Brandón Andrés Aguilar Aguayo
Expediente 1799/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1799/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Brandón Andrés Aguilar Aguayo
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Trámite incidente. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 138, 140 y 147, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 856/2023, promovido por Agua de Hermosillo, por conducto de su director general y apoderado Renato Ulloa Valdez, contra los actos atribuidos a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. 2. Informes previos. Pídase informes previos a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo en el plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que reciban el oficio de notificación correspondiente; enviándoles para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. Apercíbaseles que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 142 y 260, fracción I, de la Ley de la materia, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se presumirá cierto el acto que se les atribuye y se le impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. 3. Fecha de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. 4. Precisión del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa señaló en esencia como acto reclamado la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para Uso y Consumo Humano. Límites Permisibles de la Calidad del Agua. Por su parte, el apoderado legal de la moral quejosa, solicita la suspensión provisional del acto reclamado, para efecto de mantener las cosas en el estado que actualmente guardan y se abstengan de llevar cualquier acto que tenga por objeto aplicar a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, por conducto del Organismo Operador denominado Agua de Hermosillo, las disposiciones contenidas en la norma de referida. 5. Suspensión provisional. En primer término, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo, se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver a sensibilidad el juez de distrito, ante la realidad del acto reclamado. Por su parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo, señala los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran los siguientes: I. Que la solicite el agraviado; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, el artículo 138 de la Ley de Amparo, prevé que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. Al respecto, el interés social, asociado tradicionalmente al orden público, se refiere al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, de modo que se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. En cuanto a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el examen de la ejemplificación que contenía el artículo 124 de la anterior legislación de amparo (análogo, en parte, al 129 de la actual) para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio al interés social o se realizan esas contravenciones a disposiciones de orden público, revela que razonablemente se puede colegir, en términos generales, que se generan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Es decir, el interés social y el orden público a que alude la disposición transcrita, debe ser delineada por el juzgador acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés social o público a que alude el artículo en cita, sostuvo la tesis 8 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.- De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Esto es así, porque si se atiende a que dicha fracción limita el otorgamiento de la suspensión en aquéllos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. Así mismo, se invoca la jurisprudencia I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página trescientos ochenta y tres, del tomo : V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que por rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". Ahora bien, en el caso concreto, conviene resaltar que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para efecto de mantener las cosas en el estado que actualmente guardan y se abstengan de llevar cualquier acto que tenga por objeto aplicar las disposiciones contenidas en la norma referida. En ese supuesto, el suscrito juzgador estima que de concederse la suspensión de los actos reclamados, podría impedirse u obstaculizarse el incremento en la Calidad del Agua, para uso y consumo humano a la sociedad de Hermosillo. En virtud de lo anterior, resulta claro que se podría afectar el interés social con la concesión de la medida cautelar, pues la sociedad se encuentra interesada en alcanzar los objetivos descritos en el párrafo precedente, de ahí que no se advierta la existencia a favor de la moral quejosa de la apariencia del buen derecho para estimar que la aplicación de las normas reclamadas le ocasiona daños superiores a los que puede resentir el orden público y el interés social, en caso de que se concediera la suspensión provisional. Sin que con lo anterior implique prejuzgar respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas reclamadas, pues ello será materia del juicio en lo principal, lo que no es propio de esta incidencia. Atento a las consideraciones anteriores, se niega la suspensión provisional, porque se transgrediría el orden público y el interés social, tal y como lo prevé el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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