Braulio Castillo Gándara

Expediente 39/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
39/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Braulio Castillo Gándara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito presentado por el quejoso ***; en mérito de su contenido, y previo cotejo que se deje en autos, devuélvase el título original *** del vehículo marca ***, mismo que acompaño a su escrito inicial de demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las constancias que se anexaron al escrito de demanda. Al respecto, dígasele que la cuestión sobre la que versa su ocurso, deberá ser peticionada por el directamente quejoso. En efecto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. "En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." El primer párrafo transcrito prevé que el quejoso podrá autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá amplias facultades para realizar cualquier acto procesal relacionado con el juicio constitucional, que favorezcan los intereses del autorizante, así como el interponer recursos, inclusive. Así, en la disposición legal en comento, se hace una referencia de diversos actos que puede realizar el autorizado por el quejoso en términos amplios de dicho numeral y señala, además, que podrá "realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante", de donde se infiere que dicha autorización implica una diversidad importante de facultades, las cuales inician desde el momento de la presentación de la demanda y subsisten mientras existan actos que realizar en relación con este medio de control constitucional para defensa de los derechos del autorizante. Es aplicable, de manera ilustrativa, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIV/98, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA." Luego, si el veinte de octubre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, es evidente que ya no existe actuación alguna que realizar dentro de este sumario para la defensa de los derechos del autorizante y por tanto, en el caso concreto, no subsiste la autorización otorgada al promovente. De ahí, que la solicitud de devolución de los documentos exhibidos, en todo caso deberá ser solicitada por el propio quejoso. Notifíquese.

  3. Principal

    De autos se advierte que mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, se considera carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente se considera que será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la definitiva, no obstante que se haya concedido la provisional, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente; de ahí que el plazo para su destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción, por no tener relevancia jurídica dado el sentido del fallo y al no estar contenido en el catálogo de juicios considerados de relevancia documental, como son los delitos contra la Seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, que se contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, así como resoluciones que tengan trascendencia jurídica, política, social o económica, con fundamento en lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que derogó el diverso Acuerdo 1/2001, en su oportunidad procédase a su destrucción, así como del duplicado de los cuadernos incidentales; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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