestiones que de manera extraoficial realizábamos con las nuevas autoridades, decidimos ejercer nuestro derecho de petición y a través de escrito de fecha 3 de octubre de 2018, el cual se adjunta al presente escrito como anexo único, y el cual fue formulado para efectos de solicitar el pago de la segunda quincena del mes de septiembre, que hasta la fecha se nos adeuda, así como también solicitando en el momento oportuno el pago de la parte proporcional del Aguinaldo que nos corresponde, con el objetivo de obtener una respuesta y no quedar en estado de indefensión y poder ejercer nuestro derecho de audiencia y defensa en la vía adecuada ante lo que consideramos una violación a nuestros derechos políticos y ciudadanos.." Lo subrayado es propio. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados los hace consistir en la omisión de las responsables de finiquitar el pago por el cargo que desempeñaban en el Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad, así como el pago proporcional del aguinaldo. Establecido lo anterior, de acuerdo con la teoría general del derecho, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares o entre entes de gobierno, en las cuales actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral y administrativo. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Precisado lo anterior, es incuestionable que los actos que imputa a las autoridades de mérito y que son materia de la litis en el presente juicio de amparo, no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del presente juicio, pues actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la dependencia Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues prescindiendo de su imperio, se sitúan en el mismo plano que el gobernado derivado de la relación laboral que los une, es decir, en este caso no figuran como estado con investidura de poder, sino como parte patronal en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En ese contexto, esto es, que en el caso se reclaman actos que se emitieron por funcionarios del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en su calidad de Patrón Estado y por ende en el ámbito asimilado al laboral, es necesario establecer que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las "relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias." Aunado a lo anterior, el artículo 113, fracción I, de la Ley de Trabajo de Los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, refiere que al Tribunal de Conciliación y Arbitraje le compete resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores. Dicho, precepto establece: "Artículo 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para: I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores; " En ese orden, si como se dijo los actos reclamados se emitieron en el marco de una relación de trabajo entre el aquí quejoso y el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyo vínculo laboral se caracteriza por desarrollarse en un plano de coordinación y en ellas subyace la igualdad procesal, resulta inconcuso que en la especie las autoridades responsables no actuaron en un esquema de supra a subordinación como condición para la categorización de un acto de autoridad, sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular quejoso. Sobre la base expuesta, se estima que, si los actos reclamados versan sobre la suspensión de la actividad laboral que venía desempeñando el peticionario del amparo en el Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como de sus emolumentos y haberes, es evidente que las dependencias señaladas como autoridades responsables no les asiste tal carácter para los efectos del presente juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, ya que, se insiste, no resuelve cuestiones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del quejoso, en tanto que su función radica únicamente en regular el cumplimiento de las obligaciones y derechos de sus empleados, las cuales se encuentran contendidas en un reglamento interno de la citada dependencia y no de una norma general, por lo que sus actos no pueden estimarse de autoridad para este juicio de amparo, y por ende, deviene improcedente. Apoyan lo anterior, por igualada de razón las tesis de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Época: Décima Época, Registro: 2011343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materias: Común, Tesis: I.6o.T. J/28 10a., Página: 1956; TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento. (Época: Novena Época, Registro: 164201, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materias: Laboral, Tesis: 2a./J. 89/2010, Página: 314. Consecuentemente, la alegada "omisión de dar contestación a sus escritos, donde solicitan el pago del aguinaldo" atribuida a la Presidenta Municipal, Ayuntamiento, Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Juárez, Guerrero, y al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Juárez, Guerrero, todos con sede en esta ciudad (autoridades responsables), no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que se emitiría en un plano de coordinación y no bajo los supuestos antes precisados para que fueran considerados, se insiste, como actos de autoridad. En las relatadas condiciones, se puede concluir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, este último aplicado a contrario imperio, todos de la Ley de Amparo, dado que se trata de un relación contractual entre particulares que no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; lo que obliga DESECHAR por improcedente la demanda que se estudia. Criterios que resultan aplicables atendiendo a que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el transitorio sexto de dicha legislación, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. De las pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida la prueba documental adjuntad al escrito de demanda. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Faustino García Juárez, Idenia Laurel Gómez, Jesús Marín Martínez y Jazmín Acevedo Valente, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. 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