Brandon Yair Villalobos García

Expediente 1419/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1419/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • Brandon Yair Villalobos García
  • Luis Peris Lopez Aguilera
  • Salvador Julian Medrano Sanchez
  • Lorenzo Reyes Requena

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGA OFICIO POR EL QUE AUTORIDAD SOLICITA SE LE REMITA CONSTANIA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, AMPARO DIRECTO, ASÍ COMO DEL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN RELACIÓN A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DE NOMBRE XXXXXXXX

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguense a estos autos el oficio 48787, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en Zapopan, Jalisco, que contiene inserto el auto de treinta y uno de julio del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 704/2019-I, por el cual acepta la competencia planteada por este juzgado, en relación con la demanda de amparo promovida por SALVADOR JULIAN MEDRANO SANCHEZ; LUIS DENIS LOPEZ AGUILERA; JOSE ROBERTO EQUIHUA; BRANDON YAIR VILLALOBOS GARCÍA; CESAR RUIZ TORRES; LORENZO REYES REQUENA; JOSE ULISES MEDINA LOPEZ; EMANUEL MARTINEZ MONTIEL; RICARDO MENDOZA LOZUNA; FIDEL MUNGIA CORRALES; EMILIO OVET PALACIOS ANDRADE; LEONARDO DANIEL MARIN VALADEZ; YOVANY CASTRO URBARO; MAURICIO VALVERDE CISNERO; OSCAR ALFONSO VILLANUEBA GARCIA; DAVID OSVALDO LINARES MORALES, en contra de actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Dos, "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco y de otras autoridades. En tal virtud, archívese el asunto como totalmente concluido, debiendo hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. ...

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito del licenciado Joel Vicente Flores Sarno, apoderado legal de la parte quejosa, y atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado por auto de cinco de julio del año en curso, por el cual se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que una vez tenga noticia de la sentencia dictada dentro del juicio 80/2019-IV, por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, lo informara a este juzgado.

  4. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por SALVADOR JULIAN MEDRANO SANCHEZ; LUIS PERIS LOPEZ AGUILERA; JOSE ROBERTO EQUIHUA EQUIHUA; BRANDON YAIR VILLALOBOS GARCÍA; CESAR RUIZ TORRES; LORENZO REYES REQUENA; JOSE ULISES MEDINA LOPEZ; EMANUEL MARTINEZ MONTIEL; RICARDO MENDOZA LOZUNA; FIDEL MUNGIA CORRALES; EMILIO OVET PALACIOS ANDRADE; LEONARDO DANIEL MARIN VALADEZ; YOVANY CASTRO URBARO; MAURICIO VALVERDE CISNERO; OSCAR ALFONSO VILLANUEBA GARCIA; DAVID OSVALDO LINARES MORALES, en contra de actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1919/2019. INCOMPETENCIA Ahora bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Cabe decir que de acuerdo con lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al mismo, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecuta, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, o en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material. En dicha disposición se encuentra establecida la competencia constitucional de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo. Además, la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia, de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107, de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia; por lo que, el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. De igual manera, deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto transcrito con antelación derivan tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias, así como ante quien se presentó la demanda. Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU.". (Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Mayo de 1992; Página: 94; Octava Época; Materias(s): Común; Registro No. 206167). En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Victoria, carece de competencia legal para conocer del asunto planteado, atendiendo a las siguientes consideraciones. Los solicitantes de amparo acuden ante esta instancia a promover el presente juicio en contra del acto que hacen consistir en la inadecuada atención médica que atribuyen al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente" y Comité Técnico del citado Centro Federal, con residencia en Puente Grande, Jalisco. De lo anterior, se establece que se trata de una omisión con efectos positivos, los cuales tienen ejecución en el CEFERESO Número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco; toda vez que del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que los quejosos de referencia se encuentran privados de su libertad personal en el reclusorio citado. De tal manera, en la especie se surte la hipótesis contenida en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia número 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, página 107, de rubro siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES.". Así como el contenido de la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, con el rubro siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO.". De igual forma, resulta ilustrativa al caso el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2382, del libro 10, del mes de Septiembre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UN ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales- no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.''. De lo que se sabe que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ya ejecutado el acto reclamado. De tal manera, se reitera que en la especie se surte la hipótesis contenida en el ordinal 48, párrafo primero, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esa tesitura, las consideraciones expuestas en apartados anteriores son extremos que evidencian que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del libelo constitucional que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde se está ejecutando el acto que en esta vía constitucional se combate, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN; en atención a la regla competencial dispuesta en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Jurisdiccionales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto y ante la evidente incompetencia legal por razón de territorio para que este Juzgado de Distrito pueda avocarse al conocimiento y resolución del presente asunto iniciado a raíz de la demanda de amparo promovida por SALVADOR JULIAN MEDRANO SANCHEZ; LUIS PERIS LOPEZ AGUILERA; JOSE ROBERTO EQUIHUA EQUIHUA; BRANDON YAIR VILLALOBOS GARCÍA; CESAR RUIZ TORRES; LORENZO REYES REQUENA; JOSE ULISES MEDINA LOPEZ; EMANUEL MARTINEZ MONTIEL; RICARDO MENDOZA LOZUNA; FIDEL MUNGIA CORRALES; EMILIO OVET PALACIOS ANDRADE; LEONARDO DANIEL MARIN VALADEZ; YOVANY CASTRO URBARO; MAURICIO VALVERDE CISNERO; OSCAR ALFONSO VILLANUEBA GARCIA; DAVID OSVALDO LINARES MORALES, remítase vía oficio el escrito original de la demanda de amparo, comunicando la presente determinación al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN; a quien a su vez se le solicita, de no existir inconveniente alguno, que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, conforme a sus atribuciones legales determine si acepta o no el conocimiento del asunto en mención y lo comunique a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 49, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, al estar en la hipótesis del artículo 48, de la Ley de Amparo y, además de conformidad con los artículos 15 y 126, de la citada de ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEL ACTO QUE SE HACE CONSISTIR EN LA INADECUADA ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTO, para el efecto de que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", inmediatamente ordene al Comité Técnico del citado Centro Federal, o a quien corresponda, realice una valoración médica respecto del actual estado de salud de los quejosos (certificado médico) y de ser necesario, les otorgue la atención y tratamiento médico de urgencia que requieran. Por tanto, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande así como al Comité Técnico del citado Centro Federal para que en el plazo de veinticuatro horas informen las medidas tomadas para garantizar el derecho a la salud a través de la atención médica solicitada y lo hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión decretada, debiendo remitir el certificado médico de referencia y de ser el caso, las constancias que acrediten la atención otorgada a los padecimientos que presenten los quejosos; apercibido que de no hacerlo, su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación, para la incoación de la indagatoria correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, consultable con el registro 2015908 y en la página 1421 del Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo.". Asimismo, se cita a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, con número de Registro 206395, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados con ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.". Ahora, como los quejosos SALVADOR JULIAN MEDRANO SANCHEZ; LUIS PERIS LOPEZ AGUILERA; JOSE ROBERTO EQUIHUA EQUIHUA; BRANDON YAIR VILLALOBOS GARCÍA; CESAR RUIZ TORRES; LORENZO REYES REQUENA; JOSE ULISES MEDINA LOPEZ; EMANUEL MARTINEZ MONTIEL; RICARDO MENDOZA LOZUNA; FIDEL MUNGIA CORRALES; EMILIO OVET PALACIOS ANDRADE; LEONARDO DANIEL MARIN VALADEZ; YOVANY CASTRO URBARO; MAURICIO VALVERDE CISNERO; OSCAR ALFONSO VILLANUEBA GARCIA; DAVID OSVALDO LINARES MORALES, refieren que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco; asimismo, se advierte que las autoridades que señaló como responsables Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente" y Comité Técnico del citado Centro Federal, con residencia en Puente Grande, Jalisco, tienen su domicilio en el centro de reclusión citado; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa el centro de reclusión citado, notifique el presente proveído a los quejosos referidos, debiendo hacer entrega a cada uno de los quejosos de la copia certificada del presente proveído que al efecto se le remite; asimismo, a fin de no vulnerar los derechos de los quejosos y dada la urgencia de que las citadas autoridades responsables estén notificadas del presente proveído, se le solicita que de igual manera se haga entrega de los oficios que se acompañan a las autoridades que se indican; para los efectos legales a que haya lugar. Téngase como domicilio de los peticionarios de amparo para oír y recibir notificaciones el que indican. Por otra parte, a fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial, déjese testimonio con copia de la demanda de amparo. Finalmente, no pasa inadvertida la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017822, de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."; ni la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Décima Época, Registro: 2018548, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), Página: 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; sin embargo, esta autoridad no está en condiciones hacer pronunciamiento al respecto a virtud de que tal determinación únicamente la puede realizar el Juez competente. Al respecto se cita por las razones que la informan, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Novena Época, Registro: 200536, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 45/96, Página: 201, que dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL. AL RESOLVERLO, LA SUPREMA CORTE DEBE DECLARAR INSUBSISTENTE, EN SU CASO, EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Si al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación un conflicto competencial, advierte que una autoridad contendiente desechó la demanda inicial, debe declarar insubsistente tal resolución, en virtud de que dicha autoridad sólo puede declararse incompetente y enviar los autos a la que estime competente, pero carece de facultades para desechar la demanda, precisamente por haberse declarado incompetente.". Asimismo, se cita el criterio sustentado por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con los siguientes datos de localización: Octava Época, Registro: 228506, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia(s): Civil, Página: 380, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARLA EL TRIBUNAL QUE CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER.".

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