Brandon Ignacio Gómez Palafox

Expediente 1725/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1725/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Brandon Ignacio Gómez Palafox

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Brandon Ignacio Gómez Palafox, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 16 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 1725/2023-E. Incidente de suspensión Tramítese el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las doce horas con cuarenta minutos del diez de enero de dos mil veinticuatro; fecha que se fija tomando en cuenta que el periodo vacacional de este juzgado comprenderá la segunda quincena del mes de diciembre de este año, como lo instruyó la secretaria ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante aviso firmado el veintiocho de septiembre pasado. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que haya sido promovido por el propio quejoso o que el acto que aquí se reclama derive del mismo procedimiento o juicio, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Requerimiento Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la potestad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, remita la certificación en la que se asiente si Pablo Alberto Navarro Rivera, es defensor particular de Brandon Ignacio Gómez Palafox, y si actualmente desempeña ese cargo en la causa penal 217/2023. Bajo apercibimiento que de no cumplir, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Tercero interesado De conformidad con el ordinal 5, fracción lll, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesada a la representación social que tuvo intervención en el procedimiento penal del que deriva la materia de reclamo; por tanto, con base en el normativo 26, fracción ll, inciso b), de la propia ley, se ordena notificarle el auto admisorio mediante oficio que se le envíe, anexándole fotocopia de la demanda. Domicilio y autorizados Se tienen como autorizados en los términos solicitados a quienes menciona, y como domicilio procesal el señalado en el escrito de demanda. Medios de comunicación no procesal Se tienen como medios de comunicación no procesal la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporciona. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1725/2023-E, promovido por Brandon Ignacio Gómez Palafox, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; con una copia simple de la demanda de amparo, se abre a trámite el presente incidente de suspensión. Audiencia incidental Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Informe previo En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 136, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente al en que reciban el oficio de notificación; para tal efecto, se le envía copia simple de la demanda que se atiende. En el entendido que la potestad responsable expresará si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionará la información que tenga a su alcance, en el caso, los datos concernientes al delito y sus modalidades, materia del acto reclamado, incluyendo los preceptos legales que lo tipifiquen, siempre que aquél exista; así como los que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Haciéndole saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de cierto el acto reclamado de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y con apoyo en los artículos 238 y 260, fracción I, de la misma ley, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el diverso 245 de la ley de la materia. Suspensión de los actos materias de reclamo Del estudio integral de la demanda, se logra colegir que se señala como acto reclamado la determinación emitida en la audiencia de diez de noviembre dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal ********************, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Primeramente, cabe señalar que el ordinal 138 de la Ley de Amparo, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por tanto, bajo una interpretación aplicada del artículo 166 de la ley de la materia, se colige que tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, este órgano de control constitucional se encuentra constreñido a realizar un análisis sobre la naturaleza del acto, el interés social, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en los numerales 138 y 147 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción X, de la Carta Magna. Así, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y la vinculación del imputado; b) Que las medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", como son: i) la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana); ii) idónea para cumplir con el fin que se persigue; y, iii) necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La resolución que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Por lo que hace al primer elemento, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese delito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Respecto al segundo elemento, la Corte Interamericana afirmó que por su propia naturaleza, es la autoridad judicial a quien compete desarrollar el juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad, frente a los elementos del caso y no al legislador en función de visiones abstractas, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo; por lo que la regla de principio debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal; lo que como excepción podrá imponerse medidas de esta naturaleza únicamente cuando se acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sean compatibles con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; y, d) que resulten estrictamente proporcionales; de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. La medida cautelar de la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar; es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales; en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, resolvió dicha corte interamericana que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo, aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada del procedimiento no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. Y en cuanto a la necesidad por ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. En relación con el tercer punto consideró que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos; que esa prisión debe estar sometida a revisión periódica, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cuanto al principio de la apariencia del buen derecho que conlleva un estudio preliminar del acto reclamado, en el que basado en cálculos se pueda tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio y de ese modo, sea posible anticipar que la sentencia que se llegue a dictar en lo principal puede resultar en sentido favorable para el solicitante del amparo; en la especie, se considera que el acto reclamado conforme lo presentó la defensa del agraviado, tiene matices de violar los derechos fundamentales de la ahora quejosa, pues la responsable no dio a la impetrante la oportunidad de debatir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. El hecho mismo que se le haya impuesto por ser oficiosa impide que haya sido producto del "test de proporcionalidad" que sólo el juzgador puede efectuar y que, en caso de ser en el mismo sentido de prisión preventiva, debe estar justificada; es decir, que se trate de una medida legítima, idónea para cumplir el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, precedida de la conclusión de que las otras previstas en la ley no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o que haya peligro de sustracción del imputado; esto es, no hay prueba de que sea la más proporcional frente a lo discutido en la audiencia. Con independencia de lo que en el fondo del asunto alegue el quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva, en uso de la apariencia del buen derecho, se aprecia que su imposición oficiosa es violatoria del derecho fundamental de libertad. En cuanto al peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el agraviado se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado; por lo que si a pesar que tiene matices de devenir inconvencional, no se suspende con efectos restitutorios, la afectación es permanente mientras persista la prisión preventiva oficiosa y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Respecto a la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, no se aprecia que se encuentren comprometidos, porque es factible otorgar la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de los elementos que anteriormente se han desarrollado; más aún cuando, como se precisará, la suspensión que se otorgue no tendrá como efecto que el impetrante quede en libertad en automático por virtud de esta suspensión. En consecuencia, de conformidad con las reglas generales de la suspensión vigentes, lo procedente es conceder a Brandon Ignacio Gómez Palafox, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable señale fecha y hora dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, para el desahogo de una audiencia con intervención de las partes, en la que abra a debate entre éstas, respecto la solicitud de medidas cautelares a imponerse al quejoso y con libre apreciación imponga la más idónea, sin descartar la prisión preventiva justificada, en el proceso penal ******************** que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto se notifique la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Es aplicable la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, Undécima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Suspensión del procedimiento en el juicio de origen Dada la naturaleza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del juez de instancia que podrá continuar el procedimiento en la causa penal ********************, pero deberá suspenderlo antes de concluir la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano