Brandon Alexander Aviles Meledez y Otros.
Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brandon Alexander Aviles Meledez y Otros.
- Brandon Alexander Aviles Meledez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el once de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. DESTINO DEL EXPEDIENTE Se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, se hace la observación que el cuaderno principal y original del incidente son susceptibles de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por cuanto hace al duplicado del cuaderno incidental, con fundamento en el aludido Acuerdo General 1/2009, destrúyase. Al resultar innecesaria la conservación de los dos discos compactos remitido por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Trámite, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 636/2021. R E S U L T A N D O: ÚNICO. El nueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada por .; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta 0012/1507/2021, por el juez de control de la Unidad de Gestión Judicial número doce del Sistema Procesal Penal, de la Ciudad de México; quien al rendir su informe justificado aceptó su emisión, anexando copia certificada de diversas constancias del mencionado expediente, documentales que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo cual se tiene plenamente probado. TERCERO. No existe causa de improcedencia alegada por las partes ni este juzgador advierte alguna de oficio. CUARTO. Como antecedentes del acto reclamado tenemos que el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, a . se les vinculó a proceso por su probable intervención de un hecho con apariencia del delito de robo agravado, encontrándose la victima a bordo de un vehículo particular, con violencia física y mora, así como en pandilla, en agravio de . Ello debido a que el cinco de julio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciséis horas, estando las victimas a bordo de un vehículo Ford Focus, en puerto de Zihuatanejo número 89, colonia Casas Alemán, delegación Gustavo A. Madero, en esta ciudad, donde habían sido citados por un supuesto vendedor, quien les informó que en su lugar acudiría otra persona, arribando Carlos Fernando Oblea Molinero, quien a su encuentro sacó un arma de fuego que colocó en el pecho de la víctima masculina, momento en que llegan los otros tres imputados con dos personas más, quienes desapoderaron a la víctima femenina de una bolsa negra en cuyo interior había dinero y una tarjeta de crédito, luego Ortiz Salinas desapoderó a la victima masculina de su reloj, una pulsera y un teléfono celular, al tiempo que Avilés Méndez lo golpeó en la nariz y cara, luego, sacaron de la cajuela del vehículo una computadora tipo laptop, propiedad de la moral víctima y se dieron a la fuga en una camioneta. La parte quejosa sostiene que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esencialmente a través de los siguientes conceptos de violación. 1. Que nunca se les enteró de las investigaciones que la autoridad ministerial tenía en su contra y por ello se violentó su debido proceso. 2. Que la autoridad incorrectamente tomó en consideración en su contra el dato de prueba consistente en un video particular, que no cumplió con los protocolos de autenticidad, además que ser de fecha distinta a la de los hechos. 3. Que el juez debió dictar su libertad a falta de imputación directa en su contra. 4. Que existen múltiples contradicciones e incongruencias en los datos de prueba presentados por la fiscalía, refutando además el alcance y valor probatorio de éstos. 5. Que falto al principio de imparcialidad al dar valor probatorio a las pruebas de cargo y no a las de descargo. 6. Que existe una incongruencia por parte de la fiscalía pues por los mismos hechos contra ellos solicitó orden de aprehensión y contra otros determinó que no había elementos. Los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada1, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, se desahogó de 1 Entendiéndose como tal que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable y señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales2 sin advertirse violación a los derechos fundamentales de los quejosos, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del Ministerio Público en presencia del juez responsable, formuló imputación contra los ahora quejosos, haciéndoles de su conocimiento los hechos con apariencia de delito de robo calificado, previsto en el artículo 220, párrafo primero, fracción III, en relación con el 224, inciso A), fracción V y IX, 225, fracción I, 252, párrafo segundo, 246, párrafo tercero inciso A), 2 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." relacionándose con el 15, 17, fracción I, 18, párrafo primero y segundo; así como el 22, fracción II, todos del Código Penal vigente para la Ciudad de México. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, la juez dio el uso de la voz a los inculpados, previa asistencia de su defensa para preguntarles si deseaban contestarla, respondiendo en sentido negativo. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple en el presente asunto, puesto que el juez de control indicó dichas circunstancias, precisando que se desarrollaron aproximadamente durante el cinco de julio de este año a las dieciséis horas, cuando las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo, estacionado en la calle puerto de Zihuatanejo, colonia Casas Alemán, delegación Gustavo A. Madero, en esta ciudad, donde habían sido citados por un supuesto vendedor, arribando Carlos Fernando Oblea Molinero, quien sacó un arma de fuego que colocó en el pecho de la víctima masculina, momento en que llegan los otros tres imputados con dos personas más, quienes desapoderaron a la víctima femenina de una bolsa negra en cuyo interior había dinero y una tarjeta de crédito, luego Ortiz Salinas desapoderó a la victima masculina de su reloj, una pulsera y un teléfono celular, al tiempo que Avilés Méndez lo golpeó en la nariz y cara, luego, sacaron de la cajuela del vehículo una computadora tipo laptop, propiedad de la moral víctima y se dieron a la fuga en una camioneta. Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que la llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito, cuya clasificación jurídica preliminar, se encuentra prevista en el artículo 220, párrafo primero, fracción III, en relación con el 224, inciso A), fracción V y IX, 225, fracción I, 252, párrafo segundo, 246, párrafo tercero inciso A), relacionándose con el 15, 17, fracción I, 18, párrafo primero y segundo; así como el 22, fracción II, todos del Código Penal vigente para la Ciudad de México. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El juez al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por la agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso a los peticionarios del amparo.3 5) Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El juez, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social ni por la defensa, siendo hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad 3 Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, visible a página 2377, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRAARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." de condiciones, se llevara a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestren los hechos objeto del proceso.4 Los conceptos de violación señalados con los numerales 1 y 6, resultan inoperantes, pues no controvierten la determinación reclamada en tanto que están enderezados a cuestionar diversas actuaciones de la autoridad ministerial como es el que aseguren que nunca los enteró de las investigaciones que tenía en su contra y la alegada incongruencia respecto de otra carpeta en la que estimó que contra algunos de los coimputados no había elementos; aspectos que nada tienen que ver con el auto de vinculación a proceso dictado a los quejosos donde se analizó si los hechos materia de la imputación tienen apariencia de algún delito y si existe la probabilidad de que los inculpados lo cometieron, por lo que aun y cuando fueran ciertas sus manifestaciones no evidenciarían su inconstitucionalidad. Respecto de los conceptos de violación señalados como 2, 3 y 4, que se analizan en su conjunto por estar estrechamente vinculados al referirse a los datos de prueba considerados por el juez de origen, devienen infundados debido a lo que a continuación se argumenta. Uno de los aspectos sobre los que descansa la reforma del sistema penal acusatorio, consiste en que la etapa que se analiza no se puede hablar de pruebas, sino de datos de prueba, esto es, el juzgador que emita un auto de vinculación sólo debe tomar en cuenta los términos en que la representación social formuló la imputación, a partir de los datos de prueba con que afirma contar 4 Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2014800, de texto y rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). el órgano acusador, a fin de verificar si se cumplen las exigencias constitucionales y legales para sujetar al imputado a una investigación formalizada. Dicho en otras palabras, la materia de análisis del juzgador para el dictado del auto de vinculación no lo constituyen pruebas, sino las referencias que las partes hagan de los datos que obren en la carpeta de investigación, es decir, las argumentaciones que tanto el Ministerio Publico y la defensa realicen de los hechos, por lo que en estas condiciones no realiza un juicio de valor sobre el contenido, alcance y eficacia demostrativa de dichos datos pues incluso está impedido para revisar la carpeta de investigación para dictar dicha resolución, de lo contrario originaría una violación al principio de contradicción, al resolver con elementos no expuestos ni debatidos en audiencia, lo que también vulneraría el principio de igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Luego, no asiste razón a la parte quejosa cuando pretende que el juez de origen analice si para la obtención de las pruebas que obran en la carpeta se siguieron los protocolos de actuación, en específico de los videos que señalaron obraban, pues en este estadio el dato de prueba no requiere la verificación de esos protocolos, pues será análisis de una diversa etapa en el procedimiento penal. Ello pues la determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que en un ejercicio racional del juzgador le permitan establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito y la posibilidad de que el imputado pudo haberlo cometido o participar en su comisión; de ahí que en esta etapa es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que sean susceptibles de generar valor demostrativo pleno. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. Luego, como señaló el juez de origen, a teoría fáctica del Ministerio Público se sustentó no en un dato de prueba en particular sino en un conjunto, del que destacan las entrevistas de las victimas femenina y masculina quienes refirieron la mecánica de los hechos, las videograbaciones que lo confirman, el reconocimiento del vehículo de los inculpados y de ellos mismos; por lo que contrario a lo señalado por los quejosos si existe imputación directa a ellos realizada por las víctimas, derivado del conjunto de datos de prueba que fueron reseñados por las partes. Además de que, como señaló el juez de control, lo narrado por los denunciantes guarda relación y es congruente entre sí, sin que exista dato de prueba que haga presumir lo contrario. En las condiciones apuntadas, es dable establecer que la resolución en el fondo cuestionada fue emitida sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos fundamentales, en virtud de que el juez de control, durante el desarrollo de la audiencia, tuteló los derechos fundamentales a una defensa adecuada y de debido proceso, ubicándolo siempre en un plano de igualdad frente a la parte acusadora. Finalmente, respecto del señalamiento de que el juez falto al principio de imparcialidad al dar valor probatorio a las pruebas de cargo y no a las de descargo, resulta infundado pues, de la audiencia inicial y su continuación, se advierte que consideró la totalidad de los datos de prueba que fueron señalados por las partes, y las refutaciones a estos por parte de la defensa fueron respondidos por el juez de origen de manera fundada y motivada, señalando que se trata de datos de prueba y su análisis como prueba se realizará en otra etapa procesal, pero además que en este momento no advertía contradicciones o incongruencias que los hicieran insuficientes para presumir la existencia de un hecho ilícito y la probable participación de los inculpados. Finalmente, debe decirse que no se advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
TERCEROS POR CORREO ELECTRÓNICO Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por los aquí terceros interesados ..., por medio del cual, señalan como medios para recibir notificaciones los correos electrónicos ...com, respectivamente; en atención a su pretensión, y dadas las manifestaciones vertidas en el ocurso de mérito, de manera excepcional, ténganse dichos correos electrónicos como medio para oír y recibir notificaciones respecto de dichos terceros interesados. Notifíquese y vía correo electrónico a los terceros interesados.
- Principal
CITATORIO Se notifica por medio de lista de acuerdos a la persona moral parte tercero interesada el proveído de seis de septiembre del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, se desprende que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, entre otras cuestiones, indicó que el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos, por el hecho que la ley señala como delito de robo agravado, en agravio de las víctimas... Asimismo, proporcionó el nombre, adscripción y domicilio de la representante social que intervino en la carpeta judicial de la que emana el acto tildado de inconstitucional, siendo Nazaria Concepción Valencia Labastida, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, incisos c y e, de la ley de la materia, ténganse a las víctimas y representante social de mérito, como terceros interesados en este expediente. Consecuentemente, por lo que respecta a la agente del Ministerio Público de referencia, se ordena su emplazamiento mediante oficio que derive del presente proveído, anexándole copia simple de la demanda que dio origen a este expediente, auto admisorio y del presente proveído. En cuanto a la persona moral, se comisiona al actuario judicial adscrito para que con copia de la demanda, auto admisorio y de este acuerdo, la emplace a este juicio por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio que obra en las constancias remitidas por la autoridad responsable, previo cuestionamiento y corroboración de que se encuentra vinculada a la carpeta judicial de la que deriva el acto reclamado; de igual manera, le requiera para que al momento de su notificación o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos ésta, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibiéndole que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, sin ulterior acuerdo, las notificaciones que deriven de este expediente, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, con fundamento en los artículos 27, fracción III y 29 de la ley de la materia; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar que de no encontrarle en el domicilio indicado, pero de enterarse de uno diverso dónde se pueda llevar a cabo la diligencia encomendada, se le autoriza constituirse en este último y lleve realice el emplazamiento de que se trata, ello sin necesidad de previo acuerdo. Por otra parte, en relación con los terceros interesados ..., se advierte que cuentan con domicilios en los municipios de Zinacantepec y Toluca de Lerdo, Estado de México, respectivamente; por tanto, toda vez que dichos domicilios se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano federal, con fundamento en los artículos 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27, fracción II, de la ley de la materia, gírese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo, en turno, con el objeto de que con copia de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído, emplace a los citados tercero interesados en los domicilios confidenciales proporcionados por la autoridad responsable, corriéndoles traslado con copias de la demanda, auto admisorio y de este proveído; asimismo, los requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtan efectos las legales notificaciones del presente proveído, señalen domicilio en esta Ciudad de México, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, apercibidos que de no cumplir con lo solicitado, con fundamento el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo, se les practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este juzgado federal. Sin que haya lugar a solicitar el acuse de recepción correspondiente, toda vez que como tal se tendrá la constancia que por su envío emita el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, se solicita al referido juez de distrito que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver el exhorto de mérito por la misma vía interconexión En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado indicado en proveído de dos de los actuales, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y, emplácese a los terceros interesados de mérito" toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
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