Brandón Hasanny de la Sancha Flores

Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 51 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2021
Año
2021
Actuaciones
51
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Brandón Hasanny de la Sancha Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno se negó la suspensión provisional y por resolución interlocutoria de veintiocho de mayo siguiente, se negó la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el secretario Javier Ivan Contreras Osorio.

  2. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 1762021, promovido por Brandon Hassany De La Sancha Flores, quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1o, 3o, 4o, 5o y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Presidente de la Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio de amparo Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir los actos reclamados en los siguientes: Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: No emitir políticas públicas de vacunación, conforme a las prácticas médicas y protocolos internacionales, particularmente por no autorizar expender vacunas al público en general, particularmente, la vacuna relativa al SARS-COV2 (COVID-19). Al Secretario de Salud Federal: No emitir políticas públicas que se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para la vacunación universal de todas las cepas (virus, bacterias y hongos). Prohibir expender al público en general en farmacias, lugares autorizados o designados, vacunas para que las personas puedan acceder a ellas, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). A la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios: No autorizar la venta al público en general de las vacunas existentes y autorizadas por esta propia autoridad, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). Al Instituto Mexicano del Seguro Social: No aplicar las vacunas de Virus de Papiloma Humano y SARS-COV2 (COVID-19). Al Secretario de Hacienda y Crédito Público: No emitir disposiciones para la adquisición de las vacunas existentes y autorizadas por los órganos competentes, para hacer frente a las campañas de vacunación y enfrentar las contingencias sanitarias y evitar riesgos de contagio entre la población, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que la parte quejosa reclama actos de naturaleza negativa, los cuales carecen de ejecución material, actualizando el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó demostrada. Son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, tal como se expondrá a continuación. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos rindió informe justificado y negó la existencia del acto que le fue atribuido, en esencia, porque no es una de sus atribuciones emitir las políticas de vacunación; lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ninguna de las porciones que integran dicho precepto constitucional revela que el Titular del Poder Ejecutivo Federal pueda determinar las políticas de vacunación o la forma en que se llevarán a cabo éstas; de ahí que, al carecer de atribuciones o facultades para emitir políticas de vacunación, resulte inexistente el acto que le fue atribuido por la parte quejosa. Igualmente, al rendir el informe justificado respectivo, el Secretario de Hacienda y Crédito Público negó la existencia del acto que le fue atribuido, ya que no se encuentra dentro de sus facultades emitir disposiciones para la adquisición de vacunas existentes y autorizadas por los "órganos competentes", particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH); lo cual se corrobora con lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6º del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en ese sentido, resulta factible tener como inexistente el acto reclamado que fue atribuido a dicha autoridad responsable. Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios rindió informe justificado en el que negó la existencia del acto reclamado que le fue imputado, puesto que afirmó que no era de su competencia la autorización de venta al público en general de las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH); tal circunstancia, se corrobora con lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, cuyo contenido permite apreciar que la comisión aludida no cuenta con atribuciones para autorizar la venta al público en general de cualquier clase de vacunas, por lo cual, resulta indudable que es inexistente el acto reclamado que le fue atribuido. De igual manera, al rendir el informe justificado respectivo, en relación a la aplicación de la vacuna relacionada con el SARS-COV2 (COVID-19), el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que la Secretaría de Salud era la encargada de dirigir las brigadas e instrumentación de la estrategia de vacunación, conforme a la política nacional de vacunación para la prevención de covid-19, la cual dispuso como cinco etapas para la aplicación de dicha vacuna, siendo responsables de tal circunstancia servidores públicos adscritos a la Secretari´a del Bienestar, adema´s del personal de las diversas instituciones del sector salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y personal voluntario. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que forma parte del sector salud, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, de manera que, en términos de lo dispuesto por la política nacional de vacunación, dicho Instituto también es responsable de la aplicación de la vacuna relacionada con el virus SARS-COV2 (COVID-19). En lo concerniente a la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), el Instituto Mexicano del Seguro Social afirmó que tal inoculación no forma parte del cuadro básico para adultos masculinos; incluso, el instituto responsable indicó que los centros para el control y la prevención de enfermedades recomendaban la vacunación contra dicho virus en edades tempranas, preferentemente hasta los veintiséis años, ya que, hacerlo en edades posteriores a esta última podrían no ser efectivas; no obstante, dicho instituto afirmó desconocer los padecimientos reales del peticionario de amparo respecto del Virus del Papiloma Humano (VPH). Conviene señalar que el sitio de internet de la Secretaría de Salud, respecto de la aplicabilidad de la vacuna relacionada con el Virus del Papiloma Humano (VPH), cita una diversa fuente electrónica que remite al portal del Instituto Nacional del Cáncer, en el que, entre otras cosas, puede apreciarse que la vacuna aludida también puede y debe aplicarse a personas adultas entre veintisiete y cuarenta y cinco años, aun cuando pudieran ser menos efectivas por encontrarse con mayores probabilidades de exposición a dicho virus, sugiriéndose una vacunación rutinaria, previa consulta de un médico, a efecto de prevenir el riesgo de nuevas infecciones; de manera que, aun cuando no se encuentra dentro del cuadro básico de vacunación, el instituto responsable puede aplicar la vacuna a personas adultas masculinas, previa consulta. Una vez que se ha aclarado que el Instituto Mexicano del Seguro Social sí tiene obligación de aplicar las vacunas correspondientes al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH), debe decirse que la parte quejosa no demostró que el multicitado instituto le negara la aplicación de las mismas, puesto que no exhibió medio de convicción alguno del que pudiera apreciarse objetivamente tal circunstancia; sin que pueda considerarse que se exige al amparista la acreditación de hechos negativos, pues su dicho envuelve una afirmación en el sentido de que solicitó la aplicación de las vacunas aludidas. Sin embargo, la única prueba exhibida por el quejoso se trata de un resumen médico de diecinueve de octubre de dos mil veinte, el cual cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de una documental privada cuyo contenido no fue objetado, de manera que la misma resulta apta para advertir únicamente el estado de salud que guardaba el peticionario de amparo en la data señalada -diecinueve de octubre de dos mil veinte-, mas no para evidenciar que aquél hubiese solicitado la aplicación de las vacunas contra el virus SARS-COV2 (COVID-19) y el Virus de Papiloma Humano (VPH). En otras palabras, la parte quejosa debía demostrar haber realizado la petición de aplicación de las vacunas antedichas, para que este órgano jurisdiccional pudiera estimar que, efectivamente, solicitó ser vacunado, sin que el instituto hubiera aplicado las inoculaciones aludidas. La aseveración precedente tiene sustento en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. En ese sentido, toda vez que la única documental allegada por la parte quejosa no demostró la existencia de una solicitud de aplicación de las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH), resulta indudable que es inexistente el acto reclamado atribuido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, la Secretaría de Salud rindió informe justificado y negó la existencia de los actos que le fueron atribuidos. En efecto, respecto a la no emisión de una política pública de vacunación contra el virus SARS-COV2 (COVID-19), la Secretaría de Salud precisó que sí existía dicha política pública, la cual databa del once de enero de dos mil veintiuno, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo -cinco de marzo de dos mil veintiuno-. Incluso, la Secretaría de Salud indicó que la política de vacunación aludida se encontraba visible en la liga electrónica: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf; asimismo, dicha autoridad responsable describió las estrategias, acciones y ejes rectores de la política nacional de vacunación. Conviene señalar que la política de vacunación se ha actualizado, siendo la más reciente una versión de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la cual puede descargarse en formato pdf, desde la liga electrónica siguiente: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/. Ahora, con relación a la prohibición de expender al público en general en farmacias, lugares autorizados o designados, vacunas para que las personas puedan acceder a ellas, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH), la autoridad responsable se limitó a negar lisa y llanamente tal acto reclamado; lo anterior, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción alguno tendente a desvirtuar la inexistencia sostenida por la secretaría responsable, pues, como se dijo en líneas precedentes, la única prueba aportada por el quejoso -la cual ya fue valorada- se hizo consistir en un resumen médico de diecinueve de octubre de dos mil veinte, lo cual, se insiste, sólo pone en evidencia el estado de salud del peticionario de amparo en esa data. Así pues, se estima que son inexistentes los actos reclamados atribuidos a la Secretaría de Salud, ya que, por una parte, previo a promoverse el juicio de amparo que nos ocupa, sí existía una política nacional de vacunación y, por otra parte, no se demostró la existencia de una prohibición de expender al público en general en farmacias, lugares autorizados o designados, vacunas para que las personas puedan acceder a ellas, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). En esas circunstancias, al resultar inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, en los términos expuestos, resulta procedente SOBRESEER en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se Sobresee el amparo solicitado por Brandon Hassany De La Sancha Flores, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. VISTOS para resolver el juicio de amparo 1762021, promovido por Brandon Hassany De La Sancha Flores, quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1o, 3o, 4o, 5o y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Presidente de la Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio de amparo Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir los actos reclamados en los siguientes: Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: No emitir políticas públicas de vacunación, conforme a las prácticas médicas y protocolos internacionales, particularmente por no autorizar expender vacunas al público en general, particularmente, la vacuna relativa al SARS-COV2 (COVID-19). Al Secretario de Salud Federal: No emitir políticas públicas que se ajusten al principio de igualdad y no discriminación para la vacunación universal de todas las cepas (virus, bacterias y hongos). Prohibir expender al público en general en farmacias, lugares autorizados o designados, vacunas para que las personas puedan acceder a ellas, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). A la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios: No autorizar la venta al público en general de las vacunas existentes y autorizadas por esta propia autoridad, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). Al Instituto Mexicano del Seguro Social: No aplicar las vacunas de Virus de Papiloma Humano y SARS-COV2 (COVID-19). Al Secretario de Hacienda y Crédito Público: No emitir disposiciones para la adquisición de las vacunas existentes y autorizadas por los órganos competentes, para hacer frente a las campañas de vacunación y enfrentar las contingencias sanitarias y evitar riesgos de contagio entre la población, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que la parte quejosa reclama actos de naturaleza negativa, los cuales carecen de ejecución material, actualizando el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó demostrada. Son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, tal como se expondrá a continuación. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos rindió informe justificado y negó la existencia del acto que le fue atribuido, en esencia, porque no es una de sus atribuciones emitir las políticas de vacunación; lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ninguna de las porciones que integran dicho precepto constitucional revela que el Titular del Poder Ejecutivo Federal pueda determinar las políticas de vacunación o la forma en que se llevarán a cabo éstas; de ahí que, al carecer de atribuciones o facultades para emitir políticas de vacunación, resulte inexistente el acto que le fue atribuido por la parte quejosa. Igualmente, al rendir el informe justificado respectivo, el Secretario de Hacienda y Crédito Público negó la existencia del acto que le fue atribuido, ya que no se encuentra dentro de sus facultades emitir disposiciones para la adquisición de vacunas existentes y autorizadas por los "órganos competentes", particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH); lo cual se corrobora con lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6º del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en ese sentido, resulta factible tener como inexistente el acto reclamado que fue atribuido a dicha autoridad responsable. Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios rindió informe justificado en el que negó la existencia del acto reclamado que le fue imputado, puesto que afirmó que no era de su competencia la autorización de venta al público en general de las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH); tal circunstancia, se corrobora con lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, cuyo contenido permite apreciar que la comisión aludida no cuenta con atribuciones para autorizar la venta al público en general de cualquier clase de vacunas, por lo cual, resulta indudable que es inexistente el acto reclamado que le fue atribuido. De igual manera, al rendir el informe justificado respectivo, en relación a la aplicación de la vacuna relacionada con el SARS-COV2 (COVID-19), el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que la Secretaría de Salud era la encargada de dirigir las brigadas e instrumentación de la estrategia de vacunación, conforme a la política nacional de vacunación para la prevención de covid-19, la cual dispuso como cinco etapas para la aplicación de dicha vacuna, siendo responsables de tal circunstancia servidores públicos adscritos a la Secretari´a del Bienestar, adema´s del personal de las diversas instituciones del sector salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y personal voluntario. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que forma parte del sector salud, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, de manera que, en términos de lo dispuesto por la política nacional de vacunación, dicho Instituto también es responsable de la aplicación de la vacuna relacionada con el virus SARS-COV2 (COVID-19). En lo concerniente a la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), el Instituto Mexicano del Seguro Social afirmó que tal inoculación no forma parte del cuadro básico para adultos masculinos; incluso, el instituto responsable indicó que los centros para el control y la prevención de enfermedades recomendaban la vacunación contra dicho virus en edades tempranas, preferentemente hasta los veintiséis años, ya que, hacerlo en edades posteriores a esta última podrían no ser efectivas; no obstante, dicho instituto afirmó desconocer los padecimientos reales del peticionario de amparo respecto del Virus del Papiloma Humano (VPH). Conviene señalar que el sitio de internet de la Secretaría de Salud, respecto de la aplicabilidad de la vacuna relacionada con el Virus del Papiloma Humano (VPH), cita una diversa fuente electrónica que remite al portal del Instituto Nacional del Cáncer, en el que, entre otras cosas, puede apreciarse que la vacuna aludida también puede y debe aplicarse a personas adultas entre veintisiete y cuarenta y cinco años, aun cuando pudieran ser menos efectivas por encontrarse con mayores probabilidades de exposición a dicho virus, sugiriéndose una vacunación rutinaria, previa consulta de un médico, a efecto de prevenir el riesgo de nuevas infecciones; de manera que, aun cuando no se encuentra dentro del cuadro básico de vacunación, el instituto responsable puede aplicar la vacuna a personas adultas masculinas, previa consulta. Una vez que se ha aclarado que el Instituto Mexicano del Seguro Social sí tiene obligación de aplicar las vacunas correspondientes al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH), debe decirse que la parte quejosa no demostró que el multicitado instituto le negara la aplicación de las mismas, puesto que no exhibió medio de convicción alguno del que pudiera apreciarse objetivamente tal circunstancia; sin que pueda considerarse que se exige al amparista la acreditación de hechos negativos, pues su dicho envuelve una afirmación en el sentido de que solicitó la aplicación de las vacunas aludidas. Sin embargo, la única prueba exhibida por el quejoso se trata de un resumen médico de diecinueve de octubre de dos mil veinte, el cual cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de una documental privada cuyo contenido no fue objetado, de manera que la misma resulta apta para advertir únicamente el estado de salud que guardaba el peticionario de amparo en la data señalada -diecinueve de octubre de dos mil veinte-, mas no para evidenciar que aquél hubiese solicitado la aplicación de las vacunas contra el virus SARS-COV2 (COVID-19) y el Virus de Papiloma Humano (VPH). En otras palabras, la parte quejosa debía demostrar haber realizado la petición de aplicación de las vacunas antedichas, para que este órgano jurisdiccional pudiera estimar que, efectivamente, solicitó ser vacunado, sin que el instituto hubiera aplicado las inoculaciones aludidas. La aseveración precedente tiene sustento en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. En ese sentido, toda vez que la única documental allegada por la parte quejosa no demostró la existencia de una solicitud de aplicación de las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH), resulta indudable que es inexistente el acto reclamado atribuido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, la Secretaría de Salud rindió informe justificado y negó la existencia de los actos que le fueron atribuidos. En efecto, respecto a la no emisión de una política pública de vacunación contra el virus SARS-COV2 (COVID-19), la Secretaría de Salud precisó que sí existía dicha política pública, la cual databa del once de enero de dos mil veintiuno, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo -cinco de marzo de dos mil veintiuno-. Incluso, la Secretaría de Salud indicó que la política de vacunación aludida se encontraba visible en la liga electrónica: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf; asimismo, dicha autoridad responsable describió las estrategias, acciones y ejes rectores de la política nacional de vacunación. Conviene señalar que la política de vacunación se ha actualizado, siendo la más reciente una versión de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la cual puede descargarse en formato pdf, desde la liga electrónica siguiente: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/. Ahora, con relación a la prohibición de expender al público en general en farmacias, lugares autorizados o designados, vacunas para que las personas puedan acceder a ellas, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH), la autoridad responsable se limitó a negar lisa y llanamente tal acto reclamado; lo anterior, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción alguno tendente a desvirtuar la inexistencia sostenida por la secretaría responsable, pues, como se dijo en líneas precedentes, la única prueba aportada por el quejoso -la cual ya fue valorada- se hizo consistir en un resumen médico de diecinueve de octubre de dos mil veinte, lo cual, se insiste, sólo pone en evidencia el estado de salud del peticionario de amparo en esa data. Así pues, se estima que son inexistentes los actos reclamados atribuidos a la Secretaría de Salud, ya que, por una parte, previo a promoverse el juicio de amparo que nos ocupa, sí existía una política nacional de vacunación y, por otra parte, no se demostró la existencia de una prohibición de expender al público en general en farmacias, lugares autorizados o designados, vacunas para que las personas puedan acceder a ellas, particularmente, las vacunas relativas al SARS-COV2 (COVID-19) y Virus de Papiloma Humano (VPH). En esas circunstancias, al resultar inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, en los términos expuestos, resulta procedente SOBRESEER en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se Sobresee el amparo solicitado por Brandon Hassany De La Sancha Flores, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia.

  4. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, siendo las catorce horas con seis minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 176/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La secretaria hace constar que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para que aclarara la denominación correcta de la autoridad que señaló como "Consejo Nacional de Vacunación", transcurrió del uno al cinco de octubre del año en curso, sin que hiciera manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo al apercibimiento decretado en autos y se deja tener como autoridad para los efectos del juicio en que se actúa. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio e informes justificados de las autoridades responsables. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución

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