BRANDON VILCHIS MARTÍNEZ y Otros.

Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • BRANDON VILCHIS MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, que tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de ser conservable -una vez transcurran tres años- al haberse concedido la suspensión de plano en el presente juicio. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes

  2. Principal

    Oficio 25731/2023/JC firmado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro. ********************.22/06/2023 10:4910654 Rinde su informe de suspensión de plano y realiza diversas manifestaciones en relación al acatamiento de la misma; entonces, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella, se tiene por rendido sus informes; dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga. Informa que en la causa penal ********************el tres de mayo del año en curso, se señalaron las trece hora del veinte de junio del año en curso, para la audiencia intermedia; por lo cual se ordenó su traslado al Centro de Justicia al encontrarse interno en el Centro Penitenciario del Estado, por instruirse diversa causa penal, sin embargo, al no contar con las condiciones se difirió la misma y dadas las peticiones de la partes en relación a la revisión de la medida cautelar impuesta al aquí quejoso se señalaron las trece horas del tres de julio del año en curso, para su revisión, por lo cual se ordenó su reingreso al Centro Penitenciario. También se agrega: NÚMERO PROGRESIVO DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA REGISTRO Oficio 25724/2023/JC firmado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro. ********************. 22/06/2023 10:49 10655 Rinde su informe de suspensión de plano y realizan diversas manifestaciones en relación al acatamiento de la misma; entonces, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella, se tiene por rendido sus informes; dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga. Asimismo, informa que el veinte de junio del año en curso, se concedió la suspensión provisional del proceso a favor de ********************, por lo que se comunicó lo anterior al Centro Penitenciario del Estado ordenando su inmediata libertad única y exclusivamente por la causa penal ********************, a lo cual el asesor jurídico del Centro Penitenciario informó que no se le dio la libertad material al aquí quejoso al encontrarse a disposición de diverso juez de control dentro de la carpeta judicial administrativa ********************. Por otra parte, se tienen como medios de comunicación no procesal el correo electrónico y número telefónico que indica, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Ahora bien, tomando en consideración que tanto de la demanda de amparo como de los informes relativos a la suspensión de plano, se advierte que el aquí quejoso está a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Centro dentro de la carpeta judicial administrativa ********************; en consecuencia, mediante oficio que para tal efecto se gire, se requiere al citado Juez para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído informe si en esa causa penal se le impuso al aquí quejoso alguna medida de prisión preventiva oficiosa, en caso afirmativo remita copia certificada de las constancias conducentes Así también, hágase del conocimiento de la responsable que en el supuesto de incumplir, se le impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cien días de salario; lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, se agrega: NÚMERO PROGRESIVO DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA REGISTRO Razón actuarial de veintiuno de junio de dos mil veintitrés. De la cual se advierte que el directo quejoso ******************** ratifica la demanda de amparo promovida a su nombre, y refirió ". el día de ayer 20/06/223, tuvo audiencia en el Juzgado de Control Región Centro y ahí tuve la oportunidad de ver a mi familia y a mi abogada, quien me manifestó que el día de ayer 20/06/23, me iban a poner en libertad con motivo de la suspensión condicional que me fue concedida por el Juzgado de Control , motivo por el cual desconozco porque sigo detenido . ."; en consecuencia, se acuerda: Ahora bien, a fin de acordar lo procedente sobre su admisión o desechamiento, tomando en cuenta que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, autorizado o bien a ambos que en el juicio constitucional con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo; y con apoyo además en los artículos 108, fracción I, IV y V, 112 y 114, fracción II y último párrafo, de la Ley en cita, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, y con copias de su escrito aclaratorio necesarias para cada una de las partes, cumpla con los requisitos que más adelante se indicarán. En efecto, el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. (.)." En consecuencia, es necesario prevenir a la parte quejosa a efecto de que: Manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a sus conceptos de violación. Lo anterior, toda vez que del escrito de demanda se desprende que la quejosa no da cumplimiento a lo ordenado por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo antes citado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 990, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es preciso establecer que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario", "protesto justicia" u otra similar, en virtud de que con aquélla se procura evitar que el quejoso incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable a esta consideración, la Jurisprudencia P./J.127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, visible a página 32, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Apercibida la parte quejosa que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, en el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que el impetrante de garantías está privado de su libertad personal en el Centro de Reinserción Social de Puebla (San Miguel); por tanto, con el fin de potencializar la efectividad real del juicio de amparo, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4 y 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se solicita a la Directora de Asuntos Penales de la Dirección General de Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, nombre defensor público al quejoso ********************, a fin de asistirlo en el presente asunto y garantizar de esta forma un efectivo acceso a la justicia, corriéndole traslado con copia de la demanda. Hecho lo anterior, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional el nombre del experto designado. Designación que le corresponde a aquélla, en virtud de que de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable del orden común; asignación de un asesor que resulta primordial para el quejoso a efecto de que esté debidamente asesorado y representado en el juicio de amparo en que se actúa. Tiene aplicación al caso, las consideraciones contenidas en la Contradicción de Tesis 1a./J.43/2019 (10ª.), resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 de marzo de 2019, publicada el 23 de agosto de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO" Siendo importante destacar de tal ejecutoria, lo siguiente: "95. Ahora bien, la Ley Federal de la Defensoría Pública señal que el servicio de defensoría pública comprende, entre otras cuestiones, el deber de promover, en cualquier eta a del procedimiento, juicio de amparo, recursos o cualquier diligencia necesaria para una eficaz defensa; vigilar I adecuado cumplimiento de las sentencias penales y procurar para la persona sentenciada los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables. Y, en términos generales, realizar todos los actos tendentes a salvaguardar los derechos humanos de las personas representadas y los inherentes a una defensa adecuada. "96. Estas disposiciones de la Ley Federal de la Defensoría Pública deben interpretarse conforme con el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en el sentido de que durante el juicio de amparo indirecto en materia penal que promueve, por derecho propio, una persona quejosa recluida en virtud de un procedimiento penal, sin la asistencia de un abogado, el Estado tiene el deber de tomar acciones para garantizar ese derecho y, específicamente, el derecho a la asistencia letrada. "97. Y lo mismo debe decirse de las disposiciones de factura similar contenidas en las leyes de las defensorías estatales, cuando sea el caso, pues vale la pena destacar que las legislaciones de las entidades federativas en materia de defensoría pública regulan la prestación de los servicios de representación jurídica en términos esencialmente similares a la legislación federal. Estas disposiciones deben interpretarse, también, de manera conforme con el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en el sentido de que durante el juicio de amparo indirecto que promueve por derecho propio una persona recluida en virtud de un procedimiento penal, sin representación jurídica, el Estado tiene el deber de tomar acciones para garantizar ese derecho y, específicamente, el derecho a la asistencia letrada. "98. Esta conclusión se refuerza si se tiene en consideración que también por lo que hace a la privación de la libertad en la fase de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 103, párrafo cuarto, (40) establece el deber de que el condenado esté asistido de un abogado durante el procedimiento ordinario de ejecución, y que, incluso se le designará de oficio uno público si no lo nombra; por lo que sería absurdo sostener que aunque el sistema jurídico prevé el deber de que el Estado garantice el derecho a la asistencia letrada tanto durante el proceso penal como durante la ejecución de la pena, no es necesario garantizar ese derecho en el juicio de amparo indirecto en materia penal que promueve la persona quejosa privada de la libertad por virtud de un procedimiento d aquella naturaleza, sin la asistencia de un abogado, pues da o el carácter terminal del proceso constitucional en la defensa de los derechos fundamentales el riesgo para derechos como la vida, la integridad o la salud del quejoso, con mayor razón debería garantizarse se derecho. "99. Por ende, al existir la necesidad y los fundamentos normativos para justificar el deber de garantizar el derecho a la asistencia letrada durante el juicio de amparo indirecto en materia penal que promueve la persona quejosa privada de la libertad por virtud de un procedimiento de aquella naturaleza, sin la asistencia de un abogado; es ahora necesario determinar cómo debe satisfacer ese deber. "l00. En principio, conviene destacar que la satisfacción de esa necesidad es apremiante, a efecto de que no transcurran plazos procesales cruciales para que el abogado intervenga y se logre el éxito de la instancia constitucional, como por ejemplo: mejorar los conceptos de violación de la demanda de amparo si ello es posible, ampliarla por actos o autoridades, solicitar la suspensión de lo reclamado, ofrecer pruebas relevantes, promover algún medio de impugnación, o cualquier acto necesario para lograr que en el juicio de amparo indirecto efectivamente se estudie la violación a derechos humanos reclamada. "101. Esta Primera Sala considera que si convergen las circunstancias destacadas, el órgano de control constitucional, en el primer acuerdo que dicte en el juicio de amparo indirecto o inmediatamente después de que advierta esas circunstancias (cuando no se desprendan de la demanda), deberá prevenirle para que designe a un profesional del derecho que le asista durante el juicio de amparo indirecto penal, lo que el quejoso podrá hacer ante el actuario judicial en el acto mismo de la diligencia en la que se le comunique esa prevención, o bien, dentro de los tres días siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. "102. Si al vencimiento del plazo de tres días concedido a la persona quejosa no quiere o no puede nombrar un abogado que le asista, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, con base en la interpretación conforme de las disposiciones relevantes, y esta institución no podrá negarse a prestar el servicio. "103. No está de más aclarar que, a pesar de que se haya realizado la designación oficiosa de un defensor público conforme al trámite recién expuesto, la persona quejosa privada de la libertad tiene la posibilidad de designar a un abogado de su preferencia en lugar de aquél, pero en todo caso, siempre deberá estar asistido jurídicamente en el juicio de amparo indirecto en materia penal. Apercibida la citada directora que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones a ********************. Finalmente, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. Lo firma Aarón Luis Zárate, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el Secretario Martín Alfaro Mena, quien da fe. MAM/NMS Martin Alfaro Mena, quien da fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ********************en representación del directo quejoso ********************, en términos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 15, 20, 37, 107, 109, 125, 126, y relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 646/2023. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte el siguiente acto reclamado: Privación de la libertad. Incomunicación. Ahora, tomando en consideración que la incomunicación es considerada como pena inusitada y trascendental, y por ende, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal de la República, de conformidad con los artículos 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, de oficio se concede la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto a dicho acto para el efecto de que cese de inmediato. Para dar cumplimiento a lo anterior, requiérase a las autoridades responsables para que en un plazo no mayor de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a esta determinación (suspensión de plano), apercibidas que si al hacerlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 247, fracción V, del Código Penal Federal, reformado el doce de noviembre de dos mil veintiuno. Comuníquese a las autoridades que a efecto de que estén en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento urgente hecho por esta autoridad, tienen a su disposición el número telefónico de guardia 2224593590 y el correo electrónico institucional 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término fijado en párrafos que anteceden, remitan las constancias de donde se advierta que el quejoso ha tenido, en su caso, comunicación con sus familiares, abogado o persona alguna, previniendo a las autoridades que la violación de este mandato entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. (...)." Así también, hágase del conocimiento de las responsables que en el supuesto de no rendir el referido informe en el término fijado, se les impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cien días de salario; lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a las autoridades responsables. Dígase al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir el oficio que se envía, deberán proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada, se le impondrá al encargado, como a la autoridad responsable, multa de mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $103,740.00 (ciento tres mil setecientos cuarenta pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cien días de salario, todo lo cual el fedatario asentará razón en autos; además, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación con tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa, y por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente respecto del amparo promovido en nombre del directo quejoso, se ordena al actuario se constituya en el Centro de Reinserción Social de Puebla Capital "San Miguel", y requiera al quejoso para que en el acto de la notificación de este proveído o por escrito dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su nombre, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias decretadas. De igual forma, deberá requerirlo para que en el acto de la diligencia señale si autoriza a ********************para oír y recibir notificaciones. Asimismo, el citado fedatario judicial deberá de dar fe de manera pormenorizada de su estado físico visible, así como de todas aquellas circunstancias transcendentes para la resolución del asunto y que se generen durante el desarrollo de la diligencia encomendada. En la inteligencia de que se otorgan amplias facultades al actuario para que en caso de no localizar al quejoso en el lugar señalado, pero sea informado por personal alguno, el lugar en donde está, sin mayor acuerdo se constituya en dicho lugar y lleve a cabo la diligencia encomendada, para lo cual se ordena expedir dos oficios con el nombre de la autoridad en blanco a efecto de que, en caso de ser necesarios, se asiente la denominación correspondiente, y sin necesidad de emitir nuevo acuerdo se notifiquen. Ahora, tomando en consideración que la petición de amparo no la formula directamente el quejoso y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman, se ordena a la autoridad responsable para que de suceder esto, permita al actuario el acceso a sus registros de trabajadores o visitantes e incluso que pueda entrevistarse con aquellos cuyo nombre sea similar al del quejoso, a fin de que se localice al impetrante de amparo y se dé fe del lugar y las condiciones físicas visibles en las que está, so pena de incurrir en responsabilidad penal, en términos de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como medios de comunicación no procesal el correo electrónico y número telefónico que indica, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario, sin que se tenga como domicilio para oir y recibir notificaciones por no estar contemplado en la Ley de Amparo. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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