Brandon Alexis Toledo Alcala

Expediente 853/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
853/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Brandon Alexis Toledo Alcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el catorce de enero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el diecisiete siguiente, quedando comprendido dicho lapso del dieciocho de enero del presente año al uno de los cursantes. DOY FE.Lic. Rocío Osuna Lizárraga. Secretaria de Juzgado. Mazatlán, Sinaloa, dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el catorce de enero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el diecisiete siguiente, quedando comprendido dicho lapso del dieciocho de enero del presente año al uno de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que este expediente es depurable bajo los lineamientos precisados en término de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo general en cita, toda vez que, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I, inciso a) del artículo 18, invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en el referido incidente.

  2. Principal

    Audiencia Constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con veinte minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para celebrar la presente audiencia constitucional. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, quien actúa ante el licenciado Gabriel Galván Morales, secretario que da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta a audiencia. El secretario procede a hacer relación de las constancias de autos: demanda de amparo promovida por Brandon Alexis Toledo Alcalá, por su propio derecho; auto admisorio de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; informes con justificación rendidos por las autoridades responsables Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia Especializada en Delitos contra el Patrimonio de la Región Sur del Estado, en su correcta denominación por la autoridad responsable que la quejosa denominó como "Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales de la Región Sur del Estado", Comandante de Policía de Investigación del Estado y Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, todos con residencia en esta ciudad. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos del juicio en que se actúa, descritas en el apartado que precede y, conforme a lo previsto en el ordinal 117 del propio ordenamiento legal, rendidos los informes con justificación de referencia. Abierto el período de pruebas: el secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidos y desahogados los referidos medios de convicción, mismos que podrán ser tomados en consideración en su oportunidad. Sentado lo anterior, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos: el secretario hace constar que las partes no expresaron alegatos, y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento, con lo que se cierra el presente período. Sin que exista diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 853/2021-III, promovido por Brandon Alexis Toledo Alcalá, por su propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Brandon Alexis Toledo Alcalá, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en la orden de aprehensión girada en su contra, así como su pretendida ejecución. SEGUNDO. Radicación. Correspondió conocer de la demanda de amparo, por razón de turno, a este juzgado de distrito, y en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la registró con el expediente 853/2021-III, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención que le compete, quien no formuló pedimento. Seguido el juicio la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, dado que se reclama una orden de aprehensión cuya ejecución podría tener lugar en esta ciudad, toda vez que fue emitida por una autoridad judicial local. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previamente a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal, respectivamente, es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda de amparo se desprende que el quejoso lo hace consistir en: La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos del criterio contenido de la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, abril de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables Comandante de Policía de del Estado y Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, reconocieron la existencia del acto reclamado, debido a que el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el juez de control giró orden de aprehensión en contra de Brandon Alexis Toledo Alcalá, dentro de la causa penal 173/2021 de su índice, seguida en contra del quejoso por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de marihuana y metanfetamina, con fines de comercio previsto en el artículo 476, en relación con los numerales 234, 245, 473, 474 y 479, primera columna vertical; tercera y octava línea horizontal de la Tabla de Orientación de Dosis Máxima de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud, en virtud de haberse declarado sustraído de la acción de la justicia en términos del artículo 141 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esa misma fecha. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, con residencia en esta ciudad, consistentes en copia certificada de la audiencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 173/2021 de su índice y de las constancias que integran la carpeta judicial. Así, se desprende que el quejoso no compareció a la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso señalada para las ocho horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, razón por la cual se decretó sustraído de la acción de la justicia y se giró orden de aprehensión como medio de conducción al proceso. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que por lo que hace al disco versátil digital y a las constancias que integran la carpeta administrativa, se observa la existencia regular de los sellos, membretes, firmas y rúbricas que para ese caso previenen las leyes; respecto a la reproducción de los discos compactos con copia del registro de archivo óptico y acústico de las audiencias inherentes al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo, es accesible para su posterior consulta, se presume que la información que contienen se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Sin que resulte necesario transcribir íntegramente los registros de audio y video de los que derivó el acto reclamado, ya que no existe precepto legal que así lo ordene, aunado a que tal omisión en nada agraviaría a la parte quejosa, si en la sentencia se examinan los fundamentos y motivos que lo sustentan a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de sus conceptos de violación. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mayo de 2012, registro 2000722, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO NI LAS CUESTIONES DE FACTO QUE NADA TIENEN QUE VER CON SU SENTIDO." Es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la tesis XX. 303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Por otra parte, las autoridades responsables Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia Especializada en Delitos contra el Patrimonio de la Región Sur del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Respecto a las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, lo procedente es desvirtuar su negativa, toda vez que se les atribuye la ejecución de la orden de aprehensión. De tal manera que al haber sido reconocida la existencia de la orden de captura por parte de la autoridad ordenadora Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, es evidente que en cualquier momento se les puede solicitar su ejecución. En consecuencia, son ciertos los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio lo advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma del acto cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, además en aplicación del criterio contenido en la jurisprudencia II.1°.J./5 consultable a foja 95 del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, al no invocar las partes la existencia de un motivo de improcedencia, ni advertir este juzgador que se actualice alguna de oficio, lo procedente es examinar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. QUINTO. Técnica de estudio de los conceptos de violación. No se trascriben, toda vez que la Ley de Amparo no contiene precepto que lo establezca como obligación, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Es aplicable, la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Además, por cuestión de técnica jurídica, los conceptos de violación podrán ser examinados en su conjunto cuando guarden estrecha relación, o en un orden diverso al propuesto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5, de rubro (registro 2011406): "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." Asimismo, toda vez que el quejoso tiene el carácter de procesado en la causa penal de origen, los conceptos de violación serán suplidos en su deficiencia, siempre y cuando resulte útil para favorecerlo, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 67/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263, materia común, registro 2014703, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta suplencia de la queja que pudiera reportarle beneficio alguno en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Para sostener tal afirmación, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, con motivo de la integración de la carpeta de investigación MAZTL/EDSNM/1651/2021/C.I, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Sur en esta ciudad, solicitó audiencia de control de legalidad de la detención en contra de Brandon Alexis Toledo Alcalá, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de marihuana y metanfetamina, con fines de comercio previsto en el artículo 476, en relación con los numerales 234, 245, 473, 474 y 479, primera columna vertical; tercera y octava línea horizontal de la Tabla de Orientación de Dosis Máxima de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 173/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, se llevó a cabo la audiencia inicial, mediante la cual, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, en relación con el artículo 146 fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ratificó la legal detención de Brandon Alexis Toledo Alcalá, por lo que una vez concluida la exposición de las partes y el debate correspondiente, el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, determinó vincularlo a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de marihuana y metanfetamina, con fines de comercio previsto en el artículo 476, en relación con los numerales 234, 245, 473, 474 y 479, primera columna vertical; tercera y octava línea horizontal de la Tabla de Orientación de Dosis Máxima de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud. En dicha audiencia, se le impuso la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, declaró procedente la solicitud de suspensión condicional del proceso en favor de Brandon Alexis Toledo Alcalá, fijando como condiciones las previstas en el numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un plazo de doce meses, mismas que a continuación se transcriben; "I. Residir en el domicilio ubicado en calle Plutarco Elías Calles, número 6594, de la colonia Francisco I. Madero, de esta ciudad de Mazatlán; si por alguna razón cambiar de domicilio dentro de esta jurisdicción, deberá informarlo a la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como a este Órgano Jurisdiccional de manera inmediata. III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, por lo cual la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso deberá vigilar que se cumpla dicha condición. IV. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, siendo la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, quien le sugiera a que institución deberá acudir dicho tratamiento de preferencia en una institución pública. VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas, siendo la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, quien le sugiera a que institución deberá acudir para dicho tratamiento de preferencia en una institución pública. VIII. Tener un trabajo o empleo lícito, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; el cual deberá acreditar ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en un plazo no mayor de 15 días. IX. Someterse a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso la cual deberá vigilar el cumplimiento de dichas condiciones, deberá estampar su firma de manera quincenal." Luego, el once de agosto de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Sur en esta ciudad, solicitó al Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, la revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal de origen. Ello, en virtud de que a criterio de la representación social el imputado Brandon Alexis Toledo Alcalá, incumplió con las condiciones que le fueron impuestas en audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, atendiendo al reporte de incumplimiento emitido mediante oficio 1456/2021 de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. En esa misma data el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, señaló fecha para la audiencia de Revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso a verificarse a las ocho horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que se ordenó la comparecencia del quejoso Brandon Alexis Toledo Alcalá. El quejoso fue notificado mediante instructivo el tres de septiembre de dos mil veintiuno, previo citatorio de dos de septiembre, por lo que quedó debidamente citado a la audiencia de mérito. Asimismo, se le apercibió que en caso de incomparecencia sin causa justificada se le declararía sustraído de la acción de la justicia y posible emisión de una orden de aprehensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso no compareció a la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso programada para las ocho horas con treinta minutos, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento formulado por la autoridad jurisdiccional, se declaró al quejoso sustraído de la acción de la justicia y se ordenó la suspensión del procedimiento, ello con fundamento en los artículos 141 y 331, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, en audiencia privada, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Sur del Estado de Sinaloa, solicitó se girara orden de aprehensión en contra del quejoso, con fundamento en el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitud que fue otorgada por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur. Tal determinación constituye el acto reclamado. Ahora, el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé los requisitos necesarios para la emisión de una orden de aprehensión como medio de conducción al proceso, el cual es del tenor siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión (.) La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Así, del numeral antes referido, se advierte que para que una orden de captura sea librada, se debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser realizada por una autoridad judicial competente; b) Que sin causa justificada el imputado no comparezca a una citación judicial. c) Se declare la sustracción de la acción de la justicia del imputado; Exigencias que, en el caso, se consideran cumplidas, la primera de ellas, al ser emitida la orden de captura reclamada, por la Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, es decir, por una autoridad judicial competente, dentro de la causa penal 173/2021, seguida en contra del quejoso por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de marihuana y metanfetamina, con fines de comercio previsto en el artículo 476, en relación con los numerales 234, 245, 473, 474 y 479, primera columna vertical; tercera y octava línea horizontal de la Tabla de Orientación de Dosis Máxima de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud. El segundo requisito también se encuentra colmado, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado dentro de la causa penal 173/2021, en la medida que en audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, determinó vincular a proceso a Brandon Alexis Toledo Alcalá, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de marihuana y metanfetamina, con fines de comercio previsto en el artículo 476, en relación con los numerales 234, 245, 473, 474 y 479, primera columna vertical; tercera y octava línea horizontal de la Tabla de Orientación de Dosis Máxima de Consumo Personal e Inmediato de la Ley General de Salud. Luego, el once de agosto de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Sur del Estado de Sinaloa, solicitó audiencia de Revisión de las Condiciones de la Suspensión Condicional del Proceso, en virtud de que el imputado Brandon Alexis Toledo Alcalá, incumplió con las condiciones que le fueron impuestas en audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno y el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, señaló para el verificativo de dicha audiencia las ocho horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno. En ese tenor, se desprende que el quejoso fue notificado por instructivo, previo citatorio, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se le ordenó comparecer a la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso, bajo el apercibimiento de que en caso de incomparecencia sin causa justificada se le declararía sustraído de la acción de la justicia y se podría emitir una orden de aprehensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso no compareció a la audiencia de Revisión de las Condiciones de la Suspensión Condicional del Proceso programada para las ocho horas con treinta minutos, sin que a la fecha y hora en que inició la audiencia hubiera justificado su inasistencia, aunque cabe mencionar que su defensor de oficio compareció a la citada audiencia pero desconocía el paradero del quejoso puesto que no había logrado comunicación. El tercero de los requisitos también se encuentra colmado, debido a que en la citada audiencia el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, hizo efectivo el apercibimiento formulado por la autoridad jurisdiccional y se declaró sustraído al quejoso de la acción de la justicia. Entonces, en audiencia privada celebrada el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Sur del Estado de Sinaloa, solicitó se emitiera orden de aprehensión en contra del quejoso, con fundamento en el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Sur, accedió a la solicitud de la representación social, bajo el argumento de que el quejoso no atendió el citatorio a la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso, del cual se encontraba notificado desde el tres de septiembre de dos mil veintiuno, motivo por el que se decretó la sustracción del imputado a la acción de la justicia y para lograr su comparecencia, el juez determinó que era necesaria la emisión de una orden de aprehensión para reconducirlo al proceso con fundamento en los artículos 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 141, cuarto párrafo, 142, 143 y 145 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En ese tenor, resultan infundados los conceptos de violación, en los que el quejoso sostuvo que la responsable no fundó ni motivo adecuadamente la orden de aprehensión, porque la autoridad jurisdiccional correctamente aplicó el supuesto normativo previsto en el artículo 141, cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales y justificó la necesidad de girar una orden de captura para hacer comparecer al quejoso al proceso, en la medida que se desconocía su paradero, puesto que su defensor tampoco se había podido comunicar con él. Bajo esa línea argumentativa, la autoridad judicial respetó las formalidades esenciales del procedimiento, al notificar de manera oportuna de su citación, de forma que fue correcta la determinación de la autoridad responsable de decretar la sustracción de la acción de la justicia del quejoso porque no compareció en la fecha y hora que se le solicitó. Por tanto, se concluye que la orden de aprehensión dictada el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que en la misma se citaron los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso, y se precisaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la orden de aprehensión; además, se advierte adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas. Máxime que conforme al capítulo III del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominado "FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO", la orden de aprehensión prevista en él, es precisamente un medio de conducción del imputado a un proceso en su contra, esto significa que no es un medio definitivo por el cual se le prive de su libertad, pues eso sólo sucederá cuando así lo determine el juez, a través de la medida cautelar. En consecuencia, al analizar las consideraciones tomadas por el juez en la orden de aprehensión combatida, se colige que cumplió con los requisitos que establecen el artículo 16, párrafo tercero, constitucional, así como el numeral 141, cuarto párrafo del Código de Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que al no advertirse motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.6o.P.125 P (10a.), sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2018124, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez" Negativa que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras, ya que sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de la emisión de la orden de aprehensión reclamada. Corrobora lo expresado, la jurisprudencia II.1º.J/12, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 41, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época del Semanario de Judicial de la Federación y su gaceta que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto a las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Finalmente, cabe destacar que los criterios citados en la presente determinación, anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y, por ende, conservan su vigencia, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decretó por el que se expidió la referida ley reglamentaria. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en lo que disponen los artículos 1º, 73 a 78 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Brandon Alexis Toledo Alcalá, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del secretario de juzgado, licenciado Gabriel Galván Morales, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. FIRMADO ELECTRONICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, se recibió el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, al que adjuntó pruebas documentales; en consecuencia, para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido de dichas constancias, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Encuentra aplicación al caso concreto la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis número 29/98-PL, el quince de febrero de 2000, Novena Época, página 5, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario".

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 1072/2021, signado por el Comandante de Policía de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad, remitido vía correo electrónico, por medio del cual rinde informe justificado; memorial que, se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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