Braulio Alejandro Encalada Guncay
Expediente 1177/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Braulio Alejandro Encalada Guncay
- Braulio Alejandro Encalada Guncay y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido vía electrónica con evidencia criptográfica del Actuario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, por el que transcribe el acuerdo de once de enero del presente año, en el que comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de dicho asunto. En ese tenor, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, por tratarse de un asunto totalmente concluido.... Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio electrónico de la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; atento a su contenido, se provee: No obstante que el veintisiete de los corrientes, se le remitieron vía electrónica las constancias que integran el expediente en que se actúa, como lo solicita, remítansele los autos originales del presente juicio de amparo, destacando a la oficiante que la demanda de amparo se recibió a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, que el exhorto que se libró para requerir a los directamente quejosos en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinte del mes y año en curso, se envió de manera electrónica, y las documentales que justifican la diligencia realizada en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se recepcionaron de la misma forma; sin embargo, a fin de evitar mayores dilaciones, como ya se apuntó, se ordena mandar el juicio de amparo en que se actúa, previa copia certificada del mismo y formación del cuaderno de antecedentes relativo. Asimismo, se hace del conocimiento de la aludida autoridad, que el expediente electrónico se encuentra a su disposición, para que sea vinculado al diverso de su índice y pueda consultar las actuaciones practicadas por este Juzgado; por tanto, corresponderá a la persona encargada de la captura de expedientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), llevar a cabo la vinculación respectiva y, para el caso, de que no pueda efectuarla, se solicita atentamente a dicho órgano jurisdiccional, lo informe. Respecto a que este juzgado no adjuntó a las constancias remitidas, los informes de la suspensión de plano, así como la ratificación de demanda de los directos quejosos, dígasele que, precisamente en el acuerdo de veintitrés de diciembre de esta anualidad, se tuvo por recibido parcialmente diligenciado el exhorto 535/2022-J7, orden 1039/2022, del cual se aprecia el acta de ratificación de los directos quejosos que fueron localizados, por lo que en el citado acuerdo se ordenó la remisión vía electrónica del juicio de amparo, en el entendido de que en dicho archivo electrónico obra la citada comunicación oficial. También, se le hace saber que al momento de la remisión electrónica de los presentes autos, no se contaba con informe alguno sobre la suspensión de plano rendido por las autoridades responsables; empero, en proveído de veintisiete de diciembre del presente año, se tuvo por recibido el telegrama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, y se ordenó su remisión vía electrónica y mediante el servicio de mensajería Estafeta a ese órgano jurisdiccional. Por otra parte, visto el telegrama del Subrepresentante Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual rinde informe sobre la suspensión de plano, en atención a lo acordado en líneas precedentes, únicamente glósese sin mayor pronunciamiento a los autos originales, pues éstos se remitirán al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, para los efectos legales conducentes, en la inteligencia que, igualmente, se hará llegar al aludido juzgado federal, vía electrónica. Notifíquese.
- Principal
Visto; el telegrama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, mediante el cual rinde informe sobre la suspensión de plano, toda vez que en proveído de veinte de diciembre del año en curso, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, ordenándose su envío a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, misma que lo turnó al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en dicha entidad federativa, remítase vía electrónica y estafeta el telegrama de cuenta al referido órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Del mismo, envíense vía electrónica las constancias que integran el asunto, entre las que se halla la notificación electrónica generada a la parte quejosa, respecto del citado acuerdo de veinte de diciembre de esta anualidad. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica con evidencia criptográfica que promueve Fernando Romero Malpica Aguilar, en representación del menor de identidad reservada con iniciales M.R.I.Z., Braulio Alejandro Encalada Guncay, Willan Marcelo Pomaquiza Lema, Edison Eduardo Uruchima Cambi, Francisco Javier Quinde Maldonado, Tamara Carolina Zambrano Zumba, Martha Verónica Sisa Quisintuña, Samia Aracelly Shaca Sisa, Cristian Daniel Llerena Merino, Oscar Wilfrido Mainato Quizhpi y Michael Patricio Pérez Anguisaca, todos de nacionalidad ecuatoriana, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Chiapas, con sede en Tapachula y otras autoridades. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1177/2022 que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por otro lado, para los efectos legales a que haya lugar, se tiene por efectuada la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el veinte de diciembre de dos mil veintidós, de las 00:30 horas a las 06:30 horas, hora de la Ciudad de México, por encontrarse en mantenimiento preventivo mayor del sistema, se interrumpió el servicio. Precisión de quejosos y actos reclamados. Ahora bien, Fernando Romero Malpica Aguilar, promueve en favor del menor de identidad reservada con iniciales M.R.I.Z. y los diversos quejosos Braulio Alejandro Encalada Guncay, Willan Marcelo Pomaquiza Lema, Edison Eduardo Uruchima Cambi, Francisco Javier Quinde Maldonado, Tamara Carolina Zambrano Zumba, Martha Verónica Sisa Quisintuña, Samia Aracelly Shaca Sisa, Cristian Daniel Llerena Merino, Oscar Wilfrido Mainato Quizhpi y Michael Patricio Pérez Anguisaca, quien refiere, el primero es menor de edad y los restantes mayores de edad, todos de origen Ecuatoriano, los que se encuentran alojados en la Estación Migratoria, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quienes señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 2) TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIAPAS, con domicilio en. 3) ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, con domicilio en. 4) REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS con domicilio en. IV.- ACTO U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Del C. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIAPAS, del C. ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA E N TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, del C. REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, se reclama lo siguiente: 1) La ilegal e inconstitucional orden de deportación en contra de los quejosos M.R.I.Z., BRAULIO ALEJANDRO ENCALADA GUNCAY, WILLAN MARCELO POMAQUIZA LEMA, EDISON EDUARDO URUCHIMA CAMBI, FRANCISCO JAVIER QUINDE MALDONADO, TAMARA CAROLINA ZAMBRANO ZUMBA, MARTHA VERÓNICA SISA QUISINTUÑA, SAMIA ARACELLY SHACA SISA, CRISTIAN DANIEL LLERENA MERINO, OSCAR WILFRIDO MAINATO QUIZHPI, MICHAEL PATRICIO PÉREZ ANGUISACA. 2) La ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad de los quejosos M.R.I.Z., BRAULIO ALEJANDRO ENCALADA GUNCAY, WILLAN MARCELO POMAQUIZA LEMA, EDISON EDUARDO URUCHIMA CAMBI, FRANCISCO JAVIER QUINDE MALDONADO, TAMARA CAROLINA ZAMBRANO ZUMBA, MARTHA VERÓNICA SISA QUISINTUÑA, SAMIA ARACELLY SHACA SISA, CRISTIAN DANIEL LLERENA MERINO, OSCAR WILFRIDO MAINATO QUIZHPI, MICHAEL PATRICIO PÉREZ ANGUISACA. 3) El ilegal e inconstitucional alojamiento de M.R.I.Z., BRAULIO ALEJANDRO ENCALADA GUNCAY, WILLAN MARCELO POMAQUIZA LEMA, EDISON EDUARDO URUCHIMA CAMBI, FRANCISCO JAVIER QUINDE MALDONADO, TAMARA CAROLINA ZAMBRANO ZUMBA, MARTHA VERÓNICA SISA QUISINTUÑA, SAMIA ARACELLY SHACA SISA, CRISTIAN DANIEL LLERENA MERINO, OSCAR WILFRIDO MAINATO QUIZHPI, MICHAEL PATRICIO PÉREZ ANGUISACA, en la ESTACIÓN MIGRATORIA EN CHIAPAS, al estar retenidas en dicho sitio en contra de su voluntad y siendo objeto de ataques a su libertad personal fuera de juicio, por más de 36 horas. 4) La retención de los documentos de identidad del quejoso por parte de las autoridades responsables, tales como pasaportes y cédulas de identidad." Actos que estima vulneran los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la lectura integral que se realiza a la demanda de derechos fundamentales, se desprende que los quejosos reclaman en esencia de las autoridades responsables, que por el hecho de ser ecuatorianos los mantengan detenidos y/o privados de su libertad fuera de procedimiento y/o retenidos y alojados en la Estación Migratoria, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la deportación o expulsión del país, derivada de esa detención y que los documentos que acreditan su calidad migratoria (pasaportes y cédula de identificación), les sean devueltos. En ese contexto, quien esto acuerda considera oportuno señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 80/2022 (11a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4169, registro digital 2024805, Undécima Época de epígrafe: "PERSONAS MIGRANTES. EN EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS SE DEBEN OBSERVAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN, RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.", ha sostenido que en el diseño y la ejecución de las políticas migratorias (esto es, todo acto, norma, medida u omisión institucional que regule el fenómeno migratorio) las autoridades deben proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes sin discriminación alguna -esto es, sin distinción injustificada e irrazonable- y en atención al principio de igualdad como norma de ius cogens. Suspensión de plano: En esa tesitura, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo,125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a los quejosos M.R.I.Z., Braulio Alejandro Encalada Guncay, Willan Marcelo Pomaquiza Lema, Edison Eduardo Uruchima Cambi, Francisco Javier Quinde Maldonado, Tamara Carolina Zambrano Zumba, Martha Verónica Sisa Quisintuña, Samia Aracelly Shaca Sisa, Cristian Daniel Llerena Merino, Oscar Wilfrido Mainato Quizhpi, Michael Patricio Pérez Anguisaca, la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la detención, retención, alojamiento, deportación o expulsión de los aquí quejosos; así como de cualquier acto que ponga en peligro su vida, para los siguientes efectos: Si los actos derivan de su calidad de migrantes en este país, no se ejecute en su persona; deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen; Tampoco se les aplique alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos. En relación con la detención de los impetrantes del amparo, migrantes y sujetos de protección internacional en estaciones migratorias, efectuada por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión es para el efecto de que éstos queden en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. Quejoso menor de edad. Al referir el promovente que el quejoso de identidad reservada e iniciales M.R.I.Z., es menor de edad, quedan constreñidas las autoridades responsables, además a proporcionarle los cuidados que por su edad requiera, lo mantengan separado de los adultos y le brinden la alimentación que necesite, hasta en tanto cesen los actos reclamados. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578, publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." La suspensión concedida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si los quejosos no acreditan haber iniciado el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el País, ante la autoridad competente para ello, de la población o sitio en el que actualmente residan o habiten, lo que deberán realizar imperativamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenidos nuevamente por cuestiones administrativas relacionadas con este tema. Una vez iniciado el trámite, también tendrán que satisfacer ante la autoridad migratoria, los siguientes requisitos: Deberán establecer un domicilio o lugar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que permanecerán durante el trámite del procedimiento administrativo tendiente a lograr su estancia regular en el país, y no se ausentarán sin autorización, como lo dispone el artículo 102 inciso c), de la Ley de Migración; y, Comparecerán ante las autoridades migratorias cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Apoya lo anterior, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que este tribunal comparte y reproduce: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Lo resaltado es propio. Requerimiento de informe. Luego entonces, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas hagan del conocimiento de este órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión de plano aquí decretada, en la inteligencia que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Fiscal de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con independencia de lo expuesto en párrafos anteriores, se hace del conocimiento de los amparistas, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente vía telefónica o a través de cualquier otro medio de comunicación, que las responsables tengan a su alcance y les puedan permitir. Ahora bien, toda vez que el promovente manifiesta que los directamente agraviados se encuentra alojados en la Estación Migratoria, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sito en Libramiento Norte, Oriente sin número, Fraccionamiento las Palmas, código postal 29040, en esa ciudad; con fundamento en el numeral 15 de la ley de la materia y tomando en consideración que tal dirección se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena girar atento exhorto electrónico al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione personal a su digno cargo, a efecto de que se constituya de inmediato en las instalaciones de dicha dependencia, a fin de que notifique el presente auto a los agraviados M.R.I.Z., Braulio Alejandro Encalada Guncay, Willan Marcelo Pomaquiza Lema, Edison Eduardo Uruchima Cambi, Francisco Javier Quinde Maldonado, Tamara Carolina Zambrano Zumba, Martha Verónica Sisa Quisintuña, Samia Aracelly Shaca Sisa, Cristian Daniel Llerena Merino, Oscar Wilfrido Mainato Quizhpi y Michael Patricio Pérez Anguisaca y, los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, manifiesten si es su deseo o no: - Ratificar la demanda promovida en su nombre por Fernando Romero Malpica Aguilar, debiendo además apercibirlos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la referida demanda en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo. - Señalar como autorizado a Fernando Romero Malpica Aguilar. Y para el caso de que los quejosos ratifiquen la demanda, se dé fe del lugar y condiciones físicas en que estos se encuentren. Al respecto resulta ilustrativa la tesis publicada en la página 943 del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE AMPARO." Para tal efecto, el personal actuante del juzgado deberá constituirse en las instalaciones oficiales de las autoridades señaladas como responsables residentes en dicha localidad, en el entendido que de no llegar a encontrarlos en el lugar antes referido, deberá realizar la investigación del lugar en el cual se encuentren los impetrantes del amparo y, una vez hecho lo anterior, se constituya en el mismo a fin de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, ante lo cual deberá levantar la constancia correspondiente. Asimismo, para que entregue a todas y cada una de las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda los oficios 34728/2022, 34729/2022 y 34730/2022 que se anexan al exhorto que se libra, con una copia de la demanda de amparo. Se faculta al juez exhortado para que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, la citada diligencia se practique, en caso de ser necesario, en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Sin que resulte necesario que el titular del Juzgado de Distrito acuse recibo de la presente comunicación oficial, en virtud de que éste se genera automáticamente al momento de su envío a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia. En este apartado resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de esas cuestiones son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Luego, del estudio del escrito de cuenta, se advierte que el promovente señala como actos reclamados la detención, retención, alojamiento, deportación o expulsión de los aquí quejosos; así como de cualquier acto que ponga en peligro su vida, deportación y retención por parte de las autoridades responsables; de igual manera, precisa bajo protestad de decir verdad que en la actualidad los directamente quejosos, se encuentra alojados en la Estación Migratoria, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que los actos reclamados tienen ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con asiento en Acapulco de Juárez, esto es, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lugar en que se hallan actualmente alojados en la Estación Migratoria los nombrados demandantes del amparo Michael Romeo Illaisaca Zambrano, Braulio Alejandro Encalada Guncay, Willan Marcelo Pomaquiza Lema, Edison Eduardo Uruchima Cambi, Francisco Javier Quinde Maldonado, Tamara Carolina Zambrano Zumba, Martha Verónica Sisa Quisintuña, Samia Aracelly Shaca Sisa, Cristian Daniel Llerena Merino, Oscar Wilfrido Mainato Quizhpim y Michael Patricio Pérez Anguisaca, por lo que es obvio la ejecución de los actos tildados de inconstitucionales, se están llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de estancia de los agraviados. Remisión de autos por incompetencia para conocer del asunto, en razón de territorio. Con base en los argumentos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 37 de la Ley de Amparo, que se complementa con el contenido del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el Acuerdo General 19/2022, que modificó aquél, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales turno en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues es dentro de su jurisdicción en el que se encuentran alojados los multicitados quejosos y donde se ejecutan los actos reclamados, por lo que se ordena su envío a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en dicha ciudad, a fin de que a su vez, lo remita al órgano jurisdiccional en turno, a quien se le solicita y de no haber inconveniente alguno, tenga a bien ordenar la remisión vía electrónica del acuse de recibo correspondiente y, de ser posible, copia del acuerdo que recaiga al presente proveído. Por tanto, con copia certificada de la demanda y sus anexos, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Cuarta Parte, página 12, Materia Común, registro digital 240065, Séptima Época del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Se habilitan horas y días inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Romero Malpica Aguilar. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "FernandoRomeroMalpica", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Consulta del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que llegasen a solicitar durante la tramitación del presente juicio, sin que sea necesario que la soliciten por escrito ni que sea necesario emitir acuerdo posterior; la que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto. Transparencia y datos personales. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese.
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