Brandon Gonzalez Cervantes
Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2024
Partes del expediente
- Brandon Gonzalez Cervantes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a tres de enero de dos mil veinticuatro. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintitrés, se requirió al Agente del Ministerio Público Encargado de Responsable de Agencia en la Coordinación Territorial AO-3 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, información acerca de la indagatoria de la cual emanan los actos que se combaten, así como las constancias ahí solicitadas, ello a efecto de integrar debidamente el sumario en que se actúa. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil veinticuatro. De una interpretación sistemática de los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual hace referencia a las notificaciones vía oficio, así como los diversos 28, 29 y 30, del mismo ordenamiento, que prevén las notificaciones para acuerdos de trámite de menor trascendencia, procede notificar por lista a las autoridades responsables a efecto de que queden enterados del contenido del presente auto. Notifíquese.
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a *********, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando único, en virtud del razonamiento ahí expuesto.
- Principal
Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintitrés. Se ADMITE la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Quince. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial ************. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 1055/2023-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Ábrase el incidente de suspensión por duplicado. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las nueve horas con cinco minutos del once de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento a la autoridad responsable Que rinda su informe justificado, respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Mencione el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. Informe si han ordenado o tengan en vía de ejecución algún diverso acto privativo de libertad diverso a los reclamados. Apercibimiento a la autoridad responsable En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si con anterioridad se ha promovido diverso juicio de amparo en contra de actos derivados de la carpeta de investigación, averiguación previa, carpeta de ejecución o expediente en general, del cual emana el acto que por esa vía se reclama, ya sea por el propio quejoso o por diversa persona que haya participado en el proceso, debiendo señalar el número de juicio, así como el órgano jurisdiccional en el cual fue radicado y acompañará copia certificada de las constancias que así lo justifiquen. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización. Posible tercero interesado Requiérase a la autoridad responsable para que informe en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, a qué personas les reviste el carácter de terceros interesados en el presente asunto, remitiendo en sigilo sus domicilios respectivos. Asimismo, en el mismo plazo, comuniquen quien es el Agente del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento de origen del cual emana el acto reclamado, para efecto de emplazarlo como tercero interesado de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. Autorización del correo electrónico Se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado a la dirección de correo electrónico 11jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Autorizados Por autorizado a la persona que menciona en su escrito inicial de demanda que cuente con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo (artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Acceso al expediente electrónico y notificaciones al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y al quejoso. Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del Agente del Ministerio Público Federal adscrito y de la parte quejosa instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica para ambas partes. Inexistencia de autoridades En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica la parte quejosa no existan, con la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a una tutela judicial efectiva e integral al quejoso, se le dará vista, a fin de que precise la denominación correcta de la autoridad a la que le atribuye el acto reclamado correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por inexistente para los efectos del juicio de amparo, suspendiendo toda comunicación procesal con ésta. Tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió.". Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 1055/2023-II, promovido por ************, por propio derecho, contra actos del Juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Quince; abrase por duplicado el incidente de suspensión. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído; apercibida que de no hacerlo, se presumirán cierto los actos reclamados y se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, como lo dispone el artículo 140, en relación con el artículo 260, fracción I, ambos de la ley de la materia; en el entendido que de ser ciertos los actos reclamados, deberán manifestar de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que hayan ordenado los actos que en esta vía se combate, consistente en: La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial ***********. Se señalan las nueve horas con quince minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Efectos de la suspensión del acto reclamado Antecedentes Previo pronunciamiento respecto de la procedencia de la suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva justificada reclamada, cabe señalar algunos antecedentes obtenidos a partir de lo manifestado -bajo protesta de decir verdad- por la parte quejosa, mismos que se corroboran indiciariamente, a saber: 1. El dieciséis de octubre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia inicial sin detenido, en la que se formuló imputación y se solicitó prórroga para resolver la situación jurídica del quejoso. 2. El veinte de octubre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial y se fijó al quejoso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. 3. El diecisiete de noviembre del año que transcurre, en cumplimiento a la suspensión provisional emitida por este órgano jurisdiccional en el diverso juicio 955/2023-II del índice de este Juzgado, el juez de control modificó la medida cautelar en prisión preventiva justificada. Precisados dichos antecedente, ahora conviene hacer saber que en relación con el acto reclamado, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México al resolver la Contradicción de Criterios 36/2023, determinó que debe realizarse una interpretación conforme del artículo 166 de la ley de la materia, a efecto de que en la porción normativa que establece que tratándose de la prisión preventiva justificada, cuando el quejoso se encuentre materialmente detenido, el efecto de la suspensión será el establecido en la fracción I de dicho numeral, esto es, que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; sea leída acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, pues no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal, atento a las siguientes consideraciones: "(.) 181. Lo anterior, en virtud de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida. 182. Además, el Alto Tribunal sostuvo que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la constitucionalidad o incluso la convencionalidad de cualquier acto de autoridad y de las leyes generales, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender, una vez superados los requisitos de procedencia o admisibilidad, un análisis con la finalidad de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación. Lo anterior, se desprende de lo previsto en los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107 de la Ley de Amparo vigente. 183. Conforme a dichos numerales, procede el juicio de amparo en contra de actos y normas generales, por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, cuando las personas estimen que su contenido resulte contradictorio con lo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales respectivos, en cuyo caso, el órgano jurisdiccional de amparo podrá emitir sentencia en la que se condene a la autoridad responsable a la reparación o restitución del derecho humano violado del quejoso, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en caso de que se trate de un acto positivo, o a obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate o a cumplir con lo que el mismo exija, tratándose de actos negativos. 184. Así en esa tesitura, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, precisó que la Corte Interamericana, en el "Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos", reconoció que la existencia y aplicación de causas admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resulta perfectamente compatible con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces sí analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada ante su potestad. 185. En este contexto, apuntó que la estipulación contenida en el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que los actos reclamados en el amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. De manera que si bien, como lo aducen en sus informes las autoridades emisora y promulgadora de la norma, las cuestiones relativas a la suspensión del acto reclamado no se refieren directamente a la admisión del juicio de amparo, lo cierto es que, las estipulaciones para la procedencia de la suspensión sí pueden llegar a incidir, en el derecho al recurso efectivo su procedencia, en tanto podrían generar la ineficacia del medio de control constitucional al permitirse de manera indiscriminada -si fuera el caso- la consumación de ciertos actos impugnados, con la consecuente ineficacia del juicio de amparo, el cual -como se dijo- es considerado como un recurso efectivo para la protección de derechos humanos. 186. En tanto, respecto de la suspensión en materia de amparo, el Alto Tribunal ha sostenido que la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada, eficaz e íntegramente. 187. Por lo que precisó que para lograr el objetivo de la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, en la Ley de Amparo se contienen una serie de disposiciones legales encaminadas todas ellas a conservar viva la materia del amparo, sin afectar intereses de terceros ni los intereses de la sociedad, dentro de esas disposiciones legales se prevé, desde la suspensión automática de los actos hasta el tomar las medidas que estime convenientes el juzgador de amparo, para que no se afecten derechos de terceros, evitando perjuicios a los interesados hasta donde sea posible, esto lleva implícito no sólo la suspensión (paralización de los actos reclamados), sino la existencia de otras medidas cautelares, tales como poner a un reo en libertad o levantar un estado de clausura ya ejecutada, estos actos llevan implícito un adelanto de la efectividad de la sentencia de fondo, en caso de ser favorable al quejoso. 188. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en dicha interpretación, al resolver si concede o no la suspensión provisional con efectos restitutorios respecto de la prisión preventiva justificada, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 189. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, el doce de abril de dos mil veintitrés, determinó que el enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. 190. Destacó que la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. 191. Por tanto, señaló que la suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. 192. Así, precisó que la excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo, argumentos que se reflejan en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2026730, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL." (.).". Asimismo, determinó que en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos: Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y La relación del quejoso con ese hecho. En el entendido que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. Que resulte estrictamente proporcional. Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, para que proceda la suspensión es necesario que no existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas); no exista relación del quejoso con ese hecho; la finalidad de la medida que prive la libertad no sea compatible con la Convención Americana; que la medida adoptada no sea idónea, para cumplir con el fin perseguido; que no sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; que no resulte estrictamente proporcional; que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio, siendo enunciativas las siguientes: Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. Exhibir garantía económica; Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traduciría en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado.". (Lo resaltado es nuestro) Así las cosas, atento a la naturaleza del acto reclamado los juzgadores de amparo deben hacer un análisis de ponderación de la apariencia del buen derecho (1) y el peligro en la demora (2) frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público (3). En ese tenor, la apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Por otra parte, en el artículo 129 de la Ley de Amparo, se establecen las hipótesis en que el legislador considera que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, se ha dicho que las mismas sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en las hipótesis referidas se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión, es evidente que el legislador otorgó al juzgador la libertad de ponderar en qué otros supuestos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. Es en esa libertad que se concede al juzgador, en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho. Esto es así, pues el artículo 138 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece que si un acto respecto del cual se solicita la suspensión, es susceptible de suspender y no se encuentra la hipótesis a que alude el mencionado artículo 129, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión. Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente manifestó que compareció a audiencia inicial sin detenido por la probable intervención del hecho que la ley señala como violación, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que fue modificada en cumplimiento a la suspensión provisional concedida por este órgano jurisdiccional a la de prisión preventiva justificada. Así el estado de las cosas, en el caso no es dable conceder la suspensión con efectos restitutorios, como lo sugiere la parte recurrente, si se atiende a que de los antecedentes que conforman la demanda de amparo, hasta este momento procesal, no se desprenden los tópicos a que aluda la referida contradicción de criterios, esto es, que bajo la ponderación del principio del buen derecho se advierte que efectivamente, el acto tildado de inconstitucional no satisfaga los presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y la relación del quejoso con ese hecho. Tampoco, que la finalidad de la medida que prive la libertad sea incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; así como que no sea idónea para cumplir con el fin perseguido; o bien, no necesaria, en tanto que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia que resulte estrictamente proporcional, y que esté lo suficientemente motivada, atento a que permite evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Lo anterior, pues de los antecedentes mencionados con anterioridad, no se advierte que se colmen tales tópicos que motiven conceder la suspensión con efectos restitutorios. Por tanto, no es el caso de otorgarla en los términos que lo solicita el quejoso, es decir, para que se otorgue su libertad dembulatoria. Sin que resulte necesario analizar el resto de los puntos de análisis, en virtud de que el acto reclamado no superó el primero de ellos referente a la apariencia del buen derecho (1). No obstante que lo anterior, tratándose de los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 163, en relación con el diverso 166, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, se concede a Brandon González Cervantes la suspensión provisional, pero para distinto efecto, estos es para que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentra recluido, y a disposición del juez del procedimiento respecto de su continuación; lo anterior, hasta en tanto, se resuelva sobre la suspensión definitiva. Inexistencia de autoridades En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones procesales, resolviéndose el presente incidente conforme a tal circunstancia. Habilitación del personal del Juzgado Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes que emanan de este incidente de suspensión; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Requerimiento de constancias A fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, se estima necesario solicitar a la autoridad responsable, para que al momento de rendir su informe previo, acompañe copia certificada del audio y video correspondiente a la audiencia de la cual deriva el acto reclamado. Apercibida de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectiva la medida de apremio consistente en una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, prevista en el referido numeral 260 de la ley de la materia. Notifíquese.
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