Brandon Mancilla Carranza
Expediente 523/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brandon Mancilla Carranza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En la Ciudad de México, diecinueve de agosto de dos mil veinte. Visto el oficio electrónico recibido vía interconexión, por medio del cual el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia de Penal en la Ciudad de México, informa que acepta la competencia declinada por este juzgado y se avoca al conocimiento del asunto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce y los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por éste juzgado, a través de la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el punto Vigésimo, último párrafo del acuerdo de mérito, contados a partir del presente archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a tres de julio de dos mil veinte. Vista la promoción electrónica de cuenta recibida en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por medio de la cual, el Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acusa recibo del oficio 12153/2020, mediante el cual se le remitió el juicio de amparo 523/2020 del índice de este Juzgado Federal, e informa que se reservó acordar lo conducente respecto de la incompetencia declinada, al considerar que ha cesado el supuesto de urgencia que justificó la admisión de la promoción de la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintiséis de junio de dos mil veinte. Por recibida la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, remitida por la Asesora Jurídica Federal, designada como representante especial del menor quejoso, por medio de la cual, desahoga el requerimiento de once de los corrientes, por lo tanto, se tiene por desahogada la prevención, en los términos planteados. Por razón de técnica, primeramente se abordará lo relativo a la competencia de este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, al ser de estudio preferente, independientemente de que pudieran advertirse causas de improcedencia, pues en el caso, únicamente se podrá pronunciar al respecto el juez competente. Expuesto lo anterior, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que prevé: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) Precisado lo anterior, del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, se puede distinguir los siguientes criterios de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. "ARTICULO 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. ARTICULO 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. (.) ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De acuerdo con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito entre ellos: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; etcétera. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo antes transcrito. Asimismo, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." (No. Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). Derivado de lo anterior, se tiene que de la lectura integral de la demanda de amparo, el promovente señala como autoridades y actos reclamados, los siguientes: "III. La autoridad o autoridades responsables; En el presente caso existen diversos momentos violatorios de los derechos fundamentales de mi representado, por lo cual se señalan como sigue: Del ilegal acto de detención, resultan autoridades responsables ejecutoras los agentes de policía Ismael Fernando Alvarado de la O, y José Flores Aroche, con números de placas mil setecientos veinticuatro (1724) y cuarenta y un mil seiscientos diecinueve (41619), respectivamente. Del ilegal internamiento consecuencia de la indebida actuación de las ejecutoras y de la incorrecta atención y actuación en la integración de la carpeta de investigación, resultan autoridades responsables, el Titular del Tutelar de Menores ubicado en Obrero Mundial y la Fiscalía Central de Investigación para la atención de niños, niñas y adolescentes, la Agencia Investigadora del Ministerio Público 57, Unidad de Investigación No. 1 con detenido en turno. Asimismo, se reclama, ante la posibilidad de que se ejecuten nuevos actos que conculquen los derechos fundamentales de mi representado, cualquier actuación por parte de los agentes de policía que en su momento resulten involucrados, así como del personal del Tutelar de menores y del personal de la agencia especializada para la atención de niños, niñas y adolescentes, la Agencia Investigadora del Ministerio Público que resulte competente en su momento, dentro de las carpetas de investigación CIFNNA/57/UI-1 C/D/00828/05-2020 abierta por el delito de amenazas y CI-FBJ/BJ-3/UI-S S/D/01298/05-2020 abierta por el delito de daños a la propiedad y allanamiento de morada, así como contra cualquiera otra que se pueda iniciar a petición de la C. Consuelo Tovar Corona, en virtud de que en el presente caso, la denuncia de un presunto acto delictivo, ya ha generado la realización de múltiples actos violatorios de los derechos fundamentales de mi representado, por lo que existe el temor fundado de que tales actos continúen replicándose en perjuicio del menor Brandon Mancilla Carranza. " Establecido lo anterior, debe precisarse que en el caso concreto, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que Consuelo Tovar Corona, presentó una denuncia en contra del menor aquí quejoso Brandon Mancilla Carranza a la cual le recayó el número de carpeta de investigación CIFNN/57/UI-1 C/D/00828/05-2020 abierta en la Agencia Investigadora del Ministerio Público 57, Unidad de Investigación No. 1, por la probable comisión del delito de amenazas, por lo que se estima que este Juzgado Federal es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, de conformidad con las siguientes precisiones: La denuncia es el acto por el que cualquier persona hace del conocimiento del Ministerio Público, cumpliendo con la formalidad que establece la ley, la comisión de hechos que pueden llegar a tipificar o configurar un delito, y una vez presentada será la autoridad ministerial la que en cumplimiento oficioso de sus funciones averigüe si los hechos puestos en su conocimiento son o no delitos, para en su caso ejercer la acción penal que corresponda. Apoya lo anterior, por su contenido, la tesis 1a. CCCLXVI/2013 (10a.), que establece: "COMPETENCIA DE LOS JUECES EN MATERIA PENAL. SE ENCUENTRA DETERMINADA POR LA NATURALEZA DE LOS HECHOS DELICTIVOS Y NO POR LA PERSONA QUE PRESENTÓ LA DENUNCIA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la denuncia en materia penal es solamente el acto procesal en virtud del cual una persona hace del conocimiento de la autoridad ministerial que se han suscitado determinados hechos que pudieran constituir un delito, a partir de lo cual, dicha autoridad podrá ejercer su función de investigación en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la denuncia no limita la facultad de investigación ministerial a la calificativa de los hechos que la misma pudiese contener, ni a las personas que como probables responsables indica quien realiza tal denuncia. En consecuencia, tampoco se puede estimar que la naturaleza de los hechos delictivos se encuentre determinada de forma indefectible por la persona que presentó la denuncia o por los argumentos contenidos en la misma. Así, la determinación de qué jueces son competentes para conocer de un cierto delito, no se puede establecer a partir de quién presentó la denuncia correspondiente, sino que tal conclusión debe atender única y exclusivamente a la naturaleza de los hechos delictivos pues, de lo contrario, se tornaría en nugatoria la facultad de investigación ministerial, ya que la fijación del fuero correspondiente estaría delimitada por la persona que hizo del conocimiento de la autoridad determinados hechos." (Registro: 2005113, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 510). Así, al amparo de tal postura, resulta evidente que, para que la representación social pueda pronunciarse sobre los resultados de la averiguación, como presupuesto indispensable ésta debe haberse iniciado; toda vez que se trata de investigaciones que son presupuesto para castigar a los sujetos que hayan afectado a las víctimas y a la sociedad en general con la comisión de un hecho delictuoso, lo que se traduce en que tales averiguaciones indefectiblemente deben realizarse cuando se hayan hecho del conocimiento de tal autoridad, con la formalidad debida, hechos que la ley haya calificado como delitos, a través de una denuncia, y la falta de cumplimiento a tal obligación constituye un acto de autoridad que resulta directamente violatorio de garantías al atentar contra los derechos a la impartición de justicia y a la seguridad jurídica en lo que se refiere a la persecución de los delitos. Sustenta lo anterior, aplicada por los principios que la rigen y por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 65/2006, que prevé: "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIARLA DESPUÉS DE FORMULARSE UNA DENUNCIA DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO PERSEGUIBLE DE OFICIO. El juicio de amparo indirecto es procedente en términos del artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, en contra de la abstención del Ministerio Público de iniciar una averiguación previa ante una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos perseguibles de oficio, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 113 y 118 del Código Federal de Procedimientos Penales. Ello es así, pues tal omisión representa dejar al gobernado en estado de incertidumbre respecto a la persecución de los presuntos ilícitos denunciados, lo que contraviene el cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, cuyo objeto es garantizar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, pues en nada beneficiaría al gobernado el derecho otorgado constitucional y legalmente para combatir el no ejercicio de la acción penal, si no se le faculta para exigir que ante una denuncia se inicien las averiguaciones correspondientes." (Registro; 173828, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 66). Por los razonamientos expuestos este juzgado considera que del presente asunto, debe conocer un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, dado que como quedó evidenciado, el acto reclamado actualiza la hipótesis prevista en el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se está promoviendo juicio de amparo en contra de la omisión de tramitar la prueba pericial en materia de fotografía forense en la carpeta de investigación correspondiente, por la probable comisión del delito de daño a la propiedad; por lo que, para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados necesariamente se tendrá que acudir a la Ley penal para verificar si se violan o no las garantías alegadas, por tanto tomando en consideración que la competencia atiende exclusivamente a la naturaleza de la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, independientemente de que se señale a una autoridad administrativa en el presente juicio, el acto es de naturaleza penal. Por consiguiente, no sería jurídicamente posible entrar al estudio del acto reclamado, toda vez que de hacerlo, forzosamente se abordaría al análisis de aspectos y normas de naturaleza penal como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo este juzgado está especializado en materia administrativa. Sobre tales premisas, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 54 de la Ley de Amparo, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez, los remita al juzgado correspondiente por razón de turno, a efecto de que en caso de que exista concordancia con las consideraciones expuestas en el presente auto, provea lo conducente. Se solicita al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como medio para oír y recibir notificaciones al usuario ******************** con fundamento en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 79, 80, 87, 88 y 97 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir de la presente fecha; se le otorga el permiso para presentar promociones junto con sus anexos así como para notificarse electrónicamente de las actuaciones que se emitan en el expediente en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 89, 90, 99 y 100 del citado acuerdo, 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las promociones que a partir de esta fecha se presenten de manera electrónica, así como las constancias de consulta respectiva de las actuaciones que se emitan, mismas que serán consideradas como notificaciones electrónicas, sean integradas de manera coincidente al expediente impreso, y que las subsecuentes notificaciones, incluyendo la del presente proveído, aún las de carácter personal, sean realizadas vía electrónica. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo y el punto 8., de la Circular SECNO/7/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que, en su caso, notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables, la notificación correspondiente; en el entendido que al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-Co2 (COVID -19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Finalmente de conformidad con el artículo segundo del Acuerdo General 8/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a todas las partes a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe. El Juez Francisco Javier Rebolledo Peña El Secretario Juan de Dios García Munguía
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veinte. Vista la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por medio de la cual, la Asesora Jurídica Federal, designada como representante especial del menor quejoso, solicita se le dé acceso a las constancias que obran en el expediente, toda vez que, no están visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y así estar en posibilidad de desahogar la prevención de once de junio de dos mil veinte; asimismo, señala correo electrónico para los efectos legales a que haya lugar. En atención a la solicitud de la parte quejosa y atendiendo al hecho notorio de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", con la finalidad de salvaguardar la salud y vida, tanto de las partes del juicio, como de los servidores públicos adscritos a este juzgado, con base en la facultad discrecional del suscrito, se tiene como correo electrónico el que indica en el escrito de cuenta, para recibir notificaciones y envíese al mismo, la totalidad de las constancias que obran en autos, y dígasele que el termino concedido el once de junio de dos mil veinte, empezara a correr una vez surta efectos la notificación del presente proveído. Lo anterior, con la finalidad de evitar el contacto físico y propagar el contagio del mencionado virus, por lo que se pide la comprensión de las partes; en el entendido de que, cuando ya no exista el peligro de contagio, las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. Finalmente, se hace de su conocimiento que en autos únicamente obra agregado el correo electrónico g_carranza@hotmail,com, el cual, es de la representante legal, Gabriela Carranza Ochoa; lo anterior, se le proporciona para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía correo electrónico a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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