Brandon Bugarin Valdés
Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brandon Bugarin Valdés
Actuaciones
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE UNO DEESTE MES, EL CUAL, SUSTANCIALMENTE, DICE: "Ciudad de México, a uno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por la autorizada en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual, manifiesta la inconformidad de la parte quejosa con el cumplimiento que se pretende dar a la ejecutoria de amparo; asimismo, solicita se dé trámite a un incidente de cumplimiento sustituto, en virtud de la supuesta imposibilidad - referida por la autoridad - en restituir al quejoso en la situación que guardaba antes de la violación reclamada en el presente asunto, es decir, la restitución en el puesto que venía desempeñando. En ese contexto, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, esta Juzgadora estima conveniente plasmar las consideraciones que el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció al resolver el R.A. 81/2020, de las que se desprende lo siguiente. Consiguientemente, este Tribunal Colegiado considera que el agravio vertido por el justiciable recurrente es parcialmente fundado, pues el encargado del despacho no señaló cuál era el efecto en que se traducía la concesión del amparo. En el caso, se considera que ante dicha declaratoria de inconstitucionalidad la autoridad responsable debe dejar insubsistente el oficio PF/DFF/DGSEA/DRH/04/2019, de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, así como los actos que se hubieren apoyado en éste, y en su lugar emitir uno diverso en que funde y motivo correctamente su determinación. Consiguientemente, en caso de que ésta decida emitir un acto similar al impugnado, debe limitarse a ejercer el cúmulo de sus facultades legales y reglamentarias, sin soslayar que la suspensión temporal de pago debe obedecer a una investigación derivada de un procedimiento administrativo respectivo, en que se precisen las razones, motivos y circunstancias que justifiquen su determinación atendiendo a los criterios establecidos por el Alto Tribunal a fin de respetar los derechos al mínimo vital y a la presunción de inocencia. Lo anterior es así pues no debe pasar inadvertido que el juzgador sostuvo la inconstitucionalidad del citado oficio porque el artículo 148 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal únicamente faculta a la institución a pagar a los integrantes las cantidades que correspondan por el servicio que efectivamente presten; mientras que la suspensión temporal de pago debe derivar de un investigación, lo que, en el caso, la autoridad no acreditó. De lo anterior se sigue que la concesión de la protección constitucional no puede alcanzar el pago de haberes y prestaciones desde la fecha en que se dictó la suspensión preventiva de pago, hasta el momento en que se le reincorpore a su cargo que ocupaba antes de ésta, pues en primer término es la autoridad quien debe analizar si se surten los supuestos legales y reglamentarios a fin de dictar dicha medida preventiva fundado y motivando debidamente su actuación; pues no debe soslayarse que la razón que originó su imposición según se advierte del oficio declarado inconstitucional es porque el quejoso dejó de asistir a sus labores los días dos, tres y cuatro de agosto de dos mil diecinueve, sin justificarlos. Lo que se erige como incumplimiento a un requisito de permanencia en términos del artículo 17, apartado B, fracción XIII de la Ley de la Policía Federal. Derivado de lo anterior, esta Juzgadora advierte que la autoridad responsable se encuentra obligada a: Dejar insubsistente el oficio PF/DFF/DGSEA/DRH/04/2019, de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, así como los actos que se hubieren apoyado en éste En su lugar emitir uno diverso en que funde y motivo correctamente su determinación, y en caso de que ésta decida emitir un acto similar al impugnado, debe limitarse a ejercer el cúmulo de sus facultades legales y reglamentarias, sin soslayar que la suspensión temporal de pago debe obedecer a una investigación derivada de un procedimiento administrativo. Ahora, de las consideraciones antes transcritas, se desprende que la superioridad determinó que la concesión de la protección constitucional, no puede alcanzar el pago de haberes y prestaciones desde la fecha en que se dictó la suspensión preventiva de pago, hasta el momento en que se le reincorpore a su cargo, pues en primer término es la autoridad quien debe analizar si se surten los supuestos legales y reglamentarios a fin de dictar dicha medida preventiva fundado y motivando debidamente su actuación; ya que no debe soslayarse que la razón que originó su imposición según se advierte del oficio declarado inconstitucional es porque el quejoso dejó de asistir a sus labores los días dos, tres y cuatro de agosto de dos mil diecinueve, sin justificarlos. Lo que se erige como incumplimiento a un requisito de permanencia en términos del artículo 17, apartado B, fracción XIII de la Ley de la Policía Federal. De lo que se sigue, que ni el pago de haberes ni la supuesta "reincorporación" que refieren tanto la autoridad como la quejosa, forman parte del cumplimiento de la sentencia; antes bien, el Tribunal Colegiado revisor dejó esclarecido que tales extremos solo competen a la responsable en el ámbito del análisis que realice conforme a la inconstitucionalidad decretada, o como resultado del procedimiento que en su caso tramite, sin que ello sea una consecuencia necesaria de alguno de éstos y sin que la legalidad de dicha determinación pueda ser analizada por este órgano jurisdiccional. Derivado de lo anterior, esta Juzgadora determina que el incidente de cumplimiento sustituto promovido por la parte quejosa es notoriamente improcedente, lo anterior, en virtud de que el accionante promueve el mismo en virtud de la supuesta imposibilidad para su reincorporación; sin embargo, esa "consecuencia", como se dijo, no forma parte ni fue ordenada en la ejecutoria de marras, antes bien, la superioridad destacó que este Juzgado sostuvo la inconstitucionalidad del la suspensión de pagos ordenada en el oficio PF/DFF/DGSEA/DRH/04/2019, de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, porque el artículo 148 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal únicamente facultaba a la institución a pagar a los integrantes las cantidades que correspondieran por el servicio que efectivamente presten; mientras que la suspensión temporal de pago debe derivar de un investigación, lo que en el caso la autoridad no había acreditado; sin embargo, que no debía inobservarse que el motivo que originó dicho oficio, fue que el quejoso dejó de asistir a sus labores los días dos, tres y cuatro de agosto de dos mil diecinueve, sin justificarlos, lo que se traduce en un incumplimiento a un requisito de permanencia en términos del artículo 17, apartado B, fracción XIII de la Ley de la Policía Federal. Una vez establecido lo anterior, y atendiendo a lo plasmado en líneas que anteceden, se observa que si bien el Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Protección Ciudadana, dejó sin efectos el oficio PF/DFF/DGSEA/DRH/04/19, y en consecuencia las actuaciones emitidas con posterioridad al mismo, también lo es que no ha emitido en su lugar uno diverso en que funde y motive correctamente su determinación en los términos ordenados por el Tribunal Colegiado, y en caso de que ésta decida emitir un acto similar al impugnado, debe limitarse a ejercer el cúmulo de sus facultades legales y reglamentarias, sin soslayar que la suspensión temporal de pago debe obedecer a una investigación derivada de un procedimiento administrativo, sin soslayar que la razón que originó su imposición es porque el quejoso dejó de asistir a sus labores los días dos, tres y cuatro de agosto de dos mil diecinueve, sin justificarlos. Lo que se erige como incumplimiento a un requisito de permanencia en términos del artículo 17, apartado B, fracción XIII de la Ley de la Policía Federal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la ley de la materia vigente, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA al Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que dentro del término de DIEZ DÍAS, remita las constancias con las que acredite haber emitido en lugar del oficio PF/DFF/DGSEA/DRH/04/19, uno diverso en que funde y motive correctamente su determinación, y en caso de que ésta decida emitir un acto similar al impugnado, debe limitarse a ejercer el cúmulo de sus facultades legales y reglamentarias, atendiendo a los criterios establecidos por el Alto Tribunal a fin de respetar los derechos al mínimo vital y a la presunción de inocencia, sin soslayar que la suspensión temporal de pago debe obedecer a una investigación derivada de un procedimiento administrativo y sin dejar de advertir que la razón que originó su imposición es porque el quejoso dejó de asistir a sus labores los días dos, tres y cuatro de agosto de dos mil diecinueve, sin justificarlos. Lo que se erige como incumplimiento a un requisito de permanencia en términos del artículo 17, apartado B, fracción XIII de la Ley de la Policía Federal. La autoridad requerida deberá exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. SE APERCIBE a la autoridad en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que se remita el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. Finalmente se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. ."
- Principal
Ciudad de México, a diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran glosadas las constancias de notificación del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual, se tuvo al Director General de Amparos Contra Leyes, en ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, quien actúa en representación del Presidente de la República, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, el escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso; asimismo, se precisa que no ha lugar a formar cuaderno de antecedentes ni a remitir los presentes autos, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la remisión de expedientes a los órganos jurisdiccionales será de forma electrónica. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el artículo 9, inciso b) del Acuerdo General 13/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado mediante Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informa que en el presente juicio, no se ha interpuesto alguno de los recursos que prevé la Ley de Amparo, por lo que no ha conocido de este asunto alguno de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito; lo anterior, para los efectos legales conducentes. ...
- Principal
. Por recibidos los oficios firmados por la delegada actuando en suplencia del Subdirector de Prestaciones, así como por la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el que exhiben las constancias en copia certificada con las que aducen dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, agréguense solamente los oficios de cuenta para que obren como correspondan sin mayor pronunciamiento, en virtud de que el veintiocho de mayo de este año se tuvieron por exhibidas dichas documentales, y con ellas se le dio vista a la parte quejosa, a efecto de que manifieste lo que su interés legal convenga. .
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